POLITICA
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, acusado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína, será extraditado este miércoles 5 de noviembre. Fuentes inobjetables confirmaron a este medio que partirá a las 22:05 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, a bordo del vuelo UA 997 de United Airlines, rumbo a Texas, donde será juzgado por un tribunal federal.
El traslado se concretará bajo un estricto operativo de seguridad coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara el 14 de octubre el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que había declarado procedente la extradición. La medida fue firmada por el Poder Ejecutivo ese mismo día.
Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por orden de Interpol, a pedido de la justicia estadounidense, y desde entonces permanecía con prisión domiciliaria, medida que perdió el pasado 8 de octubre por irregularidades en su conducta procesal. Posteriormente fue trasladado a una delegación de la PFA en Viedma y, desde allí, llevado este domingo a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires, donde permanecerá hasta su partida.

Entre esas “inconductas” que le permitían gozar de prisión domiciliaria destacan:
Entre los puntos señalados por el juez federal Gustavo Villanueva, que dispuso su traslado a una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA), se destacan:
- Incumplimiento del régimen de monitoreo electrónico: se registraron interrupciones y manipulaciones en la señal del dispositivo de tobillera electrónica que debía permitir el control de su ubicación mientras cumplía prisión domiciliaria en Neuquén.
- Comunicaciones no autorizadas: Machado mantuvo contacto con terceros sin autorización judicial, entre ellos personas vinculadas a las causas que lo involucran tanto en Argentina como en Estados Unidos. En algunos casos, se detectaron llamadas y correos electrónicos desde dispositivos no declarados.
- Movimientos y visitas fuera del horario permitido: los informes de supervisión indicaron ingresos y salidas irregulares de la vivienda, además de la presencia de personas no registradas que permanecían largas horas en el domicilio.
- Ocultamiento o manipulación de documentación: durante una inspección judicial, agentes de la PFA encontraron documentos destruidos o parcialmente quemados, entre ellos el contrato roto por un millón de dólares con José Luis Espert, que debía haber sido declarado.
- Mensajes intimidatorios y presiones a testigos: según consta en un informe de la Fiscalía Federal de Neuquén, Machado habría intentado contactar a testigos o allegados para influir en sus declaraciones, lo que se consideró una forma de entorpecimiento de la causa.
Por estos motivos, el juez Villanueva concluyó que “no estaban dadas las condiciones para mantener el régimen domiciliario” y ordenó su traslado inmediato a un establecimiento bajo custodia directa de la Policía Federal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que para el operativo de extradición viajará al país un equipo de U.S. Marshals, la histórica fuerza federal de Estados Unidos encargada de custodiar y trasladar a fugitivos.
Un proceso con derivaciones políticas
El caso de Machado cobró nueva relevancia este año, luego de que el dirigente Juan Grabois denunciara ante la Justicia argentina presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
La investigación halló una transferencia no declarada de 200 mil dólares al economista José Luis Espert durante su campaña de 2019, además de 36 vuelos realizados por el político en aviones pertenecientes al empresario.
Espert negó haber recibido dinero ilegal y aseguró que se trató de un pago por una consultoría minera en Guatemala, vinculada a Minas del Pueblo, una de las compañías de Machado.
Sin embargo, durante un allanamiento en la vivienda de Neuquén donde el empresario cumplía prisión domiciliaria, los investigadores encontraron un contrato roto en cuatro pedazos, que —según fuentes del caso— correspondía a un acuerdo por un millón de dólares entre Machado y Espert. El hallazgo forma parte de una causa paralela que investiga presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
El escándalo llevó a Espert a retirar su candidatura a diputado nacional antes de las elecciones del 26 de octubre, aunque el propio dirigente insistió en que se trató de un vínculo estrictamente profesional y que no existió financiamiento electoral ilegal.
La causa en Texas
Machado será juzgado en el Distrito Sur de Texas, donde se lo acusa de liderar una red internacional de empresas pantalla utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y defraudar a inversores.
En el mismo expediente ya fueron condenadas dos de sus socias: una recibió 16 años de prisión y la otra, cinco.
Según los documentos judiciales del Departamento de Justicia estadounidense, Toledo y Capa de la Hoz fueron halladas culpables de:
- Conspiración para lavar dinero procedente de operaciones de narcotráfico, utilizando contratos de leasing y financiamiento de aeronaves como mecanismo para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
- Fraude electrónico y bancario por la captación de inversiones falsas: se ofrecían supuestos aviones para alquiler o reventa que en muchos casos no existían o estaban sobrevaluados, lo que generó pérdidas millonarias para los inversores.
- En el caso de Viviana Toledo, además, se la consideró coordinadora operativa de la red financiera que conectaba las operaciones en Argentina, Estados Unidos, México y Guatemala, motivo por el cual recibió la pena más alta.
- María Jimena Capa de la Hoz, en cambio, fue condenada por su rol administrativo y colaboración en el circuito financiero, lo que redujo su responsabilidad penal y derivó en una pena menor.
Los fiscales estadounidenses sostienen que Machado era el jefe y beneficiario final de este entramado financiero, que entre 2015 y 2020 habría movido decenas de millones de dólares mediante la compra, venta y leasing de aeronaves con fondos provenientes del narcotráfico latinoamericano.
La investigación, iniciada en 2021, lo vincula con la firma South Aviation, a través de la cual habría facilitado operaciones financieras ilícitas por millones de dólares.
En su última entrevista, concedida a la agencia Noticias Argentinas, Machado insistió en su inocencia y lanzó duras críticas contra el sistema judicial argentino. “No quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo hablo y se cae el país mañana”, advirtió.

Próximos pasos
Con la extradición ya formalizada, Estados Unidos asumirá la custodia del empresario apenas arribe a suelo norteamericano. Allí enfrentará un juicio por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude, causas que siguen bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Neuquén y del Departamento de Justicia estadounidense.
La historia judicial de Fred Machado, que comenzó con su captura en Neuquén hace casi cuatro años, culminará este miércoles 5 de noviembre, cuando el empresario finalmente abandone el país rumbo a Texas para responder ante la justicia norteamericana por los cargos que pesan en su contra.
POLITICA
Reforma laboral: un repaso por los 90 proyectos presentados desde 2002 y las claves del debate actual en el Senado

En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.
Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.
Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural
La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.
El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.
El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.
El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista
Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.
El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.

El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.
La informalidad y los límites de la reforma en el empleo
La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.
Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.
Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.
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POLITICA
Con el Congreso vallado y aliviada por los cambios, la CGT se prepara para marchar contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.
Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal y limitar el derecho a huelga. Pero la CGT consiguió alivio con algunos cambios que la beneficiaron, como el mantenimiento de la caja sindical de las obras sociales y el “aporte voluntario”.
Sin consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT resolvió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción.
Según pudo saber , las agrupaciones convocadas se dividirán la plaza del Congreso: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia. A su vez, desde avenida de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Si bien el horario neurálgico de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15, el trotskismo se movilizará a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales.
La protesta confluirá con el reclamo semanal que sostienen las agrupaciones de jubilados cada miércoles en rechazo al ajuste en los haberes que dispuso la gestión libertaria. En principio, no se montará un escenario ni tampoco habría oradores.
La convergencia de protestas y la diversidad de los manifestantes anticipan una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. El Gobierno ya avisó que hará cumplir el protocolo antipiquetes.
Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. El operativo comenzó esta noche en las inmediaciones del Congreso.
La CGT resolvió movilizarse tras una cumbre del consejo directivo la semana pasada. Los sindicatos concentrarán a partir de las 14.30 en Hipólito Yrigoyen y Solís. Será la segunda marcha que impulsará contra la Casa Rosada la nueva conducción encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello tras la movilización a Plaza de Mayo de finales del año pasado, también en rechazo a la reforma laboral.
La iniciativa es calificada por la CGT de “regresiva” y señalada de “quitar derechos colectivos e individuales”. Entre los puntos que generan mayor rechazo están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses.
El Frente de Izquierda busca desmarcarse y llama a hacer “un acto propio más allá de que haga la CGT” con una congregación que arrancará antes, sobre avenida Rivadavia, donde se esperan pronunciamientos para llamar a un paro general. En este sector confluirán movimientos piqueteros como el Polo Obrero, agrupaciones estudiantiles troskistas y el grupo que los miércoles marcha en nombre de los jubilados.
La central obrera paralela a la CGT que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, ligado al axelismo, llamó a un “paro y movilización” este miércoles para “decirle no a la reforma laboral de Milei”. Su columna se concentrará a partir en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo. Desde allí también llamó a marchar la otra CTA, la Autónoma, que lidera el estatal Hugo Godoy.
Durante las últimas jornadas, ambas CTA lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) con gremios disgustados de la CGT -y encabezados por la UOM, de Abel Furlán, para endurecer la postura de los sindicatos e impulsar protestas en otros puntos del país, como Córdoba y Rosario.
Los estatales nucleados en ATE Nacional, que forman parte de la CTA, resolvieron llamar a “un paro total de actividades” de sus afiliados durante las 24 horas del miércoles y marchar al Congreso para “manifestar el profundo rechazo a la reforma laboral regresiva y esclavista”. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar es crítico de la postura de la CGT y presionó sin éxito para que se convoque a una huelga nacional. Aguiar se mostró con el camionero Pablo Moyano.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su “adhesión total” a la movilización de la CGT contra la reforma laboral y anunció un cese de actividades de los gremios integrantes de la entidad para ese mismo día, a partir de las 13 horas. Esta medida podría afectar el normal funcionamiento del transporte, a pesar de que los colectiveros de la UTA y los ferroviarios no forman parte de la CATT.
La Unión de Los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchará con la CGT. Su titular, Alejandro Gramajo, en los últimos tiempos forjó un vínculo estrecho con la central obrera, donde participa activamente de las reuniones en representación de su espacio.
La agrupación kirchnerista La Cámpora convocó a sus militantes a marchar desde Montevideo y Rivadavia a partir de las 14 horas. “La reforma laboral de Milei y el FMI no es para crear trabajo, es para despedir. Este miércoles todos y todas al Congreso”, anunciaron a través de sus redes sociales. Si bien no hubo confirmación, no se descarta que haya presencia de dirigentes.
El espacio de Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llamó a movilizarse “en defensa de los derechos de los trabajadores” a partir de las 14 desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Yrigoyen 1558. Sus organizadores le confirmaron a que el gobernador “estará presente”.
el proyecto de ley de reforma laboral,activar su cuarto paro general,@AefipM,#NoALaReformaLaboral,pic.twitter.com/lpcfHbVROZ,February 10, 2026,Manuel Casado,Reforma laboral,CGT,Javier Milei,Conforme a,Reforma laboral,,Ganadores y perdedores. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral,,Pedidos aceptados. El Gobierno concedió 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral para asegurar su aprobación,,“Los derechos están en riesgo”. ATE convocó a un paro contra la reforma laboral y marchará al Congreso
POLITICA
Javier Milei aceptó 28 modificaciones a la reforma laboral para avanzar en su aprobación en el Senado

El Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado, tras una negociación liderada por Patricia Bullrich con la oposición dialoguista.
El cambio más significativo es la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%, una medida que permite a las provincias evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos. Al respecto, Bullrich afirmó: “Decidimos postergar el tratamiento del impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”.
En una serie de concesiones hacia la Confederación General del Trabajo (CGT), la Casa Rosada resolvió no modificar el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%. Asimismo, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo compulsivos por dos años con un tope del 2%, pasando a ser voluntarios una vez vencido dicho plazo.
Por otro lado, los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, garantizando que no se vea afectada la recaudación de los gremios, mientras que las cámaras empresarias lograron que los aportes de sus integrantes también sean obligatorios por un período de dos años.
La estrategia oficialista, que inicialmente sostenía la postura de “no cambiar ni una coma del proyecto original”, viró hacia el consenso para asegurar entre 42 y 44 votos en la votación en general.
Entre las modificaciones de redacción, se destaca la eliminación de la denominación “industria del juicio” en lo referido a la justicia laboral. El proyecto mantiene como ejes centrales la reducción de cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para la contratación y el despido, y la limitación del derecho a huelga, aunque con las flexibilizaciones negociadas recientemente con diversos sectores.
La decisión final se tomó tras una reunión de dos horas de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la participación de Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo y Martín Menem, entre otros funcionarios.
Tras obtener el visto bueno del Poder Ejecutivo, el nuevo texto fue enviado a los senadores para su tratamiento. Con los gobernadores conformes por el resguardo de sus recursos fiscales, el oficialismo espera que la reforma sea aprobada sin contratiempos, aunque se prevé que los números varíen durante la votación en particular por títulos.
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