POLITICA
El Gobierno anunció que apelará la decisión de la Justicia de anular el protocolo antipiquetes: «No vamos a dar un paso atrás»
El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Ante esto, el Gobierno adelantó que apelará la decisión. Se comunicó a través de un posteo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió en X.
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“Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, siguió la ministra.
Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Lo mismo comunicaron en la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.
Qué dice el fallo
En su fallo, el juez señaló: “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.
La reacción de los denunciantes
“La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, destacó el CELS en un posteo en su cuenta de la red social X.
Según indicó, “el juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle ‘instrucciones a la policía’, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”.
“El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, agregó.
La última vez que se aplicó el protocolo antipiquetes fue a mediados de diciembre, en la marcha de la CGT contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. En ese entonces, ya con la ministra Alejandra Monteoliva al frente de la cartera de Seguridad.
Una causa que aún está en curso por la aplicación de ese procedimiento es la que busca determinar los hechos sucedidos durante la marcha del 12 de marzo cuando el reportero gráfico Pablo Grillo estaba a metros del edificio del Anexo del Senado, en las intermediaciones del Congreso, y mientras intentaba capturar imágenes del momento, recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso.
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Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, escribió en X que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla” y celebró como “un gran avance contra la represión” el fallo judicial.
“Comienzan restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, destacó, pero advirtió que “si se hubieran animado antes”, cuando Bullrich aún estaba al frente de la cartera de Seguridad, “se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”. “Ya era hora de que ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado”, completó.
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POLITICA
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
En medio de una investigación judicial por el escándalo de las coimas en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra al círculo más cercano de Javier Milei, se anunció el cierre del organismo.
Así lo indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada. De todos modos, el funcionario aclaró que las prestaciones de la ANDIS serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
Un exfuncionario de la ANDIS responsabilizó a Diego Spagnuolo por las presuntas coimas
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, dijo el ex vocero presidencial este martes.
En esa misma línea, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Coimas en la ANDIS: un exfuncionario admitió que las compras de medicamentos estaban direccionadas
“Provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”, continuó Adorni en su descargo.
A lo que sumó: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.
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POLITICA
Luego del escándalo por el caso de supuestos sobornos, Milei disuelve la agencia de Discapacidad
El Gobierno confirmó este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no existirá más como tal y pasará a ser un área del Ministerio de Salud. La dependencia causó uno de los problemas más grandes a Javier Milei en estos primeros dos años de gestión, luego de que se filtraran audios que se le adjudicaron a su entonces titular, Diego Spagnuolo, que en ese momento era un funcionario de confianza del Presidente e incluso había oficiado como su abogado.
La novedad fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien todavía es vocero y hoy dio su última conferencia del año. “La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, remarcó Adorni.
Según pudo averiguar , el área -que era un organismo descentralizado- pasará a ser una secretaría dentro del Ministerio de Salud, que conduce Lugones, un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, el principal asesor presidencial.
A cargo de la secretaría quedará Alejandro Vilches, quien se desempeñaba como interventor en la agencia.
El caso estalló en plena campaña con la difusión de los audios grabados de manera clandestina y atribuidos a Spagnuolo, en los que se aseguraba que tanto la secretaria general, Karina Milei, como su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, cobraban coimas en la Andis de parte de las farmacéuticas, a través de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.
En la Casa Rosada, a través de distintas versiones, negaron siempre esas acusaciones, que tramitan en una causa judicial que llevan adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y que por ahora no involucra ni a Karina Milei ni a Menem.
Por su parte, el Presidente echó a Spagnuolo del cargo y, después de que el caso llegara a los tribunales, la gestión de Milei dispuso la intervención, a cargo de Vilches, que era secretario de Gestión Sanitaria y fue presentado en ese momento como médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada. En el Gobierno aseguran que información que se documentó en ese procedimiento ya se presentó en la Justicia.
En tribunales, el expediente avanza y durante diciembre se desarrolló una nueva ronda de indagatorias solicitada por la fiscalía, sobre la base de nuevos elementos y conversaciones que complican la situación de Spagnuolo y de Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador extraoficial en la agencia y cuya familia (que en parte también tenía puestos en el Estado) está implicada en la causa.
Mientras tanto, continúa sobre Discapacidad la auditoría que dispuso el Gobierno y que, dicen en Casa Rosada, se realiza en conjunto entre Salud y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
En tanto, en el ministerio a cargo de Lugones afirman que las partidas que en el Presupuesto 2026 recién aprobado por el Congreso estaban destinadas a Andis, ahora pasarán directamente a la secretaría que comandará Vilches.
Pese a ser este un tema de altísima sensibilidad social, el Presidente no tuvo medias tintas para vetar la ley de emergencia en discapacidad que salió este año con amplio respaldo del Congreso, porque aseguró que rompía el equilibrio fiscal. Eso incluso más allá del reclamo de las familias y pacientes que denunciaron que el ajuste cayó directamente sobre las prestaciones.
Tras la modificación anunciada hoy, que ya generó reparos en la oposición, en Balcarce 50 insistieron con que esta transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”.
“La medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias. Representa un cambio profundo en la forma de gestión que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica”, sentenciaron, para defender la decisión.
Por su parte, Adorni evitó hablar de la causa judicial, pero argumentó que, producto de la “autonomía” que gozaba la Andis desde 2017, cuando se creó, se generaron “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.
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POLITICA
Desde el Gobierno sostienen que Villarruel habría frenado la designación de Milman en el Senado para complicar a Bullrich
La relación entre la Casa Rosada con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, continúa siendo de ruptura absoluta. A la vez que el presidente Javier Milei decidió congelar el sueldo de la titular del Senado, dos miembros de la Mesa Política del Gobierno la acusaron de frenar el nombramiento de Gerardo Milman, hombre de Patricia Bullrich, como director dependiente de la Presidencia Provisional del Senado.
“Habría acordado con el kirchnerismo y frenado el nombramiento”, marcó una fuente inobjetable de la Casa Rosada. Otra altísima fuente acusó: “Lo hacen con una persona atacada y declarada inocente por la justicia, que le inventaron la participación en el atentado a Cristina”. En el entorno de Villarruel desmienten tajantemente la versión. “No tenemos ningún tipo de injerencia en ese tipo de decisiones”, alegaron a Infobae.
“Gerry” Milman es un exdiputado nacional que pertenece al equipo político de Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Durante la investigación por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, desde sectores del kirchnerismo realizaron acusaciones que vinculaban al dirigente con una presunta responsabilidad en la planificación del caso. Días atrás, la Cámara Federal porteña confirmó el archivo parcial de la investigación y consideraron que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de supuesta autoría intelectual del hecho, ni para seguir produciendo medidas de prueba.
Una semana atrás se dio a conocer que Milman fue propuesto para un cargo directivo en el Senado de la Nación: la Presidencia Provisional, a cargo de Bartolomé Abdala, formalizó la solicitud para que asuma como Director de Relaciones con las Provincias, según un memo interno firmado este viernes. “Lo único que hay de Milman es un memo”, aclararon desde la Presidencia del Senado, marcando que no hubo ninguna formalización del caso.
La entrada en escena del exdiputado resulta un cable de altísima tensión con el kirchnerismo. El solo trascendido previo a la sesión del Senado del último viernes hizo que senadores de la talla de Anabel Fernández Sagasti lo incluyeran en sus alocuciones. “Nos estamos enterando de que mientras al Senado de la Nación le ponen cero presupuesto para funcionar, por la ventana meten ñoquis con asesores de La Libertad Avanza como Milman. Espero que los gustos raros de Milman no los tengamos que pagar nosotros con los cero pesos del Senado”, esgrimió.
El documento, identificado como Memo HSN-0089869/2025 y fechado el 26 de diciembre, establece que la designación de Milman se encuadra dentro de la estructura administrativa de la Presidencia Provisional y actualmente se encuentra en estado “pendiente – visto”, aguardando los procedimientos administrativos necesarios. Este pedido ingresó al sistema bajo el expediente CCA-HSN-0019566/2025.
La función propuesta, según el texto oficial, se orienta a fortalecer la articulación institucional entre el Senado y los gobiernos provinciales. El área en cuestión depende directamente de la Presidencia Provisional de la Cámara alta.
Hay versiones que hablan de que el nombramiento de Milman dificulta enormemente el diálogo con el kirchnerismo, que ya se vio en los nombramientos que se realizaron días atrás en la Auditoría General de la Nación (AGN). Entre las tres ternas que salieron de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró colocar a una figura propia, Unión por la Patria a otra y una representante en nombre del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la restante. Los dos espacios mayoritarios votaron aquella cuestión, marginando la posición del PRO y de partidos minoritarios como la Unión Cívica Radical.
En tanto, Milei decidió mantener congelados su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado, pese al aumento que recibirán otros miembros del Gabinete. La medida fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae, que explicaron que la decisión responde a que «fueron los únicos elegidos por la gente“.
Mientras los cargos jerárquicos como ministros, secretarios y subsecretarios verán por primera vez un incremento salarial desde el inicio de la gestión, producto de una caída del 60% en el poder adquisitivo motivada por la inflación acumulada desde diciembre de 2023, la fórmula presidencial quedará autoexcluida por este decreto, que se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero.
La vicepresidenta ya había expresado en redes sociales su malestar por la situación: “Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, publicó en su cuenta de Instagram a inicios de 2025. Además, aseguró que no tenía autorización para “ganar un sueldo digno a su función”.
El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa una crisis sin vuelta atrás. La comunicación entre ambos se cortó meses atrás, y con la salida de Guillermo Francos como mediador, la nueva senadora Patricia Bullrich busca ahora mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado argentino profundizó el aislamiento de Victoria Villarruel, quien quedó al margen de las negociaciones y decisiones clave durante la sesión de este viernes, al tiempo que se evidenció la fragmentación interna en la Casa Rosada.
La sesión dejó ver la fractura oficialista también en la conducta de figuras como Ezequiel Atauche, quien alternó su alineación entre Bullrich y Villarruel. Durante el debate, Atauche destacó el aporte de “Santilli, Bullrich y Martín Menem” y redujo el papel de la vicepresidenta a un “rol institucional”.
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