El Gobierno justificó este viernes los cambios que implementó en el sistema de inteligencia nacional a través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de la SIDE.

En el texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que las reformas están “alineadas con los más altos estándares democráticos”, en medio de la ola de críticas que despertó la decisión, que no tuvo trámite legislativo y se implementó directamente a través de un decreto publicado este 2 de enero.

El comunicado, titulado “Reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”, afirma: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo del presidente Javier Milei requieren que la Nación cuente con un sistema de inteligencia nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.

El DNU 941/25, que se filtró ayer, salió publicado hoy en el Boletín Oficial con firma del Presidente y todos los ministros, en pleno verano, usualmente una época flaca para la actividad política, y durante el receso del Congreso, que tiene a cargo el control de los DNU. Según el Ejecutivo, esta medida profundiza las reformas en el sistema de inteligencia, que “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”.

Esto último es justamente lo que la oposición le reprocha al Gobierno: que realiza esta reforma para avanzar con un supuesto régimen persecutorio a opositores. El DNU dota de mayor poder a la SIDE -comandada por el estratega Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra– y habilita, por ejemplo, a que los agentes de inteligencia puedan detener personas. Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei. Hasta ahora, la hermana del Presidente no tenía injerencia en este rubro.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI. En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijo el Gobierno en el comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni.

“Asimismo, la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control», añadió la SIDE.

Según el texto de la normativa, la Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Además, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia.

El decreto también ahonda sobre la “contrainteligencia” y la formaliza. La SIDE afirmó en su comunicado: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa, como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

El comunicado también recuerda que el decreto dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y refiere que se tomó esa medida porque la existencia de este organismo “generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto”, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

“Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional”, indica el comunicado.

Alude a que el decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, para intercambiar información entre organismos públicos que realizan tareas de inteligencia.

“Esta transformación profunda del sistema de inteligencia nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el presidente Javier Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad”, concluye el texto publicado en las redes oficiales de la SIDE.

Especulador de los tiempos, el Gobierno esperó a que finalicen las sesiones extraordinarias y que el Congreso ingrese en receso para imponer por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un sector de la oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión al menos hasta febrero próximo.

Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.

Ante esta situación, los detractores del DNU tienen dos caminos por delante: esperar a febrero, cuando vencerán los plazos que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, o bien acudir a la Justicia. El bloque de Unión por la Patria apuesta por el camino parlamentario y ya presentó un proyecto para derogar el DNU de la discordia. La Coalición Cívica, por su parte, no descarta también realizar una presentación judicial.

“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Por de pronto, los bloques más críticos del Gobierno ya estudian alternativas para voltear el decreto. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención del Congreso, redefiniendo el sistema de inteligencia y habilitando a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades”, advirtió Unión por la Patria en su proyecto para derogar el decreto.

“Vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa, y afectan de manera directa el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.

Los opositores reclaman al unísono la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los DNU presidenciales, esto es, si cumplen con los preceptos que establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Se descuenta que Menem y Villarruel harán oídos sordos y dilatarán el trámite; en este caso, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral.

Empero, para llegar a esa instancia se deben cumplir ciertos plazos. El primero de ellos es el de los 10 días hábiles que tiene la Jefatura de Gabinete para comunicarle el decreto al Congreso. Se da por descontado que el Gobierno aguardará hasta el último día para efectivizar este trámite. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral tiene otros 10 días hábiles para expedirse; si no lo hace, recién entonces ambas cámaras quedarán habilitadas para llevar el DNU al recinto.

En pocas palabras, recién a partir de febrero próximo las cámaras estarán en condiciones de abordar en sus respectivos recintos el decreto en cuestión, el 941/2025. Para su tratamiento no es necesario que sea incorporado en el temario de las sesiones extraordinarias que, según se anticipó, convocará el presidente Javier Milei a partir de ese mes. Se descuenta que el Poder Ejecutivo no lo incluirá, pero la ley 26.122 habilita expresamente al Congreso a discutir los DNU presidenciales en cualquier momento del año y sin autorización previa del Poder Ejecutivo.

Los opositores al decreto no tienen otra alternativa, entonces, que esperar al mes próximo para intentar voltear el decreto, pero ese no es el único obstáculo: además, deberán reunir quorum en ambas cámaras para poner en marcha una sesión. El siguiente paso será alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo, también en las dos cámaras. Solo entonces el DNU quedaría sin efecto.

El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. Por de pronto, la bancada de Pro mostró prudencia y si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el bloque de diputados de Pro, presidido por Cristian Ritondo, exintegrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

La oposición reclamó que cuanto antes se constituya también esta comisión bicameral, clave para fiscalizar las tareas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “En apenas dos años el Gobierno modificó en dos oportunidades la estructura de la SIDE por decreto y nombró tres directores. Esto no solo es llamativo; es anómalo”, deslizó un exintegrante de esa comisión bicameral.