Mediante el Decreto 94/2026, el Gobierno ordenó la unificación de sus embajadas en Bruselas, decisión que implica el cierre de la sede ante la Unión Europea y la concentración de todas las tareas diplomáticas bajo una única representación, la Embajada ante el Reino de Bélgica.

El decreto publicado durante la madrugada de este martes señala que la decisión no altera las funciones ni las responsabilidades de la diplomacia argentina frente a ambos destinos. Lo que cambia es el esquema de funcionamiento. “La Embajada ante el Reino de Bélgica asumirá las funciones de la Embajada ante la Unión Europea y el titular de dicha Embajada será también Embajador ante la Unión Europea”, dispuso el texto firmado por Javier Milei.

Durante años, Argentina mantuvo dos embajadas distintas en la ciudad de Bruselas. Una, dedicada a la relación bilateral con Bélgica; otra, enfocada en el vínculo con la Unión Europea, bloque clave para las exportaciones, la política internacional y la negociación comercial del Mercosur. La nueva disposición cierra la sede ante la Unión Europea, pero aclara que “la unificación no implica la modificación de las respectivas funciones y atribuciones para las cuales fueron creadas”. Es decir, formalmente la delegación argentina seguirá ejerciendo ambas representaciones, solo que ahora desde una única oficina y bajo un solo titular diplomático: Fernando Iglesias.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la decisión responde a la necesidad de “racionalizar el gasto público sin que ello altere el normal desenvolvimiento de las actividades” que tiene a cargo la Cancillería. La reducción de estructuras diplomáticas en el exterior viene siendo analizada desde los primeros meses de la administración actual, que promueve ajustes para reducir el déficit fiscal.

En la elaboración del decreto participaron varias dependencias de la Cancillería, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que evaluó la medida desde el punto de vista legal y ratificó la competencia presidencial para ordenar estos cambios de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional.

El texto oficial dispone la transferencia de todas las responsabilidades, personal y estructuras administrativas al edificio que hasta ahora funcionaba exclusivamente como sede ante Bélgica. Además, establece que los gastos necesarios para llevar a cabo el proceso de unificación “serán atendidos con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 35”, es decir, el presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La disposición ocurre en el marco de un proceso de recorte estatal. Según los considerandos del decreto, la eliminación de una sede diplomática busca evitar duplicidades innecesarias en funciones, personal y recursos, pero cuidando que Argentina mantenga su nivel de participación y representación ante la Unión Europea.

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Esta medida llega luego de que designaran a Fernando Iglesias como nuevo embajador en Bélgica tras haber sido postulado por Milei. Además, una semana más tarde, fue elegido para asumir la representación del país ante la Unión Europea.

La sede diplomática argentina en Bruselas permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno fundamentó la elección del embajador en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación diplomática en un país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina. Por dicha razón, el Presidente empujó la candidatura en noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer las negociaciones birregionales.

Además, Iglesias contaba con experiencia en relaciones internacionales y un desempeño previo como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Acompañó a Milei en giras oficiales en el exterior y mantuvo encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, cumpliendo funciones de representante no oficializado ante el bloque europeo.

Dicha gestión se produjo en medio de la expectativa por la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la cual finalmente se llevó a cabo en Asunción, Paraguay.

La fiscalía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazaron el pedido de cierre de la causa por evasión que involucra a la AFA y a sus autoridades.

La asociación solicitó el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, bajo el argumento de que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron las ejecuciones fiscales, tornando las deudas no exigibles.

No obstante, el fiscal Claudio Navas Rial dictaminó que el “delito penal está configurado” debido a que las normativas administrativas no alteraron los vencimientos impositivos ni previsionales originales, habilitando la continuidad del proceso.

El organismo recaudador, en su rol de querellante, calificó el planteo de la AFA como “manifiestamente improcedente”, señalando que la defensa confunde conceptos legales. La ARCA aclaró que, si bien se pausó temporalmente el inicio de juicios y medidas cautelares, “la AFA seguía obligada a pagar en fecha”.

Además, el organismo evaluó que se produjo una apropiación indebida de tributos, ya que la entidad actuó como agente de retención de dinero de jugadores y proveedores sin depositarlo al fisco, afirmando que “la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”.

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La investigación judicial estima que el monto evadido asciende a más de $19.500 millones, tras una ampliación de la denuncia original que inicialmente era de $9.500 millones.

La hipótesis principal de la Justicia sugiere que estos fondos podrían haber sido utilizados como una herramienta de financiamiento interna por parte de la asociación. El fiscal advirtió que aceptar el cierre de la causa implicaría permitir que resoluciones administrativas determinen la extinción de un proceso penal, lo que representaría una violación al orden jerárquico de las normas.

Este frente judicial se suma a otros expedientes que complican a la conducción de la AFA, incluyendo una investigación por posible lavado de dinero y administración fraudulenta en Lomas de Zamora. Dicha causa analiza el presunto desvío de fondos cobrados en Estados Unidos y el uso de testaferros en maniobras de encubrimiento vinculadas al tesorero Pablo Toviggino.

Mientras tanto, el juez Diego Amarante deberá decidir el futuro de la causa impositiva tras recibir las posturas negativas tanto de la fiscalía como del organismo del Estado nacional.

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AFA,ARCA,Claudio «Chiqui» Tapia,Pablo Toviggino

Pese al discurso contra la “casta política” y sus “prácticas corruptas” del presidente Javier Milei, en su segundo año de gestión, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Se trata de una medición que hace anualmente la ONG Transparencia Internacional, líder en esta materia.

Quedó así en el puesto 104 sobre 182 países, en un ranking en el que los primeros lugares corresponden a los países más transparentes y los últimos, a los más corruptos. En 2024, Argentina se había ubicado en el lugar 99 sobre 180 naciones relevadas ese año.

En la medición realizada en 2025 y conocida hoy, se sumaron Belice, país centroamericano ubicado sobre el Caribe, y Brunei, una pequeña nación en la Isla de Borneo, en el sudeste asiático.

Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, el máximo puntaje asignado a los países más transparentes, según la edición 2025 del CPI (como se lo conoce por su sigla en inglés), un punto menos que en 2024, o sea una pero perfomance que un año atrás.

“Las malas novedades para Argentina en este Índice están relacionadas, seguramente, a la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos Libra y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que además de la sospecha de casos de corrupción no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”, sostuvo Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI.

Este puntaje deja a nuestro país por debajo del promedio del continente americano, que es de 42 puntos. Aparece, así, junto a naciones como Belice y Ucrania, y es superado por países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.

Los mejores y peores

El ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 lo lidera Dinamarca con 89 puntos y, en segundo lugar, otro país nórdico, Finlandia con 88 puntos.

En el otro extremo, los países con peor ubicación son Sudán del Sur y Somalía, que comparten el puesto 181 con 9 puntos, y Venezuela en el puesto 180 con 10 puntos.

“Es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo. En el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente”, afirmó Martín D ́Alessandro, presidente Poder Ciudadano, en un comunicado difundido por esta organización cuando se conoció el resultado del Índice a nivel mundial, esta madrugada en Argentina.

La medición en América

Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países del continente americano, cuyo promedio es 42 puntos, ocho por encima de los que consiguió Argentina.

Los países con mejores puntajes de la región fueron Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17.

Haití con 16 puntos, Nicaragua con 14, y Venezuela con 10, son los peores puntuados de América.

Desde 2012, 12 de los 33 países en la región obtuvieron peores puntajes, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) registraron mejoras significativas. “Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, sostuvo TI en un comunicado difundido hoy a las 7 am, hora de Europa Central, en esta madrugada en Argentina.

“Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27 puntos sobre 100), Brasil (35 puntos) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado”, advirtió la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial.

En el otro extremo, “países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan subsumidos en la corrupción y las redes criminales arraigadas”, agregó TI en su informe.

En ese sentido, recordó que, en toda la región, “la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas”.

Puso como ejemplo el caso de Perú (obtuvo 30 puntos sobre 100), donde “la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles”.

Respecto de Argentina, la ONG internacional aseveró que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”.

En cuanto a la baja puntuación de Venezuela, la atribuyó a “años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad”.

También señaló que en varios países, “la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas”. Y citó el caso de El Salvador (32 puntos), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno”.

“La corrupción no es inevitable. Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta”, aseveró François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, electo en 2023.

En lo que pareció una referencia a Donald Trump, agregó: “En un momento en el que observamos un peligroso desprecio de las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamado a gobiernos y a sus líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para ofrecer un futuro mejor a las personas de todo el mundo”, agregó este experto en cumplimiento de normas de integridad y anticorrupción, conocido por su trayectoria en el sector público y privado francés.

Cómo se elabora el Índice

El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos, pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo.

Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones reconocidas, entre ellas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y distintas empresas.

Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y actores del ámbito empresarial sobre cómo perciben la corrupción en el Estado, pero no la visión del público en general. Actualmente, el IPC es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.

En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.

La organización explica que la elaboración del Índice se basa en la percepción, porque “normalmente, la corrupción implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales. Esto hace muy difícil calcular su impacto real”. Y aclara que “las fuentes y encuestas que conforman el Índice de Percepción de la Corrupción se basan en cuestionarios cuidadosamente diseñados y calibrados, junto con las respuestas de expertos y empresarios”.

En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la comparación de puntuaciones de un año a otro. “El proceso para el cálculo del IPC se revisa periódicamente a fin de asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente la realizó el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017″, según informó TI.

Para que un país o territorio se incluya en el Índice, debe estar presente en un mínimo de tres de las trece fuentes de datos en las que se basa el Índice. El que un país no aparezca en la lista no implica que esté libre de corrupción, sino que no hay datos suficientes para calcular su nivel de corrupción con exactitud,» aclararon en TI.

La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero. Existe la posibilidad de que avances en el control de la corrupción en el sector público contrarresten los casos negativos, mejorando el puntaje final. También puede suceder que acciones de corrupción registradas en un país tarden un año o más en aparecer reflejadas en las fuentes, por lo que no se vean reflejadas en el último IPC, sino recién en el siguiente.

Infografías: Marcelo Regalado