A pocos meses de cumplirse tres años del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años, asesinado en 2023 por un amigo de 14 en Laboulaye, el Gobierno de la provincia de Córdoba presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca implementar nuevos derechos y garantías para las víctimas de delitos.

La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y la modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar el trato, la participación y la protección de quienes atraviesan un proceso penal. El texto fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora.

La familia de la víctima insistió en la necesidad de cambiar las normas para garantizar la intervención de los familiares en el proceso judicial y el acceso a la información del expediente. A raíz del pedido, desde la Legislatura provincial avanzaron con el proyecto que fija estándares mínimos en el trato, la información y la protección de las víctimas, junto con obligaciones precisas para el Estado y los operadores judiciales.

“El proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”, escribió el gobernador en su cuenta de X. Y afirmó: “Propusimos que lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023. Su familia transformó el dolor en un compromiso para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al sistema“.

Entre los derechos que se garantizan desde el primer contacto con la Justicia, la propuesta incluye: trato digno, privacidad y no revictimización, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y la posibilidad de participar activamente en audiencias relevantes. Además, la iniciativa contempla la asistencia médica, psicológica, social y jurídica sin costo, medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones, y la reparación integral del daño sufrido.

El proyecto incorpora el principio de “debida diligencia”, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el trámite judicial profundice el daño de la víctima. Según detalló El Doce, la propuesta también habilita que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.

El asesinato del menor ocurrió el 29 de junio y su cuerpo fue hallado luego de tres días de búsqueda, en una casa abandonada cerca del colegio donde ambos adolescentes asistían. El chico de 14 declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro. “Ha reconocido que es el autor del crimen”, confirmó en aquel entonces el magistrado. Sin embargo, lo declararon inimputable bajo la legislación vigente.

Según fuentes de la investigación, el relato del joven señalado como autor del hecho coincidía con lo que se reconstruyó a través de las imágenes de tres cámaras de seguridad, “en donde claramente se los ve ingresar a los dos (a un baldío)”

Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo”. Explicó que el adolescente “hizo un relato en donde admite que participó solo, que no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión, que tomó un fierro y le pegó en la cabeza”.

En octubre del año pasado la familia del adolescente había demandado civilmente al Gobierno provincial y a los padres del asesino por una suma de $600 millones. En el caso del Gobierno, lo señaló “por daños y perjuicios como ente rector, a través del Ministerio de Educación”, de la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas.

Este jueves asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su primer acto administrativo podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Es que días atrás Cúneo Libarona recibió a especialistas en derecho civil y comercial para analizar la situación en la AFA, pero este miércoles formalizó la renuncia que venía impulsando desde hace tiempo.

Leé también: “Chiqui” Tapia cambió de abogados y logró postergar su declaración indagatoria

Cúneo Libarona ya tenía definida la decisión, pero abandonó el cargo antes. Sobre esta postura hay dos versiones: la primera que circulaba dentro del Gobierno era que estaba “pateando el problema para adelante” y que no quería que la eventual designación de veedores en la AFA sea su último acto administrativo al frente del Ministerio.

“Se quiere ir y no quiere definir sobre los veedores; que en todo caso lo haga su reemplazante”, deslizó una fuente con llegada a la Casa Rosada días atrás. En ese marco, también hubo quienes creían que estaba demorando la decisión para dejar el tema sin resolver antes de su salida.

La segunda, según pudo saber TN de altas fuentes del Ministerio de Justicia, se debió a que simplemente los tiempos de la documentación no le permitieron llevar adelante la medida.

Es por eso que previo a su renuncia, aseguraron que Cúneo Libarona estaba “tratando de dejar todo ordenado” y que su intención era resolver el planteo con fundamento jurídico.

Ahora será Mahiques quien debe definir si designa veedores en la AFA. Pero el proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio.

En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. Luego pasará a legales de Justicia y recién ahí definirá el flamante ministro.

El trámite para determinar a los veedores no es sencillo. En el Ministerio explican que el proceso es “engorroso”: se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Recién entonces puede formalizarse una respuesta. Ese circuito administrativo explica, según fuentes oficiales, por qué la definición aún no se produjo.

La investigación en la AFA

El conflicto se originó luego de que la AFA no presentara el balance financiero correspondiente a 2025. La IGJ sostiene que la entidad fue entregando documentación de manera parcial en los últimos meses, pero no cumplió con la presentación del último ejercicio.

Por eso pidió la designación de veedores que auditen los estados contables de 2025, los números de la Universidad de la AFA y todos los movimientos económicos de TourProdEnter.

En el último balance presentado, correspondiente a 2024, se consignaron gastos por 39 mil millones de pesos en selecciones nacionales, sin desagregar el destino de esos fondos.

Además de los egresos, la IGJ requirió el detalle de los ingresos y de todos los movimientos económicos de la institución.

Leé también: La Justicia investiga a “Fiño”, un financista que habría llevado US$5 millones a una oficina ligada a la AFA

Cuando comunicó la medida, el Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”.

En ese mismo mensaje se indicó que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

El organismo también advirtió que la entidad “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —según el comunicado oficial— impide conocer el origen y destino de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución en ese período.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que en las últimas semanas trascendió una investigación sobre “eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA”, que habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por su contabilidad.

AFA, Juan Bautista Mahiques

nahuel agustín gallo,seguridad,venezuela