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El futuro de la Corte, ante una decisiva sesión del Senado

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar mañana los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que su nombramiento “en comisión” fue ya efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, con invocación de la cláusula constitucional que permite dicha designación para supuestos de vacantes “que ocurran durante el receso” de aquel órgano. Mucho se ha discutido acerca de la legitimidad de este tipo de designaciones. Voces autorizadas han hecho notar que es al menos llamativo que el Presidente haya recurrido a este mecanismo in extremis cuando las sesiones ordinarias de aquel cuerpo estaban muy próximas a iniciarse, y también se ha afirmado que la existencia de “jueces transitorios” no es la mejor manera de garantizar la independencia de los magistrados, pues saben que su situación es de una manifiesta precariedad.

Pero con independencia de estas críticas a la forma en que fueron designados, lo cierto es que el Senado ha sido formalmente convocado para uno de los actos de mayor trascendencia institucional en una república, que es la conformación de un poder esencial dentro del esquema constitucional, como su Corte Suprema. Y aquí, aunque esto parezca una ingenuidad, no estaría de más recordarles a los senadores que aún están a tiempo para encarar la sesión honrando su cargo, en función de lo que la población espera de ellos.

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La aprobación o el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla no puede pasar a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos que los senadores representan, ni para las conveniencias judiciales de Cristina Kirchner

¿Qué esperamos, en concreto, de quienes detentan tal nivel de responsabilidad institucional? Algo tan simple como que analicen y expongan durante el debate los méritos y las condiciones de cada candidato y que ello sirva para dar sustento al voto de aprobación o rechazo que emitan. Si hicieran este simple ejercicio, que es el mínimo que se espera de ellos, les resultaría sencillo concluir que el juez Lijo es un muy mal candidato. Bastaría con que recuerden que ha cosechado una oposición prácticamente unánime en todas las organizaciones de la sociedad civil con especialización en temas de justicia, que las auditorías efectuadas sobre el funcionamiento de los juzgados a su cargo demuestran una alarmante tendencia a eternizar las causas que instruye, que sus vínculos con la clase política resultan altamente sospechosos y que, por último, es menester que se refute por completo la sospecha de que existen senadores que consideran dar su aprobación para evitar ser objeto de represalias, de ese mismo magistrado, el día de mañana. En otras palabras, asistimos a un posible escenario rayano en lo mafioso, donde existirían miembros del Senado dispuestos a algo tan burdo como canjear su voto positivo por una especie de protección judicial a futuro.

La situación del académico García-Mansilla se presenta, en cambio, de manera diametralmente diferente. Nadie puede dudar de su aquilatada trayectoria y sus conocimientos en derecho constitucional. Y si bien los senadores de la Nación están autorizados a discrepar de algunos de sus criterios de interpretación constitucional, sería esperable que, si consideran esos criterios observables, ello sea producto de un análisis meditado de por qué los juzgan inconvenientes.

Lo que debería resistirse, por manifiestamente nocivo para la salud de la república, en cambio, es que la aprobación o el rechazo de estos pliegos pasen a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos a los cuales los senadores pertenecen. Mucho peor aún sería que empiecen a tallar las conveniencias judiciales de la actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, sobre quien pesa hoy una condena dictada en dos instancias sobre la cual la Corte Suprema deberá decidir si la revisa o no. Y en esa línea de pensamiento, que la predisposición a revocar dicha condena sea el “test” para la eventual aceptación de cualquier próximo integrante de la Corte Suprema.

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Con un nuevo proyecto de UxP, se retoma el debate para elevar el número de miembros de la Corte Suprema

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Con la convocatoria de una jueza, un catedrático y un constitucionalista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, encabezadas por Alejandra Vigo, de Córdoba Federal y por Juan Carlos Pagotto del oficialismo, retomará el tratamiento de los proyectos de ley que elevan el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay diez iniciativas en discusión.

Será el tercer encuentro que lleve adelante la senadora Alejandra Vigo, con la novedad del ingreso para su tratamiento de un proyecto de la senadora Juliana Di Tullio de UxP, que busca una Corte de nueve miembros.

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Se espera para la discusión las exposiciones de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti; el académico Marcelo López Mesa y el constitucionalista Diego Armesto. El debate se llevará a cabo en el Salón Illia del palacio legislativo a partir de las 14:30.

En la última reunión, celebrada el pasado 25 de junio, la senadora Alejandra Vigo le adelantó a TN la intención de la Comisión de citar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para conocer la opinión del Poder Ejecutivo. Invitación que podría concretarse en las próximas semanas. Hasta el momento el debate transcurre con cierta lentitud, pero con la intención de buscar el mayor consenso entre los diez expedientes que contienen las diferentes iniciativas.

Juan Carlos Romero, senador nacional por Salta busca aumentar el número de integrantes del la Corte Suprema. Foto: Mario Mosca / Comunicación Senado

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con la oposición.

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La falta de consenso político entre los libertarios y Unión por la Patria (UxP), hicieron naufragar las postulaciones del presidente Javier Milei de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. El Senado rechazó sus pliegos, en la sesión del pasado 4 de abril. Hoy el Máximo Tribunal funciona en la actualidad con solo 3 de los 5 jueces, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Las propuestas legislativas para reformar la Corte Suprema

El senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal) plantea un tribunal de siete cortesanos y que no más de cinco sean del mismo sexo. La legisladora Silvia Sapag (UxP) propone la paridad de género, llevando a una proporción mínima de mujeres a un 40% en la integración de la Corte. En tanto, el proyecto del senador Flavio Fama (UCR), que es acompañado por las legisladoras Edith Terenzi, Carolina Losada, Stella Olalla y Mercedes Valenzuela, amplía la paridad de género a los Tribunales Federales Colegiados de Justicia de la Nación.

La legisladora de Neuquén, Lucila Crexell (Provincias Unidas) busca una Corte de nueve magistrados, del mismo modo que Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y la salteña Nora del Valle (UxP) solicitan cinco jueces en la Corte Suprema, con representación federal y conformada por un mínimo dos mujeres.

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Juliana Di Tullio, senadora nacional UxP, impulsa una Corte de nueve miembros. Foto: Comunicación Institucional Luciano Ingaramo / Comunicación Senado
Juliana Di Tullio, senadora nacional UxP, impulsa una Corte de nueve miembros. Foto: Comunicación Institucional Luciano Ingaramo / Comunicación Senado

Juliana Di Tullio (UxP) propone en su proyecto elevar el número de integrantes del máximo tribunal, llevarlo de cinco a nueve miembros, estableciendo que “a efectos de asegurar la diversidad de género, la Corte no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género”.

Juliana a Di Tullio cerró su iniciativa con la intención de “dotar a la cabeza de uno de los poderes del Estado de mayor representación federal, equilibrio de género y de juristas de distintas especialidades; y con ello, mejorar la calidad institucional de nuestra República”.

En la Cámara de Diputados, la libertaria Marcela Pagano también presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema: propone 21 integrantes, que trabajarían en siete salas especializadas, compuestas por tres miembros cada una. Estarían organizadas por materias de Derecho Penal, Civil, Comercial y Societario, Laboral y de la Seguridad social, Administrativo y Tributario, Ambiental y derecho Público General.

Corte Suprema de Justicia, Senado, Alejandra Vigo

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La Libertad Avanza le ofreció mejores lugares en la lista al PRO y estarían cerca de cerrar la alianza en CABA

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El frente electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires estaría a punto de concretarse luego de intensas negociaciones. Según informaron fuentes del PRO a TN, LLA ofreció al partido macrista dos lugares “entrables” en la lista de diputados nacionales: el quinto y el sexto puesto, una concesión que significaría posibilidad real de representación legislativa. Esta propuesta habría sido clave para destrabar el diálogo entre ambos partidos.

La negociación electoral había quedado estancada debido a la exigencia del PRO de obtener dos bancas seguras, ubicadas entre los primeros seis sitios, mientras que LLA inicialmente solo ofrecía una posición firme (el quinto lugar) y otro en zona no garantizada (entre el séptimo o el octavo lugar). El entendimiento tendría el objetivo de garantizar al menos dos diputados macristas, en una elección donde el PRO pone en juego tres bancas.

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Mauricio Macri cruzó a los libertarios por el acuerdo electoral: “Quieren tomar una posición dominante”

Mauricio Macri, expresidente y referente del PRO, mantuvo una postura crítica hacia los planteos iniciales de LLA, al afirmar que los libertarios buscan “una posición totalmente dominante” en las listas porteñas. No obstante, ratificó su apoyo a una alianza que aporte gobernabilidad, y dejó en manos de su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno, la decisión final sobre la aceptación de la oferta.

Desde La Libertad Avanza insisten en que el acuerdo responde a un enfoque de pragmatismo electoral y que “sería lógico que se presenten juntos en la Capital”, en línea con lo pactado en la provincia de Buenos Aires. 

Queda pendiente la confirmación de nombres y el cierre formal del trato antes de la fecha límite de alianzas, que vence esta semana. Voceros de ambos espacios coinciden en que “el acuerdo va a existir”, aunque aún no definieron completamente los lugares y candidaturas, ni el sello final que llevará la boleta.

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alianza La Libertad Avanza PRO,CABA,Elecciones,Mauricio Macri

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El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y la Policía de los Establecimientos Navales

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El Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa establecieron, mediante la Resolución Conjunta 63/2025, los nuevos importes del haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Luis Caputo y Luis Petri, fija los montos correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025.

La decisión afecta a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, quienes verán actualizados sus haberes mensuales según las escalas detalladas en los anexos de la resolución. El documento responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

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La medida se dicta tras la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios. La resolución se apoya en las atribuciones conferidas por el Decreto 101/1985 y sus modificaciones posteriores, que facultan a los ministros a fijar los haberes del personal militar y policial.

La resolución conjunta fija importes actualizados para los meses de junio a noviembre de 2025

La resolución conjunta establece en su artículo 1°: “Fíjase el ‘Haber Mensual’ del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”.

A continuación, los haberes para los próximos cinco meses:

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  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: 2.647.231 / 2.681.645 / 2.716.506 / 2.749.104 / 2.779.344 / 2.809.917
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: 2.360.746 / 2.391.436 / 2.422.525 / 2.451.595 / 2.478.563 / 2.505.827
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: 2.150.875 / 2.178.836 / 2.207.161 / 2.233.647 / 2.258.217 / 2.283.057
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: 1.883.977 / 1.908.469 / 1.933.279 / 1.956.478 / 1.977.999 / 1.999.757
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: 1.638.026 / 1.659.320 / 1.680.891 / 1.701.062 / 1.719.774 / 1.738.692
  • Mayor, Capitán de Corbeta: 1.290.493 / 1.307.269 / 1.324.263 / 1.340.154 / 1.354.896 / 1.369.800
  • Capitán, Teniente de Navío: 1.068.783 / 1.082.677 / 1.096.752 / 1.109.913 / 1.122.122 / 1.134.465
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: 950.619 / 962.977 / 975.496 / 987.202 / 998.061 / 1.009.040
  • Teniente, Teniente de Corbeta: 857.015 / 868.156 / 879.442 / 889.995 / 899.785 / 909.683
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: 776.176 / 786.266 / 796.487 / 806.045 / 814.911 / 823.875
  • Suboficial Mayor: 1.323.613 / 1.340.820 / 1.358.251 / 1.374.550 / 1.389.670 / 1.404.956
  • Suboficial Principal: 1.173.415 / 1.188.669 / 1.204.122 / 1.218.571 / 1.231.975 / 1.245.527
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: 1.040.248 / 1.053.771 / 1.067.470 / 1.080.280 / 1.092.163 / 1.104.177
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: 915.014 / 926.909 / 938.959 / 950.227 / 960.679 / 971.246
  • Sargento, Cabo Principal: 821.475 / 832.154 / 842.972 / 853.088 / 862.472 / 871.959
  • Cabo Primero: 737.225 / 746.809 / 756.518 / 765.596 / 774.018 / 782.532
  • Cabo, Cabo Segundo: 682.345 / 691.215 / 700.201 / 708.603 / 716.398 / 724.278
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: 621.524 / 629.604 / 637.789 / 645.442 / 652.542 / 659.720
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: 575.163 / 582.640 / 590.214 / 597.297 / 603.867 / 610.510

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De igual modo, el artículo 2° dispone: “Fíjase el ‘Haber Mensual’ del Personal de la Policía de Establecimientos Navales para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo II”.

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La resolución surge tras la actualización previa de haberes realizada en abril de 2025, que había fijado los montos para los meses de marzo, abril y mayo.

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El documento también aclara que el gasto derivado de la actualización de haberes será cubierto con los créditos asignados a las subjurisdicciones correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

La decisión se enmarca en la reglamentación del Capítulo IV de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y en el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales, así como en los decretos y resoluciones que regulan la política salarial del sector público nacional.

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