POLITICA
El funcionario echado por Sandra Pettovello tras tomar un crédito hipotecario defendió su gestión: “Lamento el desenlace”
La salida de Leandro Massaccesi del cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano generó impacto dentro del Gobierno, dado que no son pocos los integrantes de la administración libertaria que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación, razón por la cual su superior, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia.
Cerca de la ministra informaron este viernes que le había pedido la renuncia a su jefe de Gabinete luego de que se revelara que en los últimos meses había aplicado a un crédito en el banco estatal. En los últimos días, desde sectores de la oposición apuntaron contra diferentes miembros del Gobierno por el monto al que accedieron.
Pettovello se enteró a través de un tuit y le pidió la renuncia el jueves a la noche. Afirman que no se puso en tela de juicio el programa de compra de vivienda que efectúa el Banco Nación ni el modo en que lo realizó Massaccesi, pero que buscó desplazarlo de manera preventiva “en virtud del perfil bajo que tiene el Ministerio en materia de escándalos”.
En su primera declaración pública tras el alejamiento, Massaccesi, hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro y candidato presidencial en 1995, aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad ni aprovechamiento personal durante su paso por la función pública.
En un extenso descargo a través de su cuenta personal de X, Leandro Massaccesi sostuvo: “Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, rechazando de manera enfática cualquier señalamiento sobre eventuales privilegios.
Según su explicación, la solicitud del crédito se realizó “de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano argentino. El exjefe de Gabinete remarcó que la línea de crédito a la que accedió fue diseñada para beneficiar a la clase media, en especial a quienes buscan comprar su primera propiedad.
“Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi, quien además subrayó que el acceso de funcionarios públicos a este tipo de herramientas no constituye una falta, siempre que se cumplan todas las reglas y requisitos legales. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, apuntó el exfuncionario en su comunicado.
“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”, marcó.
La controversia se desató luego de que se conociera que Massaccesi figuraba entre los beneficiarios del programa de préstamos para la vivienda implementado por la actual administración. El programa, que apunta a facilitar el acceso al crédito hipotecario a sectores medios, había sido objeto de críticas previas por parte de opositores y de organizaciones sociales por supuestas demoras y cupos insuficientes.
Según indicó Infobae, la ministra Sandra Pettovello solicitó la salida de Massaccesi en medio de la creciente presión pública y con el objetivo de despejar cualquier sospecha sobre el proceder del Ministerio. Aunque no hubo declaraciones oficiales extensas por parte de la ministra, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por el portal reafirmaron que la decisión buscó preservar la imagen de la gestión y evitar un desgaste mayor frente a la opinión pública.
En los últimos días, la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $400 millones otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza ha generado controversia pública. El debate creció ante los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a estos préstamos, que coinciden con un contexto político y social sensible.
El cruce de datos realizado por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky, permitió determinar que al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación por un monto consolidado que supera los $2.500 millones.
Entre ellos se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra una obligación de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025.
Otros nombres incluidos en estos registros son Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (US$207.766). Por parte de la Cámara de Diputados, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde –los tres de La Libertad Avanza– mantienen deudas en rangos que van desde los $230 millones hasta casi $280 millones, en función de diferentes periodos relevados. Los dos primeros diputados realizaron descargos públicos en los que explicaron la forma en la que accedieron a este mecanismo.
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POLITICA
El exministro Julio De Vido permanece bajo cuidados intensivos tras sufrir un problema cardíaco
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.
Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado
El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.
“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.
Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.
Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.
“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.
El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.
“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.
El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.
En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.
De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.
Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.
Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.
Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.
La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.
POLITICA
Tras ser declarado “persona non grata” por el Gobierno, el Encargado de Negocios de Irán abandonó el país
El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.
El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.
La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.
Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.
En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.
Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.
En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.
“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.
A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.
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POLITICA
El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina
El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó en su cuenta de X.
El jueves, el gobierno de Javier Milei le ordenó a Tehrani que abandone el país en 48 horas, en lo que significó un quiebre definitivo entre ambos países, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenada la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.
“La decisión [de expulsar a Tehrani] se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería entonces en un comunicado.
Así, el Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán. Tehrani era la última representación del régimen en el país y su expulsión es el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La embajada de Irán en Buenos Aires era encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y causa en la que ese país está sindicado como responsable. Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.
La decisión de expulsarlo va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.
El miércoles por la tarde, Irán condenó que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen.
Asimismo sostuvo que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtió que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.
El gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.
Las implicancias para la Argentina
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Milei se plantó el mes pasado como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
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