POLITICA
El Gobierno avala un frente electoral con el PRO en Buenos Aires, pero no cedería en las nacionales de octubre
Después del triunfo en la Ciudad, La Libertad Avanza (LLA) están muy duros con el plan de llevar sin variaciones el sello de La Libertad Avanza en la elección nacional de octubre, pero en la provincia de Buenos Aires estarían dispuestos a conformar un frente con el PRO, quizá con un nombre que integre a ambas fuerzas, e incluso abren la puerta a radicales afines.
El miércoles hubo una reunión en la Casa Rosada en la sede de la Jefatura de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada, entre el ministro coordinador, Guillermo Francos, que actuó como anfitrión; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular del partido oficialista; su asesor y armador en el interior, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Fue una discusión política”, dijeron en Balcarce 50, acotadamente, sobre la reunión donde empezó a definirse, en parte, la estrategia para lo que resta de este año en el plano electoral.
Para los libertarios, Mauricio Macri fue el gran perdedor de las últimas elecciones porteñas, donde el PRO fue derrotado como nunca por 15 puntos en su bastión de origen; creen que perdió todo el poder sobre su partido. Sin embargo, algunos van más allá, y, con cuidado de no sobrepasarse, confiesan que creen que la fuerza política nacida en 2005 en sí misma empezó a desaparecer.
Los máximos exponentes del Gobierno no lo dicen on the record, atentos a cuidar a los aliados en la Provincia de Buenos Aires, pero sí lo deslizan fuera de micrófono. Mientras que sus referentes ideológicos o intelectuales, como Agustín Laje, líder de la Fundación Faro, respetado por Milei como por su principal estratega Caputo, lo dijo con todas las letras en sus redes y en la TV: “El PRO está muerto”.
En el espacio fundado por Macri aseguran que no tienen disposición para hacer “pases” a La Libertad Avanza. Así lo marcó Ritondo, el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, apenas al día siguiente de los comicios que representaron una paliza, con el peor resultado de 20 años, que no esperaban. Y en la cúpula violeta, donde aprecian el aporte de esos dirigentes en particular, no quieren tensar con referentes como él -que también es presidente de la Cámara de Diputados nacional-, o intendentes como Guillermo Montenegro, de Mar del Plata. Así, hoy deslizaban que aceptarían, en el ámbito de la Provincia, conformar un frente que incluya a ambos partidos e inclusive a los correligionarios identificados con Maximiliano Abad.
Comparan con el caso de Chaco, donde los libertarios hicieron por primera vez una alianza de varios partidos para conformar las listas -entre ellos, el del gobernador, Leandro Zdero, radical- y lograron un triunfo. La coalición electoral fue llamada «Chaco Puede + La Libertad Avanza”; y en ese caso lograron derrotar al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, por más de diez puntos (aunque, como en la Capital, también hubo bajísima participación: solo votó la mitad del padrón).
“Mientras tengamos más políticos hablando del color de la boleta…“, dijo anoche Martín Yeza, uno de los macristas de la primera hora, ex intendente de Pinamar y diputado nacional, en diálogo con A24. En el PRO algunos se muestran prescindentes de las identidades políticas; otros, por lo bajo, no están dispuestos a ”pintarse de violeta», algo que el domingo por la noche se deslizaba off the record en el búnker de La Libertad Avanza en el hotel Libertador. En los próximos comicios locales se los respetarían; en los nacionales, no tanto.
Falta para el cierre de listas de las elecciones bonaerenses desdobladas. El 9 de julio será la presentación de alianzas electorales; el 19 del mismo mes, la de nóminas; el 8 de agosto la presentación de boletas, y el 7 de septiembre serán los comicios para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de un padrón de más de 13 millones de electores. Pero en el Gobierno ya arriesgan que “no hay forma” de que Cristina Kirchner compita -aunque María Teresa García, senadora bonaerense cercana a la ex presidenta, deslizó en varias ocasiones que iría a encabezar en la Tercera Sección-.
En todo caso, en LLA saben que dependerán de ese factor los nombres que se juegan a nivel local. Por ahora, admiten que las listas irán intercaladas, de manera equilibrada, con PRO. En el caso nacional, de todas formas, se muestran firmes en que ellos tendrán la prerrogativa total sobre las decisiones. Para el 26 de octubre están seguros de que estarán fortalecidos por los resultados en PBA; es lo mismo que decían con respecto al día después del 18 de mayo.
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POLITICA
El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a .
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
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POLITICA
“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral
En la Cámara de Diputados se vivió un episodio de máxima tensión cuando Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, señalándolo como instigador de los disturbios ocurridos en la movilización previa al debate por la reforma laboral. El cruce se desarrolló en el contexto de la sesión donde se analizaba la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad, lo que incrementó la expectativa y el ruido político dentro del recinto. El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó directamente contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según describió, terminaron en episodios violentos.
El diputado Ardohain calificó de “preocupante y lamentable” el rol de ciertos referentes políticos en las protestas. Planteó que la participación de legisladores en la vía pública, donde se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales, resulta incompatible con la responsabilidad institucional. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, enfatizó el legislador, y convocó a sus pares a defender la institucionalidad y el sistema democrático ante lo que consideró intentos de alterar el orden público.
La intervención de Ardohain se extendió algunos minutos y generó murmullos entre los presentes, especialmente en los bloques opositores. El diputado sostuvo que lo sucedido la jornada anterior no solo afecta a la imagen del Congreso, sino que pone en cuestión los límites entre la representación política y la protesta social. Además, recalcó la importancia de mantener la separación entre funciones parlamentarias y activismo callejero.
Frente a estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra con un tono desafiante y rechazó cualquier señalamiento de instigación a la violencia. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó Grabois, en una réplica que buscó desacreditar la postura de Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y desafió abiertamente a Ardohain a que, si contaba con pruebas, presentara una denuncia penal en su contra.
Grabois, en una intervención cargada de críticas, defendió la legitimidad de las protestas y denunció que la represión posterior fue dirigida contra jóvenes y militantes. Remarcó que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino que se apunta contra los manifestantes, profundizando así el contrapunto con el oficialismo. Sus dichos generaron nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.
El legislador también vinculó la discusión en curso con el debate por la reforma laboral, advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia. Además, lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que generó un clima aún más tenso y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más intensos desde el inicio de la sesión.
La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques respecto al papel de los representantes en la calle y el límite entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional. El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral continuó en un ambiente enrarecido, con la atención puesta en los alcances que puedan tener las denuncias cruzadas.
El contexto general de la sesión estuvo atravesado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La tensión en la Cámara se reflejó tanto en los discursos como en los gestos, evidenciando la profundidad del conflicto político y social en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno.
POLITICA
Pese a las críticas por las licencias médicas, el Gobierno dice que no aceptará cambios en la reforma laboral
El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.
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En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.
Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.
El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.
En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.
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Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.
El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.
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