POLITICA
El Gobierno aprobó el primer protocolo para identificar personas mediante rastros de olor: de qué se trata
El Ministerio de Seguridad aprobó el primer protocolo unificado para la recolección y comparación de rastros odoríferos en investigaciones judiciales de todo el país. Esta medida establece un marco normativo para el uso de la odorología forense, una técnica científica que permite identificar personas a partir de los olores que dejan en objetos, lugares o cuerpos, mediante el trabajo de perros adiestrados y operadores especializados.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1341/2025, publicada en el Boletín Oficial, esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades periciales de las fuerzas federales y dotar a los jueces y fiscales de herramientas probatorias más precisas y confiables.
En primer lugar, aclararon que la odorología forense “constituye una herramienta científica especializada para la identificación humana a través de la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles presentes en objetos, estructuras, personas o cadáveres mediante el empleo de canes adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados”. Esta disciplina, que en los últimos años se incorporó progresivamente en fuerzas policiales nacionales e internacionales, demostró eficacia en investigaciones criminales complejas.
Hasta ahora, cada fuerza federal —como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal— aplicaba procedimientos propios, sin una regulación común que garantizara la trazabilidad y la validez técnica de las pruebas odorológicas.
Por esto mismo, el nuevo protocolo, elaborado con la participación de especialistas en la materia y personal de distintas fuerzas, busca “armonizar las prácticas operativas con criterios científicos, técnicos y jurídicos compatibles con los estándares internacionales”.
La resolución instruye a los jefes de todas las fuerzas federales a adecuar sus normas internas al nuevo protocolo y, a través del Consejo de Seguridad Interior, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus lineamientos. De este modo, se apunta a una cobertura nacional que permita que la prueba odorológica tenga el mismo valor y confiabilidad en cualquier jurisdicción del país.
El protocolo regula de manera detallada la recolección, preservación, análisis y comparación de huellas odoríferas, estableciendo procedimientos que buscan evitar la contaminación de las muestras y asegurar la cadena de custodia.
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Según especificaron, el objetivo central es aplicar la metodología conocida como “línea de exploración” (Line up), que permite vincular a una persona identificada con un objeto o espacio a partir de indicios objetivos.
El texto establece definiciones precisas para cada concepto técnico: el “odorotipo” es la combinación única de compuestos orgánicos volátiles que cada individuo emite, mientras que la “huella odorífera” es el conjunto de esas trazas presentes en elementos relacionados con la investigación.
Tal como precisaron, el procedimiento de recolección de rastros odoríferos se divide en tres modalidades: levantamiento directo, cuando el objeto portante puede ser colectado en su totalidad; levantamiento indirecto, que transfiere el olor a soportes como gasas o hisopos; y levantamiento instrumental, que utiliza dispositivos específicos como la Unidad de Transferencia de Olores Humanos.
“El especialista en odorología forense o funcionario capacitado para la tarea deberá manipular y procesar los objetos, estructuras, personas y/o cadáveres de su interés con al menos la utilización de traje de bioprotección, guantes de nitrilo, barbijo, cofia y herramientas siempre limpias a efectos de evitar la contaminación cruzada y/o la incorporación de nuevos odorotipos sobre aquellos elementos”, aclararon.
La cadena de custodia es uno de los ejes centrales del documento. Todas las muestras, ya sean de rastros dubitados (de origen desconocido) o indubitados (de personas identificadas), deben ser almacenadas en frascos de vidrio esterilizados y remitidas de inmediato, previa autorización judicial, al denominado “banco de olor”. Este recinto debe mantener condiciones ambientales controladas, con temperaturas entre 15 y 20 ℃ y humedad relativa del 60 al 70 %, para preservar la integridad de las muestras.
En ese sentido, plantearon que “la subsistencia de posibles huellas o muestras odoríferas en condiciones apropiadas es de hasta tres (3) años para los levantamientos directos y de dos (2) años para los indirectos e instrumentales, a partir de lo cual su conservación se torna inoficiosa desde el punto de vista odorológico”.
El análisis odorológico propiamente dicho se realiza en una sala de pericia especialmente acondicionada, con la participación de al menos dos equipos cinotécnicos certificados (binomios de can y operador) y dos testigos de actuación. El procedimiento exige que los canes sean “colonizados” con el olor dubitado y luego expuestos a una línea de exploración compuesta por frascos que contienen muestras indubitadas y testigos. La marcación del animal, es decir, la señal inequívoca de correspondencia entre olores, debe ser coincidente en al menos dos equipos para que el resultado se considere válido.
Además, enfatizaron que “en ningún caso el Equipo Cinotécnico deberá conocer la ubicación del olor de control o indubitado sobre la línea de exploración y que el orden de las muestras sobre dicha línea debe ser cambiado”.
La obtención de muestras indubitadas y testigos también está regulada con detalle. Las primeras se colectan de personas vinculadas a la investigación (sospechosos, imputados, víctimas), mientras que las testigos provienen de individuos ajenos al caso, seleccionados al azar pero con características similares de sexo, etnia y edad. El proceso requiere autorización judicial y un estricto protocolo de higiene para evitar contaminaciones. En el caso de cadáveres, la toma de muestras debe coordinarse con el médico forense y realizarse sobre zonas limpias del cuerpo.
POLITICA
El Gobierno abrirá el recinto de Diputados por la ley de glaciares y buscará evitar planteos por el caso Adorni
En medio de la turbulencia política y judicial que atraviesa al Gobierno, la Casa Rosada busca avanzar en el plano legislativo. El oficialismo planea abrir el recinto de Diputados el miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.
La jugada se dará mientras persisten los interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la participación del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia como una presunta estafa.
El recinto amplificará las tensiones políticas que atraviesan al Gobierno. La oposición se prepara para la sesión y trabaja en una estrategia para incomodar al oficialismo por los episodios que aún no logró esclarecer. Según confirmó a un referente crítico, intentarán impulsar una interpelación al ministro coordinador. Para eso se requiere una mayoría simple: las ausencias pueden ayudar a construir el número, una salida elegante para los aliados del Gobierno que prefieren quedar al margen tanto de la defensa de Adorni como de embestidas directas.
En paralelo, la Justicia se muestra activa. Si persisten las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas podrían cobrar mayor fuerza. Será, en definitiva, la carta que la oposición podrá jugar en una sesión en la que corre de atrás. La correlación de fuerzas no le sería favorable: el Gobierno se encamina, por ahora sin sobresaltos, a convertir la reforma ambiental en ley.
Según un sondeo informal realizado por , el oficialismo reuniría más de 130 voluntades junto a sus aliados de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate, además, es probable que se quiebren las lógicas partidarias tradicionales: prevalecerán los intereses regionales vinculados al desarrollo minero.
Algo similar podría ocurrir dentro de Unión por la Patria. En el oficialismo descuentan que algunos diputados de distritos cordilleranos acompañarán la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor de la reforma.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sumar respaldo político de los gobernadores mineros. La Casa Rosada impulsa la convocatoria a un plenario de comisiones el martes para dictaminar el proyecto con la presencia de los mandatarios provinciales. Inicialmente estaba previsto hacer una reunión informativa aparte, el lunes, pero eso luego se descartó. “Algunos gobernadores no quieren aparecer porque saben que sus diputados se dividirán y no quieren exponerse”, deslizó un referente libertario.
Ante ese escenario, el Gobierno al menos buscará que las provincias envíen a sus funcionarios. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó indirectamente del debate a través de representantes, entre ellos su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitó exponer públicamente su posición, pese a que participaron en la elaboración del proyecto.
Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. Pese a que se barajó la posibilidad de avanzar también con el proyecto “hojarasca” -que busca eliminar normas obsoletas, que afectan libertades individuales o implican costos inútiles-, esa opción se descartó. En el oficialismo prefirieron no mezclar temas para evitar contratiempos. El primer abordaje de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se postergó, así, para mitad de abril.
La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y, si supera el trámite en Diputados, será ley. La disputa, sin embargo, no terminará allí. Diversas organizaciones socioambientales anticiparon que acudirán a la Justicia para impugnar la reforma por inconstitucional.
Sostienen que la modificación vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección ambiental, que fija estándares uniformes para todo el territorio argentino.
El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance al limitar la protección a las geoformas consideradas relevantes desde el punto de vista hídrico.
Otro punto central del debate es el mayor poder que la reforma otorgaría a las provincias. El proyecto establece que será la autoridad jurisdiccional la encargada de actualizar el inventario glaciar “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.
Actualmente esa tarea está en manos del Ianigla, un organismo científico nacional con sede en Mendoza. Para la oposición, transferir esa atribución a las provincias podría debilitar el sistema de protección ambiental y vulnerar el principio de presupuestos mínimos fijado por la Constitución.
La agenda del Senado está aún en construcción. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado: el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá y una serie de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada –Oscar Santiago Zarich y Juan Carlos Romay, respectivamente-, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare. También se le darían ingreso formal a los 62 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.
La decisión final se confirmará el martes tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la senadora Patricia Bullrich. Es probable también que el miércoles se inicie en Comisión el debate sobre los cambios en materia de propiedad privada. Un día antes, la senadora radical, Carolina Losada, hará un acto para impulsar el proyecto que volvió a presentar sobre “falsas denuncias”.
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La investigación judicial en torno a Manuel Adorni, alteró los planes del gobierno de Javier Milei. Por este motivo, la intención es reforzar el rol ejecutivo del jefe de Gabinete y mostrarlo activo, lejos de las polémicas.
De esta manera, tras varias semanas en las que el Gobierno quedó atravesado por cuestionamientos por los viajes de Adorni y tensiones internas, Adorni retoma su agenda de reuniones mano a mano con los ministros, con el objetivo de reordenar la dinámica de gestión. Además, el lunes participará de la reunión de Gabinete.
El último encuentro del Presidente con sus ministros fue el 24 de febrero. Se hará antes de la ronda de reuniones que tiene prevista Adorni con los distintos integrantes del gabinete, que dará inicio en las próximas horas.
Leé también: El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante los amparos
Milei busca reactivar la agenda del gobierno, intención que había deslizado en la reunión mano a mano del miércoles con el jefe de Gabinete, a quien convocó a la Quinta de Olivos. Ahí hablaron del rumbo de la gestión, pero también fue un gesto de respaldo en medio de los cuestionamientos públicos de las últimas semanas.
En ese encuentro a solas, Milei y Adorni hablaron de la “segunda etapa de la gestión” con vistas a lo que queda del año y al 2027. El primer paso será una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras”.
La puesta en marcha de una nueva agenda de trabajo se produce después de un período en el que la coordinación interna perdió continuidad y el oficialismo quedó más enfocado en una estrategia defensiva. En ese contexto, la reactivación de estos encuentros apunta a recuperar ritmo de trabajo y a volver a poner el foco en la gestión.
Según pudo reconstruir TN, Adorni se reunirá el lunes con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el martes con el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones; y el miércoles con el ministro de Defensa, Carlos Presti. También están programados encuentros con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La agenda funciona, además, como una señal hacia adentro del gabinete en un momento en el que la necesidad de ordenar prioridades se volvió evidente, pero también la decisión de coordinar apoyos.
Reuniones en medio de la tensión interna
Las reuniones individuales con ministros habían sido una de las dinámicas de trabajo que Adorni impulsó desde su llegada a la jefatura de Gabinete. El funcionario había mantenido contactos con los integrantes del gabinete y encuentros ampliados con distintas áreas. La agenda de esta semana retoma ese esquema con reuniones mano a mano.
Los encuentros incluyen áreas centrales del Gobierno y funcionarios con peso propio dentro del gabinete, en una semana en la que también se prevé actividad oficial junto al presidente Javier Milei. La decisión de avanzar con ese cronograma se da después de días en los que la agenda pública estuvo dominada por cuestionamientos y versiones sobre la continuidad de Adorni en lo más alto del poder libertario.
Milei busca reconstruir la confianza pública y parte de ese proceso cree que se centra en la sanción de unas 90 leyes o reformas en el Congreso. Por eso, volvió a reunirse la mesa política del Gobierno, encabezada por Adorni, que dejó de lado las internas y los escándalos para hacer foco en el pedido del Presidente.
Manuel Adorni, Javier Milei, Gobierno
POLITICA
Piden citar a Javier Milei y a su hermana Karina a declaración indagatoria en la causa $LIBRA
En un escrito presentado ante la Justicia federal, el abogado Martín Romeo, en su rol de querellante, solicitó formalmente que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en la causa por la que se investiga una supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
El pedido incluye al total de los 15 acusados en el expediente, entre los que también se destacan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el “referenciador” Mauricio Novelli, que ofició de intermediario entre Milei y Hayden Davis, cuya comparecencia es también reclamada, el principal responsable de la operación antes y durante del lanzamiento del activo de la polémica.
Romeo acusa a los 15 imputados por los cargos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y estafa masiva en un escrito de más de 200 páginas en las que hace un pormenorizado detalle de la operatoria que terminó en escándalo.
Así, asegura que hubo una coordinación en el “gatillo” presidencial para que se pudiera perpetrar el fraude, al sostener que el 14 de febrero de 2025 el jefe del Estado acordó telefónicamente con Novelli el momento exacto para publicar un tuit dando a publicidad el contrato del token $LIBRA.
Para Romeo, el mensaje funcionó como un “gatillo” emocional para atraer a miles de ahorristas bajo el efecto FOMO (miedo a quedarse afuera), mientras los “insiders” de la banda compraban segundos antes para luego vender y dejar al activo sin liquidez, lo que se conoce como maniobra de Rug Pull, y sustraer, así, 44,5 millones de dólares.
La querella sostiene que se firmó un contrato por US$ 1.550.000 mediante el cual la organización local vendía a capitales extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para Argentina. Segú el escrito, este pacto se materializó en una anotación digital de Novelli que rezaba “Pago Javier kari” y en reuniones clandestinas en la Casa Rosada.
También se denuncia la captura regulatoria e infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalando a la persona de Sergio Morales, quien fue nombrado asesor del directorio del organismo mientras era socio administrador de la empresa “Tech Forum S.R.L.”
En la presentación se sostiene que Morales habría redactado las normativas que debían regular a las mismas plataformas que el grupo de acusados utilizaba para triangular y lavar los fondos del público.
También denuncia los delitos de lavado de activos y vaciamiento de cajas de seguridad, al detallar que, mientras estallaba el escándalo, familiares de los organizadores (la madre y la hermana de Novelli) vaciaron cajas de seguridad en el Banco Galicia para retirar el dinero físico del sistema formal.
Además, destaca que, de manera simultánea, se detectaron transferencias masivas de dólares digitales hacia “cuevas” cripto para licuar el botín y distribuirlo entre los miembros de la organización.
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