A dos semanas del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno confía en que va a tener los apoyos para aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026 y para eso se muestra abierto a negociar con las provincias, que coinciden en la importancia de que se sancione esta ley, pero reclaman a cambio ayuda para acceder a créditos internacionales y mayores fondos por parte de la Nación.

Estos fueron algunos de los puntos que los mandatarios locales le fueron transmitiendo al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en las reuniones que viene teniendo incluso desde antes de asumir.

A pesar de la victoria en las últimas elecciones, La Libertad Avanza necesitará del respaldo de otros bloques para sancionar esta norma, como así también el resto de las iniciativas que impulsará el Poder Ejecutivo.

La Casa Rosada está dispuesta a consensuar con la oposición “dialoguista” algunas modificaciones en el texto original del presupuesto para el año que viene, excepto los puntos que tienen que ver con la asistencia social, la seguridad, la defensa y la reducción del tamaño del Estado.

Así lo reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, principal encargado de controlar el gasto público, durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Preservando esos tres ejes de política, cualquier otra discusión está abierta. Hemos tenido reuniones sistemáticas con todos los gobernadores, sin distinción de partido político», remarcó.

En este sentido, el funcionario señaló que “fue un desafío enorme encontrar cómo llevar adelante esa relación” con las provincias, aunque se mostró confiado de alcanzar consensos con la mayoría.

“Hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero funcionó de buena manera y el diálogo está bien para llegar a tener antes de fin de año una ley de Presupuesto aprobada, respetando el equilibrio fiscal como condición sine qua non“, afirmó.

En las reuniones con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios gobernadores le plantearon al ministro el pedido de que se entreguen los avales correspondientes para que puedan acceder a créditos internacionales, algo que no tendría ningún costo para el Estado Nacional.

“Es una cuestión que salió en muchas de las conversaciones que se tuvieron hasta el momento, pero es algo que tiene que ver Economía primero”, detalló a Infobae una fuente al tanto de las negociaciones.

Muchos distritos proponen que los cupos que otros territorios tienen para endeudarse, pero que no están siendo utilizados, se traspasen a los que sí requieren financiamiento de manera más urgente.

De hecho, este es uno de los puntos que Rolando Figueroa va a mencionar este sábado cuando reciba al “Colo” en Neuquén, además de insistir con la deuda que tienen con la provincia patagónica.

Otra de las monedas de cambio será la inclusión en el temario de extraordinarias de la Ley de Glaciares, que viene exigiendo más de un mandatario para poder tener autonomía a la hora de decidir qué zonas se pueden explotar y cuáles no.

“Una de las normas que estaremos enviando está vinculada a los periglaciares. La misma busca devolverle a las provincias la potestad de determinar su propia zona periglaciar, fortaleciendo el federalismo. Esto permitirá destrabar proyectos y generar una fuerte ola de inversiones”, confirmó Milei el jueves pasado, en su discurso en la Fundación Club de la Libertad, en Corrientes.

Asimismo, también piden que se vuelvan a tratar algunas iniciativas que no prosperaron en el pasado, como es la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

En junio, luego de que fracasaran las tratativas con la Casa Rosada, los representantes de las 24 jurisdicciones del país enviaron un proyecto para modificar la forma en la que se distribuyen los ingresos por este gravamen.

Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.

De esta manera, solamente el 10,40% restante se reparte entre las provincias, lo que representa un monto minoritario de los más de 2.500 millones de pesos que recibió la Nación en concepto de este gravamen, según fuentes oficiales.

Esa iniciativa fracasó en la Cámara de Diputados pocas semanas más tarde, gracias a la ausencia de legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alberto Weretilnek (Río Negro).

En los últimos días, los dos primeros se acercaron al oficialismo y comenzaron a dialogar entre ellos para armar un bloque propio junto a Raúl Jalil (Catamarca) y el propio Figueroa, lo que cambiaría el mapa en el recinto.

Si este movimiento se termina dando, los cuatro diputados catamarqueños de Fuerza Patria abandonarían esa bancada y se sumarían a una nueva que, aunque no es oficialista, aparece como una oposición más blanda.

“Yo no soy ni aliado ni oposición y así me quiero mostrar. Creo que a Milei le tiene que ir bien, considero que tiene que haber un Presupuesto con equilibrio fiscal, pero también necesitamos que nos paguen lo que nos deben y que se empiecen a reactivar algunas obras”, remarcó uno de los mandatarios provinciales involucrados.

De todas formas, estos traspasos todavía se están analizando y se producirían -si es que ocurren- recién después del 10 de diciembre, con el cambio legislativo.

Esta semana, Milei recibió en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza para transmitirles los objetivos que pretende que se cumplan durante el periodo de sesiones extraordinarias.

De ese acto participaron también Martín Menem y Patricia Bullrich, que serán los encargados de llevar adelante las instrucciones en la Cámara baja y en la alta, respectivamente.

“Todas las provincias están de acuerdo en que el Presidente tenga el Presupuesto, es más, necesitan que lo tenga, porque esto de seguir prorrogando el mismo del 2023 es un parche que no va más. Hay un cierto consenso en eso y en que se tiene que respetar el déficit cero, eso es un concepto que ya se instaló y al que ahora es muy difícil que alguien se oponga”, confió una fuente de Balcarce 50.