POLITICA
El Gobierno analiza dar de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad laboral por irregularidades detectadas en una auditoría

A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no los sorprende nada. Los resultados de las auditorías que realizan sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD) detectaron situaciones entre “disparatadas” y “escandalosas”.
Un porcentaje de esos beneficios -sobre todo en los beneficios otorgados por Discapacidad Laboral-, que podría ascender y hasta superar el 50%, habrían sido otorgadas como una política de “subsidios discrecionales” en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta.
Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales. Una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”, una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.
Las auditorias en marcha
El 12 de febrero pasado el gobierno de La Libertad Avanza, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando la cartera a cargo de Mario Lugones se enviaron las 300.000 primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877.
De las 221.189 que no se entregaron fue porque:
-El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven
– El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
– 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
– 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
– 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
– 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento. Una alta fuente de la ANDIS le dijo a este medio que: “Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.

Según las cifras que la cartera de Lugones hizo pública las auditorías sobre este tipo de pensiones es un “proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024″.
Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la ANDIS se mantienen, el gobierno de Javier Milei “espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″. Esto es más de 700 millones de dólares.
Recurso de amparo
Las auditorias en marcha generan controversia. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), patrocinada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.
La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.
También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.

La demanda detalla una serie de episodios ocurridos en marzo y abril de 2025 en distintas provincias que, según el escrito, constituyen tratos inhumanos hacia personas con discapacidad. En Quilmes, se documentaron largas filas bajo el sol sin agua ni sombra, lo que provocó descompensaciones. “En Morón, los convocados esperaron hasta diez horas para ser atendidos durante una ola de calor”. En Villa Ocampo, las auditorías colapsaron el sistema público de salud y obligaron a los beneficiarios a trasladarse a Reconquista. En el departamento 9 de Julio (Santa Fe), algunos debieron recorrer hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.
Aumento desproporcionado en pensiones
Desde la Casa Rosada sospechan que en las últimas dos décadas los gobiernos, en especial kirchneristas, utilizaron el otorgamiento de este tipo de beneficios para realizar política. “Las estadísticas no mienten -sostiene Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice y agrega: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.
El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. La norma redefine los requisitos para acceder al beneficio, exige una incapacidad total y permanente del 76% o más, y crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes) y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Y se autoriza a que pueda intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”.

Estas medidas forman parte de un proceso de auditoría impulsado por el Gobierno para controlar el universo de más de 1,2 millones de pensiones vigentes, tras detectar múltiples irregularidades en la entrega del beneficio durante gestiones anteriores.
También se derogó el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles y que, según el Gobierno, había facilitado la inclusión de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos. La nueva legislación impone que: “Todos los beneficiarios deberán revalidar su condición mediante una declaración jurada actualizada y una nueva evaluación médica” y “se fija un plazo obligatorio para reinscribirse, tras el cual los beneficios podrán suspenderse o darse de baja”.
El decreto también especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que:
-Estén detenidas o prófugas de la justicia.
-Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación.
-Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles.
El cambio de modalidad para otorgar las nuevas Pensiones No Contributivas y las auditorías fueron adoptados por la Casa Rosada tras conocerse los resultados de un relevamiento preliminar que arrojó cifras alarmantes: cerca del 80% de los beneficiarios relevados “no cumplen con las condiciones necesarias” para recibir la pensión otorgada por el Estado Nacional. Según datos oficiales a los que accedió Infobae, las irregularidades detectadas incluyen la asignación de pensiones a personas que no presentan las discapacidades declaradas, lo que genera “un gasto significativo e injustificado”, tal la definición de Spagnuolo.
Entre algunos ejemplos de esas irregularidades los informes reflejan que:
-212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
-331 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones. (ver nota aparte).
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POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno encapsula el error no forzado del artículo 44 y busca frenar reclamos de último momento

Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.
A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.
El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.
Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.
La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.
“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresas. Son 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.
En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.
Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.
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POLITICA
Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este miércoles 18

Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.
Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que pone como ejemplo “no ponerse entre focos violentos y el personal de las fuerzas”.
Por Jaime Rosemberg
Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.
“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.
Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.
Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.
Por Nicolás Balinotti
Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.
Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.
Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.
El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.
“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.
“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.
Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.
Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.

Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.
La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
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Debate por la reforma laboral en Diputados: el miércoles se reúnen las comisiones y el Gobierno busca que sea ley antes del 1 de marzo

Luego de la media sanción del Senado a la reforma laboral, el oficialismo busca agilizar el debate del proyecto en Diputados. La iniciativa, que se tratará este miércoles en plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda) de la Cámara Baja, sufrió una modificación importante: se eliminó el polémico artículo 44, que cambiaba el régimen de licencias. Durante el mediodía del martes, el Gobierno decidió retirar por completo el artículo ante la insistencia de los aliados y dialoguistas.
Tras este cambio, el oficialismo apuesta a firmar el dictamen en el debate en las comisiones lideradas respectivamente por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, para luego llevar el proyecto al recinto el jueves. El objetivo del oficialismo es convertir en ley una de sus iniciativas clave antes del 1 de marzo, día de inauguración de las sesiones ordinarias, con la exposición del presidente Javier Milei en el Congreso.
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Como anticipó TN, el oficialismo buscaba que el proyecto se apruebe tal como viene del Senado para dejar el camino allanado a la sanción. No obstante, los bloques de la oposición presionaron por cambios, entre ellos el PRO, liderado por Cristian Ritondo, principal aliado de los libertarios en el Congreso.
El jueves abrirán el recinto para sancionar con modificaciones el proyecto y por tal motivo el debate regresará al Senado. La Cámara Alta deberá aceptar esas modificaciones, la senadora Patricia Bullrich ya diagramó para este viernes y siete días más tarde, como exige el reglamento del Cuerpo llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero.
Los libertarios integrantes del Senado y de Diputados vienen reuniéndose desde hace varios días, pero este martes se terminó de diagramar la estrategia parlamentaria. Para ello fue fundamental la reunión de este lunes en la Quinta de Olivos entre la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el jefe de Estado, Javier Milei.
Los cambios que pide la oposición
El jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja advirtió que hay más pedidos: “Vamos a pedir en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”.
Ritondo criticó los cambios al proyecto inicial del oficialismo: “Hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto de reforma laboral (en el Senado), y hay cambios con los que no estoy de acuerdo».
El reclamo choca de lleno contra la postura del bloque violeta. De hecho, la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, le envió un fuerte mensaje a la oposición dialoguista al anticipar que no aceptarán cambios al proyecto: “La ley ya está, es esta”. Pero luego consensuaron eliminar el artículo que modificaba las licencias médicas.
Además del PRO, otros espacios también buscarán cambios en el proyecto, como Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, que trabaja en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco del espacio está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
También, legisladores de provincias productoras, en especial Córdoba y Santa Fe, preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
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