Los trabajadores de Fate se movilizaron este miércoles a la Gobernación bonaerense para entregar un nuevo petitorio de reunión a Axel Kicillof, en un intento por destrabar un conflicto que lleva más de un mes sin resolución. En paralelo, avanzaron con una presentación en la Legislatura para impulsar una salida que garantice la continuidad productiva de la empresa.

El reclamo apunta a que la Provincia intervenga para sostener la actividad, pero en el gobierno bonaerense insisten en que la responsabilidad central es de la Nación. Kicillof ya había recibido a los trabajadores y, según pudo reconstruir TN, plantea que no puede hacerse cargo de manera aislada del rescate de una empresa en un contexto de cierres en distintos sectores.

En ese marco, el gobernador sostiene que los recursos estructurales están en manos de la administración de Javier Milei y que la salida debe venir de allí, aunque la Provincia acompañará el reclamo de los trabajadores dentro de sus posibilidades.

El conflicto sumó otro capítulo político en el Congreso: el mismo día, una delegación del SUTNA se reunió con Máximo Kirchner, en un gesto que fue una señal de respaldo en medio de la disputa.

Un reclamo que escala en la provincia

Además del pedido de audiencia con Kicillof, los trabajadores promovieron un proyecto de “ocupación temporal” en la Legislatura bonaerense para sostener la operación de la planta.

La iniciativa apunta a evitar el cierre de la empresa y preservar los puestos de trabajo en una firma que, según el sindicato, ocupa un lugar clave en el entramado productivo. Desde el sindicato remarcan su rol estratégico como proveedor de neumáticos para el transporte de cargas y de pasajeros, un insumo central para la actividad económica.

El SUTNA reforzó su postura en la audiencia realizada este miércoles en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde cuestionó los datos difundidos por la empresa y sostuvo que “los números son falaces” y buscan generar confusión sobre la situación real de la planta. El gremio ratificó que defenderá la continuidad productiva y que avanzará por las vías administrativas, legislativas y judiciales para sostener la actividad.

En el entorno del gobernador advierten que incluso en un escenario de administración ordenada, sostener la producción implicaría subsidiar el precio del neumático frente a la competencia importada, lo que obligaría a reasignar recursos de áreas sensibles como salud, educación o seguridad.

Bajo ese enfoque, rechazan la posibilidad de intervenir en soledad y remarcan que hacerlo implicaría establecer un criterio diferencial frente a otras empresas que también enfrentan dificultades en el actual contexto económico.

Señales políticas y respaldo sindical

En paralelo a la protesta en La Plata, el SUTNA se reunió con Máximo Kirchner. “Todo mi apoyo a las y los trabajadores de Fate quienes fueron despedidos de la empresa de manera injusta”, dijo el diputado, también planteó que “la producción nacional es una condición necesaria para el desarrollo de la Argentina”.

Para el líder de La Cámpora, los trabajadores “son garantes del crecimiento de la industria”, y cuestionó que el modelo económico del Gobierno nacional “solo asegura desocupación y salarios de miseria”.

Desde el sindicato destacaron a la reunión como un respaldo político en un momento clave. Si bien no hubo un planteo explícito sobre una eventual intervención provincial, la coincidencia con la movilización en la Gobernación reforzó la idea de un alineamiento con el reclamo.

El conflicto también sumó el acompañamiento de sectores sindicales. El SUTNA ya había mantenido contactos con Pablo Moyano, donde insistieron en que la fábrica no es una empresa más, sino un actor estratégico para la industria nacional y, fundamentalmente, para la seguridad del transporte de cargas.

Cruces con la Nación y advertencias por el impacto

Del lado del Gobierno nacional, Javier Milei mantiene una postura distante. El Presidente encuadra el conflicto como un problema entre privados y apunta al empresario dueño de la compañía. En ese sentido, desde la Casa Rosada sostienen que las empresas locales deben adaptarse para competir en precios en un mercado abierto.

Esa visión choca con la de los sindicatos, que atribuyen la crisis a la apertura de importaciones y alertan sobre sus consecuencias. ATE advirtió que el cierre de Fate podría poner en riesgo el transporte de pasajeros en todo el país por la falta de un insumo clave.

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El gremio también planteó que la combinación de importaciones sin controles, deterioro de rutas y cambios en los organismos de regulación configura un escenario de riesgo en términos de seguridad.

Con posiciones enfrentadas y sin una mesa de negociación consolidada, el conflicto suma presión sobre todos los actores. Mientras los trabajadores profundizan las medidas y buscan respaldo político, la discusión de fondo gira sobre quién debe asumir el costo de sostener una actividad considerada estratégica en medio de un cambio de modelo económico.

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Gabriela Origlia,Conforme a

El Gobierno de Santa Fe informó una baja abrupta en la cantidad de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, con un total de 35 casos registrados en toda la provincia. Este descenso, según el informe oficial, representa una caída de más del 70 % respecto a los períodos de mayor violencia de los últimos años, como 2020 y 2023, cuando se contabilizaron 124 y 121 homicidios respectivamente. El dato fue presentado como un punto de inflexión en la política de seguridad local.

El recorte corresponde al primer trimestre de 2026 y destaca que hubo una baja notable en relación a los años 2020 y 2023, considerados entre los más violentos. En comparación con 2025, año que hasta ahora había tenido el mejor desempeño en materia de seguridad, la reducción es también sustancial. Según el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, en los primeros tres meses del año pasado se habían reportado 61 homicidios, lo que implica que la baja actual supera el 40%.

Las estadísticas oficiales muestran que el departamento Rosario sigue siendo el área con mayor concentración de hechos, aunque la tendencia descendente es clara: se registraron 23 homicidios en este primer trimestre, frente a 81 en el mismo período de 2023 y 38 en 2025. En La Capital, los casos fueron 7, mientras que el resto de la provincia sumó 5 homicidios dolosos.

El fenómeno de la reducción de homicidios fue calificado por las autoridades como “sin precedentes”. Santantino señaló que, si se compara con 2014, año en que se alcanzó el registro más alto de homicidios en un primer trimestre (135 casos), la diferencia es de 100 crímenes menos en solo tres meses.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el análisis histórico subraya la magnitud del descenso. En 2022, la provincia había superado los 400 homicidios anuales, lo que da cuenta de la magnitud del desafío que enfrentaban las autoridades para revertir la tendencia. La caída actual fue atribuida a la continuidad y profundización de un plan de seguridad integral, que incluye diversas medidas y reformas implementadas desde el inicio de la gestión.

En la provincia de Santa Fe, la reducción de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 fue del 70 %, alcanzando así el valor más bajo en los registros históricos. Las autoridades atribuyen este resultado al refuerzo del plan de seguridad, el endurecimiento de controles en las cárceles, y la inversión en tecnología y equipamiento policial. El descenso fue particularmente notorio en los departamentos Rosario y La Capital, donde los indicadores de violencia han mostrado una tendencia sostenida a la baja.

El gobierno provincial destacó el impacto de las acciones orientadas al control de los denominados “presos de alto perfil” en las cárceles, decisión que, según fuentes oficiales, resultó clave para frenar la metodología de ordenar crímenes desde los establecimientos penitenciarios. Uno de los ejes centrales del operativo fue el avance en la construcción de infraestructura carcelaria, con el objetivo de sumar 1.152 plazas nuevas para presos de alta peligrosidad en la unidad penitenciaria “El Infierno”, ubicada en Piñero, junto a la Unidad Penitenciaria 11.

En relación a los medios empleados en los homicidios, el informe oficial señala que las armas de fuego continúan siendo el principal recurso utilizado, con una incidencia del 77,1 % a nivel provincial y del 82,6 % en el departamento Rosario. En La Capital, todos los homicidios dolosos registrados en el trimestre fueron cometidos con este tipo de armas.

El plan de seguridad puesto en marcha desde el inicio de la actual gestión incluyó la incorporación de patrulleros, camionetas, motos y equipamiento nuevo tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Además, se implementó un régimen de detención especial para internos de alto perfil y se avanzó en la tecnologización del sistema de vigilancia, que ahora cuenta con la plataforma de inteligencia artificial “Lince” para el monitoreo de cámaras de seguridad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad también resaltó la importancia del trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y federal, y la aplicación de reformas como la desfederalización del narcomenudeo, la modificación del Código Procesal Penal y la creación de un área específica de Inteligencia provincial. Se sumó la implementación de un sistema de recompensas para quienes colaboren con información relevante sobre los delincuentes más buscados.

Desde el gobierno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificaron las instrucciones para mantener y profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento. El objetivo, según el Ejecutivo, es sostener la tendencia a la baja y replicar las políticas exitosas en otras áreas sensibles de la provincia.

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