Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.

El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal.

Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del “Caso Badaro”, a todos los haberes de jubilados y pensionados.

El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años.

El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: “El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo”.

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.

Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado.

“Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”, dijo la Corte.

Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso “Halabi” al Congreso de la Nación para que “se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos”.

Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.

Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.

Según señaló, “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y “por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca”.

También afirmó que los afectados era “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor”.

Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo – con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima.

En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional.

Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización.

El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad.

La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro.

Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional.

En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.

Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del “largo trámite” de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 (“Ley de Reparación Histórica”) “que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia”, dijeron.

Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite.

Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor.

“Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación — órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado”, dijeron Rosatti y Rosenkrantz.

Es más: señalaron que “si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante” para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo” por entender que no era el “carril adecuado” para encausar el planteo.

A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales).

“De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción”, señalaron Rosatti y Rosenkrantz.