POLITICA
El gobernador Pullaro apuesta a un triunfo para avanzar en la reforma constitucional y habilitar la reelección
ROSARIO.-Corrían los primeros días de mayo de 2003, cuando el expresidente Raúl Alfonsín abrió la puerta de su departamento porteño, en la avenida Santa Fe.
-Raúl, usted es el único que puede salvar al partido. Los jóvenes de Santa Fe lo necesitamos-dijo un veinteañero Maximiliano Pullaro, llevado a la casa del caudillo radical por el entonces dirigente de la juventud Leandro Santoro, días después del magro 2,3 %o del radicalismo en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Néstor Kirchner.
Así como hace 22 años lograra su objetivo-Alfonsín viajó a un acto en Cañada de Gómez, semanas después de aquel encuentro-el gobernador santafesino buscará este domingo el claro triunfo que persigue con determinación en las elecciones a convencionales constituyentes. Un triunfo contundente que le permita renovar, a su manera, la Constitución provincial, vigente desde 1962, reforma que contiene, entre otras medidas, la posibilidad de reelección del gobernador.
En principio, los 2.834.383 electores nacionales y 23.784 extranjeros habilitados para votar hoy tendrán doce listas para elegir los 69 convencionales: 50 por distrito único, más un convencional de cada uno de los 19 departamentos en los que está dividida la provincia. Dependiendo del resultado, el gobernador podría convocar a la constituyente en julio o agosto próximos, según estiman fuentes de su gobierno.
Jugado en una elección que es, a la vez, un plebiscito a su gestión, con eje en la seguridad, obra pública y “cero corrupción”, Pullaro encabeza la lista del oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, seguido por la macrista Germana Figueroa Casas y la socialista Lionella Cattalini. Las encuestas que maneja el oficialismo le dan una clara ventaja por sobre las listas opositoras, todas con algún nivel de división interna que dificulta sus chances de pelea.
Obtener, al menos, 30 de las bancas en disputa, es hoy el objetivo primario de la coalición oficialista, que componen un amplio arco de 16 partidos que va desde el socialismo al Pro de Mauricio Macri y la Ucedé, pasando por la UCR, el partido Unir, y su reciente incorporación, el partido del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.
Dispuesto a dar la pelea en todo el país, y en la primera cita electoral del año, el gobierno de Javier Milei encargó a la referente local, Romina Diez, la confección de la lista libertaria. Estará encabezada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, aunque Diez-cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei-se puso la campaña al hombro, una campaña en la que no faltaron la motosierra, las alusiones a la “casta” y las imágenes del Presidente junto a la de los postulantes en afiches y spots.
Sin datos de encuestas para exhibir, y la sensación de un escenario difícil, los libertarios confían en la “marca Milei” para atraer a los votantes, en esta primera experiencia provincial con sello propio de La Libertad Avanza. Una de sus mayores apuestas es ganar la pelea de convencionales en el departamento Rosario, donde el periodista Juan Pedro Aleart, traído al espacio por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, compite mano a mano con el candidato oficialista a ese puesto, el también ex periodista Ciro Seisas, hombre del intendente rosarino y titular del partido Creo, Pablo Javkin.
En esa pelea también tercia Juan Monteverde, una de las tres listas peronistas en la batalla por la reforma. Monteverde, que irá a la cabeza de la lista Más para Santa Fe por distrito único, pretende imponerse en la pelea interna ante Roberto Sukerman (Partido País) y al senador nacional Marcelo Lewandowski (Active Más), que comparte lista con el exPS Rubén Giustiniani y así apuntalar su sueño de volver a competir por la intendencia de Rosario, en 2027.
Si los peronistas tienen un escenario de dispersión que complica sus posibilidades, también los libertarios pueden sufrir fugas de adhesiones hacia la lista encabezada por la ex modelo y panelista Amalia Granata, que al frente de Somos Vida y Libertad sostiene un discurso similar al de los libertarios y antiguo vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero su distancia con Karina Milei impidió un acuerdo preelectoral que reeditara antiguas experiencias en común.
Debate previo
Durante las semanas previas, la posibilidad de que el gobernador pueda acceder a su reelección-hoy está permitido en todo el país, salvo Mendoza y Santa Fe-fue tal vez el tema principal de debate y crítica opositora.
Pullaro enfatizó en cada entrevista otros aspectos de la reforma, como el límite a solo dos mandatos para las reelecciones de intendentes y legisladores y la inclusión de la ley de Ficha Limpia, que impide presentarse a condenados por corrupción, a la nueva constitución. “La reelección, en definitiva, la va a dar o no la gente con su voto”, planteó el mandatario en diálogo con Telefé Rosario, en la noche del jueves.
Mientras los libertarios le critican la suba de impuestos, el gobernador evita confrontar con la Casa Rosada. Promete una nueva Constitución “sin rastros de garantismo”, con eje en la mano dura contra la delincuencia común y el narcotráfico, una postura criticada por especialistas, como Oscar Blando, encargado de los debates y la discusión de la reforma constitucional durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz (2015-2019).
“Las garantías son precisamente el eje de cualquier Constitución”, estimó a este diario Blando, que no participó de la confección del proyecto de reforma, aprobada por la legislatura provincial en diciembre pasado. “Estoy de acuerdo con una reelección para el gobernador, pero no en el próximo período”, afirmó a Granata, una sentencia compartida por otras fuerzas políticas.
En paralelo a la elección de convencionales, en una cita electoral que se hará bajo el sistema de Boleta Unica Papel, habrá elecciones PASO para elegir candidatos en 11 localidades en el rubro intendentes. En 53 localidades (entre ellas, Rosario) se elegirán candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades se deberán definirán candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.
Las elecciones primarias a concejales de Rosario concentran especial atención. Habrá nada menos que 42 listas, distribuidas en 13 frentes electorales, para definir las candidaturas. Siguiendo la tendencia santafesina de incluir candidatos extra-política, entre los postulantes hay dos ex futbolistas de Rosario Central, como César “Chelo” Delgado (Activemos) y José Luis “Puma” Rodríguez, ambos sin experiencias previas. No serán los únicos referentes del deporte: en la pelea mayor, la de convencionales constituyentes, la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras competirá a la cabeza de la lista Frente de la Esperanza, aunque sus chances de ingresar a la convención serían bajas según los sondeos previos.
El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El objetivo del encuentro, del que participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue el revisar el proyecto de ley del nuevo Código Penal antes de someterlo a discusión en el Congreso de la Nación.
El proyecto en cuestión lo había redactado el antecesor de Mahiques en Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien lo dejó listo antes de dar un paso al costado. Este martes, el escrito se sometió a revisión por parte de los hermanos Milei y Mahiques.
Juan Bautista Mahiques afirmó que iniciará el proceso para cubrir más de 200 cargos de jueces y fiscales
Javier Milei busca que el nuevo Código Penal respete, ante todo, los principios liberales de busca imprimir su Gobierno a la Justicia y al Estado.
Mahiques por su parte, desde que asumió el cargo se propuso como nueva tarea, achicar el proyecto original de Cúneo Libarona, ya que, en su opinión, le parecía extenso y podían simplificarse algunos ítems.
El Gobierno demora las reformas al Código Penal y propiedad privada y redefine su estrategia en el Congreso
El nuevo ministro de Justicia también se contactó, en medio de su revisión del proyecto de ley, con el cuerpo especializado que se encargó de redactar, con el anterior funcionario, el proyecto de ley. La comisión se integra por varios jueces y lo encabeza el Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buomparte.
La entrada Javier Milei recibió al ministro de Justicia en Olivos para revisar el nuevo Código Penal se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada que aparece en el video del Gobierno por el Día de la Memoria
Con motivo de los 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno publicó un video de poco más de una hora en el que cuestiona al kirchnerismo bajo el lema de “Las víctimas que quisieron esconder” y refuerza su postura de “memoria completa”. El material incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127.
Fernández, oriunda de Mendoza, fue restituida el 27 de diciembre de 2017, cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete. Según relata en el documental, decidió —mediante un proceso judicial— mantener el apellido de sus padres de crianza, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi —fallecida en 2023—. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, sostuvo.
De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, Fernández nació en cautiverio en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus padres —que compartieron militancia en la organización Montoneros— habían sido secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla. Ambos continúan desaparecidos.
Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.
En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme”, recordó.
“Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado», añadió y lamentó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.
Casi cuatro años después, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández —quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura— y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos”. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del (D-2), recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo del nacimiento.
Fernández recibió, además, —en el marco de una decena de juicios— dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano.
“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos», subrayó y apuntó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.
Crítica de las políticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Fernández eligió que el anuncio de su restitución se hiciera en el anonimato, sin dar a conocer su identidad en ese entonces.
Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000.
A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo comenzaba a llenarse de gente portando carteles. “No nos han vencido”, se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.
El camión que traslada a las Madres de Plaza de Mayo y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con su gabinete avanzaba a paso de hombre por la Avenida de Mayo. El mandatario, Verónica Magario y otros funcionarios saludaban a la caravana de gente que acompaña el recorrido.
En algunos tramos, el cántico “Axel presidente” se hace escuchar. En el acoplado del camión (marca Iveco) viajan los ministros bonaerenses Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Alonso y Carlos Bianco, entre otros. También, intendentes como Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), o Andrés Watson (Florencio Varela).
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POLITICA
Extendieron el plazo para que las provincias adhieran al régimen de pago de deudas que la Nación tiene con ellas
El decreto que dio orígen al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se publicó en octubre de 2024 y tenía como objetivo saldar las deudas de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y viceversa. A partir de una nueva normativa publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió el plazo para las jurisdicciones que quieran inscribirse.
Así, mediante el artículo primero del decreto 171/2026 establecieron que los interesados “podrán manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la máxima autoridad de la jurisdicción, su voluntad de participar del Régimen, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el que podrá ser ampliado -por única vez- por la Autoridad de Aplicación”.
Con la reciente publicación, el Poder Ejecutivo realizó una serie de cambios sobre los primeros artículos, además del mencionado período. Los nuevos procedimientos para facilitar la compensación y cancelación de deudas entre jurisdicciones, incluyen además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las jurisdicciones presenten la documentación respaldatoria de las obligaciones que deseen incluir, en línea con lo dispuesto en el artículo 4° reformulado.
Al respecto, indicaron que los organismos y dependencias competentes de la administración central deberán elaborar informes técnicos sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de incorporar las obligaciones al régimen, y que toda presentación requerirá intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía. Se incorpora la figura del artículo 5° bis, que asigna a cada parte -es decir las provincias, CABA y el Estado Nacional- la responsabilidad de validar y proponer las deudas y acreencias que serán negociadas y consensuadas en los acuerdos respectivos.
En caso de discrepancias que puedan surgir de los informes, se procederá con una “instancia de negociación, que deberá ser llevada a cabo en el marco de los principios de buena fe y lealtad federal, a efectos de arribar a un consenso entre las partes” en un plazo máximo determinado previamente, el cual podrá prorrogarse “si la Autoridad de Aplicación lo estime pertinente”.
El decreto también adapta el procedimiento para los casos en los que las obligaciones estén sometidas a litigios judiciales o arbitrales, requiriendo la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, conforme a la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Cuando el Gobierno avanzó por primera vez en este punto, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicaba en conferencia de prensa que para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.
“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo el entonces minsitro y actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
Este proceso planteó como principal objetivo “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.
En ese momento, se le otorgaban a los interesados 30 días hábiles para ejecutar las presentaciones en donde explicaban que buscaban “ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provinciasy que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”.
Tras la publicación de la medida ocho gobernadores decidieron adherirse al régimen, entre ellos, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes).
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