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El estreno del nuevo gobierno mileísta

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Como se preveía, desde el domingo a la noche el país político-económico no es el mismo. Es mucho mejor para Javier Milei de una forma que no preveían ni siquiera en la Casa Rosada. Tampoco, por lo tanto, el Gobierno es igual, aunque sea al mismo, integrado, todavía, por los mismos. Así, empezó a estrenar aristas de su nueva fisonomía.

La reunión de ayer del Presidente con 20 gobernadores y vicegobernadores aliados, amigables o dialoguistas (según cada caso) fue el debut formal del nuevo gobierno. O, mejor dicho, de lo que se promete que empezará a ser el nuevo rostro de la gestión mileísta. Un prototipo, al menos, del que todavía se sabe muy poco y del que sobran las dudas respecto de cómo será en definitiva, tanto en cuanto a formato y diseño, como a sus prestaciones, funcionamiento y vínculos.

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El rotundo triunfo sobre el peronismo y, especialmente, sobre el perokirchnerismo bonaerense, animó a Milei a hacer gestos e inaugurar un discurso de apertura. Una señal inequívoca de acatamiento a las exigencias hechas por Fondo Monetario Internacional y por el rescatista de última instancia, Donald Trump, para ampliar la base de sustentación política, que le permita abordar un reseteo de su programa tanto como las reformas de fondo pendientes.

Ese mandato, impuesto mientras le tiraban el providencial salvavidas a su gestión, ha sido el gran motorizador de la decisión presidencial de iniciar una nueva etapa. Mucho más que las demandas internas de la dirigencia política, económica y social, y de buena parte de sus votantes blandos.

Son estos los frutos políticos de la intervención trumpista, que le permitió “llegar en pie” e imponerse en las elecciones. El factor Trump fue crucial, tanto como el temor a otro desbarajuste económico por la fragilidad del gobierno y a una revitalización del kirchnerismo. El antikirchnerismo unido no fue vencido. Todo lo contrario.

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Sin embargo, quedan dudas respecto de la internalización de ese mandato y, por lo tanto, de la sostenibilidad en el tiempo de este incipiente boceto, así como de la dimensión de la licuación del perfil confrontativo que caracterizó el ingreso de Miliei en la política (hace solo cuatro años) y la primera mitad de su mandato, a punto de concluir. Nadie sabe cuánto lo coyuntural dominará a lo estructural. El león no está hecho para dejar de rugir.

Esa incógnita es el gran interrogante que albergan muchos de sus interlocutores, empezando por Mauricio Macri, quien en su experiencia de relaciones cambiantes con el Presidente se ha encontrado con más cerrazón que apertura al momento de abordar cuestiones concretas. De allí que el reclamo de una mayor escucha por parte de Milei haya sido una de los reclamos que le expresó hace tres días cuando lo invitó a volver a reunirse hoy.

“Yo no sé si se dan cuenta de la situación en la que están”, le había dicho Macri a sus íntimos después de la última vez que se reunió con Milei en referencia a las fragilidades económico-financieras que la intervención norteamericana palió, pero aún no resolvió.

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En esa reunión, el fundador del Pro se había encontrado, otra vez, con un pared infranqueable ante cuestionamientos concretos, después de una aparente aceptación de algunas críticas de índole general, centradas, especialmente en la ausencia de acuerdos básicos, la conversión en enemigos de quienes podían ser aliados, la falta de gestión en varias áreas del gobierno y la ausencia de trabajo en equipo.

Las luces amarillas que entonces había encendido el expresidente y con las que llega a la reunión de hoy no son, sin embargo, patrimonio exclusivo de Macri y, en buena medida, representan el sentir de un porcentaje importante de electores que en la elección del domingo pasado votaron a las listas violetas.

La última elección torna muy relevante ese asunto. Según diversos mapeos, como el realizado por el sociólogo y encuestador Luis Costa coincidente en buena medida con otro del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que conduce el jesuita Rodrigo Zarazaga, la composición del voto a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) mostró un mutación significativa respecto del perfil de los votantes que acompañaron a Milei en la primera vuelta de 2023, sobre todo en el AMBA y, en parte, en el noroeste del país.

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Ambos trabajos muestran un retraimiento de votantes de sectores populares, provenientes de ámbitos sociodemográficos históricamente mas próximos al peronismo. Estos fueron reemplazados por votantes que antes adherían mayoritariamente al Pro y a sus aliados cambiemitas y se habían sumado en la segunda vuelta presidencial, pero que en el transcurso de la presidencia de Milei se habían alejado o adoptado posiciones críticas, tanto por las formas, como por sus políticas.

Son esos a los que Milei descalificó como “ñoños republicanos”, a quienes el temor a un colapso económico y el atisbo de resurrección kirchnerista después de la elección bonaerense del 7 de septiembre reacercaron a la boleta violeta.

A ellos, además, la intervención trumpista, lejos de afectarles alguna fibra nacionalista, les oficiaba de garantía no solo financiera sino también política, más cuando trascendió la demanda estadounidense de buscar acuerdos y ampliar la base de sustentación. La desconfianza sobre la dirigencia política incluye hasta a quienes le tributan su voto, pero el aval externo atenúa los resquemores. No es la primera vez.

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“Milei debe entender que negociar y acordar no es solo una exigencia de Trump y Bessent, sino también una demanda de buena parte de su electorado. El cambio en la identidad de los votantes también está acompañado de nuevas demandas, que no puede desoír”. La advertencia proviene de una figura relevante del oficialismo, que integró el submarino amarillo. Esa nave averiada que ahora busca demostrar que puede flotar, después de la importante asistencia electoral dada a Milei y los suyos, tanto en candidatos como en votantes. Ese también fue un rescate, más después del escandaloso naufragio de la candidatura de José Luis Espert.

Aquel señalamiento podría traducirse como parte central del nuevo mandato salido de las urnas para Milei. En 2023, la mayoría del 56% que lo llevó a la Presidencia lo valoró como el más apto para bajar el flagelo de la inflación, y, tanto o más, como la herramienta para demoler un sistema ineficaz que el establishment político no lograba arreglar ni terminaba de romper.

Hoy, la demanda parece estar más centrada en arreglar para empezar a crecer antes que en seguir rompiendo indiscriminadamente. Hay muchos, incluidos varios que lo votaron, a los que se les cayeron encima los escombros de la demolición sin recibir más que una promesa de reconstrucción.

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La ausencia de la motosierra en la campaña podría ser una buena señal. Faltan ahora el bisturí, el cemento y los ladrillos. La convocatoria a los gobernadores (aunque no a los opositores más críticos), la reunión con Macri con la renovación del Gabinete abierta y, sobre todo, la anunciada disposición a negociar el presupuesto irían en ese sentido.

No obstante, sobre el último punto, la intención era hasta ayer que el proyecto no se debatiera en el recinto sino en sesiones extraordinarias, después del 10 de diciembre, con la composición del Congreso más favorable que surgió de las urnas el domingo pasado. Salvo que los gobernadores muestren una disposición que en mucho se parecería a la docilidad. Aún nada está cerrado. Mucho menos sobre las efectividades conducentes que tocan los recursos de cada provincia. Esa sí será la madre de todas las batallas.

El resultado electoral le dejó al Gobierno un horizonte más despejado, pero no allanado.

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La derrota peronista agravó la fragmentación de ese espacio que carece de liderazgo nacional y parece una confederación invertebrada de partidos provinciales.

Además, la polarización extrema que golpeó duramente al espacio de los gobernadores que conformaron Provincias Unidas, con derrotas en cinco de las seis provincias gobernadas por ellos, implicó un cambio de escenario relevante.

Ahora esos gobernantes ya no miran el panorama nacional como un objetivo por alcanzar en 2027, que se les había adelantado por la crisis que afrontaba Milei y, antes, por los efectos negativos del programa económico, por el incumplimiento de las promesas del Gobierno y por el destrato del Presidente y el avance de su hermana Karina sobre sus territorios.

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Después del domingo los derrotados Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy) vuelven concentrar su atención en la conservación de su espacio, amenazado por la consolidación libertaria, incluso con candidatos ignotos, y por la aparición de algunas figuras que ayudaron a la renovación del peronismo, como en Santa Fe.

Sin embargo, esa realidad no los lleva a aceptar sin discusión los proyectos del Gobierno, ya que cada uno de ellos acumulan facturas impagas, que buscarán les sean compensadas, si no pagadas.

La negociación recién empieza y no sólo depende del Presidente sino también del equipo económico al que también las provincias responsabilizan de muchas de las promesas incumplidas. En ese punto coincide el asesor Santiago Caputo, que ha solido destrabar demandas en el Palacio de Hacienda a través de su hermano Francisco, eficaz gestor, y de su hermana, que integra el círculo de colaboradores del tío Luis. La familia es la familia.

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En el terreno de lo que resta dilucidar y discutir también se inscribe la renovación del Gabinete. Las primeras señales después del triunfo fueron menos aperturistas que las que emanaban antes de la elección, cuando hasta los pronósticos propios les eran mucho menos halagüeños que lo que fue la realidad.

A nadie pasó inadvertida la imagen del reempoderamiento de la hermana presidencial y los suyos, vista en la noche triunfal y en los días sucesivos. Tampoco el mensaje del Presidente destinado a dar por saldadas las agrias disputas internas que marcaron el último mes, y que tuvieron a Karina Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francas, por un lado, y al gurú Santiago Caputo, por el otro, como protagonistas. Milei prefiere no mirar, no escuchar ni ocuparse de lo que no le agrada. ¿Podrá seguir haciéndolo?

Así, abundan los rumores que salen de la Casa Rosada sobre el nuevo equipo presidencial, que entre los más novedosas incluyó la versión de que el vocero Manuel Adorni no asumiría como legislador para ocupar el cargo de Francos, quien se muestra menos dispuesto a un retiro que hace apenas una semana.

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La sala de cirugía funciona a pleno a toda hora. Sobran las operaciones. Parece inevitable. El resultado electoral no terminó con la mayoría de los problemas irresueltos que había el día anterior.

Como dice el microrrelato más famoso del mundo, escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía esta allí”. Y afuera de la Rosada hay una manada de dinosaurios. Del nuevo Gobierno apenas se estrenó el trailer.


Claudio Jacquelin,Javier Milei,Elecciones 2025,Mauricio Macri,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Alerta en los gremios. La cúpula de la CGT cerró filas contra la reforma laboral y ratificó el triunvirato como forma de conducción,,Son cuatro. Qué gobernadores se quedaron afuera de la reunión con Javier Milei

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El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

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El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.

Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.

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La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.

Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.

Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.

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En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.

“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.

“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.

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El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.

El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.

Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

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Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.


Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

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El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

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En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.

Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.

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El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

El caso de la ANDIS enendió las alarmas en el Gobierno y llevó a las autoridades a pensar formas de control más estrictas

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.

También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.

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Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.

En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.

Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.

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En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.

En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.

Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.

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Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.

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Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires

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Los archivos de Jeffrey Epstein no solo revelaron detalles y evidencias contundentes sobre la red delictiva de explotación sexual y abuso de menores que rondaba al empresario neoyorkino. También, entre correos y mensajes, se develaron cientos de intercambios de negocios, coordinación de información privilegiada y reportes clasificados que recibía Epstein como parte de la elite mundial. Una serie de documentos confidenciales, analizados por , exponen un plan con aristas sospechosas de una de las empresas de Epstein en Buenos Aires.

Alrededor de 2014, Epstein se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, una empresa asociada a las fuerzas de defensa, la industria militar y a la inteligencia de Israel. De hecho, Ehud Barak, el exprimer ministro de ese país -a quien Epstein le prestaba frecuentemente su departamento de Nueva York-, fue presidente de la compañía. Lo acompañaban en la gerencia exfuncionarios y personal de las fuerzas armadas israelíes.

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La empresa se presentaba como la panacea de la seguridad urbana, como parte de un plan de “Ciudades Seguras” (que incluía a otras empresas). Prometían salvar vidas mediante una aplicación móvil. Sin embargo, al escarbar en sus propios planes de negocio y documentos técnicos, surge una realidad mucho más inquietante: la admisión, en múltiples intercambios de los propios oficiales de la compañía, de que se trataba de una herramienta con potencial de vigilancia masiva que convertiría cada smartphone en un sensor de video en tiempo real conectado directamente a centros de control gubernamentales.

Reporty trabajaba sobre el primer sistema de microlocalización exacta (con una precisión de menos de un metro, incluso en interiores). Pero el verdadero negocio parece estar en lo que ocurre cuando no hay una emergencia que es reportada directamente por los usuarios individuales. La empresa admite que, aunque el usuario no esté usando la app, el sistema chequea su posición dos veces al día. Su ambición, de acuerdo a los documentos, era recolectar información de movimientos en espacios cerrados las 24 horas del día, algo que ellos mismos califican como “invaluable” para monetizar con redes sociales y agencias de publicidad. “El santo grial de la información”, le dicen.

Bajo la “gamificación”, Reporty buscaba implementar un sistema de puntuación de credibilidad automática para cada ciudadano. Si alguien reportaba algo que el algoritmo o el despachador consideraran irrelevante, la “nota” de esa persona baja. En un reporte enviado a Epstein el 13 de diciembre de 2014, se describe un esquema de control donde la autoridad no solo recibe ayuda sino que obtiene el poder de “controlar a la masa” en las redes sociales, evitando que los videos de incidentes se vuelvan virales de forma independiente.

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En este documento, la empresa se refiere a los reportes de emergencia por video que hagan los ciudadanos y dice: “En lo que respecta al video, no estamos dando a las personas la oportunidad de compartir el video en las redes sociales como ocurre actualmente (al menos no en la primera versión) — nosotros no inventamos la necesidad, esto está ocurriendo en todo el mundo — la gente está tuiteando, enviando mensajes y filmando todo para subirlo a las redes sociales y no hay nada que hacer al respecto, ya que las autoridades no tienen herramientas para controlarlo más allá de limitar el uso de dichas redes (nadie puede detener realmente a la nueva tecnología). Cuando una persona realiza un reporte con Reporty sobre un accidente automovilístico, lo enviamos automáticamente al centro de comando y control pertinente y eso es todo; incluso no le daremos al usuario la oportunidad de guardarlo en su propio teléfono, si fuera necesario. Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la ‘masa’ en la red social, y esta es una gran diferenciación que resulta relevante para la legislación internacional».

¿Qué tiene que ver con la Argentina? Reporty buscaba expandirse principalmente a través de una estrategia de “arriba hacia abajo” (up to bottom strategy), enfocándose en atraer primero a gobiernos y municipalidades para que estas, a su vez, promovieran la aplicación entre sus ciudadanos. Incluso, hablan de que las autoridades “fuercen” a los ciudadanos a bajarse la aplicación. La empresa posicionaba su plataforma como un producto complementario “imprescindible” para los proyectos de ciudades inteligentes y seguras que ya estaban en marcha o planificados a nivel global. Para su expansión internacional, Reporty trató con grandes empresas del sector de la seguridad, actuando como integradores; entre estas compañías aparece Mer Group.

En un reporte confidencial enviado a Epstein en 2014, las autoridades de Reporty vuelcan avances en estrategias, acuerdos con otras empresas y el estado de desarrollo de la instalación de sistemas en distintos lugares del mundo. Expresan: «3.5.6 Argentina (Buenos Aires): Se espera que Mer Group termine la instalación de cámaras, observación y sistemas de inteligencia (cameras, observation and intelligence systems) en Buenos Aires este año para el enorme proyecto de Ciudad Segura, según la empresa. Esto contrasta con varios informes recibidos durante los últimos meses que afirman que el proyecto argentino de la compañía había encontrado numerosos retrasos, e incluso que podría no llevarse a cabo al final. En meses recientes, los periódicos en Argentina publicaron varios informes que afirmaban, entre otras cosas, que el proyecto de 42 millones de dólares había encontrado problemas y se estaba retrasando».

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Asimismo, en otro apartado estratégico sobre su expansión global, la compañía menciona: “Ya contamos con algunas asociaciones potenciales con empresas de Ciudad Segura que están buscando ofrecernos como un producto complementario para su solución existente. (Por ejemplo: Mer-group – trabajando en Argentina, África y más)“.

La realidad sobre qué y cuándo se implementó en la Argentina es por ahora parcial. En ese entonces, la Policía Federal no se había aún traspasado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Capital operaba la Federal, comandada por el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Cecilia Rodríguez. Las licitaciones de esa época no están disponibles para su consulta pública y los tiempos de respuesta de pedidos de acceso a la información podrían dar más respuestas en los meses por venir.

Sin embargo, encontró un video institucional, subido por la empresa en julio de 2017, que describe lo siguiente: “Gracias al proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, implementado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, Buenos Aires se suma a las ciudades más desarrolladas del mundo en materia de sistemas de seguridad pública y la Policía Federal se convierte en una de las más avanzadas de Latinoamérica. Pusimos en marcha una red integral de seguridad para que los porteños y los que se encuentran en la ciudad cuenten con tecnologías para su cuidado y protección, mejorando su calidad de vida”. En el video aparecen imágenes de Cristina Fernández de Kirchner saliendo de la Casa Rosada.

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En el epígrafe del video, la empresa volcó esta información: “Buenos Aires ciudad segura, proyecto desarrollado por MER GROUP que moderniza sustancialmente los recursos de la policía federal: patrulleros tecnológicos, cámaras on-line, computadora móvil, monitoreo virtual y mucho más. Acercando la ciudad a una Smart City”.

El video describe que se implementaron las siguientes tecnologías: 1200 cámaras de alta definición para patrullaje virtual y control de accesos a la ciudad, cuyas imágenes pueden usarse como prueba judicial; un Centro de Comando y Control y cinco centros regionales de monitoreo; patrulleros tecnológicos equipados con cámaras, computadoras móviles y reconocimiento automático de patentes y 500 kilómetros de red propia de fibra óptica, entre otras.

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