POLITICA
El gobierno de Milei ya vendió 10 inmuebles en subastas públicas por más de USD 200 millones
Desde que desembarcó en la Casa Rosada, y en línea con su política de achique del Estado, Javier Milei ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones.
Estos remates forman parte del plan de desinversión en activos inmobiliarios impulsado por la administración libertaria, que busca reducir el patrimonio del Estado. Muchos de estos inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala, en zonas cotizadas en la ciudad de Buenos Aires. Por el decreto 575/2025, el dinero por la venta de tierras ingresa al Tesoro Nacional.
El dato surge de un relevamiento hecho por Infobae de los bienes a subastar en el sitio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial Compr.AR donde se publican las adjudicaciones, desde el 11 de diciembre de 2023 al 18 de noviembre último.
De esa decena de inmuebles, 7 ya fueron adjudicados y 3 lo serán en breve, ya que el proceso está en su trámite final. Nueve están en la Ciudad de Buenos Aires, y uno en la ciudad de Mendoza.
El monto conseguido en las subastas (sumadas alcanzaron USD 214.745.956) casi duplicó el precio base de las 10 propiedades, que totalizaba USD 140.360.928.
A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones. En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base, según la información publicada en el sitio de la AABE.
La subasta pública de bienes inmuebles del Estado la lleva adelante esa Agencia – cuyo titular es Nicolás Pakgojz – mediante un procedimiento electrónico, y se concreta a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa. Se adjudica al que ofrezca el valor más alto o a la oferta económica más ventajosa, luego de efectuada la compulsa electrónica de precios.
Qué inmuebles ya vendió el Estado
El inmueble de mayor valor está ubicado en una de las zonas más cotizadas de Palermo, en la Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en la Ciudad de CABA.
Fue adjudicado el 6 de octubre pasado a la empresa Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Ofreció USD 127 millones, el monto más alto. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.
La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y en el lugar actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por el grupo chileno Cencosud, y cerrará sus puertas el mes próximo.
Según le dijo Costantini a Infobae, poco después del anuncio público “fue una disputa muy reñida” y este nuevo desarrollo demandará una inversión que superará los USD 350 millones, y buscará ser un nuevo polo urbano porteño inspirado en el Design District de Miami. Incluirá viviendas, locales gastronómicos y de diseño, espacios públicos y destinados al arte.
No fue el único predio con el que se quedó Costantini, creador de desarrollos inmobiliarios como Nordelta y Puerto. Consultatio SA también fue adjudicada el 5 de mayo pasado con un terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.
La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas.
Costantini ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.
Entre los inmuebles de mayor valor de venta disponibles para adjudicar, figura otro ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital. Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta, si bien inicialmente, en mayo de este año, había sido publicado en USD 13 millones.
Se trata de un predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos, y está rodeado de edificios emblemáticos y elegantes de la Ciudad como el Kavanagh, el Palacio Paz del Círculo Militar, el Palacio Anchorena que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Edificio Plaza San Martín.
También está listo para adjudicar el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665/75/79, entre Rodriguez Peña y Montevideo, con un total de 1.818 m2. Pasará a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.
Esta misma sociedad se quedó con la mansión de Av. Melián N.º 2157/59 entre Mendoza y Juramento, rematado a finales de la AABE en de CABA. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en US$2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000, Inversora Mataldi SA lo compró por poco más de USD 1 millón. La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R.
En cuanto a los ya rematados y adjudicados por la AABE, el que cotizó más alto fue el inmueble ubicado en Av de los Italianos Nº 365 al 375, que se vendió en diciembre pasado por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.
Se trata de un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.
Ya había salido a subasta en 2017 – sin interesados – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.
Otro de los inmuebles es el edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.
Se subastó a USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base, USD 6,3 millones. Se presentaron 17 interesados, y lo compró Julián Álvarez 1986 SRL. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.
Otro de los inmuebles que salió a remate perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado.
Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza. Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate (USD 146.290.
Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay al 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).
El décimo inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro- Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.
Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado, a principios de este año, al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.
Ubicado a metros de Plaza San Martín, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.
Los próximos inmuebles a subastar
La AABE tiene previsto subastar en próximas fechas otros 12 inmuebles. Nueve de ellos están en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la ciudad de La Plata, y otro en Pinamar, provincia de Buenos Aires.
En pleno Bajo Belgrano, la AABE rematará una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2.
El inmueble es propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones.
Tenía un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019, el último día del gobierno de Macri. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos. Saldrá con un precio base de USD 21.369.863 y se subastará el 9 de diciembre próximo.
En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette.
Actualmente funciona un hipermercado COTO. Su precio base es de USD 11.907.59
En Palermo, saldrá a subasta otro terreno baldío en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Su precio base es de USD 2.923.344
Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615/19, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval.
En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Con una superficie cubierta de 1.022 m2, sobre un terreno que llega hasta la mitad de la manzana, actualmente está sin uso. Saldrá a remate con un precio base de USD 1.006.545.
En el barrio del Abasto saldrá a remate una casa en Valentin Gómez 2960/64, de 468 m2. Su precio base es de USD 673.475
En Almagro, la AABE rematará un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 981, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve que impulsaba que en ese inmueble se estableciera una suerte de reserva ecológica. Su precio base es de USD 472.982.
En San Nicolás, la Agencia rematará un inmueble destinado a oficinas en avenida Córdoba 948/58, con una superficie total de 99,61 m2 y un precio base de US$138.408,30.
También, el Estado nacional rematará dos oficinas en Florida 524, casi esquina Lavalle, en pleno microcentro porteño, una de 62 m2 y la otra de 30 m2.
La más grande saldrá con un precio base de USD 66.192 y la otra, de USD 35.070.
A su vez, saldrán a remate dos inmuebles en La Plata. Uno sobre la Calle 45 S/N y Calle 2 S/N, de casi 2.000 m2, cuyo precio base es de USD 2.445.283.
El otro, sobre la Calle 39 S/Nº, entre 29 y 30, de 1.200 m2, con un valor base de USD 238.992.
La AABE también subastará un terreno de más de 7200 m2 en el partido bonaerense de Pinamar. El lote está ubicado en una zona estratégica sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones y Av Eolo, frente a la costa.
Su ubicación lo vuelve especialmente atractivo para inversores que buscan desarrollar proyectos turísticos o residenciales en una de las localidades más exclusivas de la costa atlántica argentina. El precio base fue fijado en USD 3.474.217.
Visualización de datos: Daniela Czibener.
Agencia de Adiministración de Bienes del Estado,AABE,Subastas de inmuebles del Estados,Infobae Data
POLITICA
La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero
Especulador de los tiempos, el Gobierno esperó a que finalicen las sesiones extraordinarias y que el Congreso ingrese en receso para imponer por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un sector de la oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión al menos hasta febrero próximo.
Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.
Ante esta situación, los detractores del DNU tienen dos caminos por delante: esperar a febrero, cuando vencerán los plazos que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, o bien acudir a la Justicia. El bloque de Unión por la Patria apuesta por el camino parlamentario y ya presentó un proyecto para derogar el DNU de la discordia. La Coalición Cívica, por su parte, no descarta también realizar una presentación judicial.
“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Wednesday,Aug.6,2025Hernan Zenteno –
Por de pronto, los bloques más críticos del Gobierno ya estudian alternativas para voltear el decreto. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención del Congreso, redefiniendo el sistema de inteligencia y habilitando a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades”, advirtió Unión por la Patria en su proyecto para derogar el decreto.
“Vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa, y afectan de manera directa el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.
Los opositores reclaman al unísono la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los DNU presidenciales, esto es, si cumplen con los preceptos que establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Se descuenta que Menem y Villarruel harán oídos sordos y dilatarán el trámite; en este caso, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral.
Empero, para llegar a esa instancia se deben cumplir ciertos plazos. El primero de ellos es el de los 10 días hábiles que tiene la Jefatura de Gabinete para comunicarle el decreto al Congreso. Se da por descontado que el Gobierno aguardará hasta el último día para efectivizar este trámite. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral tiene otros 10 días hábiles para expedirse; si no lo hace, recién entonces ambas cámaras quedarán habilitadas para llevar el DNU al recinto.
En pocas palabras, recién a partir de febrero próximo las cámaras estarán en condiciones de abordar en sus respectivos recintos el decreto en cuestión, el 941/2025. Para su tratamiento no es necesario que sea incorporado en el temario de las sesiones extraordinarias que, según se anticipó, convocará el presidente Javier Milei a partir de ese mes. Se descuenta que el Poder Ejecutivo no lo incluirá, pero la ley 26.122 habilita expresamente al Congreso a discutir los DNU presidenciales en cualquier momento del año y sin autorización previa del Poder Ejecutivo.
Los opositores al decreto no tienen otra alternativa, entonces, que esperar al mes próximo para intentar voltear el decreto, pero ese no es el único obstáculo: además, deberán reunir quorum en ambas cámaras para poner en marcha una sesión. El siguiente paso será alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo, también en las dos cámaras. Solo entonces el DNU quedaría sin efecto.
El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. Por de pronto, la bancada de Pro mostró prudencia y si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el bloque de diputados de Pro, presidido por Cristian Ritondo, exintegrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
La oposición reclamó que cuanto antes se constituya también esta comisión bicameral, clave para fiscalizar las tareas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “En apenas dos años el Gobierno modificó en dos oportunidades la estructura de la SIDE por decreto y nombró tres directores. Esto no solo es llamativo; es anómalo”, deslizó un exintegrante de esa comisión bicameral.
Laura Serra,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Duras críticas. Los constitucionalistas rechazan el decreto que reforma la ley de inteligencia,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
POLITICA
El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen
El Gobierno argentino emitió una recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. La Cancillería argentina informó la medida este viernes, luego de casi una semana de movilizaciones que han provocado enfrentamientos, víctimas fatales y un clima de alta tensión en distintas regiones iraníes. El comunicado oficial se conoció tras días de protestas masivas que desafían abiertamente al régimen y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población.
La recomendación se difundió a través de un mensaje formal de la cartera que conduce Pablo Quirno, en el que se pidió a los argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad. Las autoridades nacionales advirtieron, además, sobre la importancia de extremar precauciones para quienes ya se encuentran dentro del territorio iraní y mantenerse informados de manera constante sobre la evolución de los acontecimientos.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en el contexto de una serie de manifestaciones que sacuden a Irán desde el pasado domingo. La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza y se transformaron en expresiones de descontento político, con consignas dirigidas contra las máximas autoridades iraníes y demandas de soluciones a los persistentes problemas económicos.
En su comunicado, la Cancillería argentina aconsejó a quienes se encuentren en Irán que “extremen las precauciones y se mantengan permanentemente informados sobre la evolución de la situación”. Además, el mensaje incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, especificando el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.
Las calles de Teherán y otras grandes ciudades, como Mashhad y Shiraz, volvieron a ser escenario de protestas este viernes, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales y recogidas por Agencia EFE. Los manifestantes, en barrios orientales y occidentales de la capital iraní, entonaron consignas abiertamente críticas hacia el líder supremo, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, en abierta confrontación con el régimen. Las movilizaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, detalló que durante los primeros cinco días de manifestaciones fallecieron al menos siete personas, 33 resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas. Las protestas, de acuerdo con la misma fuente, se extendieron a más de treinta ciudades y constituyen la mayor ola de descontento ciudadano desde las revueltas que sacudieron Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Medios locales confirmaron que el jueves se registraron conflictos violentos en ciudades medianas y rurales, como Lordegan, donde dos civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos, según la agencia Fars. Azna, en la provincia de Lorestán, fue otro de los puntos críticos, con tres muertos y 17 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Kuhdasht, un integrante de la milicia Basij falleció durante los disturbios, mientras que otros 13 policías sufrieron heridas por pedradas, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.
Las autoridades de la República Islámica de Irán intentaron calmar los ánimos reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante el deterioro de la situación económica. En declaraciones recogidas por la televisión oficial, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en un instrumento de “inseguridad o destrucción de bienes públicos” recibiría una respuesta “firme” por parte del Estado.
La agencia Tasnim informó que 30 personas fueron detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”, y que otras siete habrían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica” con base en el extranjero. Las detenciones se suman a las ya reportadas en los últimos días, en el marco de un operativo de control que busca contener la expansión de las protestas.
La crisis económica de Irán se ha profundizado en los últimos meses: el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la inflación anual se ubicó en 52% en diciembre, según datos del Centro de Estadísticas nacional. El deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos han impulsado a la población a salir a las calles, pese al riesgo de represión.
En respuesta al clima de tensión, el presidente Masud Pezeshkian advirtió a su gabinete sobre la necesidad de atender los reclamos sociales. “Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, expresó el mandatario ante funcionarios, de acuerdo con medios oficiales.
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La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudirá a la Justicia en los próximos días.
La reforma de la ley de inteligencia se formalizó esta mañana con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.
Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.
“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.
Consultado por , el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.
Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.
En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.
“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a : “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.
El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con , rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.
El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.
“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.
Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a .
La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.
“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.
El comunicado del CELS
Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber , en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.
“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.
Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.
En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.
El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.
rechazo entre dirigentes de la oposición,reforma de la ley de inteligencia,January 2, 2026,artículo 19 del decreto,@JMilei,January 2, 2026,decreto 614/2024,emitió un comunicado,Abigail Contreiras Martínez,SIDE,Javier Milei,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Rechazo. La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
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