“Creyeron que después de haber ganado las elecciones el juicio se terminaba”, relató el fiscal general Diego Luciani ante 250 pares de América Latina cuando expuso sobre el caso Vialidad. En su discurso reveló por primera vez las fuertes “presiones» que sufrió él y su equipó de trabajo con llevó adelante la investigación que terminó con una condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner.

El fiscal, además, le puso nombre y apellido a las presiones. Mencionó a Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manzur, Juan Martín Mena y organismos como la secretaría de Derechos Humanos a la que acusó de usar «fondos de todos los argentinos» para presionar y ensuciar la imagen de Luciani y su equipo que también estaba integrado por el fiscal Sergio Moro.

Durante el discurso dijo que se encontró con un “auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”. Reveló detalles de lo vivido: “Los fiscales y los jueces nos vimos sometidos a operaciones nefastas; se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personales o familiares de magistrados”.

Luciani habló en el marco del III Congreso Internacional de Fiscales, “Desafíos del Fiscal frente a la corrupción y crimen organizado en las altas esferas del Poder”.

Ante más de 250 fiscales de toda la región realizó una exposición titulada “Desafíos frente al poder de la corrupción”, durante la cual realizó un repaso de lo que vivió como integrante del Ministerio Público Fiscal “frente a este caso tan emblemático y cómo nos fuimos preparando para semejante desafío”.

Uno de los puntos de su exposición se centró en las más de 70 horas de alegatos realizadas a la hora de solicitar la condena por hechos de corrupción contra Cristina Kirchner. “Demostramos que los expresidentes de la Nación Néstor y Cristina Kirchner, en paralelo a las funciones de la Administración, instauraron en la provincia de Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”, expresó Luciani.

Al brindar más detalles sobre el caso, planteó ante un auditorio repleto: “Así, se logró, durante 12 años, la obtención ilícita de fondos del Estado y, al mismo tiempo, un beneficio patrimonial inexplicable para los expresidentes y el Lázaro Báez -amigo/socio comercial-, fue un desapoderamiento obsceno del Estado”.

La particularidad del caso fue que el juicio en el que se “comprobó la defraudación colosal se desarrolló mientras Cristina Kirchner se desempañaba como vicepresidenta de la nación (2019-2023). Como pueden imaginar, juzgar al poder mientras están en el poder no es nada fácil. El sistema corrupto se resiste a ser juzgado”.

En ese punto no dudó en exponer las presiones sufridas: “Contra todo aquel que los investigue o los ponga en evidencia desarrollan un discurso hostil y de odio, para impedir cualquier avance que implique un peligro para sus planes delictivos y sus privilegios”.

Diego Luciani dio más detalles al respecto: “Durante los tres años que duró el debate oral, en especial durante el alegato de acusación, padecimos todo tipo de atropellos, agravios, presiones y espionajes impensados en democracia.

El fiscal general avanzó en este punto y reveló que “como suele ocurrir, los embates comenzaron en los medios de comunicación colonizados por el poder de la corrupción. Pero también, hubo un intento del poder político de colonizar la justicia, pero no lo lograron, no pudieron doblegarnos”.

El fiscal mostró frases que le dedicaron políticos en esos días y mencionó que el ex presidente Fernández sostuvo que «Nisman se suicidó, esperemos que el fiscal Luciani no lo haga». También mostró mensajes en las redes de Sergio Massa, Juan Manzur, Eduardo «Wado» De Pedro y legisladores desacreditando su investigación.

Bajo esa línea, el representante del Ministerio Público Fiscal fue enfático al señalar: “La corrupción sistemática también intenta dominar, maniatar y doblegar la independencia de la Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia tiene nueve recursos de queja que buscan revertir lo que sostuvo la Sala IV de la Cámara de Casación: la confirmación de la sentencia condenatoria del caso Vialidad.

La mayor pena fue atribuida a Cristina Kirchner, a quien la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esto representa seis años de cárcel más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Sobre la maniobra investigada, el fiscal Diego Luciani dijo en la ciudad peruana ante sus pares: “Fíjense lo obsceno que fue el desvío: Una persona que no tenía bienes registrables cuando comenzó el Gobierno de Néstor Kirchner, adquirió, en 12 años, más de 400.000 hectáreas en tierras es decir: 20 veces la Capital Federal, o siete veces la ciudad de Madrid. Adquirió 293 inmuebles (estancias, deptos., hoteles, etc.); centenares de vehículos y aviones, y 55 millones de dólares fugados al exterior”.

Pese a haber sido adjudicatario de 51 obras viales, “abandonó las obras viales cuando Cristina Kirchner perdió las elecciones (diciembre de 2015)

Añadió en ese contexto, que el trabajo que incluyó “más de 5.000 expedientes vinculados a las 51 obras, fue un arduo trabajo sobre todo mentalmente, para lograr ser eficientes y que las injerencias y las presiones no nos paralicen”.

Las elecciones de 2019 y más presiones

Uno de los puntos centrales del discurso de Luciano fue cuando contó que después de los comicios de 2019, cuando Alberto Fernández ganó, todos pensaron que el juicio se termina. “Fernández, al igual que la principal acusada, creyeron al día siguiente del domingo de las elecciones que se acababa el juicio, no lo permitimos”.

Contó más: “Fíjense que el Gobierno anterior, apenas asumió, impulsó reformas inapropiadas, para someter a la Justicia. Concretamente, intentó: Reformar la Justicia federal (2020) para nombrar jueces adeptos de manera discrecional, reformar la ley orgánica del MPF para nombrar a un procurador por una mayoría simple, sin consensos políticos. Se creó una Comisión para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el abogado que defendía a la expresidenta. ¡Algo grotesco y de mal gusto!”, exclamó.

Al sostener la tesis de que el caso Vialidad fue un juicio emblemático, el fiscal Luciani señaló que todos los intentos de detener el debate público, las presiones denunciadas que sufrió la fiscalía, fracasaron, “el sistema que defiende a corruptos en busca de su impunidad provocó que el poder político utilizara otros medios inimaginables: Los fiscales y los jueces nos vimos sometidos a operaciones nefastas; se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personales o familiares de magistrados”.

Antes de finalizar su exposición, Diego Luciani brindó más detalles: “Se indagaron registros internos de distintos Ministerios para determinar si visitamos alguna oficina durante Gobiernos anteriores, incluso, hubo un diputado oficialista que, apenas comenzó el alegato, solicitó declaraciones juradas de bienes personales de (Sergio) Mola y mías (al parecer, encontró solo deudas; nunca dijo nada)”.

Entonces, recordó que durante ese período “se robaron declaraciones juradas de los jueces, se hackearon teléfonos de magistrados y fiscales, se inició un juicio político bochornoso contra los jueces de la Corte. Algo similar se había intentado con el Procurador General”.

No dudó en decir que durante los tres años de juicio del caso Vialidad, “los ataques fueron tan graves que varios organismos internacionales, como Human Rights Watch, alertaron acerca de la hostilidad del gobierno contra el Poder Judicial, los fiscales y la prensa independiente”.

Recordó en ese momento las palabras finales de su alegato con el que pidió una dura condena contra Cristina Kirchner. Dijo que en esa dicotomía “la Justicia tiene un rol dirimente para poner un límite a los abusos de poder y a la corrupción sistémica”.

Sumó otro concepto: “Tenemos que hacernos cargo de nuestra vocación esencial, sin la cual no hay orden, ni paz social. Debemos ejercer nuestra misión y nuestro trabajo con independencia y valentía. El aprendizaje que nos queda es que, aferrándonos a los hechos, las pruebas, la ley y la Constitución Nacional, es posible: Sobreponerse a las presiones del poder político y evitar la impunidad de los corruptos”.