El fiscal ante la Casación Penal Mario Villar dictaminó que debe rechazarse el pedido de Cristina Kirchner para no decomisar los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, y avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades, que son 19.

El tironeó ocurre en el marco de la ejecución de la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena a 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de los bienes es lo único que resta ejecutar de esa condena.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la expresidenta son ajenos al proceso que la condenó y que sus bienes tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona todo el decomiso.

Villar, cuyo dictamen antecede a la decisión del tribunal, remarcó que la condena de Vialidad ya quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya estaba dispuesto como parte de la condena. Por lo tanto, lo que está en discusión ahora no es la existencia del decomiso, sino cómo ejecutarlo.

También marcó que en las causas de corrupción no siempre es posible reconstruir el exacto recorrido de los fondos ilícitos y que por eso jueces pueden considerar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva.

Esto último es en respuesta a la queja de la expresidenta acerca del “modelo de decomiso ampliado” que puso en marcha el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó.

En el escrito, sus abogados sostienen que no se realizó ninguna investigación patrimonial ni análisis de trazabilidad de fondos que demuestre que los bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta guarden alguna relación con el delito por que fue condenada.

El listado de bienes que la expresidente busca poner a resguardo incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad, y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos por Cristina o Néstor Kirchner

La expresidenta también cuestiona la actualización del monto a cubrir. En distintas presentaciones sotuvo que estuvo mal calculada y que no está firme. La Justicia fijo el decomiso de bienes actualizado en poco más de 684.000 millones de pesos.

“El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, marcó Villar.

“La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, señaló el fiscal.

La defensa de la expresidenta exige que se otorgue efecto suspensivo al recurso, frenando de inmediato cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad.

La puja en torno al decomiso de bienes debe ser resuelta por los jueces de la Cámara Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Probablemente los magistrados se reúnan la semana próxima para definir la situación.

El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes, en línea con el planteo de Villar. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata, pero no tuvieron éxito.

Además de los bienes de la expresidenta, solicitaron el decomiso de propiedades de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. Pidieron en total el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.

La agencia de recaudación ARCA detalló ante la Justicia graves irregularidades de la firma Malte SRL, una de las principales empresas en torno a los negocios bajo sospecha de la AFA de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

El informe, al cual tuvo acceso , fue remitido al juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y llega a la conclusión de que se trata de una sociedad con perfil apócrifo.

Entre las anomalías detectadas figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal y la imposibilidad de localizar a la empresa en las direcciones declaradas, además de la inscripción de diferentes actividades económicas sin relación entre sí.

El organismo también observó movimientos patrimoniales de difícil trazabilidad, con sucesivas compras y ventas de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, muchas veces entre empresas vinculadas al mismo grupo.

En materia de facturación, la ARCA detectó emisión de comprobantes electrónicos por montos significativos a compañías relacionadas, con conceptos que no guardan relación con las actividades declaradas. Del lado de las compras, se registraron operaciones con proveedores vinculados y gastos que no se corresponden con los servicios facturados.

El accionista de Malte SRL era Juan Pablo Beacon, a quien mostró moviendo cientos de miles de dolares en videos y fotografías que, según se sospecha, eran los fondos negros que movían las autoridades de la AFA.

Beacon era mano derecha de Toviggino hasta que se pelearon.

Otra inconsistencia relevante detectada por la ARCA en Malte SRL es la escasa estructura operativa de la firma: pese al volumen de operaciones registradas, la empresa contaba con un solo empleado, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sociedad declaraba domicilios en Santiago del Estero y emitía comprobantes desde una dirección IP localizada en Tucumán, utilizada además por otras empresas vinculadas.

El informe también menciona operaciones de monto importante con la AFA, respecto de las cuales el organismo señaló que no pudo determinar la trazabilidad de los bienes o servicios presuntamente vendidos.

A partir de estas inconsistencias, la AFIP concluyó que Malte SRL no posee capacidad económica ni operativa para respaldar los movimientos registrados y categorizó como una usina de facturación sin sustento real.

Malte SRL fue usada para comprar la mansión de Pilar que, se sospecha, era de Toviggino, aunque en los papeles figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada.

La ARCA puntualiza que Malte SRL adhirió al blanqueo de capitales con 1,4 millones de dólares.

Las otras firmas vinculadas a Toviggino son Real Central y Recomi, por las cuales circulaba el dinero de la AFA e hicieron negocios con la entidad futbolística.

El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

El que administraba esas dos sociedades era Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.

El radio de influencia de Malte SRL y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.

Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.