El Gobierno defendió la legalidad de los decretos delegados y advirtió que va a sostener las reformas implementadas, pese a la reciente derrota parlamentaria que puso en jaque parte de la estrategia oficial para reorganizar la administración pública. Así lo anticipó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, durante una entrevista en radio Rivadavia.

El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó Francos, apuntando a la contradicción en el Congreso.

En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’.

Según Francos, estas reformas permitieron avanzar en el ajuste del gasto estatal. “Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir”, advirtió, repasando los déficits de los últimos años. Subrayó que, tras la llegada del nuevo gobierno, “pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Eso fue la primera parte de nuestras reformas”.

El jefe de Gabinete agregó que la sociedad percibe los efectos del recorte: aseguró que las encuestas cualitativas muestran que la ciudadanía entiende la relación entre el superávit fiscal y la baja de la inflación. “El resultado es que se acaba para siempre la inflación. Y eso es lo que el kirchnerismo no tolera y por eso quiere atacar cargando al Gobierno de nuevos gastos”, insistió.

Francos defendió el proceso de simplificación administrativa liderado por Federico Sturzenegger: “Lo que ha hecho es simplificar el funcionamiento de la administración pública, hacerle más fácil al empresario convivir con el Estado y desarrollar su actividad. Y todo eso es lo que va generando el cambio”.

En la sesión del miércoles pasado, la sesión logró los votos necesarios para rechazar 5 decretos delegados: 462/25, que modifica organismos técnicos como el INTI y el INTA; 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete; 340/25 que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que promueve la disolución de Vialidad Nacional.

UN VOTO A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN Y LA CASTA. Ayer la Cámara de Diputados votó la derogación de los delegados 462/25 y 461/25 (falta Senado). ¿Por qué es un voto a favor de la corrupción y la casta? Mirá el video y entenderás en que se gasta tu dinero. VLLC! pic.twitter.com/4JFY4AOfoY

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 7, 2025

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Antes y después: el sugestivo tuit de Sturzenegger para mostrar los cambios en la estructura del Inta

Consultado sobre la posibilidad de frenar en el Senado el rechazo a los decretos, respondió que dependerá de las circunstancias parlamentarias y de la decisión de Victoria Villarruel como presidenta del cuerpo. “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”, aseguró.

Francos se refirió a la historia de las delegaciones de facultades entre el Congreso y el Ejecutivo. Sostuvo que “el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos”, mientras que el actual oficialismo pidió la delegación por un año y cumplió con el plazo sin pedir prórroga. “Hemos hecho lo que pedimos y la facultad que se nos atribuyó por el Congreso. Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados, son los que autorizaron a los gobiernos anteriores a funcionar todo el tiempo con delegación de facultades”, disparó.

Sobre la alianza con el PRO, Francos ratificó que el entendimiento es estable y apunta a sostenerse en el tiempo, más allá de la coyuntura electoral. Destacó el trabajo conjunto en el Congreso, aunque marcó como “irresponsable” la actitud de legisladores que ahora se desmarcan. “Me parece increíble que todavía haya legisladores que no entiendan que el camino pasa por cambiar el Estado argentino y permitir que tengamos superávit y que no impacte todo ese peso del Estado en la economía, la actividad privada, en los empresarios que invierten en el campo, en la industria, en la energía, el petróleo, la minería, que son el futuro de la Argentina”.

Cada provincia es un mundo distinto. Divisiones, caras nuevas, acuerdos de unidad, jugadas estratégicas, fricciones permanentes. La lógica de la política y los tiempos electorales. El peronismo cerró las alianzas para presentar las listas nacionales en los 24 distritos del país con el convencimiento de que, muy probablemente, van a perder legisladores en el camino.

La fisura más importante la ocasionó Juan Grabois, que decidió no sumarse a la alianza nacional Fuerza Patria y mantiene la amenaza latente de presentar una lista por separado del esquema que tuvo como primer logro cerrar la unidad en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente social tensó la cuerda al máximo y decidió no firmar la inclusión de su partido Patria Grande a la alianza peronista. Tiene diferencias en cuánto a la conformación de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y los nombres que podrían integrarla. Ante la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, se niega a avalar esa opción. Por ahora, el líder del Frente Renovador (FR) no se ha pronunciado sobre su futuro electoral.

Grabois se reserva la posibilidad de adherir su partido a Fuerza Patria y va a seguir negociando lugares en las listas de legisladores bonaerenses y porteños. Tiene la voluntad de encabezar la lista por la provincia de Buenos Aires, porque entiende que es momento de que haya un cambio de caras en la propuesta electoral del peronismo.

Va a seguir negociando hasta el domingo 17 de agosto, día en que se vence el plazo para presentar los candidatos. Si no llega a un acuerdo con la cúpula del peronismo bonaerense, entonces presentará una lista aparte con su partido. Si eso ocurre, la ruptura se hará efectiva y el peronismo volverá a sufrir los sinsabores de la interna.

El resto de los sectores del peronismo de la provincia firmaron la alianza sin conflictividad. Por eso la decisión de Grabois cayó mal dentro de Fuerza Patria. Desde el cristinismo dejaron saber que su decisión no fue avalada por la ex presidenta. Todo lo contrario. CFK insiste con la necesidad de cerrar las grietas internas y no le gustó la decisión del titular de Patria Grande.

Los límites de la marca Fuerza Patria

Para las elecciones del 26 de octubre, en la mitad del país, el peronismo no utilizará la marca Fuerza Patria, que se forjó en las mesas de negociación del PJ Bonaerense y que se instaló como el sello nacional para identificar la unidad del peronismo.

En diez de los 24 distritos, el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Lo que marca que siguen existiendo varias diferencias de criterio dentro del universo peronista. En Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa no se utilizará la marca nacional que acordaron utilizar Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner.

Esas marcas provinciales le abren la puerta a algunos gobernadores a tener autonomía de la cúpula nacional y evaluar que rol jugar en la reconfiguración de las dos cámaras legislativas. Y, en muchos casos, son una forma de marcar distancia de la conducción kirchnerista que aún sigue teniendo peso específico en la estructura nacional.

Es el caso de San Luis, donde el liderazgo de Alberto Rodríguez Saá se fue alejando del kirchnerismo o de Mendoza, donde hay una intención clara de que el PJ vuelva a tener mayor preponderancia dentro del armado local. En Tucumán, Entre Ríos o La Pampa el nombre propio es también una prenda de unidad de sectores que no comulgan con la conducción política de la ex presidenta.

En cambio, el sello Fuerza Patria sí se utilizará en Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso de Catamarca es paradigmático. El gobernador Raúl Jalil fue muy cuestionado por el kirchnerismo por su acompañamiento al gobierno de Javier Milei en el Congreso. Sin embargo, a través de la ex gobernadora Lucía Corpacci cerró un acuerdo de unidad y llevará la marca que se propuso en Buenos Aires.

Muchos gobernadores – no solo los peronistas – quieren poner un freno al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio. Advierten que en el camino hacia las eleciones del 2027 pueden perder su poder en la provincia, ya sea en la gobernación o en las legislaturas. La necesidad de tomar distancia empieza a aparecer cada vez con más nitidez.

En el peronismo no tendrán una campaña unificada y coordinada. No están dadas las condiciones para que eso suceda. En la cúpula del nuevo frente apuestan a que cada gobernador o dirigente de renombre ordene el peronismo en sus provincias y contenga a la mayor cantidad de expresiones.

Varios legisladores, enviados de los gobernadores, o con peso propio en las provincias, se han entrevistado con Cristina Kirchner y Sergio Massa a lo largo de los últimos meses. El pedido que se llevaban era el mismo: lograr la unidad más amplia posible pese a los resquemores existentes en los ecosistemas provinciales.

En el peronismo aceptan que en la elección nacional el Gobierno va a lograr un triunfo en la mayoría de las provincias. Y que se quedará, en muchos casos, con la mayor cantidad de legisladores que se renuevan. En el caso de las provincias que eligen senadores, creen que el peronismo podrá meter los legisladores de la minoría, a diferencia de lo que sucedió en el 2019.

Varios ex gobernadores volverán al ruedo electoral. Juan Manuel Urtubey será candidato en Salta y Jorge “Coqui” Capitanich en Chaco. El cordobés Schiaretti podría liderar la lista de diputados nacionales de su provincia. Juan Manzur negoció la unidad del peronismo tucumano con Osvaldo Jaldo y Gustavo Bordet bajó su protagonismo y decidió apoyar la lista que encabezarán Adán Bahl y Guillermo Michel.

El peronismo atraviesa una fuerte crisis de representación, lo que obliga a la dirigencia a generar una discusión más profunda para edificar un proyecto nacional. Los resultados de esta elección en cada provincia servirán de termómetro para saber dónde está parada la fuerza política cuando comience a desandar el camino hacia el 2027.

El gobierno de Javier Milei sufrió el miércoles pasado una jornada para el olvido en la Cámara de Diputados en la que la oposición aprobó proyectos con alto costo fiscal sobre salud y universidades, avanzó con el reclamo de fondos de las provincias y rechazó media docena de decretos de desregulación del Estado. Sin embargo, los libertarios atribuyen el traspié a una combinación del cierre de alianzas y temáticas sensibles en un contexto electoral. Y aseguran que no se repetirá cuando se traten los vetos presidenciales.

“En esta época del año todos quieren votar causas nobles y cuando ya sabían que iban a aprobarse algunos proyectos muchos no querían quedarse afuera”, ironizaban cerca de Martín Menem, uno de los señalados como responsable de las derrotas, por su doble rol de armador político en las provincias y titular de la Cámara de Diputados.

Entre el “cúmulo de factores” que -según su visión- terminó desencadenando la racha de votaciones en contra se destacó la pelea electoral en Córdoba, donde los libertarios competirán contra el armado de Martín Llaryora y Juan Schiaretti. “Tuvo mucho impacto esa interna porque hizo que los diputados de Llaryora no se quisieran levantar porque De Loredo seguía sentado y también impedía que De Loredo se pare”, explicaron. Los cuatro diputados del peronismo cordobés no sólo votaron a favor de los proyectos sino que tuvieron un rol clave para garantizar el quórum.

Pero no todos en las filas libertarias comparten el mismo diagnóstico. Dentro del bloque varios diputados expresan en privado preocupación ante la estrategia de confrontación con los gobernadores en sus distritos porque podría causar la pérdida de aliados clave. Al igual que con los diputados de Córdoba, los salteños que responden a Gustavo Sáenz y los peronistas disidentes de Tucumán de Osvaldo Jaldo votaron a favor del financiamiento universitario y de la emergencia en pediatría. Ambos espacios habían sido aliados del oficialismo durante el año pasado.

El caso del tucumano Jaldo es aún más relevante ya que sus tres diputados (Agustín Fernández, Elía Marina Fernández y Gladys Medina) formaron parte de los “87 héroes” que vetaron el aumento de las jubilaciones.

El diagnóstico sobre cuál fue la causa de la debacle legislativa no es menor, ya que se avecinan semanas de máxima tensión en el Congreso y el Gobierno no puede darse el lujo de sufrir nuevas derrotas parlamentarias en plena campaña. Primero con el debate en comisión para destrabar la comisión investigadora de $Libra -tema que siguen con preocupación en la Casa Rosada y avanza en los tribunales de Estados Unidos- y de los proyectos impulsados por los gobernadores para repartir automáticamente los ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos con las provincias.

Luego, seguirá el tratamiento en el Senado de los proyectos sobre financiamiento universitario, la emergencia en pediatría (por la crisis del hospital Garrahan) y el rechazo a los seis decretos delegados. Tras la media sanción en Diputados, el peronismo ya adelantó que buscará aprobarlos lo antes posible. Por su parte, la Casa Rosada confirmó que los vetará por poner en riesgo el equilibrio fiscal. Respecto a los decretos delegados para “desregular” organismos como el INTI o Vialidad Nacional, incluso aseguran que ya no se puede dar marcha atrás con las estructuras que fueron modificadas, por lo que le restan importancia.

Finalmente, la oposición intentará llevar al recinto antes de que termine agosto los proyectos impulsados por los gobernadores para garantizar fondos a las provincias. Desde el peronismo también deslizaron que podría convertirse en una nueva mega sesión que también incluya la insistencia a las leyes vetadas por Milei sobre aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia en Bahía Blanca. Una estrategia para engrosar el quórum y aumentar el costo político de jugar con el Gobierno.

Pero no tienen apuro, la oposición sabe que no puede regalar una sesión donde no llegue con los dos tercios para insistir con las leyes vetadas. De hecho, esperan que los cierres de listas contribuyan a aumentar el número. Por ejemplo, siguen con atención la interna del PRO en CABA, que podría hacer que María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato ya no sean parte de los “87 héroes” que blindaron los vetos el año pasado.

En el entorno de Menem aseguran que el titular de Diputados no recibió ningún tipo de crítica o reprimenda de Casa Rosada, a diferencia de Victoria Villarruel, que fue hostigada tras la última sesión del Senado.

“Vamos a poder sostener los vetos. De los que estuvieron ausentes en la última sesión la mayoría son ‘heroes’ que nos van a acompañar. Hubo mucho principio de revelación y hay que ver cómo se paran después del mensaje de Milei”, insisten los libertarios.

El viernes por la noche el presidente Milei habló por cadena nacional y explicó a la ciudadanía por qué vetará todos los proyectos aprobados por la oposición. “Aprobar estos proyectos implica tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio”, dijo.

También desafió al Congreso y redobló la apuesta con el anuncio de proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. Según detalló, la regla fiscal exigirá equilibrio o superávit y toda modificación deberá estar respaldada por recortes equivalentes. La iniciativa incluirá sanciones penales para los legisladores y funcionarios que no cumplan con las nuevas normas.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, precisó. Y sobre el final del discurso instó a los legisladores a “estar a la altura” de las circunstancias.