POLITICA
El Gobierno convocó a trabajadores estatales a una reunión de paritarias y revisarán los salarios
El Gobierno nacional convocó este lunes a los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a una nueva instancia de negociación paritaria. Lo hizo a través de una comunicación, compartida luego por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales. El encuentro se realizará este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en un contexto de fuertes tensiones salariales y tras varios meses en los que el reclamo de recomposición salarial ha sido repetido de parte de la dirigencia estatal.
La convocatoria fue realizada con carácter de urgente en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo. La cita es para este miércoles 23 de julio a las 15 horas, en las oficinas de la cartera laboral de la avenida Callao, en la Ciudad de Buenos Aires.
La reactivación de la mesa de discusión surge luego de una serie de reclamos de los gremios estatales que acusan un deterioro de los salarios y la necesidad de actualizar los haberes del personal público frente al avance de la inflación. Según expuso Aguiar en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), la expectativa del sindicato apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 19 meses de la administración del presidente Javier Milei.
El dirigente de ATE señaló que la reanudación de la paritaria representa una oportunidad para avanzar en la reparación de los ingresos de los empleados estatales, que según el gremio sufrieron un descenso significativo en su capacidad de compra. En ese sentido, anticipó que reclamarán un ingreso mínimo de $1.869.000 para toda la Administración Pública Nacional, cifra que, según sus estimaciones, permitiría cubrir el costo de la canasta familiar y garantizaría el derecho constitucional a una retribución justa.
“Te anticipamos que no vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo. Se necesita $1.869.000 de ingreso mínimo en toda la Administración Pública. Es nuestro derecho constitucional a una retribución justa. Es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”, escribió el titular de ATE, arrobando la cuenta del presidente Javier Milei.
El antecedente de esta negociación data del mes de abril, cuando el Gobierno nacional decidió otorgar un aumento salarial del 3,9% para el trimestre marzo-mayo, distribuido en tres incrementos consecutivos de 1,3% cada uno, junto con un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo.
La medida en aquel momento fue anunciada un día después del paro general convocado por la CGT, y aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en la administración pública, pero rechazada de plano por ATE.
Aguiar ya había calificado aquel aumento como un “hachazo” al salario estatal y cuestionó duramente tanto al Gobierno como a UPCN. “En el Estado le prestan un ratito la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos. Debiera estar prohibido por ley firmar aumentos que se ubiquen por debajo de la inflación. No puede ser que sigan firmando el 1% mensual. Es indigno”, afirmó el dirigente
“Las negociaciones salariales en la primera parte del año tienen saldo negativo para los estatales: en enero y febrero los aumentos (1,5% y 1,2%) quedaron por debajo de la inflación (2,2% y 2,4%)”, dijo el titular de ATE aquella oportunidad y precisó que, en el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, los aumentos salariales sumaron 16,2%, mientras que la inflación acumulada fue de 32,6%, es decir, menos de la mitad que la inflación.
Aguiar acusó al Gobierno de “destrozar los ingresos en el sector público” y de utilizar el ajuste de salarios y jubilaciones para “compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos”.
El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes y autoridades del PRO a un encuentro estratégico que se realizará este jueves en Parque Norte. La cita tiene como objetivo definir la hoja de ruta del partido para el resto del año y planificar su papel en las elecciones de 2027.
La reunión, organizada por el diputado y secretario general del partido Fernando de Andreis, espera concentrar a intendentes, legisladores, concejales y figuras nacionales del espacio, entre ellos María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y la legisladora porteña Silvia Lospennato.
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Más allá de cumplir con formalidades estatutarias del Consejo Nacional del PRO, el cónclave tendrá un fuerte componente político. Allí se evaluarán estrategias legislativas, la representación del partido en el Congreso y los vínculos con gobernadores provinciales, considerados clave para ampliar la influencia federal del macrismo.
El exmandatario ya había iniciado reuniones previas con el foco puesto en consolidar la identidad del PRO y definir su relación con La Libertad Avanza.
La postergación del Consejo Nacional del PRO a fines del mes pasado permitió reprogramar esta cumbre, otorgándole a Macri espacio para marcar la estrategia del partido.
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A poco más de 10 días de su llegada al Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques continúa con los cambios dentro de la cartera en áreas clave. Durante esta madrugada, se hizo efectiva la salida de quien era hasta este martes la titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores.
La renuncia de María Fernanda Rodríguez se hizo efectiva mediante la publciación del decreto 156/2026, en el Boletín Oficial. Los motivos de su dimisión no fueron explicitados, pero se dan en el marco de una reestructuración del Ministerio tras la designación de Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo», dice la normativa publicada esta madrugada, en la que no se especificó quién será el nuevo jefe de Gabinete de Justicia.
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Horas antes, el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento de los veedores sobre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La intervención es en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La semana pasada se dieron otros cambios en el Ministerio con al designación de Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal, quien tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.
Además, según lo dipuesto, entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.
Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Más designaciones dentro del Gobierno
Además de los cambios en Justicia, el Ejecutivo nacional nombró a nuevos funcionarios en dos organismos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Con respecto a la primera, a través del decreto 16/2026, nombraron como subadministrador Nacional a Gabriel Leonardo Barbagallo. Mientras tanto, en el ORSNA —a través del decreto 155/2026—, aceptaron las renuncias presentadas por Carlos Pedro Lugones Aignasse al cargo de presidente del organismo y la de Fernando José Muriel como vicepresidente.
En el mismo acto administrativo, el Gobierno nacional designó a Diego Pablo Giuliano como nuevo presidente del ORSNA y a Adrián Enrique Bianchi en la Vicepresidencia. Según lo expuesto en la resolución, las nuevas autoridades asumen la gestión del organismo a partir de la fecha de publicación del documento. Esta decisión fue adoptada bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.
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POLITICA
Cristina Kirchner criticó a la Justicia por citarla a declarar presencialmente en Comodoro Py
La expresidenta Cristina Kirchner criticó duramente a la Justicia tras ser citada a declarar de forma presencial este martes a las 9 en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la Causa Cuadernos.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la exmandataria cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de abandonar la modalidad de videoconferencia para esta audiencia, vinculando la medida con la situación económica actual. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, sentenció.
En su descargo, sostuvo que el cambio a la presencialidad responde a una búsqueda de impacto mediático y no a una necesidad procesal. Según su publicación, la foto capturada desde una pantalla de Zoom con caras “en cuadraditos” no resulta atractiva para las portadas de los diarios ni para la televisión.
“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, afirmó la expresidenta, quien no realizaba publicaciones desde el 11 de febrero.
La investigación del TOF7 se centra en presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante las gestiones kirchneristas. Al confirmar su asistencia a los tribunales de Retiro, la exmandataria ironizó sobre la disposición de los jueces: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”.
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