La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó .

La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.

Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.

En ese sentido, contactó a su vocero ayer y le transmitió diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que hoy contactó a este diario, planteó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.

Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).

Al momento de ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una “boutique” llamada “Blueberry Fashion” en Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social –terminado en 9346- y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.

Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.

En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.

Días después, Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.

El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.

En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia oral.

Tras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.

Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.

A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.

Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas “Guías”.

En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.

En el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó . Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.

El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.

¿Qué pasó con ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que compulsó .

Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.

Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.

¿Lo último que hay en el expediente “USA v. Restrepo, et al”? Un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde –o aportadas por ella- fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.

Con el Salón Azul del Congreso como escenario, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó esta tarde un acto en el que se cuestionó en duros términos la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Covid, hace cinco años.

Más allá de los duros conceptos contra las medidas de aislamiento adoptadas por la administración kirchnerista, el acto dejó algunos gestos políticos de cara a la feroz interna que el Gobierno sostiene con la vicepresidenta.

Es el caso de las presencias, uno como orador y el otro en primera fila de invitados, de Emanuel Danann y de Eduardo Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, dos comunicadores de la derecha que supieron militar por Javier Milei y desde hace meses sostienen sendos y feroces enfrentamientos con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Tampoco faltaron algunas escenas de tensión, como la protagonizada por uno de los invitados que, al final del acto y cuando la vicepresidenta saludaba a los presentes, encaró a los gritos e insultos a Villarruel reclamando la derogación de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación.

La actividad, denominada “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”, provocó cierto escozor entre algunos de los presentes, que no podían evitar asociarlo con la polémica exposición antivacunas encabezada la semana pasada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El incidente del final pareció darles la razón.

Villarruel fue la última oradora y se despachó con un fuerte discurso en contra de la cuarentena, a la que calificó de “fanática e insensible” y por la que responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero que, dijo, también tuvo como cómplices a la oposición, “infectólogos”, periodistas, laboratorios y obras sociales.

“La versión fanática e insensible de la cuarentena aplicada en nuestro país tuvo ejecutores, pero también tuvo responsables”, afirmó la vicepresidenta, tras lo cual apuntó su dedo contra los que consideró responsables que colaboraron a permitir el sostenimiento de las duras medidas de aislamiento.

“Difícilmente [la cuarentena] podía haberse sostenido sin las anuencias de las fuerzas políticas votadas para ser oposición a ese Gobierno, sin la complicidad del periodismo y sin la presión y el lobby tanto de empresas farmacéuticas como de obras sociales privadas, como de infectólogos y otros demagogos televisivos que se arrogaron el derecho de decidir cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir”, sentenció Villarruel, en el pasaje más aplaudido de su discurso.

Antes de la vicepresidenta habían hablado Danann y Pablo Dávoli, un abogado nombrado secretario de la Comisión de Defensa del Senado por la gestión de Villarruel que fue presentado como “especialista y referente en Covid”.

“La democracia fue brutalmente interrumpida por un decreto del gobierno kirchnerista; como reconoció el ministro [de Economía, Martín] Guzmán, por conveniencia política”, sentenció Danann, pese a que el exministro se refirió a la prolongación en el tiempo de la cuarenta, no al decreto ni a su inicio.

Con su estilo filoso y agudo, el comunicador libertario que se ha convertido en un declarado enemigo de Karina Milei, a la que acusa de corrupta de manera frontal, calificó como delitos de lesa humanidad las privaciones a las que se sometió a la población durante el aislamiento.