POLITICA
El gobierno de Kicillof se presentará ante la Corte Suprema para reclamar una deuda de $12 billones que Nación tiene con la provincia de Buenos Aires
La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentará mañana -en representación de la PBA- un nuevo pedido ante la Corte Suprema, reclamando fondos previsionales que el gobierno nacional le adeuda a la administración bonaerense.
“Se han producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no en la que en abril de 2024 presentó la provincia de Buenos Aires”, explicó hoy Carlos Bianco, durante una rueda de prensa que dio en la sede gubernamental de La Plata.
“Se le va a pedir a la Corte Suprema, primero que se expida sobre su competencia para entender en la causa; y segundo, que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe”, apuntó el ministro de Gobierno bonaerense
En total, la administración de Axel Kicillof reclama una deuda directa de 12.1 billones de pesos por fondos que -asegura- el gobierno de Javier Milei no le entregó.
En la misma conferencia, Bianco mostró una serie de láminas que detallan los fondos que la administración bonaerense le reclama a la Nación. El informe elaborado por el Ministerio de Gobierno provincial presenta una cuantificación precisa de las deudas que el Gobierno Nacional mantiene, discriminando los conceptos y organismos responsables
El documento estructura la información en tres grandes apartados: deudas directas, saldos de obras públicas comprometidas y deudas estimadas por discontinuidad o retrasos en programas nacionales.
En el primer apartado, se detallan las deudas directas, que incluyen transferencias de ANSES a la Caja Provincial, compensaciones fiscales, fondos para educación y salud, convenios de asistencia financiera, fondos para el cumplimiento de leyes de salud sexual y reproductiva, equipamiento médico, maternidad y salud perinatal, así como otros conceptos menores. El monto total de este rubro asciende a $3 billones.
El segundo apartado aborda los saldos pendientes de obras públicas comprometidas por el Gobierno Nacional en la provincia. Se incluyen programas de construcción de viviendas como Procrear y Casa Propia + Reconstruir, obras públicas ejecutadas directamente por la Nación, convenios para la realización de obras entre Nación, Provincia y Municipios, obras de infraestructura hospitalaria, convenios con universidades nacionales, el Fondo de Integración Socio-Urbana y otros conceptos. El monto total de este rubro alcanza los $6,9 billones.
El tercer apartado estima la deuda generada por la discontinuidad o retrasos en la ejecución de programas nacionales. Se destacan el FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación del Transporte Público, el Programa Acompañar, la asistencia alimentaria a comedores, la provisión de medicamentos post-trasplante, la asistencia por emergencias climáticas, el Programa Remediar, el Programa Clubes a la Obra, Potenciar Trabajo y otros conceptos. El monto total estimado en este rubro es de $2,2 billones.
El informe concluye con la suma de los tres grandes rubros, estableciendo que la deuda total del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires asciende a $12,1 billones, según los valores actualizados a junio de 2025. Esta cifra resulta de la acumulación de deudas directas, compromisos de obras públicas y deudas estimadas por la interrupción o demora de programas nacionales, reflejando el impacto financiero de la relación entre ambos niveles de gobierno.
Tras la exposición detallada que realizó Bianco, llegó el turno de Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura bonaerense), quien aseguró que “el gobierno nacional se roba la plata de la provincia de Buenos Aires, se queda con dinero que es de las provincias y que tiene una afectación específica en infraestructura”.
En el mismo sentido, el funcionario remató: “No sabemos dónde está toda esta plata, no sabemos qué está haciendo el gobierno nacional; parte de es plata es la que usan para dibujar este superávit trucho con el que todo el tiempo quieren hacer campaña”.
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POLITICA
La SIDE recibirá un reconocimiento por parte de la CIA por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo
Luego de que el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, mantuviera una reunión privada con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en la sede del organismo estadounidense en Langley, Washington D.C., el Gobierno confirmó que la agencia de inteligencia nacional recibirá un reconocimiento institucional.
Por medio de un comunicado oficial de la SIDE, se conoció que la noticia fue informada por Ratcliffe durante ese mismo encuentro. Según indicaron, la distinción será entregada al personal del organismo nacional en abril próximo en las instalaciones de la CIA.
“Este reconocimiento se fundamenta en los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización en curso y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), valorado como una iniciativa única en la región”, destacaron las autoridades nacionales.
De acuerdo con la información oficial, la agenda en Washington D.C. incluyó también la realización de la primera Reunión por las Américas, que contó con la participación de representantes de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Así, las delegaciones abordaron políticas conjuntas orientadas a combatir el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.
La creación del CNA se anunció en octubre del año pasado, cuando la SIDE se encontraba a cargo de Sergio Darío Neiffert. Esta dependencia es la encargada de recibir, analizar, integrar y compartir información sobre el ciclo completo del terrorismo, incluyendo etapas como la propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución de actos terroristas.
Esta reunión se da en el marco de rumores de cambios dentro del organismo. Sin embargo, el oficialismo no se expresó al respecto.
Desde su llegada, Auguadra impulsó una nueva Política de Inteligencia Nacional, contemplada en el Decreto 864/2025, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo central de reposicionar a la Argentina en el plano internacional y reforzar la protección de la soberanía y los recursos estratégicos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilitó a la SIDE a definir una Estrategia de Inteligencia Nacional en concordancia con los nuevos lineamientos, en la que la identificación de actores afines y la detección de amenazas externas serán ejes centrales.
Por primera vez en dos décadas, se actualizaron los criterios que regirán las tareas del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Frente a esto, el organismo de inteligencia nacional destacó que, a partir de este marco renovado, se profundizará en el monitoreo de la desinformación disruptiva y la protección de la legitimidad del Estado.
Así, la nueva política de inteligencia introdujo ejes prioritarios orientados a detectar factores extranjeros que puedan afectar el fortalecimiento económico, el desarrollo científico-tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones de la Argentina. Este enfoque implicaría una vigilancia permanente sobre la circulación y manipulación de información, sobre todo en el ámbito digital, para anticipar y combatir amenazas en el ciberespacio consideradas de interés nacional.
El documento normativo establece asimismo una mayor protección sobre los recursos e infraestructuras estratégicas, así como medidas específicas para la “articulación de capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica”, con el fin de asegurar la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos vitales para el desarrollo nacional.
En este sentido, el Gobierno explicitó que se evaluarán riesgos de “apropiación, explotación o transferencia no autorizada” de recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos, priorizando la defensa de sectores considerados clave para el crecimiento del país.
Uno de los elementos distintivos de la nueva doctrina radica en el fortalecimiento de los mecanismos de defensa del sistema democrático, republicano y federal. La SIDE puntualizó que se reforzará la protección de los procesos electorales y legislativos, focalizando en la prevención de operaciones de influencia externa, financiamiento encubierto y manipulación informativa.
Según consta en el decreto, se buscará optimizar la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa, herramientas vistas como esenciales para enfrentar riesgos de opacidad o intentos de deslegitimación institucional.
De la misma forma, se estableció como prioridad fundamental la prevención y el combate del crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como la neutralización de actividades de inteligencia externas que puedan tener impacto negativo sobre los intereses nacionales. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado se recalcó que estos lineamientos servirán de directriz no solo para la SIDE, sino para todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con la mirada puesta en fortalecer la seguridad y la autonomía del país.
POLITICA
Ley de glaciares: convocan a protestar frente al Congreso por el recorte en las audiencias públicas
La reforma de la ley de glaciares desembarca mañana en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.
El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.
Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.
Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.
El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.
Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.
Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.
Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.
Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.
“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”
Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.
Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
ley de glaciares,pic.twitter.com/CwFHI4G2kt,March 23, 2026,March 20, 2026,Conforme a
El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El objetivo del encuentro, del que participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue el revisar el proyecto de ley del nuevo Código Penal antes de someterlo a discusión en el Congreso de la Nación.
El proyecto en cuestión lo había redactado el antecesor de Mahiques en Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien lo dejó listo antes de dar un paso al costado. Este martes, el escrito se sometió a revisión por parte de los hermanos Milei y Mahiques.
Juan Bautista Mahiques afirmó que iniciará el proceso para cubrir más de 200 cargos de jueces y fiscales
Javier Milei busca que el nuevo Código Penal respete, ante todo, los principios liberales de busca imprimir su Gobierno a la Justicia y al Estado.
Mahiques por su parte, desde que asumió el cargo se propuso como nueva tarea, achicar el proyecto original de Cúneo Libarona, ya que, en su opinión, le parecía extenso y podían simplificarse algunos ítems.
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El nuevo ministro de Justicia también se contactó, en medio de su revisión del proyecto de ley, con el cuerpo especializado que se encargó de redactar, con el anterior funcionario, el proyecto de ley. La comisión se integra por varios jueces y lo encabeza el Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buomparte.
La entrada Javier Milei recibió al ministro de Justicia en Olivos para revisar el nuevo Código Penal se publicó primero en Nexofin.
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