“Gran semana por delante”. La frase del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en su amanecer tuitero dominical no pretendió ser una manifestación de buenos deseos sino un augurio de lo que está por venir en los próximos días.

La optimista expresión hace pública así la intención oficialista de inaugurar, a partir del miércoles, en el Congreso, una hegemonía nacida del triunfo en las recientes elecciones legislativas.

El acto inaugural se daría con la aprobación de la reforma laboral, en el Senado, y del nuevo régimen penal juvenil, en Diputados. Por contraste, la media sanción de esos dos proyectos del Gobierno resaltaría el vacío, la orfandad y la impotencia de la oposición, en todas sus versiones.

La más sonora de las debilidades que quedará expuesta será la del peronismo, en general, y la del kirchnerismo, en particular. Para Cristina Kirchner y su brazo político -La Cámpora- significará la consagración de un ocaso inexorable, que anteayer tuvo una de las más duras manifestaciones.

Fue su rendición negociada en la conducción del PJ bonaerense, que de Máximo Kirchner y lo suyos pasó a manos de Axel Kicillof y los intendentes peronistas, quienes hace ya casi dos años comenzaron a levantarse contra el dedo y la voz de “la jefa” y obligaron al gobernador a empezar a romper el cordón umbilical con quien fue su madre política y quien lo había llevado a ganar la primera elección de su vida.

El avance de la reforma laboral en el Senado, a la que todavía le quedan varios detalles por terminar de definir, con negociaciones que irán hasta el filo del comienzo de la sesión y concesiones que el Gobierno intenta mantener en secreto, pondrá en el centro de la escena la debilidad histórica que atraviesa el movimiento fundado hace 81 años por Juan Perón.

Hasta acá y mientras el peronismo no estuvo proscripto, ni la más mínima modificación de la legislación laboral vigente (en muchos casos desde hace cinco décadas o más) fue realizada sino tenía el sello de su autoría. Y mucho menos cualquiera que derogara institutos legales o limitara derechos que para el peronismo eran intocables.

La “modernización” (como le gusta al gobierno que se denomine a la reforma) que se apresta a aprobar el Senado, si nada de lo previsto falla, abre una nueva era en el marco regulatorio de las relaciones del trabajo, no sólo acorde con los cambios en la producción, la economía y la sociedad registrados en el último medio siglo y acelerados en la última década y media.

La iniciativa avanza hasta a cotas altísimas de desregulación con el sello liberal y con la limitación de algunas protecciones para los trabajadores que ni Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri intentaron hacer y aún así fracasaron estrepitosamente.

En esta ocasión, en cambio, hasta algunos legisladores del bloque justicialista, que responden a al menos tres gobernadores peronistas, votarán en general la iniciativa mileísta. Impensable hace apenas dos años. Un cambio de época. Expresiones de una nueva hegemonía y del ocaso de la civilización peronista. Al menos, por ahora.

Los sectores más directamente involucrados del peronismo en la cuestión laboral, como los sindicalistas, y los dirigentes, mandatarios provinciales y legisladores más nítidamente opositores al Gobierno se conforman ahora con mostrar una resistencia que no excede de lo meramente simbólica, tanto en la calle como en el Congreso. Dos ámbitos que fueron bastiones inexpugnables e hicieron inviable las iniciativas reformistas de las tres administraciones no peronistas anteriores a la de Milei.

Un bloque fracturado de hecho en la Cámara alta y una movilización sin muchas expectativas de ser multitudinaria frente al Congreso serán la representación cabal de la decadencia y la crisis de liderazgo y representación por la que transita el peronismo.

Apenas si se ilusionan los sindicalistas y los dirigentes del PJ con alguna limitación en su aplicación que, luego de sancionada, pueda lograr en las primeras instancias judiciales, pero sin ninguna certeza de que eso prospere cuando sea evaluada en instancias superiores.

Expertos del oficialismo y también algunos no encuadrados en el pensamiento mileísta, en cambio, dudan de que finalmente pueda haber trabas para la aplicación de la iniciativa si es sancionada, finalmente, por la Cámara de Diputados. Pero para eso todavía falta demasiado. Tanto que la Casa Rosada ni siquiera ha empezado el laboreo en la Cámara baja para lograr las adhesiones necesarias.

El resto de los opositores moderados, como los gobernadores que integran la variopinta y aún amorfa unión transitoria de partidos llamada (en un exceso de entusiasmo) Provincias Unidas, apenas si sumarán su cuestionamiento a algunos artículos en particular, pero sin hacer demasiado ruido, a excepción del capítulo fiscal de la reforma en defensa de sus intereses.

Por eso, ese es el apartado de la redacción original sobre el que más dudas siguen existiendo respecto de su suerte en el debate en el recinto. El Gobierno siguió intentando durante el fin de semana y lo continuará haciendo durante las próximas 72 horas. Los anzuelos, chupetines (comestible y de madera) y promesas que hasta ahora han lanzado los gestores oficiales Diego Santilli y Patricia Bullrich aún no han rendido suficientes frutos para despejar las dudas sobre el tratamiento en particular en ese tema y respecto del fondo de despidos (FAL).

“Nuestros gobernadores no están dispuestos a dar ninguna batalla que no sea la defensa de los intereses de sus provincias [y los propios]. Hasta los peronistas dicen que no piensan salir para quedar pegados con el kirchnerismo, la izquierda y los sindicalistas, que en sus electorados no pueden tener peor imagen”, admite y explica uno de los diputados más lúcidos del espacio.

“Además, los gobernadores tienen que negociar con el Gobierno para no seguir desfinanciándose, lograr algunas obras y, así, empezar a transitar el año que los depositará en el proceso electoral 2027, en el que buscarán ser reelegidos o mantener el poder local. Ese es su gran objetivo. Después verán si tienen plafón para intentar algún proyecto presidencial”, señala el legislador que es uno de los que más trabaja para tratar de hacer de Provincias Unidas un proyecto alternativo al oficialismo libertario. Hoy, una utopía.

El escenario de resistencia parcial o simbólica a la reforma laboral deja al desnudo como pocas otras situaciones la fragmentación y la debilidad estructural del peronismo todo, así como el carácter apenas embrionario de cualquier otra construcción superadora.

En tanto, la reforma del régimen penal juvenil que se propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y endurecer penas pone el kirchnerismo ante el espejo de su escualidez política.

Pese al arraigo como demanda popular que tiene ese cambio, Cristina Kirchner y sus seguidores siempre se han abrazado a su rechazo. Visto con los ojos de la sociedad actual asoma como otro error político del kirchnerismo, aún cuando pudieran asistirlo algunas razones teóricas o a que en la práctica la punibilidad de los menores de 16 años no vaya a solucionar radicalmente el problema de la inseguridad. Pero eso solo ha alimentado su imagen de dogmáticos y ajenos a nuevas realidades sociales y criminales. Los delincuentes juveniles provocan rechazo.

El fin de ciclo del kirchnerismo y el desierto que asoma en el resto del escenario político en cuanto a proyecto nacional abre las puertas para que el Gobierno avance y acelere con “cambios irreversibles” sobre la economía, como lo explicó la semana pasada el periodista y economista Ezequiel Burgo, en Clarín. También celebra en el ámbito político y se ilusiona con “cambios irreversibles” también ese terreno, que lo conviertan en poder hegemónico por muchos años. El desierto puede ser muy pródigo en la generación de espejismos.

El entusiasmo oficialista ante la ausencia de resistencias efectivas y alternativas de poder que amenacen su representación ya ha demostrado que suele potenciar su tendencia natural al sobregiro, las autolesiones y la intolerancia.

La semana pasada fue ejemplar en esa materia. Si no fuera por el anuncio del acuerdo de comercio e inversiones con los Estados Unidos el Gobierno hubieran cerrado otro pésimo comienzo de febrero en el plano político y comunicacional.

Los ataques al mayor industrial del país, el papelón con el nuevo índice de inflación, cuya aplicación se suspendió al borde del debut que había sido anunciado y prometido al FMI por el Gobierno, y los frívolos ejemplos personales que “Toto” Caputo utilizó para cuestionar a la producción textil y de indumentaria nacional entrarían en los anales de los desatinos oficialistas.

Eso si no fuera por los muchos antecedentes que ya acumula la administración mileísta que superan estos derrapes o porque para silenciarlos los potenció anunciando la creación de una oficina/cuenta digital para hacer patrullaje de críticas, informaciones y opiniones publicadas. Nada, vale decirlo, que gobiernos anteriores ubicados en las antípodas de lo que pretende ser este no hayan hecho.

Pero los desaciertos por exceso de envalentonamiento no se reducen al plano retórico y de la disputa política, si no que suelen complicar objetivos nodales del propio gobierno.

Eso es lo que está pasando con la reforma laboral debido a la inclusión de un capítulo fiscal, que es resistida por los gobernadores por afectar lo que reciben por coparticipación, y sobre lo cual Milei se han mostrado intransigente para modificar.

“No creo que logremos los votos para que en particular se apruebe la rebaja de Ganancias para las empresas. El problema que tenemos es que Toto [Caputo] se pasó de rosca con lo de la reducción de impuestos y la metió en la reforma laboral cuando ya está previsto que se trate este año una super reforma fiscal. Empiojó innecesariamente el tratamiento de una trasformación que en 50 años no se pudo hacer y nunca estuvo tan cerca de salir con cambios tan profundos”, admite un conspicuo integrante del Gobierno.

Si el ejemplo vale para lo funcional hay otro que resalta como un cartel de neón para lo político-comunicacional en la siempre lábil relación entre gobiernos y ciudadanos. También lo protagonizó el ministro de Economía.

La jactancia con la que Caputo senior se puso como ejemplo para demonizar a la industria textil al decir que nunca se había comprado ropa en la Argentina puede ser un arma de doble filo.

Si bien muchos expertos en opinión pública y en comportamientos sociales reconocen que comprar ropa u otros artículos importados es un aspiracional de una amplia mayoría de argentinos, incluidos muchos que nunca accederán a ellos o que son perjudicados por eso, también se reforzaron algunas alertas por su efecto negativo en lo electoral.

Al respecto Eduardo Fidanza advirtió: “Uno de los motivos de rechazo o desconfianza sobre Macri, en su apogeo, expresados en sectores medio bajos y bajos era que su mundo, sus problemas y su mirada no tenían nada en común con los de ellos. Lo de Caputo puede generar y profundizar un distanciamiento similar ahora”. A pesar de que Milei es el primer político de derecha liberal que, entre 2021 y 2023, logró penetrar y obtener el voto de los sectores populares.

La conjunción policlasista que llevó al libertario a la presidencia ya mostró fisuras y filtraciones severas en las elecciones legislativas del año pasado, a pesar del triunfo nacional. El ausentismo y el mapa de votantes de 2025 terminaron mostrando una composición de adhesiones al oficialismo más parecida a la del macrismo de 2015 que al del mileísmo de 2023.

“El paso de la lucha contra la casta a la ostentación del lujo puede ser peligroso”, señala Fidanza.

La ausencia de competencia y el rol de actor hegemónico (o monopólico) suele generar distorsiones, excesos y riesgos. También para los que gozan de ese status dominante. Para seguir con atención en la semana inaugural de la hegemonía mileísta.