La muerte de Noelia Castillo, la persona más joven en recibir la eutanasia en España, reabrió el debate en la Argentina. La joven de 25 años falleció este jueves mediante muerte asistida, tras quedar parapléjica luego de un intento de suicidio derivado de una brutal agresión sexual. Sufría “dolores permanentes e irreversibles”.

En el país rige desde 2012 la Ley de Muerte Digna. Esta norma establece que una persona con un diagnóstico terminal, incurable o irreversible puede rechazar procedimientos que prolonguen su sufrimiento o resulten desproporcionados en relación con los beneficios esperados.

Pero la eutanasia va un paso más allá: implica la administración de una sustancia que provoque la muerte del paciente, tal como ocurrió con la joven catalana.

En ese marco, la diputada por Unión por la Patria Gabriela Estévez volvió a presentar en las últimas horas el proyecto de Ley Alfonso, creado en homenaje a un paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que falleció en 2019. Hacia el final de su vida, Alfonso Oliva se encontraba “encerrado en su propio cuerpo” y solo podía mover los ojos.

La norma propuesta por la legisladora de Córdoba prevé algunos requisitos para acceder a la muerte asistida. Entre ellos, ser ciudadano argentino; que la solicitud sea “libre, voluntaria e informada”; y que la persona padezca una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento crónico que le impida llevar adelante su vida con autonomía. En caso de que el padecimiento sea evolutivo e incapacitante, se establece que, a través de dos testigos, se pueda dar fe de la voluntad de avanzar con el procedimiento.

También contempla la objeción de conciencia de los profesionales, al igual que con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Prevé una instancia de consejería a cargo de un equipo interdisciplinario que acompaña y evalúa, con el objetivo de constatar que la persona es consciente de la decisión que está tomando.

Sobre Oliva, la diputada aseguró esta mañana: “Su compromiso de vida antes de morirse era poder garantizar que nadie tuviese que transitar el mismo padecimiento que él por no poder acceder a este derecho”. Contó que, cuando lo conoció, el joven ya solo podía pestañear y se comunicaba mediante una computadora adaptada para leer el movimiento de sus ojos.

“Yo me encontré con un joven con mucha decisión, que tenía muy claro lo que quería, que tenía los ojos llenos de vida y un cuerpo que no le respondía. De verdad tenía la voluntad de que nadie tuviese que transitar un padecimiento como el que él estaba transitando. Toda su familia lo acompañaba en esta decisión», siguió, en declaraciones a Radio Con Vos.

Y concluyó: “Se trata de humanidad, derechos humanos, de la posibilidad de que -cuando una persona ya no puede más seguir resistiendo ese sufrimiento- pueda morir con dignidad”.

Y es que Alfonso, antes de fallecer a los 36 años, impulsó junto al médico Carlos “Pecas” Soriano una iniciativa que ingresó al Congreso en 2021 y que, luego de perder estado parlamentario, volvió a presentarse en los años siguientes.

Las claves del proyecto

El proyecto de “Buena muerte médicamente asistida” contempla la cobertura gratuita de la práctica en el sistema público de salud, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las empresas de medicina prepaga. La muerte puede producirse mediante la administración de una sustancia por parte de un profesional o a través de la autoadministración, suministrada por un médico.

Establece, a su vez, dos supuestos en los que se puede solicitar la eutanasia: por un lado, una enfermedad grave e incurable que origine “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio”; y, por otro, un padecimiento “grave, crónico e imposibilitante”, es decir, que afecte la autonomía de una persona “de manera que no pueda valerse por sí misma”.

La iniciativa, que también firman los diputados Carlos Castagneto, Hilda Aguirre y Alejandrina Borgatta, también prevé la intervención de un equipo de consejería conformado por profesionales de la psicología, la psiquiatría, la bioética y la medicina paliativa. Su objetivo es asistir al médico responsable en la confirmación de la situación del paciente, su voluntad de morir dignamente y su plena capacidad para tomar la decisión. Asimismo, contempla la firma de un consentimiento informado.

Es requisito ser ciudadano argentino o residente permanente con al menos un año de antigüedad, ser mayor de edad y contar con plena capacidad al momento de solicitar la eutanasia. En caso contrario, el pedido podrá realizarse a través de dos testigos, que no podrán ser padres, cónyuges, convivientes ni personas con interés en la muerte del paciente -por contratos, derechos sucesorios, obligaciones civiles u otras razones-.

El protocolo del proyecto de ley incluye, a su vez, tres instancias de valoración del caso. Además, los pacientes pueden revocar la solicitud durante todo el proceso, incluso hasta el último momento.

El Gobierno enviará en los próximos días la documentación que pidió la Justicia en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo sostienen que se tomaron “unos días” para reunir toda la información requerida por el juez Ariel Lijo y que a partir del lunes comenzarán a remitirla en tandas, a medida que cada organismo termine de consolidar la respuesta formal.

El material abarca registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), planes de vuelo solicitados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), informes vinculados a movimientos y facturación, presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, entre otras actuaciones pedidas por el juzgado.

En la Casa Rosada aseguran que la intención es remitir “todo lo que pidió la Justicia” para que el juzgado avance con la reconstrucción del circuito del viaje, en un expediente que busca determinar quién financió los vuelos y bajo qué condiciones se realizó el traslado del ministro coordinador y su familia. En ese marco, en Balcarce 50 mantienen cautela ante los avances del caso, aunque afirman que están “tranquilos” porque Adorni tiene “forma de justificar todo”.

El jefe de Gabinete no tiene designado por el momento un abogado defensor, más allá de que en el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que acercaron algunos nombres para su representación. En el oficialismo esperan que Lijo avance primero con la revisión de la documentación y de eventuales peritajes antes de definir nuevas medidas dentro del expediente.

En el Gobierno no esperan que el juez cite a declarar a Adorni en el corto plazo. Argumentan que la causa todavía se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de pruebas documentales y testimoniales. También reconocen que quedaron rispideces con Lijo tras el impulso fallido de su candidatura a la Corte Suprema, aunque remarcan que se trata de la gestión que “más lo cuidó” en términos institucionales.

El expediente ya avanzó, sin embargo, con medidas concretas. Lijo ordenó requerimientos sobre el viaje y dispuso levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Entre ellas figuran pedidos sobre declaraciones patrimoniales, viajes, bienes, vehículos y registros vinculados a su esposa y a su entorno familiar.

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A eso se sumaron testimonios que complicaron las declaraciones públicas del jefe de gabinete sobre el caso. La empleada de la firma que gestionó los vuelos declaró que Grandio habló de una “invitación” a una familia amiga, ratificó que fue él quien pagó los tramos y aportó chats, audios y una carta documento en la que el periodista luego desconoció la factura. Grandio la llamó además mientras declaraba ante la Justicia, un episodio que quedó asentado en el expediente.

Esos movimientos generaron fuerte malestar en el Ejecutivo, donde siguen de cerca el comportamiento de Grandio y evitan hacer defensas cerradas sobre su rol en la causa. En la Casa Rosada conviven distintas lecturas sobre el impacto del expediente, pero por ahora la estrategia pasa por colaborar con los requerimientos judiciales y esperar la evaluación de Lijo sobre las pruebas. “Nosotros queremos estar cerca formal e informalmente con Lijo, pero como con todos”, expresan en Balcarce 50.

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