POLITICA
El Gobierno acordó con Kicillof el envío de más de 5000 agentes federales para la elección bonaerense
Tras la fuerte polémica por la purga en la policía bonaerense, la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof llegaron en las últimas horas a un acuerdo para desplegar más de 5000 efectivos de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires durante el desarrollo de las elecciones del 7 de septiembre próximo.
Del operativo que se armará el domingo de los comicios y que pactó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con su par bonaerense, Javier Alonso, solo participarán la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía Federal, según confirmaron a fuentes oficiales de las dos jurisdicciones. El Ejército, que depende de Luis Petri, titular de Defensa, no estará involucrado.
Días atrás, Kicillof designó al jefe de la policía de la provincia, el comisario general Javier Carlos Villar, a cargo del comando electoral. Como encargado de la seguridad de los comicios, vigilará el traslado de boletas, urnas y bolsines.
Bullrich y Alonso habían iniciado hace dos meses las conversaciones para firmar el convenio orientado a reforzar la seguridad durante la jornada electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, las negociaciones se aceleraron durante las últimas 48 horas, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia intercambiaran acusaciones por el extraño episodio en que quedó envuelto el excomisario Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral.
“Este acuerdo no tiene nada que ver con el affaire Bondarenko, que es un sospechado de sedición”, remarcaron cerca de Alonso.
Es que la semana pasada el gobierno de Kicillof desplazó a 24 oficiales de la policía bonaerense acusados de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del postulante de Milei.
En la sede gubernamental de La Plata explicaron que el Estado provincial y la Justicia electoral de Buenos Aires consideran conveniente que la Nación coopere con el operativo de seguridad que se desplegará durante los comicios de septiembre, como suele hacerse en las elecciones simultáneas. “Se necesita un trabajo mancomunado. Es lo mejor para la transparencia del proceso. Lo acordamos nosotros”, repitieron allegados al funcionario de Kicillof que sucedió a Sergio Berni en la cartera más caliente de la provincia.
Las fuerzas federales que enviará la Nación al distrito bonaerense el domingo 7 de septiembre serán coordinadas por el comando electoral que armó Kicillof. Habitualmente, la policía bonaerense se ocupa de custodiar el exterior de los establecimientos de votación o escuelas. Por estas horas, el equipo de Alonso avanza con el diseño de la logística y el reparto de recursos para el operativo.
“Queremos que la Prefectura cubra los establecimientos de votación sobre la zona del río Paraná -en partidos como San Fernando, Tigre, Zárate, Campana y San Nicolás- y la Gendarmería, en el conurbano”, puntualizó este lunes Carlos Bianco, ministro de Gobierno.
Además, Bianco, el alter ego de Kicillof, aseguró que los patrulleros de la Policía Bonaerense custodiarán los camiones que trasladarán las urnas. “Van a contar con la geolocalización que tiene Correo Argentino”, explicó.
En la administración bonaerense afirman que en una elección nacional suelen destinarse 15.000 efectivos de las fuerzas federales en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. En este caso, por la decisión de Kicillof de desdoblar los comicios, las autoridades y los candidatos se enfrentan a un experimento inédito. Por primera vez, los habitantes de los 135 municipios bonaerenses irán a votar para elegir solamente legisladores locales, concejales y consejeros escolares.
El desafío logístico, admiten en la Justicia y en el gobierno de Kicillof, es mayúsculo, sobre todo, por la extensión del territorio y la cantidad de electores: más de 14 millones de personas. “La Nación nos enviará cerca de 6000 efectivos, porque habrá 500 supervisores”, ratificaron anoche en el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.
Tras la purga judicial, Bullrich defendió a Bondarenko y aseguró que el gobernador había iniciado una “cacería de brujas” para disciplinar a los uniformados. A su vez, impulsó una denuncia por espionaje ilegal y persecución ideológica.
Desde la administración de Milei negaron que hayan querido inmiscuirse en la fuerza a través de Bondarenko y sus compañeros para desestabilizar la gestión de Kicillof.
La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko. El gobierno de Kicillof aportó chats a la Justicia para intentar probar que había una coordinación entre Bondarenko y los desplazados.
Según consignó , la Justicia determinó por ahora que la acusación de “complot” de policías bonaerenses se limita al uso indebido de computadoras. Es que el fiscal subrogante Álvaro Garganta impulsó una causa contra los uniformados cesanteados solo por malversación del uso de bienes públicos.
Pese al entendimiento con Bullrich por el operativo electoral, Alonso volvió a cargar contra Milei por la selección de Bondarenko como postulante. “Esto fue un complot. Y ellos pusieron un candidato que es un comisario retirado que tuvo seis ascensos, uno por año en los primeros ocho años de su carrera, algo que es rarísimo. Ahí no hubo mérito, sino alguien de la política que lo proyectó”, aseguró este miércoles Alonso en diálogo con FM Delta.
Asimismo, el ministro de Kicillof consideró que las fuerzas federales “no la están apoyando” a Bullrich. Según Alonso, una prueba de ello son las “numerosas bajas” de efectivos, algo que vinculó con la falta de recursos por el ajuste que aplicó Milei para reducir el déficit fiscal. “La Policía Federal no tiene patrulleros, la Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas, la obra social de los gendarmes está destrozada”, puntualizó. Y completó: “La verdad que no es responsabilidad de Bullrich, sino de la política económica que están llevando adelante Milei y [Luis] Caputo”, concluyó.
Días atrás, Miguel Saredi, funcionario de Fernando Espinoza en La Matanza, acusó a Bullrich de haber retirado las fuerzas federales del municipio más poblado del distrito y agitó la campaña bonaerense. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo negaron y vincularon las expresiones del delegado de Espinoza, uno de los barones del PJ, con la actividad proselitista. “No se entiende: ¿están haciendo las cosas bien o necesitan que vayamos”, ironizan cerca de Bullrich. En el entorno de Alonso también relativizaron las denuncias.
Para Saredi, “la única presencia” de los efectivos de Gendarmería o la Policía Federal en el distrito de Espinoza, donde hay zonas calientes, como Puerta de Hierro, uno de los lugares más peligrosos del conurbano, se da cuando “son requeridas por las fiscalías para investigar delitos como el narcotráfico”. De hecho, hay delegaciones de la Policía Federal en San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, La Plata o Malvinas Argentinas, entre otras localidades.
Saredi afirma que en 2022 había 600 gendarmes en La Matanza y que actualmente quedan menos de 200. Además, dice que la Policía Federal ya no participaba a diario en los operativos del Comando Unificado Conurbano (CUC) y en controles sobre la ruta.
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POLITICA
Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
El Gobierno de Javier Milei empieza este lunes una semana cargada de definiciones. En pocos días confluirán tres frentes sensibles para la administración libertaria: la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate de peso del año en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión que dejó la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
Leé también: A pesar de la resistencia de la CGT y el kirchnerismo, el Gobierno tiene los votos para darle media sanción a la reforma laboral
Ese mismo día comenzará una de las discusiones legislativas más relevantes del verano político. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta y avanzar, en paralelo, con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados.
Inflación bajo la lupa y ruido por el Indec
El primer dato fuerte de la semana llegará desde el frente económico. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De ser como proyectan el Gobierno y las consultoras privadas, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%.
El índice se difundirá con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas: en 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
La discusión técnica se cruza con un escenario de presión en alimentos. Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT vuelve a la calle sin paro general
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general.
La definición expuso las tensiones internas dentro de la CGT. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según pudo saber TN. Aunque la conducción cegetista doce rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios, en particular los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
En cambio, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo.
En ese contexto de disputa interna, la conducción de la CGT apela a los senadores y gobernadores, a los que les reclama que “cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos”.
Tras varios intentos, la dirección de la central obrera no logró volver a reunirse con los mandatarios provinciales dialoguistas y teme que, con el apoyo de esos gobernadores, el Gobierno logre conseguir los votos necesarios para darle media sanción a la reforma laboral. En Balcarce 50 están convencidos de que tienen los números.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza.
En tanto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto propio de reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo, una legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos y cuenta con el respaldo de varios sectores sindicales.
Otra de las alternativas que la oposición tiene en carpeta es la judicialización de la ley si se aprueba. El exdiputado Claudio Lozano advirtió que la reforma laboral “es también reforma tributaria”, por lo que debe ingresar por la Cámara de Diputados. “El Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional”, alertó.
El Congreso, la primera prueba del año para el Gobierno
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero, con una agenda acotada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral es el eje central del temario y también el proyecto que concentra mayores resistencias políticas.
La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general, pero las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal.
El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables. Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en la recaudación total durante 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para las provincias a partir de 2027 si la ley se sanciona. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
En paralelo al debate en el Senado, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de actividad clave. El oficialismo prevé avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. Además, el Gobierno buscará sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
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El proyecto será discutido en un plenario de comisiones y el Gobierno anticipa un debate extenso, con la posibilidad de que la iniciativa no se convierta en ley durante las extraordinarias y continúe su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo. La propuesta original del Ejecutivo planteaba una baja a 13 años, pero en la Casa Rosada admitieron que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.
Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anunció que dará pelea en el recinto para frenar la iniciativa. El tema volvió a ganar centralidad política luego de casos recientes de delitos cometidos por menores, que el oficialismo utiliza como argumento para acelerar el debate.
Javier Milei, Congreso de la Nación, Senado, Diputados, Inflación, reforma laboral, imputabilidad
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
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