En una página de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), figura un nombre que serviría de hilo para unir los negociados en la órbita del Ministerio de Salud desde la gestión de Alberto Fernández a la de Javier Milei. Se trata del empresario Jorge Omar Panelli, accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado.

En agosto de 2020, durante la gestión del Frente de Todos, GMS SA fue favorecida con una contratación directa para proveer el “Servicio de Digitalización de Expedientes Administrativos de Pensiones por Invalidez” para la Andis por $23,3 millones. Fue una suerte de desembarco. Dos meses más tarde, resultó adjudicataria de una contratación del servicio de digitalización de expedientes del sistema de reintegros para la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS), el organismo que controla a las obras sociales. En 2021, la SSS volvió a contratar a GMS para una “solución integral para la administración y gestión de prestaciones de discapacidad y soporte” por casi $60 millones. Estos dos últimos pasos fueron claves para la trayectoria de Panelli, un hombre conocido en el mundo de la salud que brinda servicios, además, a la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), la prestadora médica más grande del país que administra el inoxidable sindicalista mercantil Armando Cavalieri.

Panelli se abrió paso en el Ministerio de Salud de la gestión kirchnerista a partir de sus vínculos con Cavalieri, pero, sobre todo, con funcionarios que históricamente rodearon al exministro Ginés González García. Uno de ellos es Daniel Alejandro López, que estuvo a cargo de la SSS a partir de mayo de 2021 en reemplazo de Eugenio Zanarini. López, al igual que Panelli, tiene pasado en la gerencia de Osecac. Hay otras coincidencias, como haber sido gerente de prestaciones del PAMI, organismo al que Panelli también brindaba servicios. Algo más: López es de San Juan, donde Panelli tiene una de las plantas olivícolas más grandes del país. Se llama Olivum y en pandemia sirvió de escenario para que el exministro de Economía Martín Guzmán y el exgobernador Sergio Uñac exhibieran la reactivación productiva tras los meses de aislamiento. Al poco tiempo se reveló en Infobae que Panelli había sido uno de los empresarios que más dinero había aportado a la campaña electoral del Frente de Todos.

El 7 de diciembre de 2023, cuando faltaban tres días para que el Frente de Todos se fuera del poder, Daniel López autorizó un subsidio de $3350 millones en concepto de “apoyo financiero” a Osprera, la obra social de los ruralistas que por entonces administraba José Voytenco. Al poco tiempo, la SSS de la gestión libertaria, controlada desde las sombras por Mario Lugones, quien todavía no había sido nombrado ministro, dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo en la obra social al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit había pasado de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Por una resolución de Gabriel Oriolo, por entonces titular de la SSS, Osprera quedó intervenido por Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

Después de avanzar con auditorías en Osprera, la SSS libertaria amenazó con la posibilidad de denunciar al expresidente Alberto Fernández y a la exministra de Salud Carla Vizzotti por los $3350 millones destinados a la obra social tres días antes de irse de la gestión pública. Finalmente, la denuncia se hizo un año y medio más tarde, pero no hubo avances ni fue ratificada, según confiaron fuentes sindicales. Dos personas que conocieron de cerca el manejo de la SSS, interpretaron este gesto como una suerte de pasamanos de los negocios en la órbita del organismo y su relación con las obras sociales sindicales intervenidas. Cerca de Lugones dijeron que no existe hoy vínculo entre Panelli y el Ministerio de Salud.

“Panelli fue el Kovalivker de la gestión de Alberto Fernández y lo manejaba Daniel López. Eran ellos los que repartían entre las droguerías”, dijo un exfuncionario de la SSS que fue testigo de los desmanejos. Con el sistema informático a cargo de su empresa, Panelli tuvo acceso privilegiado a toda la información sobre medicamentos y tratamientos de alto costo. Obtuvo, por ejemplo, un contrato millonario vía adjudicación directa para proveer a las obras sociales sindicales de factor VIII, un medicamento para la hemofilia, según aseguraron fuentes del sector.

De acuerdo a los conocedores de los organigramas internos de Salud, el rol de Panelli, de alguna manera, podría proyectarse hoy en lo que presuntamente hacía hasta hace poco Daniel Garbellini como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis bajo la gestión del libertario Diego Spagnuolo. A Garbellini se lo acusa de trabajar para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi. La Justicia investigan si en la Andis hubo una cartelización de droguerías y tiene en la mira, entre otros, a los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem y dueños de la Suizo Argentina.

Antes de poner un pie en el área de Salud, Panelli ya había obtenido otros contratos millonarios con el Estado para GMS. Primero en 2014, con Cristina Kirchner en el poder. Por entonces, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le otorgó una adjudicación directa por $226 millones por la “adquisición de insumos para la elaboración documental del pasaporte electrónico nacional argentino para la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas”, y otra por $1,4 millones por la “provisión de la infraestructura criptográfica PKI para el Renaper”, un contrato que se renovó en 2018, con el gobierno de Cambiemos.

Una curiosidad: Randazzo asumió en 2020 como director de GMS, la empresa de Panelli que fue beneficiada con contrataciones directas desde la gestión de Mauricio Macri a la actualidad. “Se hizo todo por licitación y yo no era el director de la empresa cuando se le dio lo de los pasaportes. Panelli tiene un montón de empresas y por unos años trabajé con él. Ya no soy más el director”, admitió Randazzo. El exministro, hoy diputado nacional a punto de terminar su mandato, no ve una falta ética en haber trabajado para el empresario, al que tiempo antes el ministerio a su cargo le había concedido el negocio de los pasaportes.

En las anotaciones de Calvete, el nombre de Randazzo figura al lado del de Panelli. “Yo no lo conozco, nunca lo vi”, tomó distancia el exministro de este empresario que operó como lobbista de diferentes laboratorios y que tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa. Randazzo sospecha que las alusiones en los cuadernos responden a que durante su paso por GMS la empresa había accedido a un préstamo de $86 millones del Banco Internacional de Desarrollo (BID) que no se concretó. “Querían pasar la gorra”, dijo, sin más precisiones. Si bien aparece en las anotaciones de Calvete, ni Randazzo ni Panelli figuran en el expediente judicial que tienen a su cargo Picardi y Casanello. Están solamente esas alusiones en los escritos que se tomaron como prueba.

Panelli fue consultado por , pero no respondió a los mensajes ni llamados en su celular ni en su oficina de GMS. “Que le pregunten a Calvete”, le habría dicho enfurecido a Randazzo cuando vio que su nombre comenzó a circular por los medios de comunicación.

El avance de la causa judicial Andis alteró la meseta en la que había ingresado la agenda política después del triunfo electoral de Milei. Si bien desde el Gobierno se buscó relativizar su impacto, el caso genera silencio e incomodidad, teniendo en cuenta la confianza que supo tener Spagnuolo con los hermanos Milei, los chats que involucran a Karina y la cercanía de los Kovalivker con los Menem. La onda expansiva del escándalo recién empieza.