El subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, presentó su renuncia al cargo en el Ministerio de Economía, después de que su nombre quedara apareciera involucrado en la causa que investiga un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cardini era funcionario y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora del Palacio de Hacienda, a quien se le encontró 700 mil dólares en efectivo y una suma no determinada de dinero en otras monedas, en su departamento en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero.

La pareja convivía y sus nombres aparecieron en las escuchas de la causa ANDIS, que instruyó el fiscal Franco Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello. La investigación se inició por el audio del ex titular del organismo de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, a partir de ese audio obtenido de manera clandestina y difundido por los medios, la causa avanzó con allanamientos, declaración de testigos e imputados y una serie de escuchas a los principales involucrados en la trama de supuestos negocios ilegales con las prestaciones y medicamentos que compraba ese organismo.

Según pudo confirmar Infobae, el ahora ex subsecretario presentó su dimisión el jueves a la noche, en medio de la difusión de los detalles de la investigación que se plasmaron en el dictamen de Picardi.

La escucha que salpica a Cardini

En el expediente que elaboró el fiscal Picardi se reproduce una de las escuchas realizadas al teléfono de Miguel Ángel Calvete, en las que aparece el nombre de Javier Cardini. En la transcripción aparecen Lorena Di Giorno, ex funcionaria de ANDIS que participaba del circuito presuntamente ilegal; y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Allí aparece el nombre del “novio de Ornella”.

“Esta conversación se da el mismo 9 de octubre de 2025, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios, entre ellos en uno de los domicilios vinculados a Miguel Ángel Calvete en calle Defensa. A continuación, transcribiré aquellas conversaciones de especial interés para la pesquisa, y en particular para abordar la participación de Lorena Di Giorno en los hechos investigados”, indica el informe al que accedió Infobae.

Y agrega: “Ese mismo día, a las 18:31 horas, Miguel Ángel Calvete -desde la línea 11675…- vuelve a llamar a Lorena Di Giorno y se produce el siguiente intercambio:

MAC: “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a

Paula, sabes cual es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella [hija de

Miguel Ángel Calvete].”

LDG: “Bueno, entonces yo le digo a coso que me de el teléfono de coso.”

MAC: “O que vaya Guada ahí a Quartier a ver a Ornella.”

LDG: “¿Qué hago de las dos cosas? Decime. Vos querés el teléfono de Javier.

Listo”

MAC: “Las dos, yo para hablar con Ornella para ver cómo está ese tema.”

LDG: “¿Y si se lo pido a Yami?”

MAC: “A ver si Yami lo tiene, ya le dije a Guada que haga eso. Hacé primero

eso. Escúchame, a coki ¿qué fueron a la casa de coki, y nada más, se llevaron el teléfono?”

LDG: “Sí, todo. Solo de ella.”

MAC: “Pero de documentación no tiene un carajo”

LDG: “Nada. Es más, los demás teléfonos los dejaron.”

MAC: “Pasame con Guada”

MAC: S, amor. Ahí estamos viendo qué allanamientos hubo y que no. Pero

ahí figura Roche, todas las empresas grandes”

GM: “Sí, todas las empresas. Lo que pasa que nadie quedó, nadie pasó nada,

lo único que vos…”

MAC: “Sí, por ese tema. Ya está. Vamos para adelante.”

GM: “Ahora te veo en un ratito. Te amo”

La Argentina volvió a alinearse con Estados Unidos y decidió no acompañar el documento final que circuló durante la Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) en Johannesburgo. La postura del Gobierno marcó un fuerte contraste con el resto de los países y dejó en claro el malestar por la forma en que se resolvió la declaración.

Según explicaron desde Cancillería, la decisión argentina respondió “al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto″.

Para el país, preservar el consenso es clave para la legitimidad de las decisiones que se toman en el foro.

Después de varios días de negociaciones, la delegación argentina lamentó que se haya dado por aprobada una declaración “sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros».

“Esta decisión omite una norma central del G20″, remarcaron, y recordaron que el mandato principal del grupo es la coordinación global de políticas para la estabilidad financiera y el crecimiento económico, “siempre sobre la base del consenso”.

El conflicto en Medio Oriente, otro punto de quiebre

En el comunicado oficial, la Argentina también se diferenció del enfoque que el documento final adoptó sobre el conflicto en Medio Oriente. El Gobierno consideró que el texto tiene una mirada parcial y que «omite el contexto regional y las causas estructurales» del conflicto, elementos que considera indispensables para avanzar hacia un “proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado”.

EE.UU. decidió rechazar el comunicado final del G20

En otra muestra de alineamiento, Javier Milei ya había decidido acompañar a Trump en la decisión de no asistir a la cumbre en Johannesburgo y en su lugar envió al nuevo canciller Pablo Quirno.

Días atrás, Donald Trump anticipó el rechazo de EE.UU.. “Las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos, y no podemos apoyar el consenso sobre ningún documento negociado bajo su Presidencia”, esgrime una carta con sello a la que tuvo acceso TN, enviada por la embajada norteamericana en Pretoria al Departamento de Relaciones Internacionales de Sudáfrica.

Trump ya había anunciado que él no participaría, como tampoco lo haría ningún representante de su gobierno.

La posición de la Casa Blanca responde al marcado rechazo a los organismos multilaterales desde el regreso de Trump y a las fuertes acusaciones contra el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, por el supuesto “genocidio blanco” que el propio magnate le achacó durante una visita en el Salón Oval en mayo de este año.

Qué es el G20

Fundado en 1999, el G20 es un foro integrado por 19 países -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos-, además de dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. Representan el 85% del PBI mundial y aproximadamente dos tercios de la población del planeta.

Javier Milei, G20, Cancillería

La confesión de Ernesto Clarens durante el juicio de los Cuadernos arrojó luz sobre el funcionamiento interno de una de las tramas de recaudación ilegal más complejas de la historia reciente argentina. En la tercera audiencia del juicio oral, se leyeron los fragmentos más significativos de su declaración como imputado colaborador, en la que describió con precisión su papel en el circuito de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. “Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, se escuchó en la audiencia, en referencia a su rol central en la conversión y traslado de fondos.

Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y es juzgada junto a De Vido, Baratta y otros 83 acusados.

La exposición de Clarens, un hombre cercano a Lázaro Báez, se realizó en una audiencia virtual en la que la expresidenta no estuvo presente durante las cuatro horas que duró la sesión. El relato comenzó con un episodio de mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, lo convocó a una reunión en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales (conocida como la “Camarita”). Allí, según Clarens, Wagner le informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria que requería su intervención para recibir pagos de constructoras en concepto de aportes o retornos, y que debía asegurarse de que esos fondos llegaran al secretario de Obras Públicas, José López, o a quien él indicara.

Clarens explicó que fue elegido para esa función porque era conocido como el financista de Báez. Tras recibir la instrucción de Wagner, verificó la operatoria con López y Báez, quienes le facilitaron el contacto de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz le indicaba los lugares de encuentro para la entrega de dinero, que variaban según el monto a transferir.

El mecanismo, según la confesión, se desarrollaba de la siguiente manera: representantes de las empresas constructoras —en muchos casos los propios titulares, gerentes financieros o contadores— acudían a la oficina de Clarens, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, ambas en la ciudad de Buenos Aires. En ocasiones, era el propio Clarens quien se desplazaba a las sedes de las empresas. Entre los enviados habituales mencionó a Collazo por HELPORT, Santiago Altieri por IECSA, Eduardo Kennel por CHEDIACK, Losi en persona, Tito Biaggini por CARTELLONE, Copola por ESUCO, Aznar por DECAVIAL y Gerbi por COARCO. Clarens subrayó que, en la mayoría de los casos, los titulares de las firmas participaban directamente en la entrega.

Algunas empresas, como CPC de Cristóbal López y Electroingeniería, tenían una relación directa con el poder y no entregaban la recaudación a Clarens. El sistema, instaurado por orden de Néstor Kirchner, consistía en que los representantes de la Camarita dejaban sumas en pesos junto con una anotación detallando el monto cobrado y el concepto. El valor de cada entrega rondaba los USD 300.000 y se realizaba semanalmente. Con el tiempo, los montos disminuyeron porque las empresas tenían dificultades para reunir el dinero, ya que la Dirección Nacional de Vialidad demoraba los pagos de los certificados de obra. El porcentaje habitual de la recaudación era el 10% de lo cobrado, aunque en ocasiones se entregaban sumas menores por los retrasos en los pagos oficiales.

Clarens detalló que su función principal era cambiar los pesos recibidos por dólares en el mercado informal, obteniendo una comisión que constituía su ganancia en negro. Para ello, recurría a un corredor llamado Vallarino, operando en “cuevas” financieras y, en ocasiones, a través de la mesa de dinero del Banco Finansur, que actuaba como intermediario con casas de cambio.

En una etapa posterior, Daniel Muñoz le solicitó que procurara euros en billetes de quinientos, por su menor volumen físico. Las entregas de dinero a Muñoz se realizaban en el Hotel Panamericano, donde el secretario tenía una habitación, o en el edificio de Juncal y Uruguay, residencia del matrimonio Kirchner, especialmente cuando se trataba de sumas importantes. Clarens precisó que nunca accedió al departamento, sino que Muñoz lo recibía en el hall de la planta baja.

La Camarita entregaba mensualmente a Clarens un listado con las obras licitadas, que incluía datos como la fecha, número de licitación, obra, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Un segundo listado correspondía al ranking de las empresas cartelizadas. La licitación preveía un adelanto financiero del veinte por ciento del total de la obra, del cual se exigía a la empresa la entrega de la mitad en una sola vez. Si el anticipo era del diez por ciento, se solicitaba ese monto en cuotas. Clarens aclaró que nunca participó en la selección de las empresas adjudicatarias.

En su declaración, Clarens relató un pedido específico de Cristina Kirchner: tras la muerte de Néstor Kirchner, la entonces presidenta ordenó que se adjudicara una obra en el sur a Cristóbal López, concretamente el tramo Perito Moreno – Bajo Caracoles de la Ruta 40. Aunque la licitación ya se había abierto, José López le encomendó a Clarens que contactara a todos los compradores del pliego para informarles que la obra estaba destinada a López y que debían desistir o acompañar. Finalmente, la adjudicación recayó en Cristóbal López.

Sobre el funcionamiento de la Camarita, Clarens describió que, tras la convocatoria a licitación de Vialidad Nacional, los interesados en los pliegos eran citados a la sede de la cámara. Allí, se resolvían los “pases” entre empresas, es decir, se negociaba la renuncia a determinadas obras en función de turnos y acuerdos previos. El proceso se reducía progresivamente hasta que quedaban pocas empresas, que en ocasiones se asociaban en UTE. La jornada de negociación se extendía desde las diez hasta las dieciocho horas.

Una vez definido el ganador, se discutía el precio a ofertar, que siempre superaba el presupuesto oficial en torno al 20%. De ese sobreprecio, la mitad se destinaba a coimas y la otra mitad a la generación de dinero negro. Clarens señaló que, aunque los presupuestos oficiales eran correctos en líneas generales, las ofertas y los adicionales posteriores incrementaban los valores, y sobre estos adicionales también se cobraban sobornos, aunque él no participaba en esa recaudación. Tras la muerte de Néstor Kirchner, Wagner y López le informaron que la recaudación se había discontinuado. Clarens estimó que el dinero movilizado en este esquema rondó los USD 30 millones.

En otro tramo de su confesión, Clarens relató que, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner buscó salvar a la constructora GOTTI, absorbida por Lázaro Báez. Por orden de la presidenta, José López le pidió a Clarens que apoyara a GOTTI, que debía operar como subcontratista de empresas con obras adjudicadas, aportando su capacidad de construcción y equipos. Dado que GOTTI tenía sus cuentas cerradas, Clarens gestionó la cobranza y se celebró un convenio de gestión financiera entre GOTTI y COFICRED. Posteriormente, GOTTI fue adquirida por ROVELLA, interesada en su capacidad operativa y equipamiento, con el objetivo de ingresar en la Patagonia.

Consultado sobre el motivo por el cual Cristina Kirchner quería salvar a GOTTI, Clarens respondió que lo desconocía, aunque sugirió que podría tratarse de una promesa pendiente de Néstor Kirchner a la empresa. Describió la situación de Sergio Gotti como desesperada, con la sociedad en bancarrota y abandonada por Báez, lo que habría motivado un pedido urgente a la presidenta.

Durante 2012 y 2013, Clarens afirmó que José López le comunicó que algunas empresas aportarían dinero para la campaña del kirchnerismo. Mencionó específicamente a ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK y ROGGIO como firmas que entregaron fondos con ese fin. Tras cambiar el dinero a dólares, Clarens entregaba la recaudación directamente a López en un departamento cercano al Hotel Faena en Puerto Madero.

La demanda de fondos continuó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2014 y 2015, Clarens preguntó a López por la razón de la persistencia de los pedidos, y este le respondió que había recibido un reclamo de Hebe de Bonafini por el programa Sueños Compartidos, y que necesitaba 70 millones de pesos para entregarlos a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza. Clarens precisó que la recaudación total en este contexto ascendió a aproximadamente USD 30 millones, y que la efectuaba para José López.

Clarens corroboró un dato aportado por el propio ex secretario de Obras Públicas: “José López preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero”.

En la parte final de su declaración, Clarens reveló que Muñoz le había contado que el dinero en efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde se percibía un fuerte olor a tinta. Muñoz le explicó que el dinero se transportaba los viernes en aviones oficiales que partían del sector militar de Aeroparque y aterrizaban en Río Gallegos o en El Calafate, siendo este último el destino final de los fondos.