Un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.

La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

“La Compañía” es una continuación del Grupo Wagner, el brazo paramilitar de Yevgeny Prigozhin. De acuerdo con lo publicado, tras su muerte en 2023, la estructura quedó bajo el control de la inteligencia militar (GRU), mientras que sus operaciones de información y desinformación en el extranjero fueron puestas bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), liderado por Sergei Naryshkin, un alfil de máxima confianza de Vladimir Putin.

El SVR no es ajeno a la Argentina. Esta agencia coordinó el despliegue de los espías “ilegales” Artem Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron una década en el barrio de Belgrano bajo las identidades de Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños. Según revelaron los propios agentes tras ser canjeados en 2024, su plan a largo plazo incluía que sus dos hijos, nacidos en Buenos Aires, continuaran con la profesión de espías aprovechando la “leyenda” de su nacionalidad argentina.

Uno de los agentes que Rusia desplegó en América Latina, según la documentación, fue Alexey Evgenievich Shilov. A cargo de la campaña de desinformación en la región entre 2024 y 2025, “organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política pro ucraniana de liderazgo argentino”, según uno de los reportes filtrados.

En esa línea, la filtración dejó en evidencia, cuantificó y hasta cotizó el valor de “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. Para eso, detalló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión que se publicaron en más de 20 medios de comunicación digitales entre junio y octubre de 2024 a un costo de al menos 283.100 dólares, convirtiendo a la Argentina en el país de América Latina y África donde más dinero desembolsó Rusia para esos fines, de acuerdo con lo revelado.

La Casa Rosada, en tanto, ya había denunciado la injerencia de “La Compañía” en la Argentina. En junio de 2025, acusó a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, de desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlim. Entre ellos, señaló a Lev Konstantinovich, al que identificó como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, y a su esposa, Irina Iakovenko.

En los documentos filtrados también aparecen nombrados más de 50 cuentas en las redes sociales de Instagram, X y Youtube de influencers y medios digitales que figuran como receptores de aportes monetarios, así como cuatro pagos de 4000 dólares cada uno con sus respectivas fechas a título de “transmisión en la tv argentina”.

Entre los medios y portales mencionados en la filtración como receptores de los artículos que pagó la maquinaria de desinformación para su publicación aparecen Diario con Vos (37 textos pagos), El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10), La Patriada Web (9) Ámbito (8), Sección Ciudad (5), El Ciudadano Web (6), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6), Infocielo (3), El Cronista (2), Infobae (2), Agenda Urbana (2), Data Clave (1), Ciudadano Agro (1) y Contraste MDP (1).

Tras la revisión y análisis de esos datos, Open Democracy, Forbidden Stories y Filtraleaks consultaron a todos los medios de comunicación mencionados en la filtración y mantuvieron entrevistas o conversaciones informales con editores y directores de 13 de esos medios. Todos ellos negaron cualquier implicación en las campañas rusas y casi todos negaron haber recibido dinero por publicar los artículos.

Asimismo, ante la pregunta sobre el origen de los artículos publicados, respondieron casi sin excepción que no conocían a sus autores y que habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, al que describieron como “consultora”, “agencia”, “prensero” o “intermediario”, una práctica habitual en medios digitales atravesados por la precarización laboral.

O’Donnell y otros periodistas que participaron en la investigación contactaron a dos de esos intermediarios, cuyos nombres no revelaron. Negaron cualquier vínculo con los rusos y se declararon intermediarios de otros intermediarios, que estarían vinculados a empresarios de la construcción opositores a Milei que no pudieron ser localizados. “Por lo tanto, no se pudo corroborar que los pagos que figuran en los documentos se hayan realizado y a quién”, remarcó el consorcio investigativo.

Según verificaron los periodistas, los autores de esos artículos pagos por Rusia son “fantasmas” como un supuesto “Gabriel di Taranto”. Firmó 20 artículos publicados en Diario Registrado, C5N y Ámbito Financiero, y dijo tener una maestría en comunicación política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Pero la universidad no emite ese título y Di Taranto no estaba registrado como estudiante ni en ninguna otra capacidad. Más aún, el rostro del supuesto periodista fue desarrollado con software de Nvidia.

¿Qué tipo de textos pagó Rusia para que se publicaran en la Argentina? En agosto de 2024, por ejemplo, El Destape publicó una historia sobre supuestos tres terroristas argentinos que habían sido apresados en Chile con un artefacto explosivo y planes para volar un gasoducto y así interrumpir el flujo desde Argentina y obligar al gobierno del izquierdista de Gabriel Boric a comprarle gas a Estados Unidos, que estaría detrás del atentado, apelando a la mano de obra del gobierno de Milei. Y detalló que Mieli viajó el 8 de agosto a una conferencia de gas en Chile, lo que en realidad había sido una excusa para mantener una reunión secreta con Boric para negociar la liberación de los tres “turistas”.

La versión, sin embargo, resultó falsa. No hubo argentinos detenidos, el oleoducto no cruza Ñuble, Milei estuvo en Chile para una conferencia de Andes Gas y Boric no lo recibió, pero no había terroristas por los cuales negociar. ¿La autorra? Fernanda Velásquez, cuya única huella digital es una página con sus artículos en El Destape.

Según detectó el consorcio investigativo, la historia sobre el falso intento de sabotaje aparece en un documento interno de “La Compañía”. Fechado en septiembre de 2024, lleva el título “Turistas argentinos”: “Objetivo y descripción: Crear tensión entre Argentina y Chile (del 13 al 29 de agosto), se difundió una historia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas en el interés de Estados Unidos”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un nuevo viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez al Caribe, a Aruba, mientras prepara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa del Caribe, con su familia.

Los datos que aportó al Dirección Nacional de Migraciones no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.

Adorni había dicho, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le preguntó, sobre ese viaje: “¿No es este desproporcionado para para tu para tu patrimonio, no?“. Y él le respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

El informe de Migraciones sobre los Adorni es el resultado de una de las 12 medidas de prueba que pidió realizar la fiscalía a comienzos de esta semana cuando recibió la causa contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

El caso lo lleva el fiscal con el juez federal Ariel Lijo, de licencia por estos días.

Mientras espera estas nuevas informaciones, la fiscalía reúne nuevos documentos para interrogar como testigo el miércoles de la semana que viene a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la compra del departamento de Caballito y de la casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

Adorni adquirió el inmueble de la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, por un monto declarado de 230.000 dólares. Dijo que lo hizo gracias a un préstamo de 200.000 dólares que le hicieron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.

Las mujeres son Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.

Antes de tomarle declaración a Nevechenko, el miércoles, el fiscal espera reunir, entre lunes y martes, los documentos disponibles en los registros de la propiedad.

Más allá del interrogatorio, el fiscal prepara una nueva batería de medidas de prueba que se suman a las que ya están en marcha.

Pero el expediente judicial y sus pasos van necesariamente a una velocidad diferente que las consecuencias políticas de las revelaciones sobre Adorni, iniciadas con su viaje a Nueva York en compañía de su esposa y seguidas por sus minivacaciones durante el último Carnaval en Punta del Este, adonde viajó en un avión privado.

El Gobierno confirmó a Adorni en su cargo y busca blindarlo con una agenda nutrida de reuniones con los ministros del Gabinete.

Es que los pasos judiciales que podrían -si se confirman las sospechas- derivar en un pedido de declaración indagatoria son necesariamente más prolongados.

La causa está en una primera etapa de recolección de evidencia documental. Hay un protocolo de investigación de casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que prevé requerir decenas de constancias a diversos organismos públicos, privados, bancos, operadores financieros y bursátiles.

Más allá de esta información, una vez reunida la documentación, será necesario hacer un peritaje contable para determinar si es que hay gastos que no están respaldados por los ingresos del matrimonio Adorni.

Este análisis documental demoraría algunas semanas, por más que se haga imponiendo días de trabajo a los peritos para no prolongar el asunto.

Si este estudio contable lo amerita y respalda las sospechas, entonces el fiscal debería intimar a Adorni a que haga una justificación de sus bienes que no encontrarían sustento en sus ingresos.

En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el funcionario acusado el que debe demostrar que su enriquecimiento está respaldado por ingresos legítimos.

Si el fiscal entiende que la presentación del acusado no es suficiente para justificar los bienes por los que fue intimado, entonces podría pedir la indagatoria.

Pero la causa contra Adorni está recién en sus inicios y las evidencias se van sumando semana a semana, mientras el funcionario sigue en su cargo y tiene cita el 29 de abril en el Congreso para rendir su informe anual ante los diputados, que lo esperan con 4800 preguntas. Milei prometió estar allí.