POLITICA
El gobernador peronista de Tucumán apoyó la reforma laboral de Milei: “No nos podemos oponer a que se actualicen”

En el marco de la nueva etapa de diálogo entre los gobernadores y la Casa Rosada, varios mandatarios expresaron sus primeras impresiones ante las propuestas de reforma laboral, impositiva y penal impulsadas por Javier Milei. Entre ellos, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se mostró de acuerdo con el Presidente en avanzar hacia una «actualización de las leyes laborales» y pidió “regionalizar los convenios colectivos” de trabajo.
“Se ha pedido una modernización de las leyes laborales. Esas leyes dan determinadas garantías a los trabajadores, pero también posibilidades al sector privado para poder funcionar. Las pequeñas y medianas empresas, las industrias, el comercio y la producción necesitan leyes laborales que estén actualizadas y modernizadas porque la tecnología avanzó. Hoy el robot está reemplazando a las personas y la inteligencia artificial está ocupando muchos puestos de trabajo”, señaló, en una conferencia de prensa.
El mandatario tucumano fue uno de los primeros aliados de Javier Milei en su primera etapa de gobierno. Sin embargo, sus legisladores comenzaron a votar en conjunto con los bloques de la oposición en 2025, en medio de los escándalos que salpicaron al Poder Ejecutivo y los reveses económicos.

Tras la victoria oficialista del pasado 26 de octubre, Jaldo volvió a mostrarse afín con los cambios impulsados por la Casa Rosada. “Vemos con agrado que el Presidente haya recuperado el diálogo con los gobernadores. Era algo que el país necesitaba”, expresó, luego de la reunión a la que asistió con Milei.
Sobre la reforma laboral, el gobernador fue enfático: «No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales. Hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley laboral. Pero las modificaciones no van hacia atrás, porque ninguna ley es retroactiva. Con eso dejamos por sentado, con total seguridad, que los derechos adquiridos no se tocan”.
En particular, el mandatario tucumano consideró que una actualización del marco jurídico que sea “competitiva” resulta necesaria para mantener exportar la producción local en mercados internacionales. Es un criterio opuesto al que sostienen otros sectores del peronismo de Fuerza Patria, como el kirchnerismo y la CGT.
“Hoy la economía está globalizada, nuestras industrias y nuestra producción tienen que competir con diferentes mercados del mundo. Tucumán, solo como provincia, tiene casi 160 productos en 150 mercados del mundo y ante una economía globalizada tenemos que tener legislaciones que sean competitivas y que nos permitan salir al mundo con los costos y con una razonabilidad en cuanto a los sistemas de producción”, indicó.

En concreto, Jaldo se mostró de acuerdo en que la reforma promueva la regionalización de los convenios colectivos de trabajo (CCT). Actualmente, la mayoría de los convenios de las principales actividades económicas del país son nacionales, y suelen aplicarse con los mismos salarios y condiciones de trabajo.
“Por ejemplo, los sueldos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se definen en Buenos Aires, pero sirven y valen para todo el país. Buenos Aires recibe un subsidio que no recibimos en el norte, entonces las empresas muchas veces tienen que pagar salario aún con déficit dentro de sus empresas. Por eso los convenios colectivos de trabajo se tendrán que hacer por zona, por región, que representen verdaderamente a las actividades, pero en el lugar que se desempeñan”, explicó.
A tono con Milei, Jaldo concluyó que la reforma laboral permitirá sostener y generar empleo. “De lo que estoy seguro es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante lo que se nos viene y ya está instalada en la Argentina que es la competitividad que tenemos que tener para con el mundo”, cerró.

Días atrás, en sus primeras declaraciones ante su victoria electoral en Tucumán, Jaldo se mostró como alguien que “la vio”, tras presentarse como candidato a diputado “testimonial”. Esta semana, renunció a ese cargo en el que resultó electo. “La vimos no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista institucional. Nos fuimos preparando durante este tiempo, claro que la vimos y en función de eso hemos tomado las decisiones que hemos tomado. Hemos llegado con un peronismo unido”, sostuvo.
Y agregó: “También se plebiscitaban gestiones de gobierno. A mí no me van a decir que Milei no plebiscitaba su gestión de gobierno. Nosotros, como gobierno de la provincia no tenemos referente nacional. Entonces, ¿quién más que el gobernador puede representar o encabezar un plebiscito de su gestión?»
La postura de otros gobernadores “dialoguistas”
Otros gobernadores manifestaron posturas similares con la Nación. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró los reclamos que las provincias vienen planteando ante la administración central. En tanto, el cordobés Martín Llaryora resaltó el cambio de actitud del gobierno nacional y remarcó la necesidad de que ese giro se traduzca en “un diálogo amplio, institucional y federal, que incluya a todos los sectores productivos y sociales del país”.
Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego centró sus declaraciones en elogiar al recién designado Diego Santilli como ministro del Interior, al señalar que desarrollaron “una muy buena relación de respeto, de diálogo, de amistad” durante su paso como diputado nacional.
Según Milei, tras la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada, la reforma laboral tuvo un “consenso absoluto”.
POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones

La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre
POLITICA
Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral

La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.
El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.
No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.
La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.

“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.
Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.
En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
POLITICA
La interna del Gobierno se traslada al Senado: lucha por la permanencia del “espía” de Santiago Caputo

La guerra interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se disputa en varios frentes simultáneos, algunos de ellos impensados. Es el caso del Senado, donde el asesor presidencial se juega sus últimas fichas para tratar de mantener una mínima cuota de poder y evitar que la hermana presidencial vete la designación en la mesa de conducción de la Cámara alta de un funcionario al que en varios despachos libertarios bautizaron como “el espía de Caputo”.
El personaje en cuestión se llama Manuel Chavarría, un ignoto funcionario que ocupó la prosecretaría de Coordinación Operativa del Senado hasta el 24 de febrero pasado y al que Caputo logró designar, a mediados de enero, como consejero en el Ente Binacional Yaciretá (EBY) con un sueldo varias veces millonario.
Sin embargo, la promoción a la EBY de su satélite político no parece ser suficiente para Caputo, que pretende que Chavarría retenga la prosecretaría que ocupó en el Senado, a pesar de que un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta sostiene que ambos cargos son incompatibles y que, por, lo tanto, no puede asumir uno sin renunciar al otro.
En su intento por retener el cargo, el funcionario llegó a ofrecer trabajar ad honorem y, ya en una jugada desesperada, se acercó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, para que le mantuviera el lugar.
Caputo, por su parte, también movió sus piezas. En este caso, el asesor presidencial buscó el respaldo del senador peronista y aliado del Gobierno Carlos Espínola (Corrientes), para que apadrinara la continuidad de Chavarría.
A pesar de este esfuerzo, la prosecretaría quedó vacante en la sesión preparatoria del 24 de febrero pasado ante la falta de un acuerdo para designar a su ocupante. Al menos dos miembros del bloque libertario le dijeron a este diario que el veto a Chavarría llegó desde el entorno de la hermana presidencial.
Típico burócrata estatal, Chavarría fue designado prosecretario del Senado en diciembre de 2023 con el patrocinio del peronista salteño Juan Carlos Romero (Salta). Sin embargo, poco después empezó a acercarse a las huestes libertarias con la mira puesta en convertirse en candidato en las elecciones de 2025, algo que finalmente no consiguió.
Sin embargo, estableció una sólida relación con Caputo, tanto que en el Senado todos saben que, de manera periódica, Chavarría rendía cuentas con el asesor presidencial de todo lo que ocurría en la Cámara alta.
De ahí el mote de “espía” que, con malicia, le pusieron algunos senadores libertarios, molestos tras enterarse que habían sido protagonistas de los chismes que llegaban al escritorio de Caputo de la boca del funcionario que con tanto respeto los había saludado apenas unos minutos antes.
La tarea de Chavarría no se limitó sólo a llevar y traer información del Senado a la Casa Rosada. También fue identificado como el responsable de filtrar a la prensa, en particular a un portal de noticias políticas, información negativa sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores.
El fracaso en mantener a Chavarría en el Senado fue un golpe duro para Caputo, al extremo que movió sus contactos en medios de comunicación para denunciar la jugada como una maniobra de Villarruel. Así, en un famoso pase entre dos programas en un canal de noticias se acusó, la misma tarde de la sesión preparatoria del 24 de febrero, a la vicepresidenta de haber sellado un acuerdo con la UCR para dejar afuera a “un funcionario clave del Poder Ejecutivo” en el Senado, en referencia a Chavarría.
La permanencia de Chavarría no es la primera batalla que protagoniza y pierde Caputo a manos de Karina Milei en la lucha por manejar los resortes de poder de la Cámara alta.
A mediados de febrero, el bloque libertario decidió designar como presidente de la estratégica comisión de Acuerdos al riojano Juan Carlos Pagotto, de relación directa con los primeros Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales aliados de Karina Milei en la interna del Gobierno.
El cargo es clave, ya que por esa comisión deberán pasar los candidatos que impulse el Poder Ejecutivo para ocupar los casi 400 cargos judiciales vacantes -entre jueces, fiscales y defensores oficiales-, que se han ido acumulando en los últimos tres años.
El postulante para conducir Acuerdos era el jujeño Ezequiel Atauche, quien había pedido ese lugar a cambio de cederle la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a Agustín Monteverde, economista amigo de Javier Milei y senador por la Capital Federal desde el 10 de diciembre.
El caso de Atauche es otro ejemplo de la pérdida de poder que viene experimentando Caputo en el Senado. Nombrado jefe de bloque en diciembre de 2023, cuando el oficialismo apenas tenía seis senadores, tras la renovación de diciembre el jujeño perdió todos los cargos que tenía -también debió cederle la conducción de la bancada oficialista a Patricia Bullrich-, quedando relegado a un segundo plano.
Si bien no se dice en voz alta, en el oficialismo reconocen por lo bajo que Atauche está pagando la estrecha relación que forjó con el asesor presidencial en las épocas de vacas flacas libertarias en el Senado y que ahora tendrá que recomponer su relación de Karina Milei para no convertirse en una efímera estrella del firmamento libertario.
Gustavo Ybarra,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,El «mejor vino» y una propaganda viral. Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques
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