Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida forma parte de un plan de lucha más amplio que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades y una movilización federal en abril.

La decisión fue tomada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial.

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Los gremios advirtieron además que el conflicto podría escalar durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.

La marcha federal universitaria —con fecha tentativa para el 23 de abril— buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Por eso será coordinada con el Frente Sindical Universitario y con organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

Además, las organizaciones gremiales prevén instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en distintas ciudades del país. La iniciativa buscará visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar el respaldo de otros sectores sindicales y sociales.

El plan de lucha durante el primer semestre

El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.

Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.

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“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

La conducción del gremio advirtió además que seguirá de cerca la agenda legislativa. Según definieron en el congreso sindical, el plenario quedó facultado para convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que comience el tratamiento en comisiones de un proyecto para modificar esa ley.

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La expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, uno de los expedientes por presunta corrupción más relevantes vinculados a su gestión.

La audiencia marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente. En ese marco, las autoridades judiciales ya dispusieron un fuerte operativo de seguridad para el traslado de la exmandataria y el desarrollo de la jornada en los tribunales de Retiro.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 12 de junio de 2025 en su departamento de San José 1111, luego de haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Operativo de seguridad y traslado a Comodoro Py

Según trascendió en el ámbito judicial, el traslado será coordinado por efectivos de la Policía Federal, que estarán a cargo de garantizar el ingreso de la expresidenta al edificio de los tribunales federales.

El operativo incluirá la comunicación previa con las áreas encargadas de controlar la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de su arresto domiciliario, ya que el traslado implica salir del radio autorizado.

Una vez que llegue a Comodoro Py, Cristina Kirchner ingresará por una de las calles laterales del predio y será conducida directamente a la Sala AMIA, donde se desarrollan las audiencias del juicio.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que la exmandataria deberá estar presente antes de las 9 de la mañana para cumplir con los formalismos previos al inicio de la audiencia.

Convocatoria del kirchnerismo

En paralelo, sectores del kirchnerismo comenzaron a convocar a una movilización en respaldo a la exmandataria.

A través de redes sociales, militantes y organizaciones afines llamaron a concentrarse desde las 7 de la mañana frente al edificio donde “la jefa” cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, para acompañarla durante el traslado hacia los tribunales.

La consigna difundida en la convocatoria sostiene que el proceso judicial forma parte de una “persecución política” y cuestiona al gobierno de Javier Milei.

Un juicio clave por presunta corrupción

La causa de los Cuadernos se originó a partir de los manuscritos del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el expediente investiga la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Estado para recaudar dinero ilegal a partir de contratos de obra pública y otros beneficios otorgados por la administración nacional.

En ese esquema, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner habría tenido un rol central dentro de la estructura investigada.

El juicio oral comenzó de manera virtual en noviembre de 2025 con la lectura de los requerimientos de elevación. A partir de esta semana, el proceso entra en una nueva etapa con las declaraciones de los imputados.

Además de la expresidenta, también fueron citados para declarar otros exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, quien actualmente se encuentra detenido por la condena en la causa de la Tragedia de Once.

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Mediante una reciente resolución oficial, el Gobierno puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario, que se aplicará sobre el personal que conforma la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este iniciativa forma parte del proceso que bisca reducir la planta permanente del Estado.

La medida establece un marco formal para que los empleados de la ANSES puedan acogerse, por mutuo acuerdo, a la extinción del contrato laboral, denominado en esta oportunidad Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). La decisión surge como parte de las políticas de transformación y modernización del Estado, en línea con las recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda.

Los términos del régimen se conocieron mediante al publicación de la resolución 68/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, el programa alcanza a todos aquellos empleados que tengan al menos dos años de antigüedad.

La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de implementar las acciones necesarias para la operatividad del plan y la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad administrativa del trabajo. Para ello, se faculta a los letrados con poder general de representación judicial para que representen al organismo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El plan fue instrumentado tras un proceso administrativo que incluyó la intervención de diversas áreas técnicas y jurídicas, la evaluación de la factibilidad presupuestaria y la adecuación a la normativa vigente, en especial la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo ANSES N° 305/98 “E”.

El anexo aprobado junto a la resolución establece los parámetros y condiciones que regirán a la hora de acceder al retiro. Dicho documento remarca que la adhesión al RVR es “un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

Además, el personal adherente renuncia a la reincorporación al sector público nacional por cinco años: “El personal que adhiera al presente programa, no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación… por el término de cinco años contados desde la fecha de su baja”, afirma la normativa.

La aceptación implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo. El trabajador que adhiera declara no tener reclamos laborales pendientes y no podrá volver a trabajar en el sector público nacional durante ese periodo. Aquellos que ostenten cargos sindicales deben renunciar a los mismos y a la tutela sindical para acceder al beneficio.

Para adherirse, hay tiempo hasta el 5 de abril próximo y para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la licencia. La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

En cuanto al cobro “se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000)” y para los importes superiores a dicha suma “el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas”.

Esta es solo una de las medidas que el Gobierno planea implementar, para profundizar su política de recorte estatal con nuevos despidos en organismos públicos durante el primer trimestre del año. Se prevé que el próximo 21 de marzo será una fecha clave en el calendario del Poder Ejecutivo para implementar la nueva ola de recortes, en la que se estima que al menos 5.000 cargos quedarán vacantes.

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