El Gobierno avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en lo que representa el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.

Según pudo saber Infobae, la decisión ya está tomada y forma parte de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Capital Humano desde el inicio de la gestión a cargo de Sandra Pettovello. El programa Volver al Trabajo —la reformulación del antiguo plan— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

Los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento del programa que funcionaba como una transición hacia el empleo.

El Gobierno eliminará cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los sustituirá por vouchers de capacitación laboral. Así, pone fin al esquema heredado del Potenciar Trabajo. Los beneficiarios serán notificados del cierre y podrán inscribirse en el nuevo sistema, que prioriza la formación y la inserción laboral, según informaron fuentes oficiales a este medio.

El cierre del Potenciar Trabajo y la transición a la capacitación

La medida marca el punto final de un proceso que comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, cuando el oficialismo decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia.

Ese programa había llegado a tener más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, al tiempo que se agravaba la crisis económica y crecían los movimientos sociales implicados en su administración. Según pudo saber Infobae, el Gobierno había definido desde el inicio un plazo de 24 meses para sostener ese esquema. Ese período se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo. En su lugar, se implementará el sistema de vouchers de capacitación como nuevo eje de la política social para ese universo.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serán alcanzados por la baja, según pudo saber Infobae.

El cambio es tanto conceptual como operativo. El Gobierno dejará de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un esquema condicionado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar en el programa. A partir de ahí, podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación aún en conformación en todo el país.

El Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el modelo se apoya en una experiencia piloto previa que tuvo resultados positivos. En ese esquema, el Estado aporta la infraestructura y las empresas se encargan de los contenidos, capacitadores y materiales. A diferencia del sistema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a las personas. “El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, explicaron en el Gobierno.

El nuevo sistema incorpora condiciones más exigentes. Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. La intención oficial es que el gasto público esté asociado a resultados concretos en términos de formación. El monto de los vouchers aún no está definido; según fuentes oficiales dependerá del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles. La modificación implica dejar atrás un esquema de ingresos garantizados para pasar a uno basado en incentivos.

Dentro del Gobierno reconocen que no todos los actuales titulares del plan optarán por el nuevo sistema. Se espera que una parte de los beneficiarios decida capacitarse, mientras que otro segmento no lo haga, ya sea por falta de interés o porque actualmente ya está trabajando en la informalidad. En el oficialismo sostienen que el plan de $78 mil no funcionaba como un ingreso suficiente para vivir y que, en la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya tiene alguna actividad laboral. Según esta lógica, la medida no retira personas del mercado de trabajo, sino que modifica la forma en que el Estado interviene en ese universo.

Impacto fiscal y giro hacia la capacitación

La eliminación de los planes tiene también un impacto en términos fiscales. La baja de 900 mil beneficios de aproximadamente $78 mil implica un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque ese valor final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema de vouchers. Una parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra se redireccionará hacia políticas educativas. En este punto, el debate interno del Gobierno se cruza con la discusión más amplia sobre el impacto social del ajuste.

En el programa Infobae a las 9, de Infobae TV, la periodista Cecilia Boufflet aportó contexto sobre la dimensión de la medida y su impacto potencial. Explicó que el esquema actual funciona en los hechos como “una especie de seguro de desempleo” para unas 900 mil personas, aunque con un monto fuertemente disminuido. Boufflet detalló que el beneficio ronda hoy los $70 mil mensuales y que su eliminación implica, en términos fiscales, un recorte significativo del gasto. Pero advirtió que la discusión no será solo económica, sino también política.

Boufflet planteó que la decisión de dar de baja estos planes sociales ocurre cuando el empleo formal muestra señales de debilidad y la actividad económica atraviesa tensiones, lo que podría amplificar el impacto social de la medida.

En ese mismo análisis, la periodista recordó que el Gobierno ya había rediseñado parte de la política social al inicio de la gestión, cuando decidió fortalecer programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, además de eliminar la intermediación de organizaciones sociales. Ese esquema permitió mejorar la cobertura de la canasta básica alimentaria y contener la situación social en los meses más duros del ajuste. No obstante, Boufflet advirtió que esa cobertura comenzó a deteriorarse en los últimos meses por el repunte de la inflación, lo que genera un nuevo frente de discusión dentro del oficialismo.

De acuerdo con información recabada por Infobae, distintas áreas sociales del Gobierno vienen planteando la necesidad de reforzar esas transferencias directas en paralelo a la eliminación de los planes. Por otra parte, el Ministerio de Economía mantiene como prioridad el equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación, lo que limita el margen para reasignaciones.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano avanza en el redireccionamiento de parte del presupuesto hacia políticas educativas. El foco estará puesto en unas 7.000 escuelas vulnerables que registraron bajos resultados en las pruebas Aprender. El plan incluye refuerzo de horas en Lengua y Matemática y la implementación progresiva de doble turno en aquellas instituciones con infraestructura suficiente. El objetivo es que los alumnos permanezcan más tiempo en la escuela y reciban alimentación allí. Fuentes oficiales resumieron la estrategia con una consigna: “educar y educar para el trabajo”.

El modelo basado en transferencias masivas, con distintos niveles de intermediación, es reemplazado por un esquema que combina asistencia directa, capacitación laboral y foco en la infancia. En el Gobierno consideran que el sistema anterior no logró facilitar la inserción laboral y consolidó estructuras de intermediación. La apuesta ahora es distinta: menos asistencia a adultos en edad de trabajar y más inversión en formación y educación.

Abril será el inicio de esa nueva etapa. El Potenciar Trabajo deja de existir y el Gobierno impulsa un nuevo esquema de política social basado en capacitación y empleo.