Las órdenes reservadas que el Gobierno les dio a los militares que la semana pasada comenzaron a movilizarse para reforzar la vigilancia de las zonas de la frontera norte, junto a la Gendarmería, en el marco del “Operativo Roca”, permiten que detengan civiles en forma transitoria que cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas polémicas.

“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 del ministro de Defensa, Luis Petri, según revelaron fuentes militares a Clarín.

Se llaman “reglas de empeñamiento” a las órdenes que se les dan a las tropas siempre que se movilizan ante una amenaza. Estas normas ordenan desde al comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder en un enfrentamiento.

El objetivo de estas normas es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, agrega la resolución.

Acerca de la posibilidad de detener civiles, el ministro de Defensa, Luis Petri, argumentó en diálogo con Clarín que “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”.

El año pasado, Petri había enviado un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior, pero ni siquiera obtuvo dictamen de comisión. Al respecto, los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy indicaron que esas «reglas de empeñamiento» colisionan con las leyes vigentes.

Otro punto clave de las reglas, comentaron las fuentes, señala que el uso de la fuerza “se guiará por los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, que se desprenden del artículo 34 del Código Penal de la Nación y que se usan para las fuerzas policiales”.

En ese sentido, Petri ordena a los militares “evitar que se concreten acciones hostiles” y explica que el principio de necesidad “se basará en el porte que posea cada miembro de las Fuerzas Armadas a través de la actitud de respeto, seguridad y disciplina que transmite el uniformado».

«Consiste en impedir a través de la disuasión, o neutralizar la agresión por la mera presencia física del personal militar”, precisa la orden reservada.

Además, a través de órdenes verbales se buscará “impedir o repeler la agresión mediante el uso de inflexiones de voz de un modo firme e inequívoco para que las indicaciones sean cumplidas”.

Y sobre el llamado “control disuasivo” dispone “impedir o repeler la agresión mediante cualquier técnica física, química o mecánica que mantenga al agresor bajo control. Puede ejecutarse un despliegue y emplazamiento de armamento incluyendo disparos de advertencia/neutralización”.

En cuanto al llamado nivel de “apresto de las armas de fuego” se graduará según el siguiente detalle: «Nivel 1: con cargador colocado, sin cargar y en seguro. Nivel 2: con cargador colocado, cargado y en seguro. Nivel 3: con cargador colocado, cargado y sin seguro” para situaciones de eventual peligro.

Sin embargo, no se autoriza “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”.

Las «Reglas de Empeñamiento» reservadas causaron una prudente preocupación en mandos militares más que por la eventualidad de un ataque de narcos o contrabandistas en la frontera por la posibilidad de juicios producto de accidentes con los vehículos por los que se movilizan en Salta, Jujuy y otras provincias. Y provocaron críticas desde la oposición.

El “Operativo Roca” comenzó la semana pasada en Salta con 1.300 hombres pero el ministro Petri prometió que de acá hasta fin de año se movilizarán “10 mil soldados en total”. En la actualidad, el Ejército tiene unos 6.500 oficiales, 24 mil suboficiales y 18 mil soldados voluntarios para todo el territorio nacional.

Esa cantidad representaría alrededor del 25 por ciento de los agentes teóricamente operativos del Ejército.

El operativo fue dispuesto por Petri mediante una resolución ministerial y las «reglas de empeñamiento» están en un anexo reservado. No existe un decreto específico del Poder Ejecutivo y tampoco una ley que respalde el operativo, resaltaron las fuentes militares.

El documento reservado invoca la Constitución Nacional y las leyes vigentes -no podría ser de otra manera- pero inmediatamente puntualiza que los cuadros quedan sometidos del Código Procesal Penal y al Código Penal, advirtieron.

La resolución del Ministerio de Defensa “no especifica claramente la responsabilidad de la cadena de mando, lo que es muy serio para quienes intervengan, y se interpreta que resulta poco preciso el rol de «complementar» la acción de la Gendarmería y la Prefectura”, afirmaron las fuentes.

Una cuestión importante en el momento en que deberán trabajar juntas es que los miembros de las Fuerzas Armadas cobran aproximadamente un 30 por ciento menos que los de las Fuerzas de Seguridad, como la Gendarmería, considerando remuneraciones brutas y suplementos. Este tipo de despliegues son onerosos para presupuestos obviamente escasos.

Fuentes militares confirmaron que hace alrededor de 45 días se explicó a Petri en una reunión en el edificio Libertador de “la imposibilidad material de enviar diez mil hombre del Ejército” en forma simultánea a la frontera norte.

El actual es el tercer operativo desplegando militares en la frontera norte -«Escudo Norte» se llamó el de los gobiernos kirchnerista y otro de Macri- que no dieron los resultados esperados que se invocaron. Las extensas fronteras argentinas siguen siendo un “colador” para el paso de contrabandistas y narcotraficantes.

La orden actual incluso “no concuerda con el decreto del PEN 1112 de diciembre último y menos con el decreto 1691 vigente de organización y funcionamiento de las FF.AA., dictado por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré”, agregaron las fuentes.

Entre diputados del radicalismo existe consenso de que deben ser actualizadas la leyes de Defensa y de Seguridad Interior, sancionadas con amplios acuerdos parlamentarios durante los gobiernos de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, respectivamente.

También los militares coinciden en que se debe utilizar todos los recursos disponibles de la Nación para procurar una seguridad eficiente, pero separando claramente los roles específicos y los que sean complementarios.