Dos meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.

Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La agenda parlamentaria de esta semana fue tratada ayer por la mesa política, reunión de la que no participó el Presidente y sí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se incluyeron en ese debate, según trascendió, la reforma laboral que será nuevamente tratada por el Senado luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el Régimen Penal Juvenil (tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada el jueves en el Senado) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a tratarse el viernes junto a la reforma laboral y con altas chances de ser aprobado. La ley de Glaciares, que comenzará a debatirse esta semana también en el Senado, es otra de las prioridades de la gestión libertaria, en acuerdo con las provincias mineras.

El Gobierno tiene en carpeta otras iniciativas legislativas, como una nueva ley de financiamiento universitario, a tratarse el próximo mes, o una nueva ley de Inteligencia que incluya parte del decreto 941, emitido en enero pasado, aunque este último está en preparación, según contaron ayer a fuentes de la SIDE.

La última vez que Milei había juntado a todo su gabinete fue el 22 de diciembre pasado, en la quinta de Olivos, una reunión en la que el presidente regaló a sus ministros el libro “defender lo indefendible” del pensador liberal Walter Block. Para encontrar la última reunión de gabinete en Casa Rosada encabezada por el Presidente hay que remontarse hasta el 26 de noviembre pasado.

Noticia en desarrollo

Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.

Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.

La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de las principales casas de altos estudios, entre ellas las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata.

“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad universitaria que ya dio su aval.

El proyecto en cuestión recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.

En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.