Desde que asumió, Javier Milei no nombró jueces, fiscales ni defensores. Solo nombró a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente no pudieron ser convalidados por el Senado. Es un reclamo que emerge con fuerza de parte del ámbito judicial, donde le piden a la Casa Rosada que aceleren las gestiones para que se puedan a comenzar a llenar los puestos que siguen vacantes desde hace años.

Importantes funcionarios del Gobierno reconocen por lo bajo la importancia de comenzar a aceitar ese mecanismo de nombramientos, pero que esto no va a ser puesto en agenda hasta después de octubre. Es decir, faltan más de cuatro meses. “No es un tema que vayamos a tocar antes de las elecciones nacionales”, reitera una altísima fuente de Casa Rosada.

Y es que se trata de un asunto espinoso para los libertarios, porque todas las vacantes que precisan ser llenadas deben pasar por el Senado, donde el peronismo es un actor de bloqueo de cualquier iniciativa que quiera hacer el Gobierno. Los nombramientos pueden rechazarse con un tercio del recinto -más de 24 votos-, y el bloque de Unión por la Patria tiene 34 bancas.

El panorama no va a mejorar después de que el Senado renueve las 24 bancas de estas elecciones. “El recambio legislativo de diciembre no va a generar cambios sustanciales”, analiza un influyente miembro del Gobierno. En todo caso, lo que sucederá es una reducción del PRO, la UCR u otras fuerzas provinciales, con una potencial ganancia real de La Libertad Avanza; pero sin que eso modifique que el peronismo tenga al menos un tercio de la Cámara Alta. “Incluso, la correlación de fuerzas puede hacer que sean aún más poderosos”; afirma un analista del oficialismo.

Así planteado el escenario, es requisito obligatorio que el Gobierno negocie con Unión por la Patria si es que quiere acelerar los nombramientos de los distintos cargos judiciales. Quienes tienen a cargo esas tareas son, mayormente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su principal alfil judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

A los ojos de los libertarios, la reciente detención de Cristina Kirchner no debería ser un impedimento para que después de los comicios inicien las primeras conversaciones. “Les interesa el mundillo judicial y van a querer que se activen las negociaciones”, afirma un integrante del Gobierno.

De todos los cargos vacantes o en disputa, la Casa Rosada mira con especial énfasis a los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación.

Menos conocido, pero no por eso menos importante, este último cargo comenzará a tener una importancia mayor a la que tenía hasta hace algunos meses. El Procurador es quien lidera el Ministerio Público Fiscal y es el jefe de los fiscales, teniendo potestad para decidir sobre las postulaciones, remociones y el accionar de estos.

En ese marco, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, está impulsando la implementación del Sistema Acusatorio, el cual empodera el rol de los fiscales, haciendo que automáticamente sean quienes tengan el poder de investigación en las causas, entre otros aspectos.

El Código Procesal Penal Federal ya se implementó en 12 provincias y a fin de año, y la próxima parada son los tribunales de Comodoro Py, donde no están exentas las tensiones. “Nos sorprendió que la mayor resistencia la tuvimos en los fiscales y no en los jueces”, afirma una fuente judicial libertaria, explicando que la queja de ese sector proviene por los fondos y los recursos que hacen falta para poder incrementar su capacidad ociosa.

“No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les dimos recursos, salas de audiencias con tecnología, computadoras último modelo, un UFED [Universal Forensic Extraction Device] por distrito y más de 5000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta de equilibrio de personal progresivo, respectando derechos y sueldos o contratos”, comenta una altísima fuente a Infobae.

En el Gobierno perciben “hostilidad” de parte de aquellos que se oponen y temen un amparo que pueda demorar la vigencia del sistema, que tiene fecha a partir del 11 de agosto. El nuevo sistema implicaría que en segmentos vitales de los procesos judiciales deban estar presentes y no puedan hacer homeoffice. Un aspecto que parece menor, pero que sería fundamental en la oposición de los fiscales.

Volviendo a la cuestión macro, los jueces tenían automáticamente la potestad de juzgar e investigar y solo, si querían, le podían delegar toda la investigación a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, en el que María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En síntesis, el Procurador tendrá un poder real mayor del que tenía antes, lo cual hace más jugosa la negociación por ese cargo que actualmente ostenta -aunque de manera interina- Eduardo Casal, que asumió automáticamente luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.

Para facilitar estas tratativas, en las últimas semanas se escucharon rumores de que se puedan modificar las competencias que tiene la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Dos fuentes inobjetables del Gobierno consultadas por Infobae rechazaron esto rotundamente. En cambio, sí se pretende buscar un candidato de consenso y que tenga perfil académico.

El oficialismo no tiene nombres para proponer. O si los tiene, prefiere no revelarlos. Las tratativas para este puesto es considerada como “prioritaria” para algunos integrantes del Gobierno, mientras que otros la matizan. Aun así, coinciden en que “la política no puede seguir teniendo un interino y tiene que ponerse de acuerdo en tener uno efectivo”. “El Procurador, mal que mal, es un interino y es un hombre serio y honesto“, dice un referente judicial del Gobierno, que prefiere priorizar el foco en la Corte Suprema.

El oficialismo experimentó en abril pasado los rechazos de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por lo que saben que repetir con ese mecanismo va a producir los mismos resultados.

Con las necesarias interlocuciones que deberán tener con el kirchnerismo, vuelve a emerger la posibilidad de que sean “uno y uno”. Pero en altos despachos del Gobierno afirman que es más viable la ampliación del número de ministros de la Corte. Esto complejizaría la discusión, pero abriría a mayor cantidad de escenarios en los que el Gobierno puede sentirse cómodo para pactar con ese sector de la oposición.

En el oficialismo admiten que la composición actual de la Corte Suprema es insuficiente y que existe voluntad de ampliarla. Ninguna de las iniciativas que están en el Senado cuentan con el sello del sector de Santiago Caputo, pero algunas se les acercan más que otras, como por ejemplo una integración de 7 o 9 miembros. “Podrían ser más representativas de la sociedad y por qué no de los partidos”, afirma un funcionario violeta.

No se contempla la posibilidad de que la ampliación supere los nueve miembros, ya que eso podría ralentizar el tratamiento de los expedientes debido a la necesidad de coordinación entre más jueces. Un operador libertario citado por Infobae opinó: “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros y no tanto de si son muchos o pocos miembros”. Además, el oficialismo descarta la opción de dividir las funciones de la Corte en salas, porque es lisa y llanamente inconstitucional.

La actual integración del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. El mayor vínculo que tienen los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los artífices de la candidatura de Lijo al Máximo Tribunal.

Pero en el Gobierno se ven urgidos a imponer a un catedrático libertario puro para tener potencialidad de influir en la jurisprudencia argentina, tal y como buscó hacer Donald Trump con las designaciones de Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett en 2018 y 2020, respectivamente. Ese papel era el que tenían pensado para García-Mansilla, quien, a pesar de sus buenas cartas credenciales, no tuvo el aval del kirchnerismo por su perfil conservador.

En los pizarrones que están en los encumbrados despachos de la Casa Rosada tampoco se olvidan de anotar las vacantes de magistrados y fiscales que hay en todo el país. Tal vez, uno de los asuntos que más urge en términos del funcionamiento de la Justicia.

Según los últimos datos de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes en los juzgados federales que están en trámite del Poder Ejecutivo, es decir, que dependen de que Milei los revise y seleccione para que posteriormente sean enviados al Senado. De este segmento, hay varios que datan desde el 2018, mientras que el año pasado se le enviaron candidatos para 96 puestos.

Un funcionario de primera línea comentó que una de las que podría estar más avanzadas después de las elecciones son las vacantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.

En noviembre de 2024, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en Casa Rosada el envío de la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. En ese entonces, al funcionario detalló:

• Jueces: 1002 cargos totales y 311 vacancias (de las que en ese momento había 146 en el Poder Ejecutivo Nacional, hoy son más, al igual que en el resto de los casos).
• Fiscales: 368 cargos totales y 161 vacantes (37 para su envío en manos del PEN).
• Defensores: 265 cargos totales y 80 vacantes (45 en el PEN para enviar al Senado).

Esto no se materializó en el tiempo. Y es que, en rigor, en el Gobierno afirman que no tienen grandes incentivos para acelerar los envíos de los pliegos.

“Somos un espacio muy joven y todavía no construimos este tipo de relaciones. No tenemos candidatos ‘libertarios’ para los juzgados y las fiscalías. Y en algunos casos no tenemos apuro”, afirma una fuente que conoce de estas negociaciones. En todo caso, estos pliegos van a ser prenda de negociación con la oposición y los gobernadores dialoguistas, así como los defensores que se pretenden movilizar, entre ellos cargos en la Defensoría General de la Nación y el puesto del Defensor del Pueblo, vacante desde 2009.