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POLITICA

El Gobierno aprovechará enero para negociar los apoyos que necesita para la reforma laboral y la Ley de Glaciares

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El oficialismo ya despliega su estrategia para sancionar los proyectos de Modernización Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares en febrero. Los proyectos ya fueron dictaminados por la mayoría libertaria y busca consensuar con los senadores dialoguistas. Habrá nuevamente un rol fundamental de la senadora Patricia Bullrich, del diputado Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli.

A partir del próximo 2 de febrero habría una nueva convocatoria al Congreso por parte del Presidente Javier Milei. Las dos primeras iniciativas ya cuentan con el dictamen de las comisiones respectivas, pero se buscarán avanzar durante enero con acuerdos y consensos políticos. El proyecto vinculado a la reforma del Código Penal debe ingresar aún al Congreso. El Gobierno tenía decidido enviarlo a Diputados, pero la construcción de mayorías alcanzadas en el Senado para aprobar el Presupuesto 2026, incluso con votos peronistas, hacen dudar al oficialismo de la conveniencia de iniciar el debate por la Cámara alta.

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La Reforma Laboral

El dictamen se firmó durante diciembre y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y titular de la Comisión de Trabajo, programó para el próximo 11 de febrero la sesión para discutir el proyecto.

Sabe Bullrich, con su experiencia legislativa, fue varias veces diputada nacional, que sin consensos la iniciativa podría correr riesgos de ser aprobada. “El dictamen está abierto para escuchar propuestas “, dijo la legisladora porteña.

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Pablo Cervi, senador La Libertad Avanza. Foto X @CerviPablo

En el oficialismo, Pablo Cervi le dijo a TN: “La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en el mercado de trabajo: alta informalidad, bajo nivel de creación de empleo privado y una legislación laboral que no se adapta a la realidad productiva actual. Más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema formal, sin derechos ni protección. El objetivo central (de la ley) es generar más empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de trabajo, pero también las más afectadas por la rigidez normativa y la alta litigiosidad”.

Mientras que desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Hugo Yasky, en sintonía con la bancada de senadores peronistas que lidera José Mayans posteó en sus redes sociales: “Las dos CTA nos reunimos con el gobernador (de Buenos Aires) Axel Kicillof ante el peligro para el trabajo y la producción que representa la reforma laboral. Es ridículo creer que una reforma en la que el Estado financia los despidos con la plata de los jubilados puede crear más empleo. Es exactamente al revés: la intervención del Estado para fomentar la producción y el consumo interno pasa por impulsar el aumento de los salarios y el poder adquisitivo”.

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Un punto de conflicto

La Reforma ya generó posturas encontradas respecto a la litigiosidad ante el incumplimiento de las normas que regulan el Trabajo, el senador libertario Bartolomé Abdala entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo, “termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a Pymes como a trabajadores. Por eso, respaldo la necesidad de contar con reglas claras y acuerdos que desarticulen el conflicto permanente”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio de la Abogacía.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio de la Abogacía.

Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, emitió un comunicado donde expresó respaldo a la Modernización Laboral, pero dejó en claro que, “resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”, manifestó Gil Lavedra.

Cambios en la Ley de Glaciares

El segundo proyecto que ya dictaminaron las comisiones de Ambiente y de Minería, Energía y Combustibles, es la Ley de Glaciares. Otro proyecto con final abierto para lograr las mayorías requeridas. El principal respaldo de esta iniciativa son los mandatarios provinciales.

Dos de ellos, el de San Juan, Marcelo Orrego y de Catamarca, Raúl Jalil, pasaron por el plenario parlamentario. Orrego dijo que “en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación”.

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Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: “En la provincia se registran cerca de 3000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5000 empleos en otras actividades”.

Mientras que el Foro de Encuentro Reformista cuestionó la modificación a la Ley de Glaciares: “Debilita la protección de uno de nuestros bienes estratégicos más vitales: el agua. No se trata de una disputa política circunstancial, estamos ante una ruptura estructural. En pleno Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, se busca debilitar la Ley 26.639. La reforma propuesta transfiere a las provincias —muchas sin capacidad técnica suficiente— la decisión sobre qué glaciares proteger, reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología) y desmantela la lógica constitucional de los presupuestos mínimos ambientales. Sin arbitraje nacional basado en conocimiento científico, se compromete el acceso al agua de millones de personas y se abren conflictos interjurisdiccionales que afectarán economías existentes. Argentina necesita generar recursos, la minería puede ser parte de la solución, pero no a cualquier costo. Cuidar el agua y los glaciares no es ser anti minero: es ser responsable”.

El documento lo firman, entre otros, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Laura Echezarreta, Elsa Mastronicola, Javier José Vázquez, Manuela Thourte, Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra, Inés Halm, Manuel Garrido, Lilia Puig, Juan Pedro Tunessi, Fabiana Túñez, Aníbal Barengo, Laura Musa, Maristella Svampa, Ariel Dulevich Uzal, Esteban Paulon y Lucía Alberti.

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sesiones, Senado, reforma laboral

POLITICA

Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato de exclusividad con una empresa vinculada a Javier Faroni

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La Justicia federal secuestró este martes un contrato clave entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni, durante allanamientos en la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.

El documento otorgaba a dicha firma la exclusividad para gestionar cobros y pagos de la entidad en el exterior a cambio de una comisión del 30%. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos.

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La documentación indica que TourProdEnter LLC funcionaba como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país, un esquema que los investigadores analizan para reconstruir la “ruta del dinero”.

La hipótesis fiscal sostiene que fondos institucionales legítimos, como los derivados de derechos de televisación, eran desviados hacia cuentas en Estados Unidos y luego dispersados en sociedades radicadas en Florida. En este entramado, la justicia investiga si se utilizaron prestanombres con “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados para ocultar a los beneficiarios finales.

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En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de las sociedades vinculadas. Esta medida permite el acceso a registros bancarios tanto en Argentina como en el exterior para determinar el alcance del circuito financiero asociado a la financiera Sur Finanzas.

Según el dictamen, esta estructura habría concentrado funciones de patrocinio y administración de pagos de diversos clubes, generando una red de difícil trazabilidad donde la AFA cumplía un rol funcional como deudor cedido.

La causa sumó tensión en las últimas horas cuando Javier Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery mientras intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. El empresario no pudo salir del país debido a una restricción vigente dispuesta por el juez Armella.

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Durante los operativos, que también incluyeron el domicilio de Faroni en Nordelta, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación contable para profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y la firma investigada.

Ante el avance judicial, la AFA emitió un comunicado defendiendo la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, asegurando que el acuerdo “fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones”.

Sin embargo, la Justicia continúa con el peritaje de los contratos y la información bancaria internacional para establecer si el esquema de comisiones y transferencias al exterior constituyó un delito de lavado de activos. El expediente se mantiene abierto y no se descartan nuevas derivaciones de alcance internacional dada la naturaleza de las cuentas involucradas.

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Santa Cruz: cobrarán el 50% del sueldo los jueces nombrados por Vidal y resistidos por el kirchnerismo

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EL CALAFATE.- La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz no tiene fin: los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados en septiembre pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal nunca cobraron su sueldo por decisión de los jueces afines al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte. Ante este conflicto sin solución, la Cámara de Diputados dispuso que se les abone el 50% de sus salarios hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley.

El texto del proyecto aprobado remarca que, al no existir aún cosa juzgada sobre la situación de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los haberes, teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario. La norma también prevé dos escenarios futuros: en caso de que la ley sea declarada constitucional -con sentencia firme-, el gasto generado por estos pagos será imputado de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará habilitado a recuperar los fondos abonados.

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“La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora”, afirmó ayer el gobernador Vidal ante la resistencia del Poder Judicial de pagar el sueldo de los vocales nombrados por su gobierno en el tribunal.

En declaraciones a la prensa, Vidal se refirió al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante un planteo de dos de los vocales que no estaban cobrando sus sueldos, declaró nulo lo actuado por la presidenta del cuerpo, Reneé Fernández. “La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente, ¿no? Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la Justicia no siga haciendo lo que quiere», afirmó Vidal.

Los vocales José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras, durante la jura de asunción al cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Santa CruzHoracio Córdoba

Desde agosto pasado, el Poder Judicial se encuentra en medio de un terremoto político, envuelto en internas palaciegas. Se debe a la resistencia interna a la reforma de la ley -impulsada por el oficialismo provincial- que llevó de cinco a nueve los miembros del TSJ, reforma que fue aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores, quienes promovieron, junto al gremio judicial, medidas cautelares que desembocaron en un complejo laberinto jurídico.

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Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal avanzó con las ternas y la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales del TSJ. Entre septiembre y octubre juraron en los cargos el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio Ramón De la Vega. Desde un primer momento quedó expuesto el conflicto: cuatro de los cinco vocales se ausentaron a la jura de los nuevos magistrados y el acto solo fue presidido por el entonces Presidente del cuerpo, Daniel Mariani.

Después, esos cuatro vocales removieron a Mariani de la presidencia, ordenaron desconocer todo lo que había hecho él y nombraron en su lugar a Reneé Fernández. Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos porque los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales y un amparo presentado por el gremio de los empleados judiciales pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte.

En este contexto, el TSJ dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces y los vocales Acevedo y González Nora plantearon un recurso extraordinario federal que fue rechazado con la firma de un solo miembro del cuerpo, la jueza Reneé Fernández. Los afectados se presentaron entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la jueza Fernández, presidenta del cuerpo.

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Fernando Basanta, María de los Angeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueaña, los miembros del TSJ de Santa Cruz que fallaron contra la ampliación del tribunalTSJ

El mismo día que la Corte declaró inexistente el fallo por haber sido dictado por una sola jueza, el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve el número de los miembros que componen el máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado, el mismo día.

El fallo firmado por Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Fernández, y la subrogante Romina Saúl, argumenta -entre otros puntos- que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidas la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones desde septiembre.

En este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión extraordinaria realizada el pasado 24 de diciembre, un proyecto que habilita el pago del 50 por ciento de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto y autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata la mitad del salario de los cuatro vocales, quienes hasta hoy no percibieron ningún tipo de remuneración.

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Ayer, Vidal volvió a cuestionar la calidad al Poder Judicial. “Tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial. Acá, durante años hicieron lo que quisieron. Hoy tienen miedo, tienen terror de perder al último bastión”, afirmó.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio VidalHoracio Córdoa

Se refirió además al Poder Judicial como “ese bastión que sigue protegiendo al sector político”. Y afirmó: “Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice”.

La diputada Adriana Nieto, uno de los alfiles judiciales del gobierno provincial en la Legislatura, autora del proyecto aprobado por mayoría, calificó a la situación de una “grave anomalía institucional, sin precedente”. Dijo: “Un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal. A eso se le sumó que ninguno de los cuatro vocales fueron citados a juicio ni notificados de estas medidas judiciales que los afectaba de manera directa”.

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Durante su exposición en el recinto, la diputada Nieto advirtió que se produjo una clara vulneración de derechos. Indicó que se trata de personas que renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir en el Tribunal Superior de Justicia y que, desde entonces, se encuentran sin ingresos. Los cargos a los que renunciaron los cuatro vocales para asumir al máximo tribunal fueron: una banca de diputado nacional, un juzgado de primera instancia, una secretaría en el juzgado federal y una banca en la fiscalía de Estado.


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POLITICA

El peronismo dejó atrás un año de quiebres internos y se asoma a la discusión por un cambio de ciclo

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El peronismo cerró un año cargado de batallas intensas y dañinas. Peleas intestinas, interminables y, en muchos casos, inútiles. Acusaciones permanentes, reproches incesantes y futurología negativa. Para adelante no hay nada bueno si no es en unidad, dicen algunos. Para adelante lo bueno solo vendrá si se dividen las aguas, dicen otros.

El pasado reciente del peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, está atado al futuro inmediato. Porque las diferencias se mantienen en el tiempo y la discusión de fondo sobre si se debe quebrar o no el esquema político, permanecen vigente en el medio del fuego cruzado.

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El año terminó con Cristina Kirchner internada y despojada de su conducción política a través de las redes sociales y con Axel Kicillof haciendo carretear su proyecto nacional para que el despegue se concrete en febrero, cuando avance, con mayor velocidad, el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.

El 2025 finalizó también con el interbloque de senadores peronista inmerso en una cacería de brujas luego de que la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaran el Presupuesto 2026, alineado a los pedidos de los gobernadores a los que responden: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos son socios importantes de la Casa Rosada y rivales internos del kirchnerismo.

Los senadores del peronismo federal quieren que los gobernadores tengan mayor presencia en el armado nacional de Fuerza Patria y en el Congreso (Jaime Olivos)

La tensión creciente que hay en el interbloque de la Cámara alta puede terminar en una fractura durante el primer semestre del año que comenzó hoy. No es la primera vez que el kirchnerismo pone en el foco de la represalia a estos tres senadores. Fueron los mismos que acompañaron la sanción del RIGI, en un apartado de la ley Bases, y generaron una avanzada K decidida, furiosa y viral, contra la decisión.

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Los gobernadores de Catamarca y Tucumán están completamente desalineados del esquema principal del peronismo. Los filo peronistas como el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalaqua, juegan su propio juego hace tiempo y transformaron sus estructuras políticas en partidos provinciales que contienen a un sector del PJ. El armado federal del peronismo está desvencijado.

Los pocos mandatarios que quedaron dentro de Fuerza Patria se unificaron en una mesa política que obtuvo visibilidad, un par de semanas atrás, en la casa de La Pampa en Buenos Aires. En ese encuentro estuvieron una veintena de legisladores que les responden, y no fueron invitados aquellos alineados a Máximo y Cristina Kirchner.

Durante esa reunión hubo un acuerdo común para que ese bloque empiece a pesar más en el armado político del peronismo y, especialmente, para que tenga influencia directa en la prioridad de los temas que impulsan los bloques parlamentarios en las dos cámaras del Congreso. Se sienten relegados y están cansados de la forma de conducción del cristinismo.

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Son los mismos mandatarios los que van a intentar ganar protagonismo durante este año que arranca. Ellos, que saben con exactitud como funciona el poder en el peronismo, advierten que el 2026 es determinante para fundar un proyecto político nacional que sea competitivo a mitad del 2027, cuando Javier Milei quiera revalidar su mandato. A partir de hoy empezó a correr el reloj de arena.

El liderazgo de Cristina Kirchner está cada vez más cuestionado y debilitado (REUTERS/Tomás Cuesta)

Además, al mismo tiempo, cada uno debe empezar a empujar, con decisión, la discusión interna en sus provincias para ver quiénes van a ser sus sucesores. Es el caso del pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y Axel Kicillof, que tiene por delante el desafío de constituir su proyecto presidencial y sumar poder en su voz, para abrirle el camino a un nombre propio que lo reemplace y sea parte de su esquema político.

El que más suena en estos tiempos difusos del PJ es el nombre de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura, que se convirtió en un negociador todoterreno al que en el kicillofismo le valoran “jugar bien” en las múltiples batallas internas que enfrentaron en La Plata contra el cristinismo. Del otro lado del mostrador aparecen nombres como el de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro o Mayra Mendoza.

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En esa lista, y también en la que tiene nombres presidenciables, está Sergio Massa. El ex ministro de Economía es uno articulador permanente de las voluntades del peronismo. Tanto a nivel provincial como nacional. Y está siempre presente en las ternas donde se compite por los votos. En su intimidad siempre suele poner paños de agua fría a cualquier especulación, pero su apellido suele estar atado a muchas hipótesis futuras que hay en Fuerza Patria.

El peronismo cerró un año donde el liderazgo de Cristina Kirchner quedó muy golpeado. No solo por su condena en la causa Vialidad, la que le impide ser candidata en las elecciones, y su detención en San José 111, sino también por el avanzado desgaste de un ciclo político, con ella a la cabeza, que empieza a cerrarse. Así lo piensan en la mayor parte de la fuerza política, salvo en el camporismo, donde intentarán sostener su imagen, su figura espiritual y su poder auténtico hasta donde les dé la nafta.

Axel Kicillof hace despegar su proyecto presidencial mientras que Sergio Massa cultiva el perfil bajo y mantiene su vínculo fuerte con los Kirchner (REUTERS/Francisco Loureiro)

Casi por un acto reflejo, CFK intentará este año conservar el poder que le queda. Su centralidad, su influencia (aún muy importante) en los dos bloques legislativos del Congreso, y su capacidad de condicionar armados provinciales en las negociaciones que atraviesan los límites federales. Y, sobre todo, su figura inmaculada para un sector del electorado bonaerense.

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Hay una aceptación mayoritaria en el peronismo del interior respecto al lugar que debe ocupar la ex presidenta. La propuesta nacional y popular que surja es con ella adentro, concentrada en el conurbano bonaerense y sin capitanear el barco. Es con ella pero con limitaciones. Ya no tiene el poder necesario para imponer condiciones. Y la política es, ante todo, muy cruel, cuando el poder se escapa entre los dedos.

El peronismo afronta un cambio de ciclo innegable. En el año que arrancó este jueves empezará a visibilizarse esa modificación que primero es abstracta y después termina siendo concreta. No es un capricho de la política, es un reclamo de las mayorías. Que, en definitiva, son las que marcan el pulso de las elecciones. Las que ponen los votos en las urnas y las que tuercen el rumbo de las imposiciones de la dirigencia.

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