POLITICA
El gobernador de Santa Cruz busca reponer al ex procurador desplazado por Néstor Kirchner hace 30 años
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó un proyecto para restituir al ex procurador provincial Eduardo Sosa, quien fue apartado de su cargo en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner, cuando eliminó el puesto de Procurador General. Para el mandatario, aquella decisión “marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz”, y fue “el inicio de una etapa donde el poder político se metió en la justicia y la convirtió en una herramienta partidaria”.
Así lo anunció Vidal en sus cuentas de redes sociales. El mandatario instruyó la presentación de un proyecto de ley a través del diputado Pedro Luxen, para restituir al doctor Sosa en el cargo que le “fue quitado injustamente”.
El gobernador está avanzando en una serie de reformas para modificar el equilibrio de poder en la justicia provincial. En particular, Vidal impulsó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que viene generando roces con el kirchnerismo, que desde hace años influye en los resortes de la justicia local.
La iniciativa de restitución a Sosa busca dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron, en al menos cinco ocasiones desde 1998.
Sin embargo, las sentencias fueron desobedecidas por sucesivas administraciones kirchneristas en la provincia. La respuesta provincial consistió en argumentar que el puesto ya no existía y en promover debates en el Congreso sobre una eventual intervención federal.
Sosa estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial, impulsada por Néstor Kirchner con el aval de los diputados encabezados por Cristina Kirchner, desdobló el cargo con un rediseño institucional para dejarlo afuera el puesto.
El funcionario tenía autonomía frente a Néstor Kirchner, y le generaba un dolor de cabeza en la construcción de su poder provincial. Había investigado irregularidades en las contrataciones del Estado provincial con estudios jurídicos externos, para negociar el cobro de una deuda de USD630 millones en regalías petroleras adeudadas por la Nación.
Para Vidal, la medida no se hace “por revancha, ni por mirar al pasado”, sino para “reparar una injusticia”. “Lo hacemos porque creemos que sin justicia independiente no hay democracia verdadera, y porque Santa Cruz necesita recuperar valores que hace tiempo se perdieron y que hoy nuestra justicia no quiere, ni le interesa recuperar”, señaló.
“Queremos una provincia con libertad, donde nadie tenga que responder a un partido, a un apellido o a una orden política. Donde la justicia sea justicia para nuestro pueblo y no para quienes buscan impunidad eterna”, completó.
El gobernador ya viene confrontando con el kirchnerismo y otros sectores con sus reformas. En primer lugar, amplió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), propuesta aprobada por la Cámara de Diputados pese a la resistencia kirchnerista.
El periplo no se terminó en ese cambio. Posteriormente, se remitieron ternas para cubrir nuevos cargos en el TSJ, lo que provocó la intervención judicial a través de una medida cautelar. No obstante, se concretaron las designaciones de Sergio Acevedo y José González Nora. Tras la jura de los nuevos integrantes, parte del TSJ desconoció el procedimiento y desplazó de la presidencia a Daniel Mariani, designando en su lugar a una exfuncionaria cercana a Kirchner.
El viernes, el Poder Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Cámara de Diputados para restituir a Sosa como jefe de los fiscales de la provincia. Este episodio recrudeció la disputa entre Vidal y el kirchnerismo, en un nuevo gesto desafiante del gobernador.
Pero hay resistencias. El Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz manifestó el rechazo al proyecto, al entender que su aprobación “implicaría riesgos institucionales significativos”, al alterar la jerarquía y funciones del organismo. Y exhortó a los legisladores provinciales a evaluar el proyecto con “responsabilidad institucional”.
“La modificación podría afectar la autonomía funcional, comprometer la imparcialidad de la acción penal pública y debilitar la confianza ciudadana en la justicia”, advirtieron, en un comunicado firmado por todos los fiscales de la provincia.
En declaraciones a la prensa, Sosa manifestó su disposición a reincorporarse si prospera el proyecto y logra ser sancionado. Espera “ser útil”, en medio de un momento convulsionado en la capa más alta de la justicia santacruceña. “Si yo puedo aportar algo constructivo, lo haré», prometió.
Ayer, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Santa abordó los proyectos de nueva terna de postulantes para integrar el Tribunal Superior de Justicia y la restitución de Sosa como Procurador General. En ese marco, los dos temas fueron girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General, donde recibieron rápidamente despacho favorable.
La Legislatura convocó para este martes, a las 07.00, a una sesión extraordinaria secreta para designar a dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia y de esa forma completar el cupo que le permite la modificación de la ley que elevó de 5 a 9 la cantidad de miembros del alto cuerpo judicial.
Sin embargo, la reforma y las designaciones afrontan complicaciones judiciales, con impugnaciones. No se descarta que en el ámbito de la Justicia puedan ser revocadas. El conflicto adquirió características de crisis institucional.
POLITICA
La fiscal electoral de La Plata dictaminó que Diego Santilli no puede reemplazar a José Luis Espert en el primer lugar de la lista en la Provincia
La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó que Diego Santilli no puede encabezar la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert, quien presentó su renuncia por sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario argentino que está siendo juzgado por narcotráfico.
En la lista original, quien secundaba a Espert era la actriz Karen Reichardt, pero el Gobierno decidió que el primer candidato sea Santilli. Ahora, tendrá que decidir el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.
Leé también: Tras la decisión de la Corte, el Gobierno confirmó que avalará la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
La decisión de la fiscal no solo ocurre después de que Espert quede afuera de la lista de LLA, sino que también se da luego de que los equipos oficialistas ya hayan comenzado a trabajar en la agenda y estrategia para que Santilli logre achicar la brecha con el kirchnerismo.
Noticia que está siendo actualizada.-
Diego Santilli, José Luis Espert
POLITICA
La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLA y no Santilli
La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.
El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.
La fiscal advirtió que el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.
Según Roteta, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.
Noticia en desarrollo
Paz Rodríguez Niell,Conforme a
POLITICA
El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El presidente Javier Milei firmó un decreto para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que tendrá como misión central integrar, analizar y compartir información para diseñar estrategias y coordinar acciones en la lucha contra el terrorismo.
Lo anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y al anunciar la medida recordó los ataques del terrorismo islámico en la AMIA y la Embajada de Israel. En la conferencia de prensa, la funcionaria también recordó a las víctimas de la atroz incursión militar de la organización fundamentalista islámica Hamas a poblaciones civiles judías.
La medida responde a una serie de recomendaciones internacionales y a la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a amenazas que, según el propio texto oficial, “constituyen una grave amenaza para los valores democráticos, para la paz y la seguridad internacionales”.
El decreto, que lleva la firma del Secretario de Inteligencia de Estado, Sergio Darío Neiffert, y fue refrendado digitalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establece que el CNA será el órgano encargado de recibir, analizar, integrar y compartir información sobre el ciclo completo del terrorismo, incluyendo etapas como la propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución de actos terroristas. La decisión se apoya en un diagnóstico que reconoce la insuficiencia de las reformas normativas previas y la necesidad de una estructura operativa capaz de coordinar los esfuerzos de los distintos organismos estatales.
El documento recuerda que la Argentina fue víctima de dos atentados terroristas de alto impacto: el ataque a la Embajada del Estado de Israel en 1992 y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, hechos que aún no han sido completamente esclarecidos. En ese contexto, el texto sostiene que “la creación de un centro especializado permitirá coordinar el esfuerzo nacional en la materia, incrementar cualitativa y cuantitativamente la cooperación internacional y, en definitiva, garantizar la vigencia de la forma representativa, republicana y federal de gobierno y del Estado de Derecho”.
La iniciativa responde también a las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que instó a la República Argentina a desarrollar mecanismos más efectivos para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo. El informe del GAFI recomendó, entre otras medidas, “la emisión de un protocolo de acción que, cuando la situación lo requiera, involucre a todas las autoridades competentes (grupos de trabajo) para explorar e investigar, de manera proactiva, los indicios de todas las fuentes”. El decreto recoge este mandato y prevé la utilización de técnicas especiales de investigación, el monitoreo de individuos conocidos y la cooperación internacional para rastrear fondos y personas vinculadas al terrorismo.
El CNA estará integrado por representantes de la SIDE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional será responsable de articular la participación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
El decreto detalla que el CNA podrá requerir información y asistencia tanto de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, como de organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de organismos internacionales. También se prevé la posibilidad de celebrar convenios y de impulsar propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el terrorismo. Entre las funciones asignadas, se destaca la elaboración de informes y estadísticas, la aprobación de directivas y protocolos, y la capacidad de dictar normativa interna para su funcionamiento.
En cuanto a la estructura operativa, el CNA contará con una unidad encargada del diseño de directivas, estrategias, protocolos y lineamientos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional. El organismo podrá constituir comités especializados, permanentes o temporales, para delegar funciones en ámbitos específicos o ante situaciones que lo requieran. Estos comités estarán facultados para coordinar la actuación de los representantes de los organismos que integran el centro, elaborar propuestas de directrices político-estratégicas y formular recomendaciones para la dirección de situaciones de interés en la lucha contra el terrorismo.
El texto oficial subraya la importancia de la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir e impedir el delito de financiamiento del terrorismo y de congelar activos vinculados a este tipo de actividades. “La participación de la referida Unidad permitirá un análisis integral de las actividades que componen el ‘Ciclo Terrorista’, a través del estudio de los aspectos económicos y financieros”, señala el decreto. También se destaca el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que aportarán capacidades técnicas y operativas en materia de control aduanero, fiscal y migratorio.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación fue invitado a designar un enlace administrativo para interactuar con el CNA, lo que apunta a fortalecer la articulación entre la investigación penal y la inteligencia estratégica. El decreto establece que la medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión de crear el Centro Nacional Antiterrorismo se enmarca en una tendencia internacional que, según el texto, ya adoptaron países como Estados Unidos y el Reino de España tras los atentados de Nueva York en 2001 y Madrid en 2004. “La creación de tales organizaciones permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”, afirma el documento. El decreto concluye que la medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.
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