Nadie lo vio el lunes caminando por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. Fue raro y excepcional. Pero el juez Carlos Mahiques desarmó el misterio cuando anunció, ya en horas de la noche de ese lunes ausente, que se apartaba del caso relacionado con el enorme escándalo de la AFA. Había transcurrido un día y medio desde que , en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, revelara que ese magistrado había celebrado en noviembre pasado sus 74 años en la monumental quinta de Pilar que se atribuye al jefe de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su principal colaborador y tesorero de esa organización, Pablo Toviggino.

Mahiques integraba el tribunal de la Cámara de Casación (la más alta instancia penal del país) que debía resolver si la investigación sobre la titularidad de esa inmueble, formalmente registrado a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero que se presume fungieron como testaferros de Tapia o Toviggino, debía caer en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que es lo que querían los investigados dirigentes del fútbol, o si volvía al despacho del juez en lo Penal Económico de la Ciudad Marcelo Aguinsky, con fama de más independiente.

Durante ese lunes ingrato, Mahiques descubrió que “razones estrictamente funcionales” lo obligaban a renunciar a ese tribunal de Casación que resolvería sobre la competencia del juez de la AFA, del que era juez subrogante, aunque continuará en el tribunal del que es miembro titular. En su renuncia, no existe una sola línea aclaratoria de lo que pasó con su cumpleaños y la fastuosa quinta de Pilar, donde seguramente fue hospedado por sus auténticos dueños. Los pobres testaferros que figuran en las escrituras no deben ni saber que existe Mahiques. Tampoco consignó un pedido de disculpas público por semejante escándalo judicial.

Cerca de Mahiques, patriarca de una dinastía de magistrados, solo lo justificaron señalando que su festejo fue en noviembre y que el desenfreno público por los inexplicables manejos de demasiado dinero en la AFA sucedió en diciembre. ¿Cómo? Hasta los que no saben de fútbol, sí saben que en la dirigencia del fútbol argentino (y también en el mundial, al menos en el pasado) existen prácticas corruptas. Repitamos: son los dirigentes de la burocracia del fútbol, no los jugadores del popular deporte los que están bañados por la mancha del escándalo, aquí y en cualquier otra parte del mundo.

Mahiques, quién negó atrevidamente que haya existido esa fiesta, le dijo también a Alconada Mon: “¿Y si fuera cierto, cuál sería el inconveniente?”. Puso el mismo énfasis para separar su vida privada de su gestión como juez. Vale la pena recordar los Principios de Bangalore, que se escribieron para guiar la conducta de los jueces. Cuando ese estatuto se refiere a la independencia de los jueces, dice en su artículo 1.2: “Un juez deberá ser independiente en relación con la sociedad en general y en relación con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez”. Quiere decir que Mahiques debió excusarse de opinar sobre la cuestión de la AFA antes de que se conociera que él había festejado su cumpleaños en una propiedad de los caudillos de la AFA. No lo hizo. Si pasa, pasa. Principios de Bangalore: “Un juez exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial”. Otro párrafo de ese decálogo: “Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismos, predisposición o prejuicios”. Uno más: “La corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez”.

El problema no es solo Mahiques. Numerosos jueces y fiscales estaban (¿están?) vinculados fuertemente con la AFA, a tal punto que la prestigiosa Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidió públicamente que los magistrados se apartaran de la organización del fútbol. De hecho, hace 20 días le requirió al jefe de los fiscales, el procurador Eduardo Casal, que le ordenara al fiscal Ramiro González que abandonara el Tribunal de Ética de la AFA, quien había renunciado a ese puesto en silencio, a fines del año pasado, tras la proyección del escándalo en el fútbol.

Ramiro González también cayó abatido por un fiesta fastuosa y millonaria para celebrar sus 60 años. Los cumpleaños son la perdición de quienes deben interpretar las leyes y hacer justicia. González fue denunciado ante la Justicia por los gastos de esa fiesta, pero una colega suya, la fiscal Paloma Ochoa, pidió que se desestimara el caso. Sin impulso de la fiscal, el juez Sebastián Casanello no tuvo otra alternativa que archivar la denuncia.

El jefe de los fiscales de la Capital, Juan Bautista Mahiques, hijo del juez, también ocupaba un cargo, el de vicerrector, en la Universidad de la AFA, una audaz y reciente creación del encartado Tapia.

El presidente de la AFA llamó a una huelga de partidos de fútbol por el solo hecho de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante llamó a indagatoria y les ordenó la prohibición de salir del país a Tapia y a Toviggino, luego de recibir una denuncia del ARCA (ex-Afip) por presunta evasión tributaria y de los aportes previsionales. Jueces y fiscales amigos rodean a esos personajes. ¿Por qué lo castigan a Tapia con tanta saña, entonces, si tiene tantos magistrados cerca? La decisión de un juez merece una huelga. Tapia es desmesurado hasta para (no) entender la misión de las instituciones.

La lista de magistrados ligados a la AFA es mucho más amplia. El presidente del Tribunal de Ética de la AFA sigue siendo, por lo menos en la página web de la organización del fútbol, otro juez de la Cámara de Casación: Diego Barroetaveña, quien anunció en diciembre que renunciaba a ese cargo después de que estallara el millonario escándalo que tiene atrapados a los máximos dirigentes del fútbol. Su nombre continúa figurando como presidente de ese tribunal. Según la página oficial de la entidad, el fiscal Ramiro González sigue integrando ese mismo Tribunal de la AFA. El juez de la Cámara Federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci es miembro del Tribunal de Resoluciones de Disputas de la AFA, y el también camarista federal tucumano Ricardo Sanjuan es otro miembro del Tribunal de Ética. Y ya anunciaron su renuncia el camarista federal de San Martín Néstor Barral, quien formaba parte del Tribunal de Ética de la AFA, y Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional de la Capital. El camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. Este Fernández es hermano de Javier Fernández, a quien se le atribuye una histórica influencia en los tribunales, sobre todo durante el largo kirchnerismo. “Soy un soldadito del peronismo”, se dibujó a sí mismo el propio Javier alguna vez.

Ante tanta promiscuidad entre jueces y la perdurablemente cuestionada AFA, un último párrafo de Bangalore: Un juez no debe “servir como miembro de cualquier cuerpo oficial, o de otras comisiones, comités o cuerpos asesores, si tal condición de miembro es inconsecuente con la imparcialidad percibida y con la neutralidad política de un juez”. Los cargos en la AFA son ad honorem, pero las entradas para partidos de fútbol, los viajes y los hospedajes son costosos regalos.

¿Qué hacen esos jueces en una organización que todos sabían que caería en investigaciones judiciales, más pronto que tarde, según el más elemental sentido común? ¿Por qué un juez como Mahiques arriesgó su carrera judicial por el fastuoso lugar para festejar su cumpleaños? “Hubo una excusación implícita con su renuncia al tribunal”, lo defendió ayer un colega suyo. Puede ser, pero −debe reiterarse− eso ocurrió después de que se conoció la escandalosa información. Otra defensa que se escuchó sobre la actitud del juez Mahiques es la diferencia de su actitud con la del juez federal Ariel Lijo, quien no reaccionó ante los innumerables cuestionamientos que recibió cuando fue propuesto por el gobierno de Milei como miembro de la Corte Suprema de Justicia. El Senado rechazó luego su postulación por una abrumadora mayoría. “Mahiques reaccionó en 24 horas y se apartó”, lo protegen. Este argumento tiene más consistencia que el que subrayaba que la fiesta fue anterior al escándalo.

La Corte Suprema merece un párrafo aparte. Existen dos vacantes en un tribunal integrado formalmente por cinco miembros. O hay unanimidad de los tres que están en funciones o deben llamar a conjueces para que decidan como miembros de la Corte Suprema. El peronismo se está desgajando en el Senado (también en Diputados) y el liderazgo de Cristina Kirchner, otrora implacable, está definitivamente herido. El Gobierno podría cubrir las dos vacantes con un representante propio y con otro del peronismo razonable, y con los votos del radicalismo y de Pro; la buena noticia es que ya no depende de Cristina Kirchner para reunir los 48 votos que necesita. La Constitución obliga a un acuerdo para los miembros de la Corte y para el procurador general (jefe de los fiscales) con los dos tercios de los votos del Senado. Son 48 votos.

Una franja del Gobierno (¿Patricia Bullrich?) supone que deben esperar hasta las elecciones de 2027 para ganar más senadores de La Libertad Avanza y poder nombrar a dos jueces propios en la Corte. Se supone que ahora, como vemos, solo debería nombrar a uno y reclamarle a la oposición que postule al otro. Es posible que esta línea la promueva Patricia Bullrich; ella merodea siempre los extremos. Esa es una mirada ingenua de la política. En primer lugar, porque nunca el Gobierno tendrá los 48 senadores que necesita. El Senado renueva solo a un tercio de sus miembros en cada elección. Y en segundo lugar, aunque es el motivo más importante, porque necesita asegurarse ahora cierta previsibilidad en las votaciones de la Corte. Seguramente, llegarán al máximo tribunal de Justicia del país la reforma laboral y también el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley que se anuncia para modificar el servicio de inteligencia. El DNU autoriza a los agentes de la SIDE a detener personas en ciertas circunstancias. Si un juez supremo disintiera con los otros dos que existen ahora en algunos de esos casos (o en otros sensibles para la administración de Milei), la Corte deberá llamar a conjueces, que se sortean entre los presidentes de las cámaras federales. El Gobierno entraría en terra incognita, porque nadie sabe nunca cómo pueden decidir los conjueces.

El optimismo irrazonable de algunos políticos debería tener en cuenta lo que le sucedió a Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales. Sus candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se convencieron entre ellos de que el que ganara la lucha interna sería el próximo presidente. Ni siquiera entraron al balotaje, que lo protagonizaron Milei y Sergio Massa. La política es una marea que sube y baja.

La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como “rulo cambiario”. Entre los allanados, se encuentra un local asociado a Sur Finanzas, la empresa del financista ligado a «Chiqui» Tapia, César Vallejo.

Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.

Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de César Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia.

Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, “accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado ‘dólar blue’”, una maniobra conocida como “rulo cambiario”.

La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas.

Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejos en Banfield.

En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.

Como publicó , la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.

El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).