En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.

Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.

Debate

El inicio estuvo a cargo de la dialoguista Edith Terenzi (Chubut), como titular de la comisión de Ambiente. No hizo una sola mención al contenido, sino al trámite del proyecto y su dictamen, que fue veloz y se consumó en diciembre pasado. Sí retomó en los cierres de jefes de bloque para reprochar la ley. Luego, le pasó la posta a Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).

Fue extraña la estrategia del oficialismo: según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, se dieron reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaría de Energía Flavia Royón, experta en el área. La seria salteña resistió y hablaron la chubutense y el fueguino, que lejos estuvieron de brillar.

“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, arrancó Coto, quien agregó que la meta es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Luego, justificó que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLIA. “Todo sigue protegido”, finalizó.

La respuesta del peronismo fue inmediata y llegó a través del pampeano Pablo Bensusán, que criticó al oficialismo por presentar recién por la tarde una serie de incorporaciones a lo firmado en diciembre pasado. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó.

“Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”, continuó el senador justicialista. En esa línea, detalló: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA”. Y conjeturó: “Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.

Para reacomodar la postura del Gobierno apareció el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”, expresó.

Olivera Lucero siguió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, lo que sí está mal es una ambigüedad jurídica que tenemos con la ley actual. Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura”.

“El IANIGLIA no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales. Se paraliza el desarrollo por presunciones. La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?“, preguntó el senador libertario al pleno de la Cámara alta.

Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. Se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”, aseguró.

Para Abad, “también se viola la uniformidad de los presupuestos ambientales”. Como ejemplo, se refirió a “una provincia que respeta inventario y otra que pide sacar un hielo, lo que produce un esfuerzo ambiental desigual”.

“Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad. Desde la seguridad jurídica, si una empresa ve semejante desorden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir“, insistió el bonaerense. En una similar postura se mostró la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba). Su compañero Carlos Espínola (Corrientes) lo hizo a favor.

Cierres

Desde Moveré Santa Cruz, José María Carambia se quejó por la uniformidad en regalías, a diferencia del campo. “Acá es del 0 al 3%, y del 3 al 5% para nuevos emprendimientos. No es lo mismo oro que litio o cobre“. Y enfatizó que el proyecto está “mal redactado”.

Distinto fue le caso de la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, que utilizó parte de su tiempo -apoyada en la lectura de un discurso pre armado, para mantener el hilo de ideas- para resaltar las normas ambientales de su distrito y blindó que las provincias sean los únicos dueños de sus recursos. Acompañó la ley libertaria junto a su colega Carlos Arce.

Con mayor vuelo técnico, Royón manifestó que «no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias». “No habla de ninguna flexibilización”

“Tenemos acá a exgobernadores de provincias mineras que conocen perfectamente que no es una decisión política lo que habilita un proyecto. Es faltar el respeto a cuerpos técnicos de muchas provincias. Seamos responsables cuando hacemos declaraciones», añadió la salteña.

Royón enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses” y que la norma en cuestión “no ataca eso”. El dato que dio después sentenció el trámite: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.

Salido hace cinco minutos del interbloque cristinista, el pícaro justicialista Andrada (Convicción Federal), terminal del gobernador Raúl Jalil, evaluó: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”.

Otro catamarqueño, pero de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, afirmó que “lo que ha pasado, con el paso del tiempo, es que se transformó en una ley rígida -en referencia a la vigente-, con algunas zonas grises y con tensiones federales”. Y subrayó que debido a la judicialización de procesos se generó “incertidumbre” que trajo “como consecuencia la paralización de las inversiones”.

Por el kirchnerismo se cargó el cierre la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”. En ese sentido, aportó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener“.

Asimismo, Fernández Sagasti dijo que el texto “genera todo lo contrario” a lo que promete el Gobierno y “donde había certidumbre de la corte, ahora habrá incertidumbre”, con el pase de “un paradigma científico a un paradigma abierto” y seguras presentaciones en la justicia.

El final quedó para Bullrich. “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”, precisó la porteña. “No es agua o trabajo”, juzgó.

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