El presidente Javier Milei propuso para juez federal de Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Lo eligió el mismo día que la Corte presentaba una iniciativa para disminuir la “discrecionalidad” en el proceso de selección de los candidatos a jueces.

Se trata de un proyecto que firmaron los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone cambios en distintas instancias de los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, organismo que evalúa a los postulantes y envía las ternas al Presidente. Entre los principales cambios que propone incluye reglar el valor que se les asigna a las “entrevistas personales” de los postulantes a jueces, paso final del proceso de selección. Fue justamente gracias a la evaluación que habían hecho los consejeros de la entrevista personal de Emilio Rosatti que él pudo entrar en la terna que recibió Milei. Tan buena fue esa entrevista, según la evaluación de los consejeros, que Rosatti fue elevado al primer lugar.

Emilio Rosatti fue uno de los 88 inscriptos para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba escrita se tomó el 6 de abril de 2022, en Rosario, y se presentaron 23 candidatos. A Rosatti le fue muy bien en ese examen: obtuvo 88 puntos y solo fue superado por un postulante de 99 (Gonzalo Fernández). El examen escrito es anónimo. Quienes los corrigen no conocen la identidad de cada postulante.

Pero a Emilio Rosatti no le fue tan bien en la evaluación de los antecedentes profesionales. Quedó noveno, con 62,6 puntos.

El orden de mérito (que contempla el puntaje del examen escrito más el de los antecedentes) quedó entonces así: Gonzalo Fernández (172,75), Walter Alberto Rodríguez (155,70), Patricio Octavio Longo (153,95) y Emilio Rosatti (150,45). Pero la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizó las impugnaciones a las calificaciones: le bajó dos puntos en antecedentes a Fernández, el primero, y le subió cuatro a Rosatti, que quedó así en el puesto tres, desplazando a Longo.

Ese puesto no le garantizaba a Rosatti, no obstante, entrar en la terna vinculante que el Consejo envía al Poder Ejecutivo porque el Reglamento de Concursos del Consejo establece, en su artículo 44, que “deberá incorporarse al menos una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria”.

Rosatti se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales. Pasó del tercer al primer lugar.

Después de entrevistar -el 21 de marzo de 2024- a los postulantes, los consejeros dijeron que todos demostraron “idoneidad y motivación suficientes”, “respondieron a las distintas preguntas que se les formularon” y probaron “un manejo fluido de los temas cuya exposición les fue requerida”. Pero agregaron: “No obstante ello, se advierte que existen circunstancias objetivas, que aconsejan efectuar modificaciones en el orden de mérito definitivo. En tal sentido, es dable poner de resalto la entrevista brindada por el postulante Emilio Rosatti”. El video de las entrevistas, que son públicas, está disponible en Youtube.

Según los consejeros, “demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional desempeñada en el tribunal concursado” [Rosatti es secretario del tribunal para el que concursa]. También “respondió de forma detallada y solvente a cada una de las consultas”, contestó “ampliamente respecto de los tiempos del proceso” y, “en cuanto a los detenidos a disposición del tribunal, demostró un vasto conocimiento acerca de la problemática al respecto”, entre otros méritos que le adjudicaron los consejeros.

Tras las entrevistas, solo modificaron el puesto de él y de una candidata que pasó al décimo lugar del orden de mérito definitivo, sin chance alguna.

La terna definitiva fue aprobada por el plenario del Consejo el 29 de mayo de 2024 por “unanimidad sobre un quorum de 19 consejeros”. El único que no estuvo presente fue Horacio Rosatti, presidente del Consejo, que no participó de la votación.

Quienes aprobaron la terna (sin oposición ni disidencias) fueron los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Diaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; los abogados Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Gabriela Vázquez; los legisladores Álvaro Gonzalez, Luis Juez, Mariano Recalde, Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, María Inés Pilatti, Eduardo Vischi y Roxana Reyes; los representantes de las Universidades Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, y Sebastián Amerio, que era el representante del Poder Ejecutivo.

De esa terna, Milei eligió el lunes a Emilio Rosatti como parte de la primera tanda de jueces que envió al Senado para que les de su acuerdo.

Unas horas después, los tres jueces de la Corte encabezaban el acto para presentar el proyecto de reforma del régimen de los concursos. Rosenkrantz y Lorenzetti, los autores, se refirieron especialmente a las entrevistas personales. Explicaron que habían recibido muchas quejas de candidatos -“de aspirantes serios”, dijo Rosenkrantz- porque después de tomado el examen escrito y evaluados los antecedentes, se hacen las entrevistas personales que habilitan a los consejeros a cambiar el orden de mérito.

“Es muy difícil explicar los cambios que a veces se observan en las listas de concursantes sólo basados en una entrevista”, dijo Lorenzetti. “Hay que acotar el margen de discrecionalidad porque tenemos que tener parámetros objetivos”, afirmó.

Rosenkrantz añadió sobre las entrevistas: “Hemos diseñado un sistema máximo de puntaje a asignar a las entrevistas personales -una de las fuentes de queja de los aspirantes serios- y lo hicimos de un modo que impida la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos. La entrevista personal debe servir para valorar la idoneidad personal del candidato en todo aquello que no pueda ser medido por las instancias previas, pero no puede ser una instancia para reescribir el orden de mérito que las etapas previas construyeron con criterios objetivos y transparencia”.

Estos discursos fueron el lunes por la tarde, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en una sala llena, como parte de un acto del que también participó Horacio Rosatti, aunque no había firmado el proyecto (la explicación fue que como preside también el Consejo, no correspondía que lo hiciera).

CÓRDOBA.- En un contexto de tensión financiera en las provincias por la caída de la coparticipación provocada por la baja de la recaudación, la Casa Rosada resolvió modificar los envíos a las gobernaciones. De ahora en más realizará anticipos de la coparticipación a demanda.

Es decir, en vez de que todos los meses los gobernadores pidan individualmente adelantos, las provincias le indicarán ahora a la Casa Rosada qué es lo que necesitan mensualmente con un límite de hasta 400 mil millones de pesos.

Será “según un estudio del estado y situación de cada provincia”, como anticiparon fuentes gubernamentales a .

De esa forma, el Poder Ejecutivo nacional flexibilzará la asistencia financiera para evitar que las provincias salgan a tomar deuda al mercado.

“Estamos hablando de la propia plata de las provincias que tienen por coparticipación y que tendrán que devolver este mismo año”, indicaron las fuentes a .

Añadieron que, de esta manera, “se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”.

Hace dos semanas, adelantó que gobernadores y funcionarios nacionales habían empezado a hablar de “blindar” a las provincias ante el desafiante contexto fiscal que afrontan.

“El Gobierno le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole solamente un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, insistieron las fuentes.

El año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, flexibilizó las autorizaciones para que las provincias salieran a mercados internacionales voluntarios y era la posibilidad que les “aconsejaban” desde la Casa Rosada a los gobernadores.

Este anticipo financiero autorizado por el Gobierno Nacional incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán.

Este mecanismo de adelanto también fue avalado por el Gobierno para la provincia de Entre Ríos durante el mes de enero de 2026.