POLITICA
El Gobierno anunció un arancel anual para el registro de sistemas satelitales en Argentina
A través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Gobierno estableció un arancel anual por el registro de sistemas satelitales operando en el territorio nacional, explicando que esta medida garantizará una “mayor libertad al sistema para su desarrollo”.
La decisión se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 608/2025, que lleva la firma de Juan Martín Ozores, el interventor del Ente, y establece un nuevo arancel anual para los sistemas satelitales que operen en Argentina. Este ajuste, que se alinea con la reglamentación vigente desde la modificación de la Ley 27.078, tiene como objetivo garantizar la operatividad del Registro para la Provisión de Facilidades Satelitales, impulsando al mismo tiempo la inversión en infraestructura nacional en este sector.
El arancel que deberán pagar los operadores es de 10 mil dólares anuales o el equivalente en pesos argentinos, conforme al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina, una cifra que se deberá abonar antes del 1 de febrero de cada año.
Sin embargo, aquellos que registren un sistema satelital que incluya una estación terrena maestra o de telemetría en el territorio nacional se beneficiarán con una reducción del 50% sobre este monto.
Este ajuste en las tarifas también busca incentivar la instalación de estaciones terrenas dentro del territorio argentino. Este enfoque tiene como fin fortalecer la infraestructura local y fomentar la autonomía tecnológica en el sector de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la normativa, los operadores que ya se encuentren registrados deben abonar este nuevo arancel dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la medida. En caso de que la notificación se haga después del 1 de julio, se aplicará una reducción proporcional del arancel correspondiente a ese año.
La resolución se enmarca dentro de un contexto de reforma y actualización del sector de las telecomunicaciones y de los servicios satelitales en el país. En este sentido, consideraron clave para el desarrollo del sistema de comunicaciones, en el cual el ENACOM asume el rol de autoridad de aplicación de la ley que regula los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como parte de los esfuerzos para asegurar el uso adecuado de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias con otros sistemas.
En línea con lo dispuesto en la normativa, la decisión también refleja la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, declarada hasta el 31 de diciembre de 2025, que abarca diversas áreas, incluidas las tarifas y la regulación de los servicios públicos.
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A principios de abril, el Gobierno oficializó la actualización de la reglamentación y simplificación de los requisitos para las empresas que deseen prestar servicios satelitales en la Argentina. Starlink, de Space X, la empresa de Elon Musk, ya se comercializa en el país, y, como adelantó esta semana Infobae, a fin de año comenzará a funcionar Project Kuiper, de Amazon, que venderá Directv a nivel local y en la región.
Las medidas fueron plasmadas a través de la Resolución 58/2025 que publicó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Boletín Oficial.
“Con el objeto de simplificar, optimizar y brindar transparencia a los procedimientos administrativos asociados a la provisión de facilidades satelitales y a la prestación de servicios satelitales, se considera necesario adecuar y unificar el texto de la Parte I denominada Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales, referida a la Provisión de facilidades satelitales por los satélites geoestacionarios en el servicio Fijo y de Radiodifusión por Satélite”, dice la norma.
Con el nuevo reglamento se unifica el procedimiento para el registro tanto de los satélites geoestacionarios (orbitan a más de 35.000 kilómetros sobre la línea del Ecuador como son Arsat I y II) como los no geoestacionarios (órbita baja), que son los que proveen servicios como los de Starlink y Project Kuiper.
“Contar con un mercado de facilidades satelitales más amplio, puede facilitar a los Licenciatarios TIC el acceso a sus redes”, explicaron fuentes oficiales a este medio.
Con la nueva reglamentación se cobrará un arancel fijo anual, lo que dará previsibilidad a las empresas para enfrentar costos (antes dependía de los ingresos de las empresas por los contratos celebrados).
POLITICA
Denuncian a Adorni por un contrato de la consultora de su esposa con una naviera y por dos licitaciones bajo su órbita
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, suma problemas judiciales. La diputada libertaria disidente Marcela Pagano denunció que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.
El escrito abarca presuntas irregularidades en distintas áreas del Gobierno, pero el centro de la acusación habla de conflicto de intereses que implican a una naviera, National Shipping SA, proveedora de YPF que contrató los servicios de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti.
Fuentes de la compañía consultadas por explicaron que desde 1998 la empresa naviera tiene contratos de manera ininterrumpida con YPF, a la que le provee servicios de transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos livianos, al igual que a otras petroleras.
Según indicaron, la consultora +BE, de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000, informaron.
Puntualizaron que Adorni fue designado director titular Clase A de YPF tiempo después, el 30 de enero de 2026. En 2025 era secretario de Medios y ascendió a jefe de Gabinete el 5 de noviembre. Es decir, los contratos entre +BE y National Shipping SA se sellaron con Adorni siendo funcionario.
Pagano, en su denuncia, habla de un “circuito triangular de flujos económicos”. La denuncia quedó radicada en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo.
Por un lado, menciona a la naviera National Shipping, empresa de los hermanos Virasoro que se dedica al transporte marítimo de hidrocarburos, protegidos por la ley de cabotaje que obliga a usar barcos de bandera argentina para llevar nafta, diésel y crudo entre dos puertos argentinos. Según la denuncia de Pagano, estos contratos navieros alcanzarían unos 140 millones de dólares anuales.
Pagano afirma en el escrito que presentó en la Justicia que la empresa que contrató a su esposa percibe pagos de la petrolera de la que Adorni es director. “Le retorna parte de esos fondos —bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría— a la empresa de su cónyuge”, dijo la diputada.
La firma aclaró que los contratos entre YPF y National Shipping SA no son de ahora, sino que datan de hace 28 años y que Adorni fue designado en YPF meses después de que su esposa brindara los servicios de coaching.
La denuncia plantea investigar la evolución patrimonial de Adorni, pues su sueldo está congelado a 2023, pero su patrimonio habría registrado un crecimiento.
Para justificar su nivel de vida, Adorni habría declarado “deudas significativas con cuatro acreedores privados”, entre los que se incluyen familiares directos.
Además del contrato con la naviera, Pagano expuso otras presuntas irregularidades, La denuncia menciona nexos entre Tecnópolis, el Grupo Foggia y una asesora presidencial. Pagano mencionó la concesión por 25 años del predio de Tecnópolis, estimada 183.000 millones de pesos.
El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Adorni. Entre las empresas preseleccionadas está DirecTV Argentina S.A., que se presentó asociada con el Grupo Foggia.
La denuncia señala que el Grupo Foggia (del empresario Marcelo Dionisio) es cliente de la consultora de la esposa de Adorni.
A esto se suma que Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia bajo la órbita de Karina Milei, es pareja de Marcelo Dionisio, fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y seguiría siendo apoderada de la firma.
Entre los clientes de la consultora de la mujer de Adorni, Pagano menciona al Grupo Datco, empresa tecnológica y de telecomunicaciones.
La denuncia resalta que Datco le presta servicios a numerosos organismos que están bajo la supervisión de Adorni como jefe de Gabinete, como la ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.
Y describe la denuncia un posible entramado de “simulación de competencia” en millonarias licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas por Adorni cuando era secretario de Comunicación.
En una adjudicación por más de 3650 millones de pesos, compitieron empresas que -según la denuncia- estarían vinculadas. Pagano detectó nexos entre ATX S.A. (la ganadora, presidida por Rubén Santiago Ward) y Area Tech S.A. (excluida, presidida por Pablo Javier Casal).
Casal fue empleado de Ward, ambos estuvieron vinculados a la empresa Lugalu S.A. y las tres sociedades tendrían el mismo domicilio en Parque Patricios.
También se detectaron nexos entre otros oferentes como Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, que estarían controladas por la misma familia.
Bettina Julieta Angeletti,@madorni,March 16, 2026,Hernán Cappiello,Manuel Adorni,Conforme a,,Se reactiva la comisión investigadora. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,$LIBRA. Aparecen más contratos entre Novelli, Davis y otros emprendedores que buscaban aprovechar el vínculo con Milei,,Piden la intervención de Milei. Adorni denunció un complot interno y Santiago Caputo teme que le quiten la SIDE y ARCA,Manuel Adorni,,En Córdoba. Sin menciones a $LIBRA, Milei defendió su gestión económica y prometió bajar la inflación,,La interna libertaria. Adorni afirmó que el video del avión a Punta del Este surgió de “puertas adentro” del Gobierno,,»Miente y es burro». Bianco atacó a Milei por justificar a Adorni y pidió la libertad de Cristina
Los gremios de docentes universitarios y no docentes realizaron un nuevo paro este lunes, en la primera de una serie de medidas de fuerza para reclamar mejoras salariales en las universidades públicas. La protesta, organizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, cuenta con la adhesión de Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Fatun, UDA y CTERA. Se prevé que en las próximas semanas se convoque a una marcha federal universitaria con la participación de estudiantes y otros sectores.
Desde este lunes y hasta el sábado 21 de marzo no habrá clases en las universidades públicas de todo el país. La decisión se comunicó el último viernes tras un acuerdo de las federaciones sindicales mencionadas. El plan de lucha se implementa en el inicio del cuatrimestre y contempla una marcha federal universitaria, además de la participación de estudiantes y trabajadores en jornadas de protesta.
Además, el Congreso de Conadu dispuso la profundización del plan de lucha con un paro universitario de una semana que se extenderá para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril. El Plenario de secretarios y secretarias generales quedó facultado para convocar a medidas urgentes si avanza el debate parlamentario sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
El cronograma de paros afecta a todas las universidades nacionales, con suspensión total de actividades durante los días previstos. La decisión cuenta con respaldo de los principales sindicatos, entre ellos Conadu y Fagdut, que confirmaron huelgas de cinco días hacia fines de marzo y abril. Fatun, que representa al personal no docente, adoptó una medida similar que se extiende hasta el 23 de abril. Fedun adhirió al cese de actividades del lunes 16 y anticipó nuevas protestas para las semanas siguientes.
En paralelo, el Frente Sindical acordó una marcha federal universitaria con fecha tentativa para el 23 de abril, organizada junto a estudiantes y trabajadores. Además, se instalará una carpa federal en defensa de la universidad pública y la soberanía, buscando mostrar el conflicto y la necesidad de articular con organizaciones territoriales.
Referentes gremiales subrayaron que el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad mientras persista el conflicto salarial y presupuestario. Las federaciones advirtieron que las medidas de fuerza continuarán si no se atienden los reclamos de recomposición de haberes y convocatoria de paritarias.
El debate por la Ley de Financiamiento Universitario
Durante el primer semestre de 2024, docentes y no docentes de las universidades nacionales denunciaron una pérdida salarial cercana al 40% en los dos años de gestión del presidente Javier Milei. El Frente Sindical sostiene que el Poder Ejecutivo incumple la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente en lo relativo al ajuste automático de salarios y becas conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada en octubre de 2025 tras seis votaciones parlamentarias y varias marchas federales, obliga al Estado a actualizar salarios y becas estudiantiles por inflación, ajustar gastos de funcionamiento y garantizar partidas para hospitales, ciencia y técnica. Además, establece la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. El impacto fiscal de la norma representa el 0,23% del Producto Bruto Interno, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo de análisis fiscal.
Tras su sanción, el Gobierno suspendió la aplicación de la ley en el mismo decreto que la promulgó, aunque la Justicia ordenó su implementación “inmediata” en diciembre, a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), máximo órgano de coordinación de las universidades públicas argentinas.
A pesar de la orden judicial, el Poder Ejecutivo presentó a fines de febrero un proyecto alternativo que modifica varios aspectos centrales de la ley vigente, aunque no la deroga. Entre los puntos más controvertidos está la propuesta de un aumento salarial del 12,3% en tres cuotas durante marzo, julio y septiembre, lejos del 51% requerido por la ley aprobada. El último relevamiento del Banco Central estima una inflación del 26,1% para este año, lo que, según los sindicatos, implicaría una nueva reducción del poder adquisitivo si se aplican los porcentajes ofrecidos.
La reforma oficialista mantiene la convocatoria de paritarias cada tres meses, pero elimina la actualización mensual por inflación y no reconoce la caída de 2024. En cuanto a los gastos de funcionamiento, solo prevé actualizaciones si la inflación supera el 14,5% anual y establece una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios, sin incrementos para becas, ciencia o extensión.
Los rectores de las universidades nacionales expresaron su malestar ante la reforma propuesta, aunque algunos admiten que podría funcionar como una salida transitoria para evitar la derogación total de la Ley de Financiamiento Universitario. Una fuente universitaria de alto rango indicó a Infobae que el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para sostener un veto y que, ante ese escenario, la reforma “al menos permite recuperar parte de lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar partidas para gastos y hospitales”.
Mientras tanto, el conflicto universitario iniciado en 2024 afecta a más de 2 millones de estudiantes en todo el país y se enmarca en un recorte presupuestario que, según datos del Ministerio de Economía, redujo en 28,9% en términos reales los fondos destinados a la educación superior entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Los salarios representan aproximadamente el 90% del gasto universitario.
Durante los últimos dos años, los ingresos del personal docente y no docente sufrieron una caída de 34% en promedio, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El mayor deterioro se verificó en el primer semestre de 2024 y no fue recuperado en los meses posteriores. La mayoría de los trabajadores universitarios percibe sueldos inferiores a 1.300.000 pesos.
Cuánto cobran los docentes universitarios
En el escalafón docente, el salario bruto básico para un titular con dedicación exclusiva es de 1.456.091 pesos, mientras que un asociado alcanza 1.295.710 pesos, un adjunto 1.135.896 pesos, un jefe de trabajos prácticos 975.510 pesos y un auxiliar de primera 814.961 pesos.
Entre los docentes con dedicación semiexclusiva, los sueldos oscilan entre 728.046 pesos para un titular y 407.479 pesos para un auxiliar de primera. En dedicación simple, los ingresos bajan aún más: un titular percibe 364.022 pesos y un auxiliar de segunda, 162.991 pesos.
El personal no docente tiene una escala que va desde 1.878.437 pesos en la categoría 1 hasta 626.146 pesos en la categoría 7. El informe del CEPA detalla que, tomando enero de 2026 como referencia, la canasta básica alimentaria era de 623.990 pesos, mientras que la línea de pobreza para un hogar tipo se situaba en 1.360.299 pesos.
marcha universitaria congreso
POLITICA
$LIBRA: los diputados de la comisión investigadora acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa
A la luz de las últimas revelaciones del caso $LIBRA, que dan cuenta de la vinculación activa del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los responsables de la presunta estafa, los diputados opositores que integraron la comisión investigadora acusaron al jefe del Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.
Asimismo, los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal para que sea relevado del caso. Le achacan los delitos de entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados.
Además, los diputados opositores anunciaron que reabrirán la investigación del caso por medio de una “comisión investigadora ad hoc”, ya que el oficialismo y sus aliados difícilmente avalen con su mayoría la continuidad de las pesquisas legislativas.
“Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y y una clara malversación de la investidura presidencial. El caso $LIBRA tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presidente de la comisión investigadora hasta que ésta finalizó su labor en noviembre pasado.
“Está absolutamente probado con claridad que el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente -enfatizó-. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.
“Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del presidente -agregó-. Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación, y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la justicia y ante ante este Congreso de la Nación».
El escándalo que salpica al presidente ya lleva más de un año: estalló el 14 de febrero del año pasado, cuando el presidente Milei promocionó en un tuit la criptomoneda $LIBRA destinada, en principio, a crear un fondo de financiamiento para las pymes argentinas.
Cinco horas después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado” de dicho proyecto: en ese lapso la criptomoneda, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, había generado enormes ganancias a quienes vendieron sus tenencias mientras subía y grandes pérdidas -calculadas en al menos U$S 100 millones- con el derrumbe.
En esta operación participaron el presidente Milei –quien posteó el contrato para adquirir la criptomoneda en la red social X–; los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el creador del proyecto, el empresario norteamericano Hayden Davis. En un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.
En el caso también aparece involucrada la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien habría facilitado los encuentros entre el Presidente, los lobistas y los creadores del proyecto. La Secretaría General figura en los registros como quien autorizaba los ingresos de los empresarios cripto.
El escándalo tuvo un nuevo giro el viernes pasado con la revelación del peritaje judicial sobre el teléfono de Novelli, el cual da cuenta de los múltiples contactos del trader Novelli con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo -antes, durante y después del tuit presidencial que le dio vida pública a la moneda virtual $LIBRA.
El peritaje sobre el teléfono de Novelli demuestra que solo ese 14 de febrero Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron un total de 13 minutos y 10 segundos. Karina Milei participó en otras 6 llamadas. Hubo contactos en los minutos previos al tuit original de Milei, coincidente con el lanzamiento del criptoactivo, y en los instantes inmediatamente posteriores.
“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, anticipó Ferraro. Los legisladores también requerirán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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