EL CALAFATE.- La crisis institucional de Santa Cruz llegó a las puertas del máximo tribunal del país, mientras cuatro de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, cercanos al kirchnerismo, se niegan a la ampliación del cuerpo, el gobernador Claudio Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto. Consideró que el poder judicial provincial “actúa de forma destituyente”.

En las últimas horas, el enfrentamiento entre la corte kirchnerista y Vidal alcanzó otro punto álgido: la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, luego de que el tribunal provincial rechazara la medida cautelar contra el fallo que declaró inconstitucional la ley que amplió su integración. El gobierno de Vidal solicita que la Corte avance sobre el fondo del conflicto y se exprese sobre la validez de la ley que amplió el tribunal de cinco a nueve miembros.

Se trata de una pelea institucional que sacude a la provincia y que expresa la resistencia de cuatro jueces nombrados por el kirchnerismo a compartir su poder.

El 17 de diciembre pasado, con la firma de cuatro vocales -y una vocal subrogante del TSJ-, se declaró inconstitucional la ley 3949, que elevó de cinco a nueve miembros la integración del máximo tribunal. Aquel fallo marcó la declaración de guerra entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Las escaramuzas habían empezado en septiembre, cuando se opusieron a la asunción de los nuevos vocales designados, a quienes les tomó juramento en soledad el juez Daniel Mariani, luego removido de la presidencia.

Desde entonces convive en la Corte provincial una suerte de doble comando: por un lado, los cuatro jueces kirchneristas, presididos por René Fernández –que convoca a la defensora general para constituir mayoría- y, por el otro, Mariani –el juez con más antigüedad en el tribunal-, junto a los nuevos vocales propuestos por Vidal.

La pelea escaló al punto que, según el oficialismo local y reconocidos juristas consultados, solo la intervención de la Corte Suprema podría encausar el enfrentamiento, que no tiene precedentes. En el inicio de esta pelea se evaluó la figura del per saltum, que finalmente no se concretó.

Según pudo reconstruir , hay por lo menos cuatro expedientes en la Corte Suprema referidos al caso Santa Cruz: la presentación del presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, de febrero pasado, el recurso federal presentado ayer por la Fiscalía de Estado y dos presentaciones de los cuatro jueces nombrados por Vidal, a quienes el ala kirchnerista se niega a dejarlos ejercer.

En el gobierno sostienen que la decisión judicial no solo es cuestionable en términos legales, sino que además tiene un trasfondo político. “Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, planteó Vidal, quien fue más allá y calificó la conducta de los jueces como “antidemocrática y anticonstitucional”. Según el mandatario, existe una actitud sistemática que busca frenar decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Con esta presentación, el gGobierno provincial intenta que la Corte Suprema revise lo ocurrido y habilite el tratamiento del recurso extraordinario que fue rechazado en Santa Cruz. En declaraciones compartidas por su oficina de prensa, Vidal también apuntó con dureza contra los jueces del Tribunal Superior, a quienes acusó de mantener una postura “destituyente”.

“Claramente hay una decisión política de la Justicia y de los que hacen política de no dejarnos gobernar. Hay actores políticos que tienen miedo de que esto cambie porque temen perder la libertad”, afirmó Vidal. Apuntó, además, a las denuncias presentadas en la justicia por su gobierno contra la administración de Alicia Kirchner que no registran avances.

“Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al gobierno de la provincia”, afirmó el mandatario, quien consideró que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión.

Vidal también cuestionó una decisión reciente del Tribunal Superior, que -afirmó- agrava la situación financiera de la provincia: cuestionó la intimación al Poder Ejecutivo para otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que elevaría los ingresos de los magistrados por encima de los $25 millones mensuales.

“Es una medida irresponsable en un momento crítico. Mientras estamos discutiendo una emergencia económica para sostener el funcionamiento del Estado, estos jueces avanzan en decisiones que buscan desfinanciar a la provincia”, advirtió. Y aseguró que ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas

El conflicto radica en la ley provincial 3949, sancionada en agosto de 2025 y que ordenaba la ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros. La decisión fue apelada por el gobierno provincial, mediante un recurso extraordinario federal. El Estado se encontró con un muro: el TSJ rechazó la vía, basándose en supuestos incumplimientos formales y técnicos.

Para la Fiscalía, este rechazo no es más que “un exceso ritual manifiesto”, destinado a ocultar la verdad jurídica y evitar que la Corte analice el fondo de la cuestión, mientras denuncia que los magistrados provinciales actúan con un “deseo de perpetuarse en el poder”, bloqueando el ingreso de nuevos vocales designados mediante los mecanismos constitucionales de terna y sesión secreta,

La presentación ante la Corte resalta que se trata de un caso de “suma gravedad institucional”, se acusa al Poder Judicial de haber invadido facultades exclusivas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, arrojándose competencias propias de una convención constituyente, al decidir sobre su propia integración y suprimir la eficacia de las leyes provinciales. Según el recurso, esta conducta viola el principio fundamental de división de poderes establecido en el artículo 1 de la Constitución nacional.

El Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado -representada, por Natalia Linardi- sostiene que la Corte no puede ser ajena a este conflicto, que afecta “profundamente el sistema republicano y la administración de justicia”. Por ello, solicitan que intervenga de manera urgente, haga a un lado los formalismos interpuestos por el tribunal santacruceño y restaure el “orden constitucional federal” que consideran, según el recurso, se encuentra “amenazado” en la provincia.

El grupo de jueces que resiste la llegada de otros miembros fueron designados durante los gobiernos kirchneristas y lo integran Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta. Algunos de ellos fueron dirigentes políticos del kirchnerismo.

Fuentes con acceso al TSJ confirmaron a que desde febrero, cuando culminó la feria judicial, los cuatro jueces K se reunieron en las sesiones de acordada, sin convocar al presidente del cuerpo Daniel Mariani, ni a los vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. Estos cuatro últimos fueron nombrados por Vidal.

A los cuatro nuevos vocales nunca les asignaron despacho, ni personal, y hasta les negaron el ingreso a las reuniones de Acuerdo, que se realizan todos los miércoles en el cuarto piso del edificio judicial. Nunca les pagaron los sueldos como vocales, recién a finales de diciembre, la Legislatura debió aprobar un proyecto para que el Ministerio de Economía habilite el pago del 50% de los haberes, hasta tanto la situación judicial de la ley de ampliación quede firme. –