POLITICA
El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.
Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.
El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.
También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.
Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.
En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.
Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.
En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.
En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.
Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.
Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.
POLITICA
El Gobierno tiene otras 50 reformas en agenda: los principales proyectos que se enviarán este año al Congreso

Luego de un verano en el que logró aprobar en el Congreso varias de las iniciativas que se propuso, el presidente Javier Milei ya se prepara para dar el debate sobre casi cinco decenas de otras reformas que tiene en carpeta y que apunta a que se traten a lo largo de este año.
Sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, en el Gobierno confían en que se va a terminar de sancionar la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sin embargo, varios de los temas que se iban a votar durante este periodo quedaron pendientes por cuestiones de estrategia parlamentaria, mientras que otros desde un principio se dejaron para más adelante por decisión de las autoridades nacionales.
“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Tal como reveló Infobae, recientemente Milei les pidió a sus ministros que le entreguen en estas semanas alrededor de 10 propuestas referidas a cada una de sus áreas, para impulsar en el Congreso.
Algunos de los textos ya están listos y fueron elaborados en el marco del Consejo de Mayo, el organismo integrado por diferentes sectores y que se reunió periódicamente a lo largo del 2025 para discutir una serie de políticas de Estado que los gobernadores se comprometieron a abordar junto al Presidente durante la firma del pacto homónimo.
Ese cuerpo de trabajo estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Adorni- y compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.
De ese grupo salieron algunas iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que plantea un conjunto de cambios a la norma actual, que dta del 2006, en cuanto a la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias.
Asimismo, se planea continuar con la discusión por el financiamiento universitario, que ingresó a la agenda de sesiones extraordinarias tras publicarse recientemente en el Boletín Oficial.

También se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que entre otros puntos prohibiría el déficit y dejaría claron que cualquier norma que apruebe el Congreso y que “establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente”.
Asimismo, el Consejo también elaboró un proyecto para reglamentar La inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiaciones y los procedimiento de desalojo, entre otras cuestiones.
Por su parte, el Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, busca retomar la Reforma Política para mejorar la Boleta Única en Papel (BUP), que se comenzó a implementar el año pasado, endurecer los controles de financiamiento de los partidos políticos y volver a suspender, o directamente eliminar las PASO.
Sobre el primero de esos puntos, se analiza agregar un casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca, en lugar de tener que señalar a todos los candidatos para cada categoría, como sucede ahora.
Este fue, justamente, uno de los temas que conversó la Mesa Política cuando se reunió el lunes en la Casa Rosada para terminar de planificar la estrategia legislativa en el tramo final de las extraordinarias.

Además de Adorni y Santilli, en ese grupo están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
“Lo que se está conversando es la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las primarias, por el costo que implican”, señaló a este medio una fuente al tanto de lo charlado.
Durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo, el oficialismo también buscará debatir el nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo.
La junta entregó una primera versión ese año que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.
El proyecto contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias, además de ampliar el concepto de imprescriptibilidad, que rige para los crímenes de lesa humanidad, a otros delitos como homicidio simple y agravado, y abuso sexual, entre otros.

Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque fue un tema que generó fuerte discusión dentro del Gobierno, por el momento se sostenían los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.
Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, también resta ser aprobado en el Congreso el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que demandará también una serie de leyes para adaptar la legislación local y poder cumplir así con las medidas con las que se comprometió la Argentina en el tratado.
En el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, también se está trabajando intensamente sobre diferentes medidas, pero el contenido de las mismas permanece bajo un fuerte hermetismo y se dará a conocer en los próximos días. Por el momento, no se está pensando en cambiar el sistema de pantentamiento de los medicamentos.
Por último, también podrían agregarse algunas iniciativas que se descartaron de otros proyectos o se dejaron para más adelante, como modificaciones en el régimen de licencias médicas para los tabajadores, el polémico artículo 44 de la reforma laboral.
La UIA tiene una propuesta ya diseñada para esto: “Se plantea pagar el 90% del salario los primeros 10 dias y el 100% del neto no remunerativo a partir del dia 11. Traspasa algo del costo al Estado, pero no todo”, explicaron fuentes del sector.
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POLITICA
Venezuela: liberaron a más de 30 presos de El Rodeo I, pero no hay novedades de Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, tras la promulgación de una histórica ley de amnistía en Venezuela. Los beneficiarios salieron del penal con la cabeza rapada y camisas blancas al grito de “¡somos libres!”, siendo recibidos por familiares que aguardaban en las inmediaciones.
Según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión para el cumplimiento de la norma, el proceso ya benefició a 2021 personas con medidas cautelares y a 177 detenidos que recuperaron su libertad plena.
Pese al avance de las excarcelaciones, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa recluido en El Rodeo I y mantiene una huelga de hambre. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó a TN que hasta el momento no recibió noticias sobre su situación.
María Gómez, esposa de Nahuel Gallo
El efectivo argentino exige la visita de la Cruz Roja y asistencia consular como condiciones para levantar la medida de fuerza, en un contexto donde el proceso de liberaciones, según los allegados, avanza “a cuentagotas”.
La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma busca transitar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, aunque expertos dudan de su alcance real, ya que militares acusados de actividades terroristas podrían quedar excluidos.
No obstante, algunos de los liberados este lunes pertenecen al ámbito militar, como el cadete Javier Rivas, quien denunció haber sufrido “tortura, golpes, maltrato físico” durante su detención.

Hasta la mañana del lunes, la ONG Foro Penal contabilizó 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que 1500 presos políticos solicitaron formalmente su libertad a través de este instrumento legal.
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POLITICA
El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.
Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.
La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.
Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.
Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.
En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.
“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.
“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.
El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.
El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.
Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.
Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.
Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
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