La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de Cristina Kirchner para llevar a la Corte Suprema su reclamo para que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena y para que flexibilicen su régimen de visitas.

Al resolver de esa forma, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó su fallo del 11 de julio pasado en el cual había ratificado, por mayoría, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas impuesto a la exmandataria por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia.

La defensa de Cristina Kirchner presentó ante la Sala IV de la Casación un recurso extraordinario federal a fin de lograr que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que ratificaba el uso de tobillera y el régimen de visitas.

A su vez, en su escrito, Cristina Kirchner había recusado a los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para que no intervengan en este incidente.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado −por mayoría− el recurso de casación interpuesto por Kirchner mediante el cual pretendía una revisión de las condiciones impuestas en el cumplimiento de su prisión domiciliaria

La expresidenta cuestionaba la exigencia de una autorización previa para admitir visitas no incluidas en la nómina de personal autorizado y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica.

El voto mayoritario de la sentencia, firmado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, postuló el rechazo de la impugnación tras considerar que tanto las restricciones a las visitas como el uso de la tobillera electrónica permiten un control judicial efectivo.

En disidencia, el juez Borinsky recordó que la exmandataria cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y entendió innecesaria la tobillera.

Frente a ese fallo, la defensa de Cristina Kirchner interpuso recurso extraordinario federal en el cual incluyó la recusación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando le consultaron al Fiscal General ante la Cámara, Mario Villar, el funcionario pidió que se declare inadmisible la presentación de la defensa.

Ahora, por decisión mayoritaria de la Sala IV, con los votos de Hornos y Barroetaveña, se declaró inadmisible el recurso extraordinario federal.

Señalaron que la medida cuestionada no supone una restricción irrazonable al derecho a la dignidad humana, sino que prevé una regulación ordenada y razonable sobre quién accede al domicilio en atención a la naturaleza excepcional de la prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal.

El juez Borinsky votó en disidencia tras advertir cuestiones de índole federal −garantías constitucionales previstas en el derecho a la privacidad y a la intimidad, art. 19 de la Constitución Nacional− que habilitan la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, la Sala IV tuvo presente el planteo de recusación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al “empresario” Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto “Viva la Libertad”, en la Argentina.

La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa “memecoin” en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.

La jueza federal Jennifer Rochon admitió así un planteo que presentó Davis durante una audiencia celebrada el 1 de julio pasado, y que diez días después recibió el visto bueno de los abogados de Burwick Law, el bufete que representa a los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los estrados federales de Nueva York.

“Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento”, celebró uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti, al término de la audiencia. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, afirmó, en un comunicado de prensa que emitió al término de la audiencia.

Otro de los abogados de Davis presente en la audiencia, cargó contra la prensa: “Aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo, y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones.”

La decisión de la jueza Rochon revierte, en la práctica, la orden que había emitido a fines de mayo, cuando dispuso congelar cerca de US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.

El levantamiento del embargo judicial le permitirá a Davis retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque esos activos casi no tienen valor de mercado en la actualidad, según coinciden expertos como Fernando Molina, quien remarca que resulta incierto aún cuál es el objetivo final detrás de este pedido.

Según explicó Molina, el pedido fue que “el dinero se envíe inmediatamente a una wallet [es decir, una billetera virtual] designada por ‘Viva La Libertad Project’”, la que opera en la plataforma Jupiter. “En criollo, solo se puede retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, abundó. “No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio [Burwick] a la jueza [Rochon”, además de que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto”.

Otro experto que testimonió ante el Congreso argentino, sin embargo, creen que el valor de mercado que tiene hoy la “memecoin” $LIBRA podría resultar irrelevante. “Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con [la versión inicial sobre] la ayuda para las PyMEs argentinas”, sostuvo Maximiliano Firtman. “Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa”.

Para Molina, no obstante, eso no tendría sentido. “$LIBRA no tiene liquidez; es como si repartiera billetes falsos, no sirve para nada”, insistió, en un mensaje que posteó en la red social X. “Piden que la transfiera inmediatamente”, añadió, “lo cual es técnicamente imposible”.

El objetivo de Davis no sería, sin embargo, contentar a los inversores que compraron $LIBRA antes de que colapsara durante la madrugada del 15 de febrero pasado, sino enviarle un mensaje a la Justicia argentina, donde afronta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En ese sentido, Davis ya sondeó a los tribunales argentinos con una oferta que plantearon de manera informal en las semanas que siguieron al lanzamiento y colapso de $LIBRA, según reveló en junio pasado. Davis propuso devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de Davis consistía en girar esos fondos a la Argentina, donde designó a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Propuso transferir esos fondos a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos.

“Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan”, precisó entonces un allegado a Davis a . “Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban ‘snipeando’ la operación”, detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.

En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.

El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, sostuvo. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, añadió.

De avanzar con el depósito en la Argentina, Davis podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.

Ahora, tras el levantamiento parcial del congelamiento de fondos en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esa jugada, aunque resta ver si la Justicia argentina considera si la entrega de tokens sin valor de mercado representan una “reparación integral del daño”.