USHUAIA (De una enviada especial)-. Era cerca de la medianoche del 20 de enero cuando trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) empezaron a notar un movimiento inusual en la inmediaciones del puerto de Ushuaia. A los efectivos de la Prefectura Naval que acostumbraban a custodiar la zona, se habían sumado equipos antimotines y, entre todo el gentío, uno de los empleados alcanzó a reconocer a un representante de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

Ni los llamados urgentes en plena madrugada, ni la llegada del presidente de la DPP, Roberto Murcia, y de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, alcanzaron para revertir lo que los empleados ya habían advertido más temprano. Después de meses de rumores, el gobierno de Javier Milei finalmente se había hecho con el control de las instalaciones.

Así comenzaba la intervención del puerto de Ushuaia, oficializada ese mismo 20 de enero, a través de la resolución 4/2026 de la Anpyn a cargo de Inaki Arreseygor. El despliegue de aquella noche terminó de sellar un nuevo conflicto entre la Casa Rosada y el gobierno fueguino de Gustavo Melella, con quien La Libertad Avanza mantiene un tenso vínculo signado por los reclamos de fondos, las diferencias ideológicas y la colisión de dos modelos antagónicos: el del proteccionismo comercial y el del libre mercado.

A nueve días de esa intervención, la mayor parte del personal de la DPP sigue acudiendo a la entrada del puerto, pero ya no ingresa. Solo 20 personas registradas en un listado publicado junto a la resolución nacional tiene permitido el ingreso al predio portuario. El resto, que antes cumplía tareas operativas en el lugar, permanece afuera de las oficinas del organismo provincial, donde protestan contra lo que consideran una violación a la soberanía fueguina. El gobierno de Melella presentó un amparo para frenar la intervención, pero la Justicia Federal lo rechazó.

Son las 11 de la mañana y la circulación sobre la Avenida Prefectura Naval Argentina, a la altura del ingreso vehicular al puerto, está interrumpida. Como todos los días desde hace más de una semana, alrededor de 30 trabajadores de la DPP reclaman por el cese de la intervención y su reincorporación al área operativa del puerto, donde cumplían tareas desde hace años. Sofocados por un calor inusual para la ciudad austral, incluso en verano, no dejan de tocar sus bombos para hacer oír sus demandas, mientras esperan la llegada de una abogada que los asesore sobre las alternativas que tienen por delante.

Es una de las primeras postales que se llevan los turistas que llegan en los cruceros que ahora, en plena temporada alta, recalan en las costas de Ushuaia o en los micros que se detienen sobre el paseo costero. Atraídos por el paisaje que ofrece el canal de Beagle, los visitantes apenas parecen prestar atención a la protesta, pero los residentes de la capital fueguina lamentan que aquella imagen sea la bienvenida a su ciudad. Es que, a pesar de la intervención del puerto y las medidas de fuerza en la calle, el arribo de turistas no sufrió aún interrupción alguna.

“¿Por qué tenían que hacer esto (la intervención) en temporada alta? La gente llega y ve un grupo de personas con bombos. Capaz que en sus países no están acostumbrados a ver eso», plantea la empleada de un restaurante sobre la avenida San Martín, la calle principal del centro comercial. Desde allí, a dos cuadras del puerto, también se oye la percusión constante de la protesta, que se pierde entre las conversaciones en inglés, francés y chino de turistas que debaten sobre dónde almorzarán antes de continuar su visita.

El reclamo de la DPP tampoco encuentra eco entre los vecinos del centro de Ushuaia, que, aunque con ciertos reparos, no dejan de mostrarse favorables a la intervención impulsada por la administración libertaria. “El puerto se estaba cayendo a pedazos”, resume Ana, empleada de un comercio gastronómico.

Coincide con ella Mónica, que atiende uno de los puestos que ofrece excursiones por el canal de Beagle cerca del puerto. Advierte sobre el mal estado de los baños, que utilizan los turistas y trabajadores del paseo costero, pero, ante todo, por el deterioro de la estructura, incluso las tarimas y puentes que usan los visitantes para acceder a embarcaciones. Es lo mismo que señalan en la Anpyn y el oficialismo nacional como uno de los motivos de la intervención.

“Mientras la infraestructura se cae, los números gritan: más del 85% del gasto fue a sueldos y préstamos a otros organismos y solo el 1,3% volvió al puerto en obras. Esto no es una disputa partidaria. Es una decisión para proteger a quienes trabajan y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que la gestión provincial no supo o no quiso garantizar”, argumentan en LLA de Tierra del Fuego, en línea con lo planteado por el gobierno nacional en la resolución que dispuso la intervención.

En la DPP no niegan las falencias del puerto. Reconocen, por ejemplo, problemas en el sitio tres, donde la auditoría de la Anpyn que justificó la intervención relevó el deterioro de pilotes y cabezales, aunque aseguran que para su uso actual -operaciones con barcos chicos en lugar del amarre de embarcaciones de gran porte- no suponen riesgo.

Además de las fallas estructurales, la intervención impulsada por el gobierno nacional atendía a irregularidades en el uso de los fondos del puerto. En julio de 2025, la Legislatura fueguina aprobó la ley 1596, que en su artículo 12 establece la creación de un “fondo específico para el pago de la deuda de la obra social” del estado (OSEF) financiado “de manera excepcional” con el superávit financiero de la DPP.

La inclusión de esa cláusula generó malestar entre los trabajadores del organismo portuario, que resolvieron presentar al gobernador un escrito -al que pudo acceder – en el que le pedían que vetara parcialmente esa parte del proyecto, aprobado por unanimidad en el parlamento local. Aunque el veto no se formalizó -recuerda Franco Castillo, director administrativo del puerto-, la caja no se tocó.

En tanto, el sindicalista Juan Avellaneda presentaba una denuncia por el uso indebido de los fondos del puerto, lo que abrió la puerta para la intervención del gobierno nacional, pese a que la ley que habilitaba el movimiento de dinero había tenido el aval de los legisladores libertarios. Para entonces, la posibilidad de enfrentar una intervención cobraba fuerza entre la planta portuaria.

“Todos sabíamos que de alguna manera iba a poder llevarse adelante una intervención administrativa, pero nos imaginábamos que iba a ser con los trabajadores dentro de la institución”, explica Valeria Barría, directora de Recursos Humanos, con los ojos llorosos. Teme, como muchos de sus compañeros -que pernoctan afuera de las oficinas durante la madrugada, al calor de un improvisado fogón sobre la calzada- por la continuidad laboral y el eventual cese del pago de salarios.

Sucede que, desde la intervención, los pagos de cruceros y buques del puerto se trasfieren a una cuenta del Banco Nación y la provincia, encargada de abonar sus salarios, perdió el control sobre los fondos. “El puerto hoy tiene plata [de años anteriores] que se va a ir gastando en sueldos. ¿Y cuando no tengamos nada, ¿de dónde va a venir la plata si ellos se la están llevando? Nos están echando encubiertamente“, agregó Castillo.

La preocupación salarial se agudiza en una provincia que enfrenta problemas financieros. En vísperas de Año Nuevo renunció el ministro de Economía y gran parte de su equipo y, el año pasado -según reconstruyeron residentes de la ciudad- docentes acostumbraban a movilizarse fuera de la Casa de Gobierno para reclamar por el pago de salarios y la actualización de paritarias. Prevén que este año se reeditará ese mismo conflicto. En el centro comercial, la presencia de locales vacíos o en venta es un reflejo de esa misma economía intermitente.

Otras fuentes de trabajo en Tierra del Fuego, como la industria electrónica, tampoco representan ya una salida laboral atractiva para los residentes como lo hacía hace 15 años. Vecinos señalan que, desde hace años, las empresas ofrecen contratos temporales de pocos meses -conocidos como “contratos basura”– lo que fomenta la inestabilidad laboral en la provincia.

No es un fenómeno nuevo y atiende, en parte, a las dificultades que atraviesa la industria local. En casas de electrónica de Ushuaia señalan que la venta de celulares y dispositivos electrónicos se contrajo ante la escalada inflacionaria de hace unos años y la pérdida de poder adquisitivo que se extendió con la gestión libertaria, lo que redundó en despidos en fábricas de este rubro que se erige como la principal rama industrial de la provincia.

Ahora, con la quita de aranceles para la importación de celulares, que rige desde el 16 de enero pasado, y la caída del acuerdo entre empresarios y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para conservar empleos pese a la pérdida de competitividad, en Tierra del Fuego esperan nuevos despidos. “Ya no hay trabajo en Río Grande, donde todo se asociaba a la industria de ensamble y electrónica. Los contratos terminaron a fin de año y están todos con la incógnita de si este año los van a volver a llamar o no”, cuenta Laura, vendedora ambulante.

Vive en esa ciudad del norte de la provincia, pero trabaja en Ushuaia por la temporada, para aprovechar el flujo de turistas que, como ahora, se detiene delante de su carro para consultar por el precio de algunos imanes. La venta ambulante se convirtió en una salida laboral bastante prolífica entre quienes no encuentran otra alternativa en el mercado formal.

“La perdida de empleo ha sido brutal. De casi 15.000 trabajadores industriales de fábrica, hoy debemos de estar en los 6000″, asegura Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno de la municipalidad de Ushuaia. “Eso puso en tensión muchísimo la economía, con las grandes manifestaciones que tuvimos el año pasado, cuando se sacaron beneficios a la industria electrónica”, agrega.

El modelo proteccionista que acompañó a Tierra del Fuego y que defienden en la intendencia de Ushuaia y en la gobernación colisiona de manera directa con el modelo liberal que busca apuntalar Javier Milei. Es una diferencia ideológica que no solo se refleja en el escaso diálogo entre ambos niveles de gobierno -Melella aún no se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli-, sino también en la quita de fondos para la provincia que denuncian sus autoridades.

El 21 de enero -un día después de la intervención del puerto- el gobierno nacional anunció la eliminación de las contribuciones empresariales (del 15% de sus ingresos) al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) fueguina como alivio por la quita de aranceles. La iniciativa se encamina a dejar al gobierno provincial sin otra fuente de ingresos para diversificar y estabilizar su economía.

“Eliminar el aporte del FAMP es frenar proyectos, inversión y empleo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. No son medidas aisladas: es un plan contra Tierra del Fuego”, denunció Cristina López, senadora nacional de Fuerza Patria cercana a Melella. En la ciudad de Ushuaia, los carteles con su rostro y el logo de su alianza son moneda corriente, tanto como los carteles que anuncian obras públicas de la gobernación y la simbología peronista.

El despacho municipal por el que se mueve Iriarte encierra ese mismo espíritu peronista que acompaña otros edificios públicos como la Casa de la Mujer, que lleva el nombre de Cristina Kirchner. En muebles y paredes cuenta con cuadros de la expresidenta y también referencias a Néstor Kirchner. Es un síntoma de su afiliación política y de la trama ideológica que -entiende- se esconde detrás de la cruzada entre Javier Milei y Tierra del Fuego. Al igual que el intendente Walter Vuoto, el gobernador Melella militó la boleta de Fuerza Patria en las últimas elecciones como estrategia para enfrentar a Milei.

Y, la semana pasada, su gobierno apuntó contra el Presidente por la llegada de un avión estadounidense a la capital provincial, a la que vincularon con la intervención del puerto y plantearon como un avance sobre la soberanía provincial. Entre los vecinos, sin embargo, la visita de los congresistas norteamericanos no suscitó mayor interés ni preocupación.

Su atención está puesta en el día a día, en conseguir el ingreso suficiente para hacer frente al elevado costo de vida en la ciudad y los altos alquileres que -según señalan varios vecinos- ya restringen el acceso a la vivienda. Es por eso y, por las dificultades para hallar y retener un empleo, que algunas personas se han instalado sobre la ladera de la montaña, donde proliferaron asentamientos precarios en los que el acceso a servicios básicos como agua corriente y gas son la excepción.

En la causa que se inició tras la denuncia del Gobierno contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por una presunta retención indebida de impuestos, la Justicia busca reunir elementos que permitan echar luz sobre la situación económica de la entidad deportiva durante los últimos dos años y así dilucidar la posible comisión de un delito y encontrar a los eventuales responsables financieros.

De acuerdo con fuentes al tanto del expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante solicitó en las últimas semanas informes a distintas entidades bancarias para establecer el estado general de las finanzas de la asociación que lidera Claudio “Chiqui” Tapia. El período que se encuentra bajo revisión abarca 2024, 2025, y unos meses de 2023, indicaron.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) basó su denuncia contra la asociación de clubes en la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes, por el otro. En tanto agente de retención, la AFA acopia los impuestos correspondientes a los sueldos de sus empleados y cuenta con un plazo de 30 días para girarlos al organismo recaudador. Según la denuncia, ese plazo fue incumplido.

El otro aspecto bajo análisis es la seguridad social. El 7,5% de las entradas que los clubes venden para ver a sus equipos de futbol está destinado a una caja de seguridad social de la AFA. De nuevo, la entidad que nuclea a los equipos debe girar ese dinero a ARCA dentro de un plazo de 30 días para no incurrir en falta.

Durante los últimos dos años, el organismo recaudador detectó irregularidades en esos giros. En un primer momento, la cifra denunciada ascendía a 9.500 millones de pesos, pero luego, con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de 19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.

Investigación interna

En paralelo a la denuncia inicial y su posterior ampliación, mediante una nueva presentación la ARCA informó a la Justicia que se encontraba en marcha una investigación interna, de tipo administrativa, para determinar si, además, existieron salidas de dinero no documentadas a través de la utilización de facturas truchas.

La sospecha del organismo parte de la detección de algunos CUIT identificados como contribuyentes “no creíbles”.

De mínima, en caso de comprobarse evasiones fiscales por parte de quienes le facturaron a la AFA, la entidad deportiva debería hacerse cargo de esos impuestos, advirtieron las fuentes consultadas.

Si bien esto aún no fue judicializado, podría eventualmente derivar en una nueva ampliación o en algún pedido puntual de prueba. La ARCA se constituyó como querellante en el expediente, es decir, cuenta con acceso al expediente, actúa como acusador damnificado, en paralelo al fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y puede aportar pruebas y solicitar medidas.

Otros expedientes

Al menos otras dos causas judiciales rozan a la AFA. Una busca determinar quién es el verdadero propietario de una impactante quinta en Pilar, valuada en más de 15 millones de dólares. Figura formalmente a nombre de un monotributista y su madre, una jubilada, pero la Justicia sospecha que podría pertenecer, en los hechos, a dirigentes de la AFA, especialmente a su tesorero, Pablo Toviggino, de acuerdo a lo que sugieren las pruebas reunidas en la causa.

Existe además otra investigación vinculada a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejos que tiene una fuerte conexión con la AFA y el mundo del fútbol en general: la firma mantenía vínculos comerciales y de patrocinio con torneos, clubes y el ecosistema que rodea al Chiqui Tapia. La hipótesis allí es una presunta evasión de impuestos.

Además, hay una segunda vía de presión del Gobierno contra la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que lidera Daniel Vítolo, para que la AFA presente balances pendientes y justifique gastos por cientos de millones de dólares.