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El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal y redefine su rol fuera de la Ciudad

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El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) para que quede orientada exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el decreto-ley de 1958 que regía la estructura de la fuerza y se puso en marcha un programa de modernización financiado con fondos reasignados por la reducción en la cantidad de ingresantes. El decreto establece que la PFA ya no tendrá competencias sobre seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que había sido progresivamente transferida a través de un convenio con el gobierno porteño en 2016.

La medida redefine funciones, competencias, escalafones y recursos humanos de la institución, y establece como principal misión de la fuerza la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, también prevé la implementación de un sistema de seguimiento del desempeño institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

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Policía Federal Argentina.ricardo-pristupluk-11511

El decreto incluye un anexo con el nuevo Estatuto de la Policía Federal, que establece una estructura organizativa dividida en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Ambos estarán conformados por superintendencias y direcciones generales orientadas a áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.

Uno de los cambios más significativos es la supresión formal de las funciones relacionadas con la seguridad local en el ámbito porteño. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en otros ámbitos jurisdiccionales de forma subsidiaria, a requerimiento de la autoridad competente o ante delitos flagrantes.

El proceso de reforma busca reducir el tamaño de la fuerza y reconvertir su perfil operativo. El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a fijar un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar el registrado en 2025 y deberá disminuir de forma progresiva. La disminución en la cantidad de ingresantes generará un ahorro presupuestario que se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA.

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Este programa estará enfocado en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos, con el objetivo de modernizar las capacidades de investigación y fortalecer la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. También se contempla el rediseño de protocolos, mecanismos de coordinación y capacitación del personal, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.

En el plano institucional, se establece una línea de mando clara. La Jefatura y Subjefatura serán designadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Seguridad, y podrán ser ejercidas tanto por oficiales en actividad como por personas ajenas a la fuerza, en casos excepcionales y fundados. También se fortalecen las atribuciones de las direcciones de Planeamiento, Evaluación y Cooperación Internacional.

Patricia Bullrich y Javier MIlei

En cuanto al control interno, la Dirección General de Asuntos Internos contará con mayor autonomía funcional, vínculo directo con el Ministerio de Seguridad y la facultad de llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal deberá ser debidamente fundado e informado a la cartera de Seguridad, que tendrá capacidad de revisión o anulación.

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La fuerza podrá actuar como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales, coordinar acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales y realizar tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. También podrá operar en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención del delito, siempre que se respeten los derechos fundamentales.

La publicación de esta norma en el Boletín Oficial, se da en el mismo día en que, como anticipó , el presidente Javier Milei tiene previsto mostrarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del relanzamiento institucional de la PFA. El encuentro, además, cobra especial relevancia ya que el próximo miércoles Bullrich deberá supervisar el operativo de seguridad dispuesto para supervisar la movilización que acompañará a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.

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Los peritos de la Corte Suprema revisarán la fortuna del exintendente Martin Insaurralde

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Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.

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El intendente de Lomás, Martín Insaurralde, junto a su esposa, la modelo y vedette, Jesica CirioFabián Marelli

La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.

Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.

El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.

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Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.

Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.

La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.

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Último día de alegatos en la causa Vialidad. Fiscal Sergio Mola

La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.

Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.

Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.

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Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.

Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.

“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.

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Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.

El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.

Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.

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Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.

“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.

Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.

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Hernán Cappiello,Corrupción,PJ Partido Justicialista,Conforme a,Corrupción,,Fallo dividido. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad,,Escándalo en España. Se cierra el cerco sobre el clan Sánchez: su esposa y su hermano cada vez más complicados por casos de corrupción,,Sobornos. Un exejecutivo de Odebrecht reclamó otra vez que se cierre la causa y la Justicia lo rechazó

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La oposición busca llevar al Congreso la discusión por la quita temporal de retenciones al campo

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El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.

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Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.

Lee también: El Banco Central vuelve a aplicar una de las medidas del cepo al dólar para las personas físicas

López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.

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Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.

Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, se reunió varias veces para analizar el fin de las retenciones. (Foto: HCDN).

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.

El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.

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Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.

Pedido de informes desde UxP

Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.

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Leé también: El Gobierno rechazó las críticas del campo por el fin de las retenciones: “Fue una medida extraordinaria”

“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.

El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.

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La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.

Diputados, Retenciones, Congreso de la Nación, coalicion civica

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Golpe kirchnerista en la Corte de Santa Cruz: se resiste a aceptar a los nuevos miembros y desafía a Vidal

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EL CALAFATE.- La Corte de Santa Cruz, que responde al kirchnerismo, abrió un conflicto de poderes en la provincia al declarar nulo el acto de jura de los dos nuevos miembros designados el viernes por la Legislatura, en un intento por bloquear su ingreso y conservar el poder.

De esa forma, la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal alcanzó su máxima tensión.

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Luego de la jura de los dos nuevos miembros propuestos por Vidal para el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuatro de los cinco jueces kirchneristas del cuerpo declararon nulo el acto y argumentaron que se encuentran vigentes dos medidas que impiden avanzar con los nombramientos.

“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostiene la resolución que lleva la firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Y afirma que lo resuelto por la Legislatura ”podría reputarse nulo de nulidad absoluta».

Basanta fue ministro de Alicia Kirchner y Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner. Ludueña es hija de un senador kirchnerista y y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.

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En la resolución, los jueces aluden a una cautelar vigente firmada por el juez Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.

“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia.

Minutos antes habían jurado los dos nuevos vocales propuestos por el gobernador para integrar el Tribunal Superior de Justicia: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

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Cuando aludió a los “aprietes”, Vidal aún no sabía que minutos más tarde los jueces, ausentes en el acto, iban a declarar nula la jura y abrir un conflicto en la provincia.

La Corte provincial tiene nueve lugares. Con las nuevas dos designaciones se llegaría a siete miembros. Faltan completar dos.

Las cuatro nuevas vacantes se originaron hace menos de un mes cuando una reforma a la ley provincial elevó el tribunal de cinco a nueve miembros.

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Los votos del kirchnerismo para oponerse no alcanzaron y se sucedieron dos causas judiciales que intentaron frenar la reforma. Pese a la vigencia de una medida cautelar, el jueves se aprobaron las dos primeras designaciones.

El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, tomó la jura de los nuevos integrantes con la marcada ausencia de los demás vocales.

Al saludarse con Acevedo, se abrazaron dos viejos conocidos: ambos supieron compartir espacio político dentro del movimiento renovador del peronismo en los ‘80, cuando aún Nestor Kirchner era minoría en el Partido Justicialista santacruceño.

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Minutos después de la jura, Mariani se enteraró que los vocales, que estuvieron ausentes, firmarían una resolución en la que intentaban desautorizar el acto.

Mientras tanto, Cristina Kirchner seguía las vicisitudes del conflicto desde su departamento en el barrio proteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

“Es un día histórico, las cosas están cambiando en Santa Cruz, se eliminó la ley de lemas cuando asumimos, somos el gobierno más controlado de la historia porque el Tribunal está conformado por en su mayoría con la oposición”, fueron las primeras reflexiones de Vidal, presente en la jura y quien en los últimos días había denunciado un golpe judicial del kirchnerismo para impedir los nombramientos.

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El exgoberandor Sergio Acevedo al momento de jurar en su cargo como nuevo vocal ante el Tribunal Superior de Justicia.Mutti

En esa línea, Vidal fue subiendo el tono a sus declaraciones. “Esto es un paso muy importante, para la sociedad que busca una justicia independiente, que busca una justicia idónea y un ajusticia que deje de militar la política”, enfatizó.

A pesar de su historial, el kirchnerismo acusa al actual gobernador de intentar armar Corte que le garantice impunidad. Vidal responde que ampliar el tribunal es la única forma de darle independencia a un poder cuyos jueces fueron todos nombrados por sucesivos gobiernos kirchneristas.

“Basta de los Bersanelli (en referencia al exabogado de Cristina Kirchner, hoy juez de primera instancia) que creen que tienen más poder que la misma ley, que creen que pueden pasar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es designado por el voto popular del pueblo”, sostuvo Vidal en sede judicial.

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El gobernador también apuntó a uno de los actuales miembros de la Corte “Basta de los Fernando Basanta, que quieren conducir la provincia desde la justicia. Basta. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que eso se termine”, afirmó Vidal.

La ampliación de la Corte que por la mañana parecía avanzar, ahora se trabó con la nueva resolución que desconoce la jura. Es una incógnita cuando y como se efectivizará la toma del cargo de los vocales que juraron.


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