POLITICA
El Gobierno afina su estrategia para negociar cargos clave de la Justicia, pero esperará hasta las elecciones
Desde que asumió, Javier Milei no nombró jueces, fiscales ni defensores. Solo nombró a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente no pudieron ser convalidados por el Senado. Es un reclamo que emerge con fuerza de parte del ámbito judicial, donde le piden a la Casa Rosada que aceleren las gestiones para que se puedan a comenzar a llenar los puestos que siguen vacantes desde hace años.
Importantes funcionarios del Gobierno reconocen por lo bajo la importancia de comenzar a aceitar ese mecanismo de nombramientos, pero que esto no va a ser puesto en agenda hasta después de octubre. Es decir, faltan más de cuatro meses. “No es un tema que vayamos a tocar antes de las elecciones nacionales”, reitera una altísima fuente de Casa Rosada.
Y es que se trata de un asunto espinoso para los libertarios, porque todas las vacantes que precisan ser llenadas deben pasar por el Senado, donde el peronismo es un actor de bloqueo de cualquier iniciativa que quiera hacer el Gobierno. Los nombramientos pueden rechazarse con un tercio del recinto -más de 24 votos-, y el bloque de Unión por la Patria tiene 34 bancas.
El panorama no va a mejorar después de que el Senado renueve las 24 bancas de estas elecciones. “El recambio legislativo de diciembre no va a generar cambios sustanciales”, analiza un influyente miembro del Gobierno. En todo caso, lo que sucederá es una reducción del PRO, la UCR u otras fuerzas provinciales, con una potencial ganancia real de La Libertad Avanza; pero sin que eso modifique que el peronismo tenga al menos un tercio de la Cámara Alta. “Incluso, la correlación de fuerzas puede hacer que sean aún más poderosos”; afirma un analista del oficialismo.
Así planteado el escenario, es requisito obligatorio que el Gobierno negocie con Unión por la Patria si es que quiere acelerar los nombramientos de los distintos cargos judiciales. Quienes tienen a cargo esas tareas son, mayormente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su principal alfil judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
A los ojos de los libertarios, la reciente detención de Cristina Kirchner no debería ser un impedimento para que después de los comicios inicien las primeras conversaciones. “Les interesa el mundillo judicial y van a querer que se activen las negociaciones”, afirma un integrante del Gobierno.
De todos los cargos vacantes o en disputa, la Casa Rosada mira con especial énfasis a los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación.
Menos conocido, pero no por eso menos importante, este último cargo comenzará a tener una importancia mayor a la que tenía hasta hace algunos meses. El Procurador es quien lidera el Ministerio Público Fiscal y es el jefe de los fiscales, teniendo potestad para decidir sobre las postulaciones, remociones y el accionar de estos.
En ese marco, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, está impulsando la implementación del Sistema Acusatorio, el cual empodera el rol de los fiscales, haciendo que automáticamente sean quienes tengan el poder de investigación en las causas, entre otros aspectos.
El Código Procesal Penal Federal ya se implementó en 12 provincias y a fin de año, y la próxima parada son los tribunales de Comodoro Py, donde no están exentas las tensiones. “Nos sorprendió que la mayor resistencia la tuvimos en los fiscales y no en los jueces”, afirma una fuente judicial libertaria, explicando que la queja de ese sector proviene por los fondos y los recursos que hacen falta para poder incrementar su capacidad ociosa.
“No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les dimos recursos, salas de audiencias con tecnología, computadoras último modelo, un UFED [Universal Forensic Extraction Device] por distrito y más de 5000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta de equilibrio de personal progresivo, respectando derechos y sueldos o contratos”, comenta una altísima fuente a Infobae.
En el Gobierno perciben “hostilidad” de parte de aquellos que se oponen y temen un amparo que pueda demorar la vigencia del sistema, que tiene fecha a partir del 11 de agosto. El nuevo sistema implicaría que en segmentos vitales de los procesos judiciales deban estar presentes y no puedan hacer homeoffice. Un aspecto que parece menor, pero que sería fundamental en la oposición de los fiscales.
Volviendo a la cuestión macro, los jueces tenían automáticamente la potestad de juzgar e investigar y solo, si querían, le podían delegar toda la investigación a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, en el que María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En síntesis, el Procurador tendrá un poder real mayor del que tenía antes, lo cual hace más jugosa la negociación por ese cargo que actualmente ostenta -aunque de manera interina- Eduardo Casal, que asumió automáticamente luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.
Para facilitar estas tratativas, en las últimas semanas se escucharon rumores de que se puedan modificar las competencias que tiene la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Dos fuentes inobjetables del Gobierno consultadas por Infobae rechazaron esto rotundamente. En cambio, sí se pretende buscar un candidato de consenso y que tenga perfil académico.
El oficialismo no tiene nombres para proponer. O si los tiene, prefiere no revelarlos. Las tratativas para este puesto es considerada como “prioritaria” para algunos integrantes del Gobierno, mientras que otros la matizan. Aun así, coinciden en que “la política no puede seguir teniendo un interino y tiene que ponerse de acuerdo en tener uno efectivo”. “El Procurador, mal que mal, es un interino y es un hombre serio y honesto“, dice un referente judicial del Gobierno, que prefiere priorizar el foco en la Corte Suprema.
El oficialismo experimentó en abril pasado los rechazos de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por lo que saben que repetir con ese mecanismo va a producir los mismos resultados.
Con las necesarias interlocuciones que deberán tener con el kirchnerismo, vuelve a emerger la posibilidad de que sean “uno y uno”. Pero en altos despachos del Gobierno afirman que es más viable la ampliación del número de ministros de la Corte. Esto complejizaría la discusión, pero abriría a mayor cantidad de escenarios en los que el Gobierno puede sentirse cómodo para pactar con ese sector de la oposición.
En el oficialismo admiten que la composición actual de la Corte Suprema es insuficiente y que existe voluntad de ampliarla. Ninguna de las iniciativas que están en el Senado cuentan con el sello del sector de Santiago Caputo, pero algunas se les acercan más que otras, como por ejemplo una integración de 7 o 9 miembros. “Podrían ser más representativas de la sociedad y por qué no de los partidos”, afirma un funcionario violeta.
No se contempla la posibilidad de que la ampliación supere los nueve miembros, ya que eso podría ralentizar el tratamiento de los expedientes debido a la necesidad de coordinación entre más jueces. Un operador libertario citado por Infobae opinó: “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros y no tanto de si son muchos o pocos miembros”. Además, el oficialismo descarta la opción de dividir las funciones de la Corte en salas, porque es lisa y llanamente inconstitucional.
La actual integración del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. El mayor vínculo que tienen los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los artífices de la candidatura de Lijo al Máximo Tribunal.
Pero en el Gobierno se ven urgidos a imponer a un catedrático libertario puro para tener potencialidad de influir en la jurisprudencia argentina, tal y como buscó hacer Donald Trump con las designaciones de Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett en 2018 y 2020, respectivamente. Ese papel era el que tenían pensado para García-Mansilla, quien, a pesar de sus buenas cartas credenciales, no tuvo el aval del kirchnerismo por su perfil conservador.
En los pizarrones que están en los encumbrados despachos de la Casa Rosada tampoco se olvidan de anotar las vacantes de magistrados y fiscales que hay en todo el país. Tal vez, uno de los asuntos que más urge en términos del funcionamiento de la Justicia.
Según los últimos datos de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes en los juzgados federales que están en trámite del Poder Ejecutivo, es decir, que dependen de que Milei los revise y seleccione para que posteriormente sean enviados al Senado. De este segmento, hay varios que datan desde el 2018, mientras que el año pasado se le enviaron candidatos para 96 puestos.
Un funcionario de primera línea comentó que una de las que podría estar más avanzadas después de las elecciones son las vacantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.
En noviembre de 2024, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en Casa Rosada el envío de la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. En ese entonces, al funcionario detalló:
- Jueces: 1002 cargos totales y 311 vacancias (de las que en ese momento había 146 en el Poder Ejecutivo Nacional, hoy son más, al igual que en el resto de los casos).
- Fiscales: 368 cargos totales y 161 vacantes (37 para su envío en manos del PEN).
- Defensores: 265 cargos totales y 80 vacantes (45 en el PEN para enviar al Senado).
Esto no se materializó en el tiempo. Y es que, en rigor, en el Gobierno afirman que no tienen grandes incentivos para acelerar los envíos de los pliegos.
“Somos un espacio muy joven y todavía no construimos este tipo de relaciones. No tenemos candidatos ‘libertarios’ para los juzgados y las fiscalías. Y en algunos casos no tenemos apuro”, afirma una fuente que conoce de estas negociaciones. En todo caso, estos pliegos van a ser prenda de negociación con la oposición y los gobernadores dialoguistas, así como los defensores que se pretenden movilizar, entre ellos cargos en la Defensoría General de la Nación y el puesto del Defensor del Pueblo, vacante desde 2009.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Según detalló en diálogo con Infobae al regreso, la organización estableció su alineamiento con un frente de más de cien sindicatos que rechazan cualquier intento de acuerdo parcial en el tratamiento de la ley.
Aguiar explicó que el frente sindical entiende que el diálogo para realizar modificaciones parciales no resulta viable, ya que, a su juicio, “toda la ley de principio a final nos perjudica”. El dirigente remarcó que, si bien se eliminaron artículos que afectaban directamente a los sindicatos, permanecen intactos aquellos que considera lesivos para los trabajadores. “No puede aparecer como que canjeamos plata por explotación, plata por más precarización, justo de aquellas y aquellos que tenemos que representar”, expresó, planteando la dificultad de justificar cualquier acuerdo en esas condiciones.
El anuncio de la medida de fuerza llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los principales actores sindicales. La movilización de ATE se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también fijó una huelga nacional de 24 horas para el día en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja. La adhesión de los gremios del transporte garantiza la interrupción total de colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país, lo que anticipa un fuerte impacto en la vida cotidiana.
El secretario general de ATE, quien obtuvo el respaldo de casi medio millón de estatales en la última elección interna, enfatizó que la postura de la organización no busca generar polémica interna en el sindicalismo, sino que refleja una forma de ejercer la representación gremial. Según sus palabras, “no estamos generando ninguna polémica. Simplemente, estamos expresando cada uno nuestra manera de pensar y de ejercer esta actividad”.
Consultado sobre la estrategia de movilización, Aguiar explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.
Aguiar también cuestionó el comportamiento de algunos legisladores, señalando que “muchos gobernadores, muchas de esas senadoras y senadores y de las diputadas y de los diputados que van a intervenir esta semana, hace solo pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en sus provincias y confrontando las políticas del Gobierno Nacional”. El sindicalista advirtió sobre una “malversación instantánea del voto” y puso en duda la legitimidad de ciertas transformaciones políticas recientes.
La preocupación por el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores se extiende más allá de la estructura sindical. Según el propio Aguiar, la iniciativa oficial “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”.
El dirigente advirtió que la aprobación de la ley pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” y anticipó la posibilidad de profundizar el plan de acción si el proyecto avanza en el Congreso.
El paro y la movilización de ATE se inscriben en una etapa marcada por la alta conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos. Esta será la cuarta medida de fuerza general enfrentada por el presidente Javier Milei en poco más de dos años al frente del Ejecutivo, un indicador de la presión social y gremial que atraviesa la gestión. El fenómeno no es nuevo: los presidentes no peronistas suelen experimentar más paros generales en menos tiempo que los mandatarios del Partido Justicialista, de acuerdo con un estudio de la Universidad Austral.
La estrategia sindical se apoya también en el rechazo a ciertos artículos específicos de la reforma. Entre los puntos más cuestionados figura el artículo que limita el pago de salarios completos durante licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.
Según el texto aprobado en el Senado, los trabajadores afectados recibirán el 50% del salario, con opción a alcanzar el 75% si la situación no responde a una acción voluntaria ni a conocimiento previo del riesgo.
Por el momento, la atención permanece puesta en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a sesión para debatir la reforma laboral. La movilización de ATE promete constituirse en uno de los focos de presión más relevantes durante la discusión parlamentaria, en un escenario de alta tensión política y social.
No es “Pesadilla en la calle ELM”, el gran éxito de Freddy Krueger. En todo caso es pesadilla en la calle San José, la peor pesadilla de la señora condenada está sucediendo.
Les ganó un panelista de “Animales Sueltos”. Llegó al poder sin diputados, senadores ni gobernadores. No para de sacar leyes importantes. Y encima ahora se parte el bloque peronista en el Congreso.
¿Qué genera esto? Desesperación. ¿Cómo reacciona alguien que está desesperado? Con violencia. ¿Qué dijo ayer José Mayans, el presidente del bloque peronista en el Senado? “Javier Milei tiene comportamientos parecidos a los de Videla”.
Esto se llama desesperación. Mayans compara a un gobierno democrático con una dictadura que tuvo secuestros, desaparecidos, robo de bebés, torturas, centros clandestinos, vuelos de la muerte y listas negras.
¿Por qué la desesperación de este hombre? Porque el peronismo perdió casi por completo el control del Senado. Es más, con las nuevas fugas es probable que queden con apenas 21 senadores propios. Estamos hablando de un derrumbe histórico en serio. Hay que remontarse a 1993 cuando tuvieron 30 senadores bajo el gobierno de Carlos Menem. Es un retroceso realmente impactante.
- En 2019, cuando gana Alberto Fernández, llegan a 41 senadores propios. Control absoluto del Senado.
- En 2021 pierden las elecciones legislativas y se van a 35 senadores.
- En 2023 gana Milei y se van a 34 senadores peronistas.
- En 2025 vuelven a perder las elecciones de medio término y se van a 30 senadores propios.
Lo que está pasando ahora es que hay fugas de senadores peronistas y el bloque estaría quedando en 21.
Bueno, acá tenés la explicación de las barbaridades que dicen. Es una escena conocida. Se achica el poder; se agranda la boca. Gritan más, tiran piedras, se radicalizan, suben el volumen, venden miedo. Y terminan hablando de Videla y de Massera.
Lo mismo hizo Juan Grabois: “Van a terminar yéndose en helicóptero igual que en el 2001”.
Hay una diferencia muy importante entre el 2001 y el 2016: la gente. La sociedad argentina aprendió que los golpes institucionales hacen mucho daño.
Con los años aprendimos que ese diciembre de 2001 fue gestado desde las entrañas del Conurbano:
- Balestrini en La Matanza
- Quindimil en Manus
- Cacho Álvarez en Avellaneda
- Mussi en Berazategui
- Granados en Ezeiza
- Ishii en José C. Paz
- Rossi en Lomas de Zamora
- Othacehé en Merlo
- Mariano West en Moreno
- Curto en Tres de Febrero
Después de esa crisis el país voló por el aire: cinco presidentes en un mes, 56% de pobreza, saqueos, muertos en la calles, piquetes, Kosteky y Santillán, secuestros. Con el tiempo, la sociedad entendió que ese helicóptero que se llevó a De la Rúa no fue genuino, no fue casual, no fue espontáneo y condujo a la Argentina al peor momento de su historia.
Pues bien, no hay más lugar para esa porquería a pesar de que el kirchnerismo se muera de ganas. Mucho menos si la alternativa que tienen es volver a Alberto Fernández. Ayer, el senador Mariano Recalde dijo: “El gobierno de Alberto fue 10 veces mejor que el de Milei”.
Algunos datos del Gobierno de Alberto Fernández:
- Llevó la pobreza del 35% al 53%.
- Llevó el dólar de $60 a $1200.
- Llevó la inflación del 54% anual al 211% anual.
- Llevó los piquetes de 5400 por año a 8300 por año.
- Llevó los homicidios narco en Rosario de 138 a 260.
- Llevó las reservas netas del Banco Central de US$5000 millones a reservas negativas de U$S 13.000 millones.
Pero el senador Recalde dice que Alberto fue “10 veces mejor” que Milei o Macri. Lo divertido de esta gente es que se pelean con los datos.
Ahora bien, el hecho de que la oposición sea una verdadera pesadilla no habilita al gobierno a hacer cualquier cosa. ¿Hace falta una reforma laboral? Sí. ¿Hace falta terminar con la industria del juicio? Sí. Pero cuidado con meterse con el sueldo de la gente.
Esperemos que lo corrijan en serio. Grave error del gobierno meterse con el sueldo de la gente. No es por ahí muchachos. Vamos de nuevo. ¿Hace falta una reforma laboral? Por supuesto.
La Argentina tiene 2200% más juicios laborales que Chile.
- Chile: 5,8 juicios cada 10.000 empleados.
- España: 8,5 juicios cada 10.000 empleados.
- Argentina: 132 juicios cada 10.000 empleados.
Pero no se metan con el sueldo. Porque el sueldo ya es lo suficientemente malo como para que encima jodan a personas con cáncer. No se pasen de listos con el bolsillo de la gente.
Una cosa es meterse con la industria de los juicios: estamos de acuerdo. Una cosa es meterse con las cajas sindicales millonarias de sindicalistas corruptos: estamos de acuerdo. Una cosa es meterse con los paros salvajes de Baradel o de la UTA o de ATE o de Camioneros: seguimos de acuerdo. Pero no se metan con el sueldo de la gente porque están haciendo una de más.
Dejen tranquila a la gente que labura. Porque te podes enfermar, porque podés tener un accidente, te podés lesionar. Se los digo con todo respeto… Resulta muy poco empático que ministros que tienen millones de dólares empiecen a descontar sueldos. Es verdad que hay abusos con licencias, pero ataquen eso con precisión quirúrgica porque el horno no está para bollos.
Ahora, fijate cómo reacciona la oposición violenta. Este último es Gabriel Solano, el líder del Polo Obrero. Para ellos la violencia es un negocio. Porque durante toda la vida fueron reguladores de gobernabilidad. Los gobiernos les pagaban para que no agiten la calle. Y ahora se encontraron con que el chorro se cortó y están desesperados.
Lo interesante es que el kirchnerismo se parece cada vez a ese Polo Obrero violento. La peor pesadilla del kirchnerismo se volvió real. Dejaron de ser un proyecto de poder para convertirse en una fuerza marginal. Sin volumen electoral, sin liderazgo claro, sin ideas, sin horizonte.
Hoy apelan al ruido y al conflicto como último recurso para no desaparecer.
Asimov: “La violencia es el último refugio de los imcompetentes”.
Opiniones Libres; hechos sagrados.
cristina kirchner
POLITICA
Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT desde que asumió: cuál es el récord en democracia que registra
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Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días (o 2 años, 2 meses y 9 días) de haber asumido su gobierno (si la protesta se realiza este jueves).
De todas formas, nadie le sacará el récord que mantiene y que no merece festejo alguno: soportó la huelga general más temprana registrada en democracia para un presidente electo, ya que inició la gestión el 10 de diciembre de 2023 y apenas a los 45 días, el 24 de enero de 2024, se hizo un paro general contra el DNU 70.
En efecto, Milei se ubica como el segundo mandatario que vivió una medida de fuerza de esta magnitud con mayor rapidez desde el regreso de la democracia, según un relevamiento efectuado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Esta celeridad en la conflictividad sindical sólo fue superada por Fernando De la Rúa, que afrontó tres paros generales en 182 días de gobierno.
El fenómeno revela una tendencia: los presidentes no peronistas suelen atravesar más paros en menos tiempo que sus pares peronistas y, en el caso de Milei, la secuencia coloca a su administración en una posición de alta conflictividad de la CGT desde el primer año.
El 24 de enero de 2024, a sólo 45 días de su asunción, Milei ya había enfrentado el paro general más temprano en la historia democrática argentina para un presidente electo y luego el intervalo entre la segunda medida de fuerza, el 9 de mayo de 2024, y la del 10 de abril de 2025, marcó otro dato llamativo: pasaron 334 días entre el segundo y el tercer paro, registrando el mayor intervalo para un mandatario de la etapa contemporánea.
Desde 1983 hasta hoy en el país se registraron 46 paros generales, según el estudio, y de ese total, 29 huelgas recayeron sobre gobiernos no peronista, en sólo 13 años de gestiones ejercidas por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei.
En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 paros generales distribuidos a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández no padeció ninguna medida de este tipo, mientras que Néstor Kirchner tuvo sólo un paro general y Eduardo Duhalde, dos. Carlos Menem y Cristina Kirchner, en su segundo mandato, completan la lista con 8 y 5, respectivamente.
El informe precisa que los presidentes no peronistas enfrentaron en promedio 8,67 paros por administración, frente a un promedio de 2,29 huelgas durante las gestiones peronistas. En términos porcentuales, estos mandatarios debieron afrontar casi el doble de paros generales que los gobiernos del PJ: un 64,5% de los paros en menos de la mitad del tiempo de gestión.
Raúl Alfonsín fue el jefe de Estado que más paros sufrió, con 13 durante su mandato. Le siguen Carlos Menem y Fernando De la Rúa, ambos con 8. Cristina Kirchner y Mauricio Macri registraron 5, mientras que Duhalde y Néstor Kirchner sumaron dos y uno, respectivamente.
El estudio, dirigido por Marcelo Bermolén, titular del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, resalta que Macri forma parte del podio de presidentes no peronistas con menor cantidad de paros generales. Fue el único mandatario de ese espacio político que pudo finalizar su primer año de gobierno, en 2016, sin que el sindicalismo declarara una huelga general.
Los picos de conflictividad más altos se dieron durante 2000 y 2001, con la presidencia de De la Rúa, y en 1986 en la gestión de Alfonsín. En tanto, varios periodos no tuvieron registros de paros generales: entre 1989 y 1991, en 1993 y en los años 1998 y 1999, todos durante el mandato de Menem; de 2003 a 2006 con Néstor Kirchner; entre 2008 y 2011 y en 2013, bajo gestión de Cristina Kirchner; el año 2016 con Macri; y toda la etapa 2020-2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.
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