La fiscal del juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner, Gabriela Baigún, pidió una condena de 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel, quien gatilló contra la entonces vicepresidenta y admitió haber querido matarla, y otra de 14 años para Brenda Uliarte, presente en la noche del 1 de septiembre de 2022 y señalada como cómplice necesaria del atentado.

La fiscal los acusó del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y un nuevo elemento que surgió durante el juicio: violencia de género en la modalidad de violencia política, calificación sobre la que se explayó la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, que participó del proceso.

“Juzgar con perspectiva de género en este caso, implica correr este prejuicio de que las mujeres fuertes o con poder no pueden ser víctimas de violencia de género”, señaló Labozzetta.

La fiscal Baigún pidió la absolución del tercero de los implicados en el caso, Nicolás Carrizo, jefe informal de los acusados en el emprendimiento de los copos de azúcar. Al cierre de la jornada, el tribunal dictó su excarcelación, informaron fuentes judiciales.

Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel, que cuenta con una condena por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, y de 14 años y dos meses para Uliarte, sobre quien pesaba otra por tenencia ilegal de DNI.

En su exposición, que se extendió por más de seis horas, Baigún hizo un recorrido amplio de los hechos que incluyó una descripción de las actividades de Sabag Montiel y Uliarte previas al episodio; menciones a informes forenses de psicólogos y psiquiatras que evaluaron y descartaron patologías o trastornos que evidenciaran inimputabilidad; referencias a los peritajes frustrados del teléfono reseteado de Sabag; y una detallada reconstrucción del ataque.

Se apoyó en los elementos recabados en la causa -videos, imágenes, chats y declaraciones de testigos- e hizo hincapié en que el ataque fue “planificado”, además de que el arma utilizada por Sabag, una Bersa calibre .32, era “idónea” para su ejecución. Será uno de los puntos que, a su turno, pondrá en duda la defensa de Sabag Montiel, que apuntará a mostrar lo contrario.

La fiscal detalló los movimientos de los acusados en la tarde del hecho. Indicó que permanecieron “todo el día juntos”, que pasearon “muy tranquilamente” por el municipio de Quilmes y el barrio de Constitución, que ingresaron a un local de comidas rápidas, a un negocio de tatuajes, y luego al shopping del Abasto, antes de dirigirse por la calle Paraná hacia Recoleta, rumbo al departamento de la entonces vicepresidenta, que llegaría al lugar cerca de las 20:50 horas.

“Cuando Cristina se aproxima a la altura de la puerta de ingreso de su domicilio -describió Baigún- Sabag Montiel emergió de entre la multitud, estiró su brazo empuñando un arma de fuego y, a pocos centímetros del rostro de la exvicepresidenta, gatilló una vez”.

“El hecho no se consumó -repitió la fiscal en varios tramos de su alegato- por motivos ajenos a su voluntad”.

Para el tercero de los implicados en el caso, Nicolás Carrizo, Baigún pidió la absolución, al considerar que, pese a que la acusación en su contra estuvo fundada por los mensajes autoincriminatorios -en los que Carrizo se hacía autor del ataque contra la expresidenta- durante el debate no surgieron elementos para adjudicarle responsabilidades reales en el hecho. La fiscal remarcó que muchos testigos remarcaron, en línea con el propio Carrizo, que era normal que hiciera ese tipo de chistes.

“Carrizo desconocía el plan de Sabag y Uliarte”, afirmó Baigún.

El abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, pidió su excarcelación al señalar que, retirada la acusación, no existía ya ningún riesgo de fuga. Al cierre de la jornada, Carrizo, que está detenido desde septiembre de 2022, fue excarcelado.

Para apoyar que el ataque fue “premeditado”, la fiscal repasó algunos de los muchos mensajes en los cuales Sabag Montiel y Uliarte hicieron explícito su deseo de atentar contra Cristina Kirchner.

“Voy a ir con un fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo. Ahí sí voy a salir en Crónica en serio”, decía Sabag Montiel, el 23 de agosto de 2022, en un grupo de WhatsApp. En otros mensajes, era Uliarte quien expresaba su intención de atentar contra la expresidenta y “hacerla mierda” con un tiro en la cabeza.

La fiscal sostuvo que el ataque se fue gestando de a poco y que Sabag Montiel “fue claro” en ese sentido, al afirmar haber estudiado y “verificado” que las condiciones eran “favorables” para actuar.

Esa planificación, dijo Baigún, incluyó visitas de ambos a la zona, con la intención de “estudiar el panorama”, según dijo el propio Sabag Montiel, en su declaración.

“Existió una planificación para llevarlo a cabo”, remarcó.

Promediando el debate, la fiscal, cansada, se tomó un descanso y fue reemplazada por una de sus auxiliares, Jessica Racki, quien se encargó de la exposición durante una hora.

Arma

Buena parte de su acusación, Baigún la dedicó a resaltar que el arma empuñada aquel día por Sabag Montiel estaba en condiciones de ser disparada.

Se apoyó en la declaración de Ezequiel Soria, el perito balístico que aseguró el arma en la escena y sostuvo al declarar que el cargador con las municiones estaba bien colocado.

De aquella noche, existen imágenes que muestran a la Bersa 0.32 apoyada en el piso, con el cargador levemente salido de la culata. Son elementos que abren un margen de defensa para Sabag Montiel.

María López Puleio, su abogada defensora, podría argumentar en su alegato final que, en ese estado, el arma no estaba en condiciones materiales de ser disparada, tal como anticipó que haría durante el juicio.

Casi adelantándose al argumento, la fiscal sostuvo que el perito Soria aseguró que el cargador podía desprenderse como producto de “una manipulación violenta o una caída del arma al piso”, pero que cuando accionó la corredera para poner el arma a resguardo, recordaba haber escuchado un “click”.

“El arma no estaba trabada. Por lo tanto tenemos que concluir que el medio empleado era apto para producir el resultado lesivo de muerte”, dijo sobre el cierre la fiscal, además de que no era necesario ser un experto en armas para ejecutar contra la expresidenta a la distancia en la que apuntó.

La fiscal ensayó algunos conjeturas acerca de las razones por las cuales el “el disparo no salió” -como las “manos transpiradas” o fuerza insuficiente para apretar el gatillo-, pero dijo que eran “anecdóticas” y formaban parte del “azar”. “Dichas contingencias son las que nos permite hablar, hoy y aquí, de una tentativa de homicida y no de un homicidio consumado”, señaló.

Violencia de Género

Por su parte, la fiscal Labozzeta se encargó del tramo de la acusación correspondiente a la violencia de género.

Sostuvo la fiscal que la conducta de Sabag Montiel tuvo por fin reproducir patrones socio culturales que “sostienen y reafirman las relaciones de poder y mandatos que están referidas en la ley de femicidio”.

“¿Cuales son esas relaciones de poder y mandatos? Que las mujeres no mandan, las mujeres no son fuertes, las mujeres no tienen poder, las mujeres no pueden dar órdenes», afirmó.

Agregó que el atentado se inscribió en un contexto de violencia de género generalizada, en la región y en al país, y que tuvo como antecedentes directos distintas agresiones simbólicas contra la expresidenta, como el ataque a su despacho en el Senado, en marzo de 2022, o la vandalización de una de sus escultoras en Rio Gallegos; todo hechos que sirvieron, argumentó la fiscal, de “legitimantes” para la conducta de Sabag Montiel.

Para respaldar su acusación, y pintar el “contexto de creciente violencia”, utilizó las declaraciones que hizo la propia Cristina Kirchner en el juicio -en las que exhibió tapas de revista que la caricaturizaban y la mostraban con un moretón en uno de sus ojos-, algunos mensajes en redes contra Cristina Kirchner que rodearon al hecho, y la declaración que hizo Sabag Montiel al comienzo del juicio.

La fiscal argumentó que un tramo de aquella declaración -en la que Sabag señalaba a Cristina Kirchner como única responsable de la mala situación económica del país, por estar en lo más alto de la cadena de mando- reflejaba un componente de género en el ataque.

Lo que viene

El debate oral -que comenzó en junio del año pasado con la declaración de Sabag Montiel, cuando admitió que gatilló contra Cristina Kirchner con la intención de matarla, movido por razones “éticas”- transita sus últimos metros.

La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner Marcos Aldazabal José Manuel Ubeira pidieron 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Uliarte y, al igual que hoy la fiscal Baigún, pidieron la absolución de Carrizo.

En los próximos debates será el turno de las defensas de los acusados y luego el Tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, dará su veredicto.

La fiscal federal Laura Roteta impulsó una investigación para determinar la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el caso del fentanilo contaminado.

La fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa en la que ayer se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.

En un duro dictamen, la fiscal le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), informaron fuentes con acceso al expediente. Está previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y reprime a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona”.

Según la fiscal, había fallas en todo el sistema productivo, tal como exhibió el peritaje del Instituto Malbrán. Sin embargo, la Anmat no frenó la producción del fentanilo contaminado.

Hoy, después de conocidas las órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. No así a la la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, que el viernes pasado fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una entrevista con TN.

Roteta, que es la fiscal del caso, contó con un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Todo indica que después de estas presentaciones a la Anmat se le revocará su condición de querellante (parte acusadora) en el expediente.

El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad, informaron fuentes con acceso a la causa.

La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, es el organismo regulador.

Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a [las observaciones por] las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.

La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.

La funcionaria a quien hoy el Gobierno separó de su cargo es Gabriela Mantecón Fumadó, que era la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

Tanto Bisio como Mantecón Fumadó eran funcionarias de carrera. Bisio fue designada en diciembre de 2023. Hasta ese momento, estaba a cargo de la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos de la Anmat. Mantecón Fumadó es una abogada que llevaba 20 años en la Anmat.