POLITICA
El Gobierno concedió el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años en Brasil por intentar un golpe de Estado
El Gobierno otorgó el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión y extraditado a Brasil por intentar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
Se trata de Joel Borges Correa, a quien el juez Daniel Rafecas concedió la extradición por pedido de la Justicia brasileña, en un trámite que estaba apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
Antes de que se resuelva el asunto, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, concedió a Borges Correa la condición de refugiado.
Con este estatus el exprófugo Borges Correa quedó a salvo de ir preso en su país, donde había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el ataque al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023, en un intento de golpe de Estado.
El Gobierno dijo que había “temor fundado” de que Borges Correa fuera objeto de una persecución política en su país. Es sabido el encono y enfrentamiento de Milei con Lula por su posición política y su simpatía y alineamietnto ideológico con el expresidente Jair Bolsonaro.
Junto a este Borges Correa fueron extraditados Joelton Gusmao de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían sido condenados y estaban en prisión domiciliaria a la espera de que se resuelvan sus pedidos de refugio.
Borges Correa es el único al que le fue concedido el estatus de refugiado. El bolsonarista declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque había un pedido de captura en su contra.
Vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Borges Correa viajó el 8 de enero de 2023 a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para una movilización. Dijo que ya había desmanes y destrozos cuando llegó al centro del conflicto en la Plaza de los Tres Poderes. Acusó a un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión decidió refugiarse en el Planalto, dijo.
Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.
Borges Correa estuvo preso siete meses en Brasil hasta que en agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Fue condenado a 13 años y medio de prisión por atentar contra la democracia, además de daños y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Brasil.
Pero Borges Correa huyó. Se sacó la tobillera electrónica e ingresó a la Argentina con otros condenados. Lo atraparon poco tiempo después y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. La CONARE le creyó a Borges Correa en cuanto sus condiciones de detención e hizo caso omiso de la sentencia confirmada por la Corte de Brasil.
La CONARE argumentó que los bolsonaristas creían estar frente a un fraude electoral y por eso actuaron y lo tomó como causal de justificación de las acciones. Cuestionó el fallo del vecino país que lo condenó y dijo que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”. Si avanza la suspensión del proceso judicial, el bolsonarista podría recuperar su libertad.
Rafecas había dispuesto al término de un juicio oral la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país, que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023. El fallo estaba apelado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión. Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que ahora se resolvió solo en favor de Borges Correa.
Hernán Cappiello,Conforme a
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la declaración indagatoria del jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado de impedir a las autoridades el acceso a los correos electrónicos de la firma investigada en la causa por la venta de medicamentos con supuestos sobreprecios y cartelización a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En este expediente está proceso el extitular de la Andis Diego Spagnuolo y otras 18 personas. Otros procesados son Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, entre otros, implicados en supuestas negociaciones ilícitas con la entidad.
La investigación reveló un esquema de corrupción que involucra la manipulación de compras y supuestamente comprometió los recursos destinados a personas con discapacidad.
En los albores de este expediente, iniciado luego de que se difundieron audios que mencionaban el cobro de coimas del 3% del precio por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el juez federal Sebastián Casanello allanó la droguería Suizo Argentina. Era una de las firmas proveedoras de los medicamentos.
En ese procedimiento Iglesias intervino para impedir el acceso al servidor de mails de la empresa, por lo que fue denunciado por Casanello por resistencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento en la empresa situada en la avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de la medida era realizar una “copia espejo” de los correos electrónicos institucionales de una decena de directivos de la firma para recabar evidencia digital sobre el caso investigado.
Durante el operativo, el personal de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad identificó a Hernán Díaz como la única persona presente con los privilegios de administrador y los conocimientos técnicos necesarios para acceder al sistema.
Cuando los agentes le solicitaron que realizara el “blanqueo de claves” (reseteo de contraseñas) para poder exportar los correos, Díaz reconoció saber cómo hacerlo, pero se negó a colaborar.
Según consta en el acta del procedimiento, el jefe de sistemas se justificó afirmando que carecía de “la autorización”.
Para el fiscal Rívolo, el argumento de Díaz no tiene sustento legal frente a un mandato judicial. “La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”, dijo.
El fiscal remarcó que la medida se encontraba amparada en una orden legítima, clara y vigente.
Además, destacó que la negativa de Díaz provocó un daño directo a la investigación en curso, ya que la Justicia no pudo acceder a las casillas de correo requeridas.
“La actitud adoptada por Hernán Daniel Díaz obstruyó el procedimiento en lo que se refiere al blanqueamiento de las claves y comprometió su éxito”, explicó el fiscal Rívolo.
Ahora será el juez federal Julián Ercolini quien decidirá si avanza sobre el empleado de la droguería Suizo Argentina.
El expediente de la causa ANDIS está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi. El fiscal, tras los primeros procesamientos, trabaja en una segunda etapa sobre la operatoria de los laboratorios y droguerías que proporcionaban los medicamentos, incluida la Suizo Argentina, pero aún no pidió ninguna medida.
En paralelo, la Cámara Federal analiza los procesamientos de los funcionarios y empresarios y los planteos de las defensas para declarar nula la causa por el origen de los audios, que se conocieron al inicio de la investigación.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Nahuel Gallo habló con María Corina Machado tras haber estado 448 días detenido por el régimen chavista
El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación y puesta a punto tanto física como psicológicamente para seguir con sus tareas en la Gendarmería. Mientras tanto, sigue con una agenda de comunicación con varios referentes venezolanos y argentinos, y ahora habló por primera vez con María Corina Machado, la líder venezolana y premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen chavista.
La comunicación entre ambos se dio a conocer a través de una publicación de la activista venezolana en la Argentina, Elisa Trotta, quien compartió imágenes de la comunicación entre el gendarme, su esposa María Alexandra Gómez y la referente de la oposición venezolana.
“Hoy Nahuel Gallo y @gg_alexand95764 conversaron con @MariaCorinaYA y su equipo. Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela. Seguimos hasta #QueSeanTodos”, publicó Trotta en su cuenta de X.
Asimismo, desde el espacio Comando Venezuela, que lidera Machado, postearon: “¡Bienvenido a la libertad, Nahuel! La líder María Corina Machado conversó con el ex preso político Nahuel Gallo tras ser liberado».
A más de una semana de que se haya conocido la noticia de su liberación por parte del régimen chavista, el gendarme poco a poco va retomando el ritmo de lo que era su vida antes del 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido de forma ilegal mientras intentaba cruzar la frontera vía terrestre entre Venezuela y Colombia.
En los últimos días, Gallo participó por primera vez desde su retorno al país, integrándose a la rutina junto al escuadrón y bajo la mirada atenta de los altos mandos de Gendarmería y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. La presencia de la funcionaria subrayó el carácter especial de la jornada y añadió un significado particular al izamiento de la bandera argentina.
Quienes participaron de la jornada destacaron la fuerte carga emocional del izamiento de la bandera, rodeado de sus colegas y autoridades. Como parte del homenaje, Gallo recibió una insignia representativa: el cóndor del Escuadrón Uspallata.
“El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”, señaló el jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, al entregar la distinción.
El reingreso de Nahuel Gallo a la institución no sólo representó su regreso físico, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional: había expresado en las últimas horas su deseo de volver a ser gendarme porque tenía “muchas ganas de trabajar”.
Para lograrlo, antes debe superar exámenes médicos y psicológicos, recuperar peso y completar ciertos tratamientos, pero la expectativa es que retome sus funciones lo antes posible.
Durante la conferencia de prensa, Gallo sostuvo que en el lugar donde lo mantuvieron detenido hay «bastante torturas psicológicas» y aclaró que “hay veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”.
“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos veinticuatro extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado“, aclaró.
Y añadió: “Solamente quería pedirle a los medios internacionales, a la ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela, porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos, no podemos mirar para otro lado”.
Gallo fue liberado el pasado 1 de marzo, cuando a través de un comunicado de la AFA, se conoció que regresaba al país. Finalmente, pudo abrazarse con su familia que lo esperó en el Aeropuerto de Ezeiza hasta las 4.30 de la madrugada cuando volvió a poner un pie en territorio argentino.
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POLITICA
Harán una audiencia para definir si sigue adelante la causa por evasión contra la AFA o si la cierran por inexistencia de delito
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico convocó a una audiencia para la semana próxima para definir si sigue adelante con el caso por evasión y apropiación de aportes de los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o si corresponde cerrar el expediente por inexistencia de delito.
La convocatoria de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio es para el miércoles 18 de marzo y allí la defensa del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y la de los integrantes de la comisión directiva argumentarán en favor de que se cierre el caso, mientras que la fiscalía peleará para mantenerlo abierto.
En esta causa, Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que serán indagados en los tribunales mañana y pasado, están acusados por la ARCA de retener aportes y no pagar impuestos, en 2024 y 2025, por 19.000 millones de pesos.
Los defensores argumentaron que no correspondía pagar esas sumas porque estaban suspendidos los embargos. No obstante, vencida la fecha prevista para el cobro, pagaron la suma que le reclamaban a la AFA.
Por eso, como ya pagaron, los defensores sostienen que no hay delito y que la causa debe ser cerrada.
Sin embargo, la fiscalía de Claudio Navas Rial señaló que cuando se había fijado la fecha de pago, la obligación no se cumplió y eso es suficiente para acreditar el delito. Y señaló que la resolución del Ministerio de Economía que suspendía los embargos no implicaba que no se debían hacer los pagos.
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido para cerrar la causa y avanzó con las declaraciones indagatorias. Ya declararon los secretarios generales de la organización Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors.
Las defensas apelaron y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico: hay en realidad dos audiencias previstas, una para el jueves 12 para discutir la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino; y otra el 18 para debatir el cierre del caso por inexistencia de delito.
Si se mantiene la prohibición, Tapia y Toviggino deberán pedir permiso para ir al campeonato mundial de fútbol en los Estados Unidos.
En la causa penal se investiga la falta de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Tanto Malaspina como Blanco recordaron en un escrito presentado cuando fueron indagados, sin responder preguntas, que estaba pendiente esta decisión de la Cámara de Apelaciones.
“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo la presentación del abogado Lucio Simonetti.
Además de esta causa por evasión, hay otros tres expedientes donde se investiga a la AFA, a Tapia y a Toviggino.
Uno de ellos lo tiene el juez federal de Campana Adrián González Charvay sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece a Toviggino. Pero ahora ese magistrado pidió concentrar en sus juzgado todas las causas incluidas aquellas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado por la AFA en los Estados Unidos.
Los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado de Campana porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.
De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.
El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.
Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.
El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.
De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.
La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.
Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.
Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.
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