Con el organigrama sometido a discusión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió, en coordinación con el ministro del Interior, Diego Santilli, algunos cambios que implican el traspaso de áreas y la creación de nuevas secretarias. Según supo Infobae de dos importantes fuentes oficiales, el Gobierno tiene en mente oficializar un nuevo esquema que dotará a Interior de mayores competencias, aunque aún esperan la aprobación final de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En hechos concretos, avanzarán en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que encabeza Daniel Scioli y se repartirán las estructuras. Por un lado, Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será traspasado al Ministerio del Interior como garantía de negociación con las provincias. Aún no hay definición sobre el futuro del ex Frente de Todos que, pese a los cambios, tiene garantizada su continuidad en la gestión.

La nueva diagramación surgió de la coordinación de los equipos de ambos funcionarios en reuniones conjuntas, aunque la materialización del decreto se demora debido a que resta que la secretaria general de la Presidencia valide los últimos detalles.

Asimismo, Santilli solicitó la creación de un área, que podría tener forma de secretaría o subsecretaría, que replique las atribuciones similares a la de Enlace Parlamentario, que funciona en la Jefatura, para aceitar la articulación con el Poder Legislativo. Para eso, se creará un nuevo “raviol” con los cuidados necesarios para que no se se pisen las competencias. “Se trata de una decisión política, el Ejecutivo puede armar la estructura como quiera y la determinación está tomada”, contó un funcionario a Infobae.

Estas determinaciones se suman a la decisión de retrotraer una de las medidas administrativas anunciadas en el decreto 793/2025 publicado en el Boletín Oficial, que modificaba la Ley de Ministerios, en el cual se había informado el traslado del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente de Interior, al Ministerio de Seguridad Nacional que lidera Patricia Bullrich.

El movimiento respondió a un supuesto acuerdo trazado entre Bullrich y el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos que no fue consultado con Santilli tras su desembarco en el Poder Ejecutivo. La ministra intentó además hacerse de responsabilidad de los Brigadistas que trabajan bajo la esfera de la Administración de Parques Nacionales (APN). Con la renuncia de la ex candidata de Juntos por el Cambio, quien asumirá en diciembre como senadora, quedará en control la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, funcionaria de su riñón.

Sin embargo, reuniones mediante, el Renaper volverá a la cartera que ha mantenido esas competencias en las últimas gestiones; de hecho, ha sido característico que en el reverso de cada uno de los documentos nacionales de identidad se viera la firma del titular de Interior, aunque por estas horas, Bullrich no se priva de imprimir la suya.

Si bien la Dirección Nacional de Migraciones permanecerá en el organigrama de la cartera de Seguridad, un interlocutor del Gobierno contó que los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio Interior que aspira controlar la gestión, infraestructura y coordinación de los pasos fronterizos.

Luego de que la Jefatura absorbiera la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, y el ministro coordinador nuclee las atribuciones de la Vocería Presidencial y mantenga la competencia sobre los medios públicos (APE S.A.U. -antes Télam-, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina), Santilli incorporará a la sumatoria su propia área de comunicación.

Los cambios hasta entonces planificados podrían variar en función de lo que la menor de los Milei, con el respaldo total del presidente Javier Milei, decida instrumentar. Con la polémica abierta por los traspasos, los equipos del PRO y de los que responden a Adorni encontraron una síntesis que conforma a todas las tropas en el diseño descrito. Una vez aprobados, será la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien instrumente los nuevos cambios en marco legal que determina la estructura, el número y las funciones de las carteras.

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El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se reunió este viernes con representantes de los distintos gremios con despliegue en la administración pública bonaerense. El objetivo del encuentro fue hacer un análisis de cómo está la situación financiera y económica de la provincia de Buenos Aires en medio de la negociación del Presupuesto bonaerense, la Ley Fiscal provincial, una solicitud de endeudamiento y ante el pedido de los gremios para reabrir la instancia de paritarias. El gobierno trazó un escenario complejo en vistas al pago del aguinaldo.

Según pudo reconstruir Infobae, el funcionario provincial y los gremios pusieron sobre la mesa tres puntos: Economía, Trabajo y la situación del Instituto de Previsión Social. López habló de un deterioro de los recursos provinciales y allí se habló de la “importancia de la aprobación del paquete de medidas enviadas a la Legislatura”. Del encuentro también participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa y la titular del IPS, Marina Moretti.

Los funcionarios se llevaron el respaldo de los gremios que le trasladaron su respaldo a los proyectos girados a la Legislatura la semana pasada. “La Provincia necesita de las herramientas financieras para llevar adelante su gestión el año que viene y cerrar el 2025. No puede pasar otro año sin Presupuesto, Ley Fiscal y financiamiento, entendiendo que también tiene que cubrir las deudas que dejó María Eugenia Vidal”, planteó a este medio uno de los sindicalistas que participó de la reunión de este viernes. En el cortísimo plazo, Buenos Aires debe afrontar el pago de salarios y aguinaldos. No se descarta que haya una movilización del sector gremial a la Legislatura el día que se discuta el paquete de leyes, reclamando su aprobación.

El encuentro también se dio con el pedido de reapertura de paritarias que días atrás formalizaron algunos sectores como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) o la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA) que reclamaron que el Ejecutivo reanude la instancia de negociación salarial. La fecha formal para retomar la instancia de paritarias era a medidos de octubre. Los gremios adujeron que las elecciones demoraron el llamado y ahora buscan efectivizarlo. Desde UPCN aseguraron que, a instancias de su solicitud, hubo un compromiso de las autoridades de retomar el diálogo salarial la semana que viene.

En el encuentro de este viernes, el ministro de Economía bonaerense, volvió a ratificar que el Gobierno nacional absorbe el 70% de los recursos y que de ese total la provincia de Buenos Aires recibe apenas el 6,8%; una situación que también impacta en los municipios, ya que han sufrido una pérdida acumulada de 709 mil millones de pesos en concepto de coparticipación entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Hay un tema respecto al IPS y es el déficit que muestra producto, principalmente, en la quita de asistencia que recibía de ANSES. En el Presupuesto 2026 de la Provincia hay un artículo que promueve la inclusión de cerca de 20 mil nuevos contribuyentes a partir de que los empleados en empresas con mayoría accionaria de la Provincia hagan sus aportes a la caja jubilatoria del Estado bonaerense. Actualmente, según el decreto 9650, “los aportes del IPS se circunscriben a los gobernadores y vicegobernadores electos de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Constitución, los legisladores de ambas cámaras y el personal que en forma permanente o temporaria preste servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o Municipalidades, sea cual fuere la naturaleza de la designación y forma de pago, y aunque la relación de la actividad subordinada se estableciera mediante contrato a plazo”.

La normativa vigente también incluye a “personal que preste funciones docentes en los establecimientos educativos privados de cualquier nivel, modalidad o rama de la enseñanza, reconocidos, autorizados o incorporados o en trámite de autorización o reconocimiento por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que se rige por la Ley 13688; como así también el personal contratado en los términos de la Ley 10295 (T.O. Decreto 1375/98) y sus modificatorias”. Sin embargo, omite a los trabajadores de las empresas con participación del Estado bonaerense como Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, BAGSA, Absa; que aportan al régimen de ANSES. Ese cambio, incluyendo a este sector, empezaría a robustecer la caja previsional de la Provincia.

Lo urgente tanto para el Ejecutivo como para los gremios —que este viernes estuvieron representados por los estatales, la CGT, las dos CTA y Judiciales— es que antes de fin de año se apruebe el paquete de leyes, sobre todo la ley de financiamiento y la Ley Fiscal Impositiva, que permitirá emitir las partidas de enero con las nuevas escalas. Al momento de la presentación, Kicillof dijo que puntualmente requiere de la ley de financiamiento (endeudamiento). “Hemos sustituido, en la medida de lo posible, todo lo que el gobierno nacional abandonó. Por eso necesitamos, y particularmente, la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento. Son las herramientas para poder operar y funcionar en la Provincia durante el año 2026. Me apunto al financiamiento porque de no disponer de las autorizaciones, los vencimientos —de deuda que tiene la Provincia para 2026— van a caer igual en el momento en el que están marcados”.

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