El sector agropecuario volvió a poner el foco en el Gobierno luego de la polémica generada por la abrupta suspensión de las retenciones cero a la soja y otros cultivos. Según los dirigentes rurales, la ausencia de un plan claro afecta la previsibilidad necesaria para realizar inversiones estratégicas y potenciar la producción.

Marco Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo que las sucesivas modificaciones en el esquema de derechos de exportación generan incertidumbre en el mercado. “Son intervenciones del Estado que rompen la transparencia y dificultan la planificación a largo plazo de los productores”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Retenciones cero: el fuerte reclamo de la Rural tras el fin anticipado del beneficio

El funcionario explicó que la Argentina produce alrededor de 130 millones de toneladas de granos y exporta cerca de 100 millones. Según Pereda, el sector podría incrementar su producción a 200 millones de toneladas en un corto plazo si se eliminaran los impuestos distorsivos. “Somos el único sector que puede aumentar rápidamente la producción y aportar dólares al país de manera inmediata, incluso más rápido que Vaca Muerta o la minería”, subrayó.

El enojo del campo se intensificó luego de que la medida de retenciones cero, que debía regir hasta fines de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en operaciones, finalizara en apenas tres días por la alta demanda en los mercados. Pereda advirtió que la quita temporal no se trasladó de manera efectiva al precio que recibieron los productores: “La diferencia debería haberse reflejado en un aumento del 26% en los valores de la soja, pero solo hubo entre un 15 y 17%”.

El presidente de ARCA, Juan Pazo, confirmó esta situación y señaló que los productores vendieron sus granos a un precio apenas superior al anterior a la medida. “En ningún caso el productor recibió el beneficio total de la quita de retenciones”, detalló.

Desde el sector rural insisten en que el Gobierno debe presentar un plan escalonado y concreto de eliminación de retenciones para poder planificar inversiones en infraestructura, tecnología y producción. El mensaje es claro: sin previsibilidad, la capacidad de expansión del campo y su aporte al ingreso de divisas se ve limitado.

El titular de ARCA salió al cruce de los ruralistas que cuestionaron el fin de las retenciones cero

En este contexto, la relación entre el Gobierno y el agro enfrenta un desafío clave. La gestión de Javier Milei deberá decidir si implementa medidas claras y sostenibles que den seguridad a los productores o si mantiene ajustes abruptos que podrían generar mayores tensiones en los próximos meses. La expectativa del sector es que la política de retenciones se transforme en un instrumento de planificación y no en un factor de incertidumbre económica.

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Una audiencia realizada el jueves último por la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), volvió a poner en foco la crítica situación de la justicia argentina, con más de 330 vacantes que no cubre el Ejecutivo y que resiste enviar a la Cámara alta, donde La Libertad Avanza se encuentra en amplia minoría y está obligada a negociar con toda la oposición.

Durante el convite para extender, por cinco años, la labor de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, Mirta Delia Tyden, senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Pro reiteraron las quejas contra la Casa Rosada y reclamaron una pronta solución a un asunto que, en principio, se sostendría hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre próximo.

“La provincia de Misiones es eminentemente fronteriza. El 80% de las fronteras son fluviales y el 20% son terrestres, y, desgraciadamente, el delito estrella en la provincia de Misiones es el contrabando y el transporte de estupefacientes. Para todo eso tenemos muy pocos jueces para juzgar”, detalló Tyden a la comisión.

Luego, la experimentada magistrada contó, que “un juez de primera instancia más o menos maneja de 15.000 a 18.000 causas, algo imposible de manejar con una atención primaria en esos expedientes”. Y añadió: “La Cámara está integrada por tres personas. Dos de ellas, en funciones; una, vacante, en concurso. También el Tribunal Oral, a partir del 1 de noviembre, se queda con un solo integrante en la jurisdicción, lo que hace muchas veces muy difícil el trabajo, con esa cantidad de expedientes, y la solución de los problemas”.

Tras la exposición de Tyden, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) manifestó: “La sesión pasada se acordó enviar un proyecto de comunicación para que se cubran las 337 vacantes que hoy existen y, como bien lo describió la doctora, su consecuencia es muy negativa para el servicio de Justicia. Por lo tanto, hay que regularizar esta situación. Entonces, quiero manifestar mi acompañamiento y resaltar la importancia de que las vacantes se ocupen”.

Abad luego advirtió: “Pero también la doctora se manifestó frente al nuevo Código Procesal Penal que se está tratando de implementar en la Argentina, porque tiene implementaciones dispares. Y si se aplica correctamente es un paso adelante, pero si esto no ocurre genera graves consecuencias, producto de que el Gobierno Nacional hoy no está destinando los fondos para producir los cambios que el nuevo Código Procesal establece. Por eso, acá tiene que haber un llamado de atención y debemos reclamarle al Ejecutivo Nacional que destine los fondos para que el Código Procesal Penal se pueda implementar y tengamos un avance en ese sentido”.

Tyden respondió: “Quisiera informar que, en la provincia de Misiones, el 18 de marzo, se va a poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación. El papel principal lo tendrán los fiscales. Justamente, en la parte de Fiscalía estamos con un solo fiscal. Haremos todo lo posible para la implementación, pero la verdad es que no sé cómo vamos a trabajar”.

Sobre el final, Tagliaferri enfatizó: “Desde esta Comisión de Acuerdos estamos a entera disposición del Poder Ejecutivo para poder resolver algo que es central, que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo o con la Comisión de Acuerdos, sino con que la ausencia de magistrados, fiscales y defensores, a lo largo y a lo ancho del país, lo que hace es que haya una justicia que no llega para la gente, justicia que no llega para los delitos federales. Entonces esto no es una cuestión de política, es una cuestión de entre todos construir una justicia robusta, sólida y que pueda darles respuestas a los problemas de todos los argentinos”.

“Preocupa, además, como siempre hablamos, el tema de los jueces, pero claramente en esto del nuevo Código Procesal, hay que empezar a hablar también en voz alta de la necesidad de los fiscales. Porque es imposible que las provincias, o el ámbito federal, puedan desarrollar estos desafíos si no tienen no solamente los jueces y las juezas, sino también los fiscales”, agregó la senadora y legisladora porteña electa.

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