POLITICA
El Gobierno de Israel tomó distancia de una petrolera que operará en las Islas Malvinas y ratificó su vínculo con la Argentina
El Gobierno de Israel se desmarcó públicamente de la participación de una empresa vinculada a capitales israelíes en un proyecto de explotación petrolera en el Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía reclama la Argentina y administra de facto el Reino Unido. La aclaración llegó tras la protesta formal presentada por la Casa Rosada, en línea con la práctica diplomática que todos los gobiernos argentinos han sostenido frente a actividades hidrocarburíferas impulsadas por las autoridades coloniales en Malvinas.
El encargado de fijar la posición oficial fue el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien difundió un mensaje en la red social X para separar de manera clara el accionar de una empresa privada de la postura del Estado israelí y, al mismo tiempo, ratificar el carácter estratégico de la relación bilateral con la Argentina. La declaración se conoció después de que Buenos Aires expresara su rechazo a la decisión del consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration Plc y la firma Navitas Petroleum Development and Production Limited de avanzar con el desarrollo del yacimiento offshore conocido como Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.
“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, escribió Sa’ar. Luego, subrayó: “Se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna”, aunque reconoció: “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”.
El canciller israelí completó su mensaje con dos definiciones políticas. Por un lado, expresó que Israel espera que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos, una formulación clásica del lenguaje diplomático internacional en controversias territoriales. Por otro, destacó el vínculo especial, sólido y estrecho que Israel mantiene con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, relación que —según remarcó— es “especialmente apreciada por el pueblo de Israel”.
La aclaración respondió a la reacción oficial argentina, que días antes había rechazado el avance del proyecto Sea Lion al considerarlo una explotación ilegal e ilegítima por realizarse en una zona marítima en disputa de soberanía y sin autorización de las autoridades argentinas. La Cancillería recordó que este tipo de iniciativas viola resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista la controversia por las Islas Malvinas.
En ese marco, la Argentina no solo apuntó contra el Reino Unido —al que responsabiliza por otorgar licencias de exploración y explotación desde la administración isleña—, sino que también extendió su reclamo a las empresas involucradas y a los Estados con los que estas mantienen vínculos. La participación de Navitas Petroleum, fundada en Israel aunque operativamente radicada en el Reino Unido para este proyecto, motivó que el planteo llegara también a Jerusalén.
Desde la perspectiva argentina, el esquema es recurrente: cada vez que se anuncian actividades petroleras en el área en disputa, el Estado nacional activa los canales diplomáticos para dejar constancia de su protesta y reafirmar sus derechos soberanos. Así ocurrió en gobiernos anteriores y volvió a suceder ahora, en el marco de una política considerada de Estado que cuenta con amplio consenso interno.
El yacimiento Sea Lion es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos desarrollados en torno a las Malvinas. Según información difundida por las propias empresas, el plan prevé inversiones superiores a USD 2.000 millones y una producción estimada de decenas de miles de barriles diarios. Para la Argentina, la magnitud económica del emprendimiento no altera el núcleo del conflicto: la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía está en discusión.
En este contexto, la reacción israelí fue interpretada en Buenos Aires como una señal política relevante. Fuentes diplomáticas indicaron que la aclaración pública de Sa’ar permitió encauzar el episodio dentro de los márgenes habituales de la diplomacia, sin escalar hacia un conflicto bilateral. La distinción explícita entre una empresa privada y la posición del Estado israelí fue valorada como un gesto de respeto hacia el reclamo argentino.
La referencia directa al vínculo con la Argentina y al liderazgo de Javier Milei tuvo especial peso. El actual gobierno ha profundizado la relación con Israel desde el inicio de su gestión, tanto en el plano político como simbólico, y considera a ese país un aliado estratégico. En ese marco, la declaración del canciller israelí buscó preservar ese vínculo, aunque exista una diferencia puntual vinculada a la actuación de una compañía privada.
Desde la Cancillería argentina remarcaron que la protesta formal se mantiene vigente y que el país continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y legales a su alcance para desalentar este tipo de actividades. También mencionaron que Navitas Petroleum fue incluida en el pasado en listados de empresas sancionadas por operar sin autorización en áreas bajo jurisdicción argentina, lo que refuerza la posición oficial frente al caso.
La aclaración israelí se inscribe así en una dinámica habitual de la cuestión Malvinas: anuncios de exploración, protestas argentinas, intercambios diplomáticos y reafirmaciones de principios. En esta oportunidad, el elemento distintivo fue la necesidad de un pronunciamiento explícito de un tercer Estado, que decidió despegarse del accionar empresarial y ratificar su relación política con la Argentina.
El episodio volvió a poner de relieve la centralidad que la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes conserva en la política exterior argentina. Al mismo tiempo, evidenció cómo los proyectos energéticos en la zona continúan generando repercusiones que trascienden el vínculo bilateral con el Reino Unido y alcanzan a otros actores del escenario internacional.
POLITICA
El oficialismo cruzó a Cristina Kirchner: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”
Luego de su declaración en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa cuadernos de la corrupción que la tiene como principal imputada, Cristina Kirchner, que se volvió a definir como víctima de una persecución judicial, fue blanco de duras críticas por parte del oficialismo.
La primera en cruzar a la exmandataria, fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), en el Senado, Patricia Bullrich, quien disparó en redes sociales: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”.
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“Si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil”, sostuvo la exministra de Seguridad Nacional en su cuenta personal de X (ex Twitter).
A lo que la legisladora sumó: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia. La única responsable de sus acciones es usted”.
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Por su parte, desde la Oficina de Respuesta Oficial, acusaron a CFK de “describir una supuesta ‘catástrofe social y económica’ en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria”.
“Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”, señalaron desde la cuenta que maneja el equipo de comunicación de Manuel Adorni en la Casa Rosada.
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Bomba del día,Causa Cuadernos,Cristina Kirchner,Patricia bullrich
POLITICA
Qué paritarias peligran por la amenaza oficial de no homologar aumentos salariales por encima de la inflación
El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.
Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.
El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.
Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.
El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.
Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.
De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.
La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.
En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.
Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.
Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.
El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.
Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.
El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.
La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.
Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.
Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.
Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.
Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.
Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.
Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.
El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.
El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.
Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.
La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.
En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.
Este martes declaró la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, donde es la principal imputada, pero no la única. En este sentido, las audiencias continuarán en los próximos días, con gran actividad el jueves, donde se harán presentes exfuncionarios del gobierno de CFK.
El 19 de marzo se presentarán en Tribunales exfuncionarios de la titular del PJ nacional, entre ellos, el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que fue quien dio origen a la causa.
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También harán lo propio el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens (que estaba prevista para hoy, pero se reprogramó); del extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner; del financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y del exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra.
En tanto, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A..
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Finalmente, el 31 de marzo, se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Raúl Víctor Vertúa, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Armando Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.
Todavía no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.
Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política
Tras presentarse en forma presencial en los tribunales de Comodoro Py, Cristina Kirchner volvió a referirse como “farsa judicial” a la causa cuadernos y dijo que esa investigación “es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”.
En su indagatoria en la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”. Y agregó: “Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?”.
La exmandataria cuestionó: “Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.
“Estoy cumpliendo una condena injusta”, afirmó en relación a la sentencia por Vialidad. La expresidenta hizo su descargo de manera presencial en los tribunales federales de Retiro. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.
En su indagatoria en la causa Cuadernos, volvió a denunciar una persecución: “Hubo prácticas mafiosas de jueces para apretar a empresarios”. La expresidenta criticó: “Estamos ante una causa donde el juez de Instrucción, Claudio Bonadio, y el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Ya no estamos ante persecución política”.
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